El fallo, en primera instancia, fue dictado por el juez Sergio Moro, a cargo de la
investigación conocida como “Lava Jato”, con el que desde hace tres años
sentó en el banquillo y condenó a pesadas penas de prisión a decenas de
políticos, sobre todo de izquierda y a encumbrados empresarios.
Lula, de 71 años, fue acusado de ser el beneficiario de un apartamento
en el balneario de Guarujá (San Pablo), ofrecido por una constructora a
cambio – según el juez – de su influencia para obtener contratos con la petrolera nacional
Petrobras. Nunca el juez pudo presentar pruebas de su acusación y jamás ese inmueble llegó a ser propiedad del ex presidente.
El juez ordenó confiscar la propiedad, en una causa en la que afirma que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1 millones de dólares al cambio actual) en forma ilícita.
La decisión del Juez Moro tiene como objetivo principal, evitar la
candidatura de Lula a presidente de la república para las elecciones de 2018, candidatura que cuenta con un gran apoyo popular y con una considerable ventaja en
todas las encuestas, sobre otros probables candidatos.
La medida es parte de las políticas que impulsa el capital concentrado y en general la derecha de ese país así como el de la Argentina, con respaldo del imperialismo yanki, contra los líderes
populares de América Latina que de modo consecuente dirigen al movimiento popular en su enfrentamiento contra el neoliberalismo.
Se produce adenás en paralelo con la aprobación por el Parlamento de Brasil de leyes antiobreras que si se logran aplicar, llevarían a ese país a una situación casi similar al período esclavista