Adrián Berardi*
Agroindustria, desmonte, expansión de la minería a cielo abierto, en pocas palabras estamos viviendo la consolidación de una política económica extractiva, esto trae como consecuencia no solo cambios en el sistema productivo sino, y sobre todo, cambios en las relaciones sociales y culturales de las comunidades del interior del país. Entre tanto, la expulsión de los pueblos originarios y campesinos de sus territorios, la contaminación con agro tóxicos, la alteración del medio ambiente y la destrucción final de las economías regionales son la consecuencia de la reconfiguración de una nueva economía que sigue siendo excluyente y destructiva
Sin duda, la minería a cielo abierto es hoy uno de los factores de reacción social con mas visibilización en el país; a tal nivel es la expansión de esta industria, que ya se conformó una asamblea ciudadana que debate las medidas a seguir para frenar el avance de la contaminación de esta actividad; sin embargo no podemos decir que es esta actividad la que origina directamente la reacción de la comunidad, sino mas bien la apropiación que pretende la minería del territorio la causante de esta reacción, a partir no solo de la destrucción de los cerros sino y sobre todo su efecto contaminador a través de ácidos y el uso (abusivo) de agua potable, que sugiere e impone la migración (o directamente la expulsión de las comunidades) para no ser víctimas los sujetos de esos efectos. La expresión contra la minería se constituye en ejemplo donde la comunidad resiste el avance de la política extractiva, y la expulsión de su territorio.
Otro ejemplo similar está determinado por el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria, ver soja donde antes había montes, selvas o bosques es un ejemplo, y no estamos hablando solamente de la provincia de La Pampa, Buenos Aires, o Santa Fe; nos referimos a zonas como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, zonas que jamás interesaron para la producción agropecuaria a gran escala, donde hay un empeño porque la trangenia sea el proyecto económico de nuestro país, destruyendo las economías locales, a los pequeños productores, y como si fuera poco echando, a palos si es necesario, a los campesinos e indígenas de sus tierras.
A partir de esto hay que abrir un gran paréntesis que luego se debe incorporar a las discusiones sobre el “desarrollo” económico, porque mientras todo se piensa desde factores de ingreso, el territorio para las comunidades es mas que un recurso, es parte de su existencia, forma parte de su ser, no existe separación entre hombres y tierras, y eso es lo que todavía no quieren comprender (o no quieren poner en discusión) los políticos y los empresarios; a partir de ahí la disputa por el territorio no es una disputa por un tipo de economía extractiva, expulsiva o integrativa, sino por un tipo de vida. Es decir no podemos, ni debemos asimilar la palabra tierra a territorio, las disputas, las luchas y las resistencias se dan por el Territorio, no por la tierra productiva o improductiva, se da por ese espacio que representa la identidad de las diferentes comunidades que lo conforman; es un lugar de producción y reproducción de sus relaciones sociales, comerciales, pero también culturales, es un espacio en el que está en juego el sentido de quienes lo ocupan. Un monte para una comunidad Toba o Wichi, no es lo mismo que para un Grobocopatel. La idea de pensar la tierra a partir de la renta, es solo un vector de un pensamiento economicista que escapa a los pensamientos endógenos de las comunidades en conflicto, tal vector lo encontramos por ejemplo en el turismo que, mientras, según las políticas económicas, abre camino a una reproducción de ganancias que salpicaría a toda la comunidad, al mismo tiempo los grandes emprendimientos turísticos – hoteleros, por ejemplo – terminan expulsando a los pobladores con maniobras traicioneras y violencias a fin de apropiarse de un terreno para explotarlo productivamente
Es decir, el espacio físico es disputado por dos formas diferentes de ver el mundo; por un lado el mercado, la reproducción de capital, y por el otro una forma de vida, fundamental para la subsistencia física y cultural. Este territorio en disputa ya no es en palabras de Montenegro “el viejo territorio/Nación decimónico, perdurable, esencial hegemónico y coherente” sino “un territorio multidimensional, cargado de contenidos, atravesado por cuestiones económicas, sociales, políticas culturales, identitarias, ambientales etc. Que lo abren para pensar la diferencia”1
Este equilibrio entre territorio y vida es el que la política económica extractiva pretende romper, las resistencias a lo largo y ancho del país envuelven la discusión sobre las perspectivas de un espacio compartido entre los miembros de la comunidad sin que medie necesariamente un factor de ganancia, sino más bien el de un “buen vivir”.
Estas disputas por el territorio, también abren una lucha por el sentido, la significación y resurgen en los márgenes de las comunidades la necesidad de establecer nuevos paradigmas que se oponen al hegemónico de la ganancia, y la reproducción del capital. Se pone en discusión el sentido del espacio, pero no solo de un espacio físico sino también de uno comunal, de un espacio de solidaridad, resistencia y lucha. Se podría decir que se reconfigura un nuevo tipo de acción, una acción rebelde, que pretende establecer nuevos márgenes dentro de la política, eliminando esos elementos que generan un único pensamiento sobre el territorio y los recursos.
En otro plano, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ajena a este tipo de disputas, el espacio público que intenta controlar el Sr. Macri no deja de ser un lugar de disputas auque no tiene que ver necesariamente con la cultura del porteño, sino más bien con la apropiación por parte de una política particular de un espacio de la comunidad2, y en todo caso niega lo endógeno de ese espacio para el porteño.
Es decir que en la actualidad se hacen visibles aquellas luchas que hace tiempo se escondían, no sólo en la Argentina, sino en América Latina, las disputas por el territorio de las comunidades de la amazonia peruana, los campesinos de Paraguay contra los desmontes y demas. Lo cierto es que esta visibilizacion de los conflictos y de las disputas por el territorio, el espacio comunal, la resignificación de las culturas, de los símbolos, de un “vivir en sus propios términos” de las comunidades; estos sucesos que durante años existieron y ahora, ante la consolidación de un tipo de explotación de los recursos naturales, se expanden a nivel de todas las comunidades del país, abren la puerta a un nuevo proceso político que deberá tener en cuenta estos marcos de acción comunitaria que pone en relieve la necesidad de vivir no solo bien sino dignamente.
En palabras de Ranciére se puede pensar que estos conflictos abren una nueva forma de política en tanto “hay política cuando hay un lugar y una forma para dos procesos heterogéneos3”, en este caso el de la apropiación del territorio como tierra productiva económicamente y en todas sus variantes, y el de la defensa del territorio en cuanto espacio de subjetivaciones y productor de identidad. Ante todo esto, se escucha el sonar del erque de las comunidades que cual reflejo de su pasado vuelve a poner la palabra resistencia en el punto de confluencia de un proyecto comunal que sin duda no puede ser negado. En Bolivia este proceso de resistencia ante la explotación de los recursos dio como resultado la constitución de un Estado Plurinacional, entonces sabemos que no es en vano la lucha, en tanto está en juego la formación de un nuevo país.
3-Ranciére Jacques (1996), “El desacuerdo. Política y Filosofía”. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
*Adrián Berardi, estudiante de Sociología, ensayista, miembro del Consejo de redacción de Tesis 11.