Aportes para un programa de gobierno. La cuestión agraria en Argentina

(situación nacional)

Carlos Mendoza*

Suministramos en esta edición especial los capítulos “INTRODUCCION Y METODOLOGIA”, “PROPUESTAS” y “CONCLUSIONES”, de un trabajo de investigación realizado por el autor en el seno de la Comisión de Economía de Tesis 11, como un aporte para la preparación de un programa de gobierno desde el interés del campo popular.

(El siguiente enlace permite acceder al texto completo del trabajo, que incluye una descripción por temas de la estructura agropecuaria en Argentina:  

https://www.tesis11.org.ar/aportes-para-un-programa-de-gobierno-la-cuestion-agraria-en-argentina/

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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Este trabajo fue elaborado por el autor en el seno de la Comisión de Economía de Tesis 11, recogiendo el aporte crítico de sus integrantes. Tiene la intención de contribuir al indispensable debate sobre la elaboración de un programa de gobierno, entre las organizaciones que entienden representar los intereses del campo popular, para contribuir a la unidad de las mismas sobre bases programáticas y en caso de que un espacio progresista llegue nuevamente al gobierno.

La cuestión agraria forma parte muy importante en este asunto, dada la gran incidencia que tiene en lo económico, social y político de nuestro país.

El trabajo pretende mostrar las características y evolución principales de la estructura agropecuaria y agroindustrial, centrándose en la producción de granos y su industria vinculada, dado su importancia en términos de valor y exportaciones, sugiriendo al final algunas medidas programáticas para resolver problemas principales de creciente complejidad y que, por lo tanto, requieren de una creciente relación de fuerzas favorable para poder instrumentarlas.

PROPUESTAS 

En función de la estructura y problemas del sector agropecuario y agroindustrial antes descripto, es posible imaginar diversas medidas que podría tomar un gobierno que represente los intereses de los sectores populares en Argentina.

Como la instrumentación de medidas, desde el interés popular, generará reacciones adversas en diversos sectores con poder económico y, por ende, también político, es obvio que se requeriría de distintos grados de relación de fuerzas entre el campo popular y esos sectores según sea la profundidad de las medidas a instrumentar para resolver problemas también de distinta profundidad. Entendiendo, desde ya, que en la relación de fuerzas interviene de manera importante la determinación del gobierno para tomar las medidas necesarias.

En tal sentido, podemos imaginar una escala de medidas de creciente profundidad, que requerirían consecuentemente de una creciente escala de relación de fuerzas favorables al campo popular para tener posibilidades de tomarlas e instrumentarlas con éxito.

Señalaremos solo algunas medidas de carácter macroeconómico:

– Obras de infraestructura y apoyo tecnológico al sector:                           

Se trata de grandes obras y de apoyo tecnológico estatal que mejorarían la competitividad del sector y que no requieren de ninguna relación de fuerzas en particular, ya que en principio no hay sectores económicos o sociales que puedan tener razones para oponerse, tales como:

– llevar la profundidad del canal hasta el puerto San Martín a 36 pies. El gobierno anterior lo llevó hasta 34 pies.

– refacción y ampliación del ferrocarril Belgrano Carga. Esto lo comenzó el gobierno anterior y lo continúa el actual.

– refacción y ampliación del ferrocarril San Martín Carga. El actual gobierno manifiesta su intención de realizarlo.

– ampliación del complejo vial-ferroviario de Circunvalación de Rosario, iniciado por el gobierno anterior.

– fortalecimiento del INTA para que potencie su capacidad de apoyo técnico a los productores, particularmente pequeños y medianos y cooperativas de productores.

– Ayuda a pequeños y medianos productores.

– apoyo del Estado a pequeños y medianos productores, utilizando herramientas fiscales y financieras e impulsando su integración en clusters y cooperativas. Se podría así potenciar la producción, tanto para el mercado interno como para aumentar las exportaciones. Esto sería de gran importancia, particularmente en las economías regionales.

Se podría utilizar la experiencia realizada en China consistente en vincular a pequeños productores mediante un sistema de fibra óptica, manteniendo así un contacto permanente y en tiempo real por internet para intercambiar información con un centro planificador para generalizar y optimizar la utilización de insumos, medios y métodos de producción, lo cual eleva la potencialidad productiva y optimiza los recursos, empezando por el propio suelo. La utilización de la planificación estatal, utilizando los nuevos medios de comunicación y computación, es una herramienta de gran importancia para integrar en la producción los adelantos de la revolución científico técnica.

Un gobierno popular podría así además lograr el apoyo de ese sector socio-económico, cuantitativamente el más importante en la producción agropecuaria, sobre todo en la economías regionales, asunto de gran importancia en la generación de la relación de fuerzas necesaria para poder instrumentar políticas progresistas que afecten los intereses de los grandes terratenientes y sectores oligopólicos.

– Medidas en favor de los trabajadores del sector.

– restaurar la vigencia plena de la ley de trabajo Agrario 26.727, promulgada en diciembre de 2011 y por lo tanto restablecer la vigencia de sus artículos 106 y 107, derogados por el actual gobierno. Lo cual significa, entre otras cosas, restablecer el RENATEA en lugar del RENATRE, devolviéndole al Estado su rol de gestionar la seguridad social y la fiscalización del empleo en el campo.

