LA INFLACION, TALON DE AQUILES DE UNA POLITICA PROGRESISTA EN ARGENTINA.

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Tesis 11 nº 95 – dossier sobre inflación (artículo 1 de 3)

Carlos Mendoza*

Para sostener el desarrollo económico impulsando el consumo, es necesario impulsar la inversión productiva con políticas que favorezcan el crédito y bajen las tasas de interés, pero simultáneamente es indispensable enfrentar la tendencia oligopólica al aumento continuo de precios, mediante la participación de sindicatos y organizaciones de consumidores, mediante un acuerdo económico social.

Publicamos en este número un dossier sobre el tan importante como acuciante problema de la inflación que afecta a nuestro país, compuesto por artículos de Héctor Valle, Isaac Grober y esta introducción.

Héctor Valle pone el acento en la objetiva necesidad de acompañar el actual crecimiento de la demanda, impulsada por la política económicosocial del gobierno, aumentando la inversión para una creciente producción de bienes y servicios, para lo cual la reestructuración de la deuda externa aun en default podría generar una baja de las tasas de interés del crédito internacional para los sectores público y privado de nuestro país, mientras que la nueva política de corte desarrollista del Banco Central Argentino, luego del nombramiento de la compañera Marcó del Pont en su presidencia, permitiría un crecimiento y reorientación del crédito para la inversión, en particular para las PYMES y la inversión pública. Efectivamente, sin un aumento de la inversión, ante el crecimiento de la demanda, cualquiera sea el grado de concentración de la propiedad de los medios de producción de las empresas y la competencia entre ellas, se producirá inevitablemente una fuerte tendencia inflacionaria.

Isaac Grober, por su parte, analiza el tema de la concentración monopólica de la propiedad de los medios de producción de bienes y servicios en Argentina y de cómo, debido a ello, más que las leyes de la competencia y de la oferta y la demanda, lo que aquí se impone es la ley económica monopolista en la fijación de precios, de tal manera que aun en condiciones de suficiente producción y oferta para la demanda agregada, habrá una tendencia monopolista al aumento continuo de precios, como forma de redistribución de la renta nacional en su favor, que se facilitará y acelerará en condiciones de aumento de la demanda. Efectivamente, estos sectores monopolistas se verifican en rubros tales como por ejemplo acero, aluminio, vidrio, plásticos, papel, cemento y otros y que entran en la producción de los demás bienes y servicios. A esto se suma el monopolismo en un sector tan sensible para el consumo popular como la agroindustria. Hay que agregar que muchos de estos productos pueden exportarse a precios más elevados que en el mercado interno, por lo que se produce adicionalmente presión para que se liberen las exportaciones, se eliminen retenciones a las exportaciones de commodities y se libere la política de precios internos.

Con tal estructura monopolizada y oligopolizada en Argentina, una política desarrollista y de impulso al consumo popular, como la de esta gobierno, no puede sino facilitar la natural tendencia de los monopolios a aumentar sus precios, por lo que se genera una elevada inflación, como hemos visto en los últimos años y que se verificó aun en condiciones de caída del consumo y de los precios de bienes y servicios de importación, como sucedió en el año 2009.

La inflación genera desorden económico, renuencia a invertir y sobre todo, perjuicio a los asalariados, desocupados, jubilados y pensionados y sectores populares en general. Es un proceso por el cual primero aumentan los precios los monopolios, luego las pymes, luego el Estado y finalmente el sector asalariado trata de recuperar capacidad adquisitiva a través de las paritarias, posibilidad que no tiene el muy importante sector de asalariados en negro, mientras que el sector pasivo apenas si corre detrás con los aumentos garantizados por ley. Este mecanismo genera una importante transferencia de renta nacional en favor sobre todo de los monopolios. A esto se suma la conocida manipulación del índice de precios de Capital Federal y Gran Buenos Aires en el INDEC, supuestamente como forma de limitar el incremento de la parte de la deuda externa nominada en pesos y que se reajusta precisamente por ese índice, lo cual también genera desorden en la economía pues no se sabe con certeza donde estamos parados. Pero lo peor de todo esto es que este círculo vicioso produce un gran descrédito de los ciudadanos respecto al gobierno, lo que es un importante problema político, si se considera, como lo pienso yo, que este es básicamente un buen gobierno para el interés popular, dada la actual relación de fuerzas.

Por otro lado, la inflación permite al Estado (nacional, provincial y municipal) aquí y en cualquier país del mundo, que se produzca también objetiva y específicamente un beneficio para las finanzas públicas, puesto que licua pasivos estatales, mientras que el ingreso fiscal, vía IVA por ejemplo, aumenta más rápido que el gasto público. Es el denominado “impuesto inflacionario”. No obstante, un gobierno popular y progresista (como este, con todas sus limitaciones) tiene en mi opinión mayor interés objetivo en atacar seriamente el problema inflacionario. Para ello puede dar tal vez resultado positivo lo de la reestructuración de la deuda externa para bajar tasas de interés y la reorientación del crédito para la inversión, pero sería insuficiente si no se busca aplicar simultáneamente una herramienta eficaz contra la tendencia monopolista al aumento de precios. Para ello, como lo dice Grober, hay que comprometer a los sectores populares en el asunto, principalmente a los sindicatos de asalariados. Se podría pensar en un intento de acuerdo económico social entre el Estado, la patronal, los sindicatos y las organizaciones de defensa del consumidor, donde los sindicatos, a través de los asalariados en las empresas, deberían controlar que no suban los precios si no hay aumentos de costos ni escasez de stocks (para ello podrían designar expertos que actúen en nombre de los sindicatos, por ejemplo). Sería una importante experiencia de democracia participativa. Incluso, los propios sectores oligopólicos a la larga se beneficiarían con una mayor estabilidad y crecimiento económico, que garantizara un aumento gradual del poder de compra efectivo de asalariados y sectores populares y con ello una demanda creciente que garantizaría un fuerte y estable crecimiento económico.

La no solución del problema inflacionario favorece seriamente las posibilidades de la oposición de centro derecha de volver al gobierno, presumiblemente para aplicar una nueva política de ajuste en contra de los sectores populares. Sus reclamos actuales en favor de una reducción del gasto público y la inversión estatal preanuncian lo que harían.

Desde ya que la solución de fondo, desde el objetivo interés popular, consistiría en cambiar de raíz la estructura de propiedad monopólica, pasándola a diversas formas de propiedad social, con participación de los asalariados en la gestión de las empresas, para la aplicación de reguladores económicos de eficiencia social, en lugar de la regulación monopolista privada actual. Pero para eso hay que construir la necesaria relación de fuerzas desde las organizaciones del propio campo popular. Pretender que esto lo haga el gobierno por su sola iniciativa voluntarista es, cuando menos, una ingenuidad y no tener en cuenta la dialéctica de la construcción de relación de fuerzas.

*Carlos Mendoza, ingeniero, escritor, especializado en temas de economía política, miembro del Consejo Editorial de la Asociación Civil-Cultural Tesis 11.