Luis Federico Arias le comenta a RT las presuntas irregularidades en su proceso de expulsión y considera que el Gobierno de Mauricio Macri está detrás de su salida.
Lo echaron. Un jurado determinó que Luis Federico Arias debía dejar su cargo al frente de su juzgado contencioso y administrativo, el área que se ocupa de garantizar derechos frente a posibles abusos del Estado, en la provincia de Buenos Aires (Argentina). Le adjudicaron 21 causales, entre las cuales se destacan “abuso de autoridad, prevaricato, desborde competencial e interferencia de otro proceso”, y lo encontraron culpable. Todas las supuestas irregularidades habrían sido cometidas durante el Gobierno anterior. Sin embargo, Arias sostiene que reflotaron los cargos en la actualidad porque en los últimos años frenó el aumento en las tarifas de servicios básicos como el gas, la electricidad y el agua, en la actual gestión de Mauricio Macri, y falló a favor de los docentes cuando protestaban por mejoras salariales el año pasado.
“Hoy, pese a que la situación tarifaria empeoró hasta límites extremos donde la gente no lo puede pagar, no hay un solo juez en el territorio argentino que se atreva a suspender un aumento”.
Luis Federico Arias, juez contencioso y administrativo, destituido.
El último 15 de agosto, en su muro de Facebook, lo describió con sencillez: “Destituido”, alcanzó a publicar. Al instante, recibió centenares de mensajes de apoyo, aunque el afecto no fue solo virtual: “Siento los abrazos, eso de apretarte las manos bien fuerte para darte fuerzas”, grafica el ex magistrado. Su imagen no parece la del típico juez que debe trasladarse custodiado, usando gafas negras para no ver el sol, o para no ser reconocido en la vía pública.
Muchos sindicatos de La Plata —la capital provincial—, incluso aquellos con diversas internas políticas, se pronunciaron en contra de su expulsión. También contó con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión por la Memoria, entre otros organismos que se indignaron por su salida: “Los sectores populares me devolvieron mucho afecto”, se enorgullece el entrevistado. En efecto, cuando impartía justicia sus sentencias no pasaban desapercibidas, pero tampoco dentro del poder político.
Para el reportaje, el ex juez invitó a RT a su casa de Villa Elisa, una localidad dentro del partido de La Plata. Junto a él hay bibliotecas y una guitarra. Mientras explica cómo fue el proceso para destituirlo, sirve mate, una infusión típica de Argentina. Su voz es algo temblorosa, pero afirma que está tranquilo, más allá del mal momento. Luce un saco, una gran sonrisa y un llamativo sentido del humor, de hecho bromea con frecuencia sobre las aparentes irregularidades en su proceso de expulsión del sistema judicial. “Estoy asimilando un poco el golpe, son casi 20 años de juez, es muy difícil cambiar eso de un día para el otro”, confiesa.
LA EXPULSIÓN
Cuando se analizó su caso, se armó un jurado especial por sorteo conformado por dos legisladores de Cambiemos —la fuerza del presidente Macri —, dos del Frente Renovador (FR) y uno de Unidad Ciudadana (UC) —el partido de la expresidenta Kirchner—, y cinco abogados “que hicieron trampa en la designación”, se queja. Solo un político del FR y otro de UC votaron en contra de la destitución. Su salida era inminente. “Cuando veías los titulares, podías pensar, ‘¡Uh, 21 cargos! Algo habrá hecho el juez’”, bromea. En esa línea, sostiene que “los medios hoy son los verdaderos jueces”.
El proceso para la destitución, según Arias, estuvo plagado de faltas. Así las cosas, la situación del magistrado se determinó de forma fugaz, de hecho fue resuelta en una hora y cuarto: “Qué urgencia, ¿no?”, ironiza. En esos breves minutos el jurado tuvo en su poder un escrito de 50 páginas donde el protagonista intentó defenderse de las acusaciones, pero de poco sirvió. “La ley prevé un ‘jury’ por una sola causal, a mí me acumularon 21, todas juntas, algunas viejísimas, del 2008 o 2009, que ni recordaba. De hecho, estaban prescriptas porque hay un plazo de cinco años para tratarlas”, explica.
“El procurador de la Corte, Julio Conte Grand, es quien me acusa. Fue funcionario de María Eugenia Vidal —actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien comparte el partido político con el presidente Mauricio Macri—, y llegó de un modo poco transparente a la función, porque ni siquiera es de la provincia. No tengo denuncias de particulares ni abogados, tengo denuncias de otros jueces o el procurador”, detalla. En otras palabras, quienes pretendieron su expulsión tuvieron roles contrapuestos en medidas judiciales tomadas por Arias. Asimismo, subraya que su juzgado fue premiado y reconocido en varias oportunidades por su calidad y rapidez en la atención.