– tomar medidas desde el Estado para combatir la alta informalidad y bajas remuneraciones de los trabajadores en el campo.

Para concretar estas medidas ya se necesitaría de una cierta relación de fuerza, porque como mínimo se opondrían organizaciones como la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, además del gremio de peones rurales (Uatre).

– Control de calidad, ecológico y de fertilidad de la tierra

– controlar el tipo de uso de la tierra, particularmente por grandes empresas arrendatarias y fondos de siembra, para evitar su agotamiento.

– controlar la calidad de los producto agropecuarios, por ejemplo el contenido proteico en la soja, afectados negativamente por la sobreexplotación en busca de mayor cantidad en perjuicio de la calidad, lo que afecta la competitividad de nuestras exportaciones.

– controlar el uso de agroquímicos, como el glifosato, para evitar la contaminación ambiental y el daño a la salud de las personas.

– orientar el crédito, favoreciendo planes de producción a mediano y largo plazo que contemplen la diversidad y rotación de cultivos en lugar del monocultivo de soja, el cuidado ecológico y de la fertilidad de la tierra.

Este tipo de medidas concitarían el rechazo de los productores, en particular de los arrendatarios, porque deberían aumentar sus costos de producción resignando parte de su tasa de ganancia (que en general es más alta que en las actividades industriales, por ejemplo), y/o de los terratenientes que deberían bajar el % de arriendo, por lo que se requeriría de una relación de fuerza aún mayor.

– Medidas impositivas.

– restablecer retenciones a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales (además de las mineras), para que el Estado recupere parte de la renta de la tierra percibida por los propietarios.

– en su defecto, aumentar la valuación fiscal rural a valores de mercado y/o aumentar el impuesto inmobiliario rural.

Basta recordar la crisis del 2008 cuando se quiso pasar de retenciones fijas a móviles, para imaginar el grado de relación de fuerza que se requeriría para adoptar medidas como estas.

En todo caso, habría que adoptarlas buscando que no afecten a los pequeños propietarios que producen en su propia tierra, o bien compensándolos con políticas estatales diferenciales, que de todas formas habría que instrumentar para favorecer a este sector.

– Comercio exterior

– el Estado podría asociarse con cooperativas como AFA, vinculada a la Federación Agraria y ACA, vinculada a CONINAGRO, para constituir una empresa mixta de exportaciones  agropecuarias y jugar un rol importante en esa actividad tan esencial para nuestra economía.

– si se quisiera ir a un nivel de intervención mucho más elevado en la comercialización de la producción agropecuaria, captación de la renta de la tierra y fijación de precios agropecuarios para el mercado interno, se podría constituir una organización como fue el IAPI, monopolizando la compra de la producción agropecuaria y su comercialización en los mercados externo e interno.

Para esta última medida habría tal reacción contraria de los sectores más concentrados del agro y de la economía en general, que se necesitaría de una extraordinaria relación de fuerzas para poder instrumentarla.

– Desmonopolización de la economía.

– reforma agraria, imponiendo que los propietarios que posean extensiones de tierra superiores a determinados niveles máximos, según zonas, deban ser expropiados por el Estado, eventualmente mediante el pago de indemnizaciones. El Estado podría entonces dar en arriendo esas tierras, quedándose así con la correspondiente renta de la tierra, utilizando también esta herramienta para privilegiar a pequeños y medianos arrendatarios e impulsando su integración en clusters y cooperativas para acceder al arriendo. Este sistema permitiría además incidir en el tipo de productos que interese impulsar, en el cuidado de la calidad de los productos y en los criterios de producción para cuidar la fertilidad de la tierra y la protección ambiental.

– participación del Estado como proveedor de insumos para el campo, contrarrestando la monopolización privada en esa actividad.

Para llegar a aplicar este tipo de medidas se requeriría de un extraordinariamente elevado grado de conciencia y su concreción en organización de los sectores populares, particularmente los asalariados, porque estaríamos hablando de una sociedad con capitalismo, pero con un muy alto grado de intervención hegemónica del Estado, como empresario, regulador y planificador de la economía y con una importante participación de cooperativas.

CONCLUSIONES.

La cuestión de cuales de las medidas sugeridas puedan ser instrumentadas, depende de la voluntad de instrumentarlas, por parte de un eventual gobierno popular y progresista, y de la relación de fuerzas nacional e internacional que exista, lo cual no puede ser vislumbrado desde ahora, ya que se trata de algo dinámico que está permanentemente en construcción.

Eso puede ir desde lo más simple, por ejemplo realizar obras públicas, hasta lo más complejo, como sería resolver los problemas generados por un capitalismo en crisis global, estructural y de tendencia permanente, además con las particularidades de un país dependiente como el nuestro, lo cual llevaría a construir una sociedad superadora del propio capitalismo.

En particular habría que señalar que es cada vez más evidentemente necesaria la unidad regional latinoamericana, cuanto más profundas sean las medidas que se desee tomar desde los gobiernos populares de cada país, ya que eso forma parte de creciente importancia en la construcción de la relación de fuerzas.

*Carlos Mendoza: Ingeniero, escritor, especializado en temas de política y economía. Miembro de la Comisión de Economía y del Consejo Editorial de Tesis 11.

Enlace para acceder al texto completo del trabajo:

https://www.tesis11.org.ar/aportes-para-un-programa-de-gobierno-la-cuestion-agraria-en-argentina/