No por doloroso y repudiable, el fallo del “2×1” que tres de sus “Señorías” de la Corte -Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco- acaban de emitir para abrirle las puertas de las cárceles a los genocidas del proceso cívico-militar, deja de ser previsible.
Las declaraciones del Presidente Macri sobre la “guerra sucia”, la “teoría de los dos demonios” y el “curro de los derechos humanos”; las entrevistas del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj con las organizaciones de familiares y amigos de los torturadores, violadores y asesinos del Proceso; la campaña permanente y sistemática de los medios (particularmente de Clarín y La Nación) contra los juicios de lesa humanidad; las demoras y dilaciones en los juicios y el rechazo a poner en el banquillo de los acusados a prominentes figuras del establisment económico nacional por parte de diversos juzgados; los fallos que mandan a sus casas, con “prisión domiciliaria” sin control alguno, a criminales seriales condenados; la ofensiva de los altos mandos de la Iglesia Católica -cómplices y partícipes del genocidio-, llamando a conversar a torturadores y torturados con el más que hipócrita argumento de “informarse” que expresara Monseñor Lozano, como si hubiesen vivido en una burbuja, para tratar de atenuar su maniobra ante el repudio general que provoca; y la campaña por “el perdón y la reconciliación”, a la que no sería ajeno el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco ( y que hoy, como un espejo, repitiera el Jefe de Gabinete, Peña Braun); el fallo anterior de la propia Corte sobre el desconocimiento de la preeminencia de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos; y muchas otras cuestiones que se pueden agregar, fueron el antecedente necesario que abonó el terreno hacia este fallo brutal y escandaloso.
No puede obviarse en el análisis que, aunque con honrosas excepciones, tanto la Justicia como la Iglesia y los capellanes de las FF.AA jugaron en el período de la Dictadura un rol determinante para avalar, acompañar o ignorar la salvaje y criminal represión que se estaba desarrollando en el país. Los Jueces y los Monseñores son los últimos que podrían decir que “ignoraban lo que pasaba” ante la avalancha de presentaciones en los juzgados y las Iglesias de los familiares de los detenidos, los secuestrados y los desaparecidos para saber su paradero y preservar sus vidas. Avalaron el Golpe anticonstitucional y todas las medidas económicas, políticas y sociales de las Juntas Militares y en no pocos casos muchos de esos jueces y sacerdotes participaron de manera directa de las sesiones de represión y tortura, del robo de bebes y la desaparición de personas.
El Poder Judicial, bajo el disfraz de “poder independiente”, ha sido y es indispensable para el sistema político de dominación de quienes detentan el poder económico concentrado nacional e internacional, defendiendo y fallando a su favor en todos los ámbitos de la vida social, económica y política de la Nación. Son un resabio monárquico adaptado a la democracia burguesa, con sus propias reglas y prebendas, provenientes en su inmensa mayoría de esos sectores sociales dominantes o ligados familiar y económicamente a ellos.
La resolución de la Corte no es algo que se le haya ocurrido de la noche a la mañana a los supremos actuales. Lo hicieron bajo las directivas y la presión de un gobierno que necesita, para ir a fondo con esta política económica y social de entrega del país atado de pies y manos a la voracidad de los monopolios y sus socios nacionales, cerrar los rencores con las fuerzas armadas y de seguridad como resguardo de su mantenimiento; y en consecuencia, prepararlas para un futuro previsible de participación en la represión si las luchas populares se desarrollan y profundizan.
Los últimos dos miembros de la Corte fueron incorporados primero con un intento de ingreso por la ventana y más tarde con acuerdo del Senado Nacional -donde el macrismo tiene minoría absoluta-, por el voto vergonzoso de muchos senadores del P.J., el FpV y la UCR-. De los primeros, vergonzoso porque fueron parte de un gobierno que jugó un rol histórico en los avances que se produjeran en los últimos 12 años en relación a este tema; y violando el mandato que el pueblo les otorgara en las urnas cambiaron su voto y tiraron sus principios por la borda con el falso argumento de “facilitar la gobernabilidad” y seguramente como forma de pago, por debajo de la mesa, de algunos favores políticos. Los segundos porque hace rato, en su afán de sobrevivencia política a cualquier costo, no tuvieron, como en otras cuestiones, ningún prurito en arriar las banderas que levantó el alfonsinismo con los juicios a las Juntas.
Las fuerzas populares tendremos que remontar nuevamente la cuesta, apoyarnos en el rechazo masivo de los más amplios sectores populares a este vergonzoso fallo, seguir esclareciendo sobre los enormes peligros que encierra para el futuro inmediato, y apoyándonos en la movilización unitaria recuperar el terreno perdido.
Esta Corte Suprema terminará en el basurero de la historia.
Fuimos capaces de derrotar la “obediencia debida y el punto final” y los indultos del menemismo, de superar las vacilaciones y conciliaciones de algunos jueces, y lo seremos también para impedir la aplicación de este fallo de los cortesanos y avanzar en el camino de una patria liberada, soberana, independiente, democrática y popular.
Alberto “Cacho” Rodríguez