Tras esta introducción, repasaremos a continuación algunos casos que devinieron en los cargos imputados, desde el punto de vista del entrevistado:
- Contando víctimas en La Plata
Una de las principales acusaciones en su contra gira en torno a su desempeño en la causa que intentaba determinar cuántas víctimas había dejado la inundación de la ciudad de La Plata, ocurrida entre el 2 y 3 de abril del 2013. En ese momento, el distrito era gobernado por Daniel Scioli, quien integraba el Frente Para la Victoria junto a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y las autoridades sostenían que el temporal había dejado un total de 51 fallecidos. Sin embargo, Arias desestimó la cifra de la Administración provincial y emitió una sentencia, tras un año de arduas investigaciones, revelando que habían muerto al menos 89 personas.
El único imputado por un delito en las inundaciones de La Plata, soy yo, y es la principal causa de mi destitución. No hay ni un funcionario ni un policía procesado o elevado a juicio”.
Luis Federico Arias, juez contencioso y administrativo, destituido.
En aquel momento, el entonces juez pudo constatar maliciosas acciones gubernamentales y policiales para esconder una gran cantidad de decesos. “El lunes 8 encontramos la primera víctima no reconocida, que los uniformados sacaron del circuito. ¡Intervino una morgue policial y no judicial! Osea que el manejo de la situación lo tuvo la Policía, que depende del Poder Ejecutivo”. Al día siguiente, descubrió otro caso donde una médica forense había modificado los causales de una muerte, particularmente sobre un padre de familia que había sido arrastrado por la corriente. Aquella práctica ilícita se repitió en más de una oportunidad. A su vez, el hombre de la toga recorrió morgues y hospitales junto con su equipo, y registraron decenas de ilegalidades.
Mientras tanto, el trabajo de Arias era denostado en muchos medios de comunicación; el Gobierno de Scioli organizaba ruedas de prensa para desligitimar su labor. Al mismo tiempo, desde la Justicia penal plantearon que el protagonista se excedía en sus funciones, pero la Corte Suprema resolvió que Arias era el encargado de contar las muertes de La Plata. Un día, el fiscal del mismo caso, Jorge Paolini, comenzó a difundir cifras de víctimas en la prensa local, situación que fue reprendida por Arias. Tras solicitarle que se abstenga de dar datos sobre la cantidad de muertes, “porque causaba confusión”, Paolini se sintió limitado en sus funciones y decidió iniciarle a Arias una denuncia penal por “abuso de autoridad”.
“El único imputado por un delito en las inundaciones de La Plata, soy yo, y es la principal causa de mi destitución”, se lamenta durante el reportaje. En esa línea, destaca que “no hay ni un funcionario ni un policía procesado o elevado a juicio, todo prescribió, con una impunidad total”. Durante sus tareas, el ex magistrado y sus ayudantes presentaron denuncias penales sobre todas las irregularidades que registraban, pero ninguna siguió su curso. Según comenta, el fiscal Paolini y otros funcionarios judiciales habrían estado muy ligados al Ejecutivo de aquel entonces.
- Contra los desalojos
Muchos de los 21 causales en su contra, explica el entrevistado, tienen que ver con su actuación para evitar desalojos de familias humildes en territorios disputados por el Estado y otros actores privados, incluso miembros del propio Poder Judicial. Uno de los más emblemáticos fue en 2010, dentro de la localidad de Gorina, donde un grupo de familias de bajos recursos ocupaba un terreno perteneciente al ferrocarril provincial, que estaba en desuso. “Lo ocuparon pacíficamente, no hubo un delito, nunca. Ni usurpación. Sin embargo, actuó la Justicia penal. Para los jueces penales, todo es lo mismo, todo se usurpa”, comenta.
La zona se convirtió en un lujoso barrio privado, donde viven miembros de la Justicia: “Es más, la acción judicial la inició el hermano de uno de los jueces de la Corte de la provincia”, resalta. Arias inició una medida para evitar el desalojo arbitrario, y desde la Justicia penal ordenaron su detención —algo ilegal porque gozaba de inmunidad por ser juez—, pero el magistrado que lo ordenó no recibió ninguna sanción. “Había que sacarse a los pobres de encima de alguna manera. Muchos de ellos indígenas, de la línea toba”, manifiesta. Al mismo tiempo, considera: “Para proteger la propiedad, no se puede sacrificar la salud de las personas. Había mujeres embarazadas y personas discapacitadas que quedaron literalmente en la calle. Encima, el territorio es estatal”, se indigna.
Así las cosas, dos de los 21 cargos en su contra son por la medida emitida en este desalojo y la segunda por hacerse presente en el lugar durante el operativo, contraponiéndose a su colega del ámbito penal que pretendía echar a las familias.
