Reunidos en el 31º encuentro nacional en la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades, hacemos memoria agradecida de la vida y testimonio del padre Obispo Gerardo Sueldo, en el 20º aniversario de su Pascua. Su vida de compromiso evangélico con la verdad y su denuncia profética de la injusticia, nos ilumina. Las circunstancias que rodearon su muerte y el cierre apresurado de la causa, siguen exigiendo una investigación seria para poder llegar a la verdad.
También hacemos memoria de uno de los acontecimientos eclesiales latinoamericanos más relevantes del post Concilio Vaticano II: los 50 años de la publicación de los documentos finales de la II Conferencia general del Episcopado Latinoamericano reunida en Medellín. Aquel momento clave marcó el camino de la renovación eclesial y de la opción por los pobres para nuestro continente. Afirma el documento sobre la justicia: “Es el mismo Dios quien (…) envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a los que tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano” (Medellín I, 2, 3).
Siguiendo el camino trazado por los documentos de Medellín, reflexionamos sobre la realidad actual de nuestro país a la luz del Evangelio.
La situación económica y social del país parece encaminarse a un colapso. Las políticas de ajuste, acompañadas de falsas justificaciones, hacen caer sobre las mayorías populares los costos de la fiesta especulativa y de la fuga de capitales. Responsabilizamos a las políticas de transferencia de riqueza del gobierno de Mauricio Macri por el crecimiento de la pobreza y la indigencia; el deterioro generalizado de la calidad de vida de trabajadores, jubilados, discapacitados y personas vulnerables; el grave deterioro de la educación y la salud públicas; y la destrucción de las fuentes de trabajo. En nombre del ajuste, las políticas predatorias del actual gobierno han quitado importantes estímulos a la producción y al trabajo, como el llamado “Fondo sojero”, han desmontado la Secretaría de Agricultura Familiar y avanzan sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
Este gobierno entrega nuestra soberanía económica y política al FMI, a la embajada de EEUU y a las grandes corporaciones. Para esto, instrumentaliza el poder judicial y reprime la protesta social con el fin de eliminar cualquier resistencia efectiva o potencial a los intereses que rigen el actual modelo de concentración de la riqueza. De este modo, menoscaba el estado de derecho, viola las más elementales garantías constitucionales, altera el debido proceso y multiplica las presas y los presos políticos. El país no tiene futuro en estas condiciones. No se puede ir contra la vida y la dignidad de la población en nombre de la codicia de una élite minoritaria que se opone a la distribución equitativa de la riqueza.
Rechazamos, una vez más, las declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera. La teoría de los dos demonios es inaceptable: justifica el terrorismo de estado, deslegitima el trabajo -ampliamente consensuado por la sociedad argentina- de los organismos de DDHH en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y acalla el clamor de las víctimas. Nos preguntamos por el motivo de esta insistencia. Esta postura del obispo castrense, la presión ejercida sobre los legisladores por parte de algunos obispos en la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y la escasa lectura de los procesos culturales de nuestra sociedad -como la aparición del colectivo feminista- alejan a la Iglesia institucional de las búsquedas y angustias de nuestro tiempo. Esto no hace más que afirmar una posición autoritaria, donde el diálogo es más una declamación que una realidad. Los numerosos pedidos de apostasía son un emergente simbólico del rechazo a una Iglesia preocupada por su autopreservación, sin la libertad y la creatividad necesarias para acompañar la complejidad de las situaciones humanas del mundo actual.
En este sentido sería interesante abrir el debate social sobre la separación entre Iglesia y Estado, no sólo en lo que concierne a la cesación del sostenimiento económico por parte del Estado sino también en lo que atañe a la búsqueda de una sana convivencia con autonomía de competencias.
Renovamos nuestro compromiso con el espíritu de los documentos de Medellín, construyendo una Iglesia cercana a los pobres, tanto en sus sufrimientos como en sus múltiples expresiones populares de fe y alegría, en sus procesos de organización política y sus búsquedas de justicia, paz, pan y trabajo. Unimos, a esta renovación, la memoria agradecida y dolorosa por Chicha Mariani, recientemente fallecida. Su vida nos recuerda las palabras de Jesús: “Felices los que trabajan por la justicia porque de ellos es el Reino de los Cielos”.
Que la Virgen de Luján, patrona de Argentina, Óscar Romero, Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera y tantos otros mártires nos ayuden a madurar nuestro compromiso con el Evangelio y los pobres.
Curas en la Opción por los Pobres
23 de agosto de 2018