- El derecho a la salud de los presos
Otro de los cargos imputados tiene que ver con un conflicto de competencias, es decir, por haberse entrometido en una causa que no le correspondía, según la denuncia. De esta manera, Luis cuenta que una persona privada de su libertad tenía una pierna amputada y una infección generalizada, certificada por los médicos: “Corría riesgo su vida, el juez penal no había atendido sus reclamos”, describe. Entonces, acudieron a su juzgado para que se garantizara el derecho a la salud del recluso: “La privación de la libertad no implica la pérdida de otros derechos, como la atención de la salud. Ordené que lo internen en un hospital público”, recuerda. Sin embargo, el juez penal pidió al servicio penitenciario que no cumpliese con aquella orden judicial.
Cuando el estado del preso empeoró considerablemente, fue atendido: “Le tuvieron que cortar diez centímetros más del muñón, por esa demora”, relata. Y suma: “Ese juez penal no fue sometido a juzgamiento por violar mi decisión. Este conflicto judicial casi le cuesta la vida a esta persona”. En tanto, Arias fue juzgado por “interferir en la competencia del juez penal”. Sobre ello, opina: “Todas las decisiones por las cuales me han juzgado, los 21 cargos que me adjudican, fueron por proteger derechos fundamentales de las personas”. Hoy, Matías Dimitroff, quien solicitaba su derecho a la atención sanitaria, siente que Arias le salvó la vida.
LOS OTROS MOTIVOS, SEGÚN ARIAS
Luis fue uno de los primeros magistrados que suspendió el aumento en las tarifas de servicios básicos durante el Gobierno de Macri, y aunque esta circunstancia no se incluyó en los cargos de su destitución, sospecha que es el trasfondo de la cuestión.
Sobre ello, explica que “las empresas energéticas están en una etapa de acumulación muy importante, algunas de ellas, como Central Puerto, de Nicolás Caputo —quien hasta hace horas dirigía el Banco Central, pero renunció—, acumuló en seis meses una ganancia de 10.000 millones de pesos (unos 270 millones de dólares)”. A su vez, apunta contra otros empresarios beneficiados por las recientes medidas oficiales: “En Buenos Aires, Rogelio Pagano compró las cuatro distribuidoras eléctricas, generando un monopolio que no está previsto por la ley. A partir del aumento en las tarifas, generó una ganancia de entre 2.300 y 2.700 millones de pesos (un promedio de 65 millones de dólares)”.
El experto en leyes continúa argumentando su fallo, que había chocado de lleno con la Presidencia: “Se vulneró el derecho a la información de los usuarios, y el derecho a la participación que debería darse a través de la audiencia pública. El derecho a la energía forma parte del derecho a la vivienda, porque vivienda no solo implica cuatro paredes y un techo sobre la cabeza. También es la posibilidad de calentarse cuando hace frío, cocinar un alimento o abrir la canilla y que haya agua. Los servicios públicos tienen que ser razonables, deben poder ser pagados”.
Asimismo, subraya que los aumentos generalizados pueden causar “enormes perjuicios a las pequeñas y medianas empresas, que se traducen en pérdidas de puesto de trabajo”. Y continúa: “Ocurre que las empresas distribuidoras y transportistas se sientan con el Gobierno y definen las tarifas a espaldas de los usuarios, que son quienes las solventan”. Pero esto no es nuevo, Arias ya había suspendido aumentos durante el Gobierno anterior.
En esa línea, está convencido de que su expulsión es “un mensaje”, o más bien “un disciplinamiento al Poder Judicial para que los jueces no se salgan de los cánones preestablecidos”. Junto con Arias, alrededor de 50 colegas habían emitido fallos para suspender los aumentos de precios en distintos puntos del país y en 2016 la Corte Suprema de aquella nación sudamericana determinó que la suba tarifaria del gas ordenada por la Administración de Macri quedaba anulada por no debatirla antes con la sociedad argentina en audiencias públicas. “Hoy, pese a que la situación tarifaria empeoró hasta límites extremos donde la gente no lo puede pagar, no hay un solo juez en el territorio argentino que se atreva a suspender un aumento”.
Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, Arias tuvo una participación central mientras los docentes hacían huelgas y reclamaban mejoras salariales a las autoridades del distrito en 2017. “La gobernadora Vidal emprendió una verdadera cruzada con los gremios docentes, y yo adopté diversas medidas para proteger los derechos de los trabajadores estatales”, cuenta.
Así, el apellido Arias comenzaba a resonar con más fuerza en la Administración de Cambiemos, la alianza oficialista. A esa altura, ya era una verdadera molestia para los planes oficiales. El entonces juez había suspendido la “conciliación obligatoria unilateral del Gobierno y la obligación de trabajar durante el receso invernal”. Sobre ello, tiempo después, opina: “Todas esas decisiones incomodaban muchísimo, yo sabía y era consciente de que esto me podía suceder, pero nunca decliné mi pensamiento ni cambié mi forma de actuar frente a las presiones de los poderes, aún a riesgo de ser destituido”.
Fuente: Actualidad.RT | Por Leandro Lutzky
Foto: El ex juez Luis Federico Arias concede una entrevista a RT en su casa de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires (Argentina). / Leandro Lutzky / RT