Este 9 de agosto el mundo recuerda con dolor el Día Internacional de crímenes de Estados Unidos contra la Humanidad.
La lista de crímenes de todo tipo cometidos por los diferentes gobiernos de los Estados Unidos supera todos los cálculos que pudieran hacerse. Sobre todo, cuando se trata de explicar los niveles de maldad a los que pueden llegar las políticas voraces en lo económico y opresoras en lo social. Desde guerras de invasión a países a los que se intenta esclavizar, hasta experiencias de sojuzgamiento y destrucción física y psicológica de hombres, mujeres, niños y ancianos, todo ha valido en la historia del imperio norteamericano. Y como hecho singular hay que señalar que no solo esos comportamientos dotados de distintas dosis de criminalidad han sido aplicados fuera de sus fronteras, sino también se volcaron y vuelcan actualmente contra su propio pueblo.
Una de estas iniciativas en el siglo XX, tuvo que ver con el auge que tuvo la eugenesia, a la que se vio retratada como una “ciencia”. Abogando «por el mejoramiento de la raza humana», proponentes de la eugenesia respaldaron la esterilización de aquellos que consideraron no aptos para reproducirse.
Bajo la ley de eugenesia de California, aprobada por primera vez en 1909, cualquier persona internada en una institución estatal podía ser esterilizada. Muchos de los internados eran enviados por orden judicial, mientras otros, eran llevados involuntariamente por miembros de la familia que no quería o no podía cuidar de ellos.
Y una vez que un paciente era admitido, los superintendentes médicos tenían el poder legal para recomendar y autorizar la operación.
Las políticas eugenésicas fueron aplicadas con arraigadas jerarquías de raza, clase, género y capacidad. La juventud de la clase obrera, especialmente los jóvenes afroamericanos, se volvieron blanco de hospitalizaciones y esterilizaciones forzadas durante los años de apogeo de estas políticas.
El pensamiento eugenésico en Estados Unidos fue utilizado también para apoyar políticas racistas como las leyes contra el mestizaje y la Ley de Inmigración de 1924. El sentimiento antimexicano, en particular, fue impulsado por teorías de que los inmigrantes mexicanos y mexicano-americanos tenían un “nivel racial inferior”. Los políticos y funcionarios de entonces, a menudo, describieron a los mexicanos como inherentemente menos inteligentes, inmorales, hiperfértiles y de inclinaciones criminales.
Estos estereotipos aparecían también en informes escritos por las autoridades estatales, que describían a los mexicanos y sus descendientes como “inmigrantes de un tipo indeseable”. Si su existencia en los Estados Unidos era indeseable, entonces también lo era su reproducción.
Muchos de los padres y madres de los pacientes de origen mexicano hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitar que sus hijos resultaran intervenidos. Fueron ellos y ellas los que se enfrentaron al programa de esterilizaciones en California. Contactaron al consulado mexicano, a abogados y a representantes de la iglesia para intentar evitar que esterilizaran a sus hijos. De esta forma, querían protegerlos del poder de un estado que era y es racista, desde sus máximas jerarquías hasta un importante número de sus instituciones.
Es así, como en la primera mitad del siglo, aproximadamente 60.000 personas fueron esterilizadas a través de esos programas eugenésicos en los Estados Unidos. Diferentes leyes en 32 Estados permitieron a funcionarios públicos en instituciones, tanto de salud pública como de trabajo social, esterilizar a las personas que ellos consideraban “no aptas” para tener bebés. California fue un líder en estos «esfuerzos de ingeniería social”, como lo calificara uno de sus gobernadores en 1921. Entre los años 1920 y 1950, unas 20.000 personas -un tercio del total nacional- fueron esterilizadas en ese Estado, por ser considerados «enfermos mentales y discapacitados».
Otro factor que se tenía en cuenta era el color de la piel. Mucho antes que surgiera el nazismo en Alemania, científicos norteamericanos consideraban que cualquier persona que no fuera “puramente blanca” no debía tentarse a reproducir su especie, y así fue que miles de afroamericanos sufrieron esterilización “para que esa raza maldita no siga pariendo demonios” como declarara en su momento William Joseph Simmons, uno de los fundadores del Ku Klux Klan.
Amparadas bajo el «Acta de Esterilización Forzada de Virginia», también se realizaron entre 7.000 y 8.000 esterilizaciones forzadas en este Estado. No se sabe cuántos hombres, cuántas mujeres y el estado de Virginia todavía se niega a entregarla amparado en la privacidad de los pacientes. La idea de quienes impulsaron la legislación es que poniendo fin a la descendencia de personas con estos problemas, terminarían también con ellos, en miras de construir la «sociedad ideal”.
Estas políticas de “depuración racial” siguieron manifestándose con mucha fuerza hasta la década del 50. A partir de entonces fueron disminuyendo aunque subsistieron algunos búnkers como el Estado de Carolina del Norte, donde se practicó la eugenesia hasta bien entrada la década del 70. En California hubo que esperar hasta 1979 para que la legislatura de Sacramento derogara la ley estatal que tanto dolor trajo a decenas de miles de afroamericanos y latinos.
Si bien los Estados, sus jueces, sus policías son los máximos responsables de la aplicación de políticas de discriminación y racismo, no hay que olvidar que detrás de cada esterilización producida hay hombres y mujeres que la aplican, actuando como verdugos de otras personas a las que se dispusieron humillar y coartar para siempre la posibilidad de algo tan natural como la reproducción.
La misma receta aplicada a pueblos indígenas de Centroamérica
Fronteras afuera, los gobernantes estadounidenses consideraron que la esterilización era “un bien a exportar” para ayudar a mandatarios amigos. La idea, surgida en el período en que el ocupante de la Casa Blanca era Harry Truman, hizo que algunos científicos, dignos prototipos de la Escuela del nazi Joseph Menguele, levantaran la apuesta. Así, a a los planes de esterilizar “para evitar estallidos demográficos», le sumaran la necesidad de hacer nuevos “experimentos”.
De esta manera llegaron a Honduras y Guatemala. En este último país, gobernaba Juan José Arévalo, quien si bien era apreciado por su pueblo por algunas reformas introducidas a nivel administrativo, permitió la entrada de estos auténticos monstruos ávidos de utilizar al pobrerío de ese país como ratones de laboratorio.
Entre 1946 y 1948 se realizaron experimentos con el nombre de «Normal Exposure and Inoculation Syphilis”. Es decir, se inoculaba esa enfermedad a los presos, las prostitutas, los soldados de raíces indígenas. Todos ellos eran infectados, y como ahora ocurre con el Covid-19, cada uno de esos portadores la transmitían a otros tantos, en especial en el caso de las mujeres que ejercían la prostitución en barrios humildes o cerca de los cuarteles. La sífilis y la gonorrea se hicieron algo común en una sociedad que no estaba preparada sanitariamente para recibir semejante golpe.
Al frente de esta operación letal estuvo el médico John C. Cutler quien efectuó esos ‘trabajos’ para el Servicio de Salud Pública de EEUU, para la hoy OPS (Organización Panamericana de la Salud), los institutos nacionales de salud de EEUU y el propio Gobierno de Guatemala.
El siniestro doctor Cutler, anteriormente había participado en experimentos similares en la prisión de Terre Haute, en los cuales los presos voluntarios estaban infectados con gonorrea.
Cutler también participó más tarde en las últimas etapas del experimento de sífilis Tuskegee. Mientras que el experimento Tuskegee siguió la progresión natural de la sífilis en las personas ya infectadas, en Guatemala, los médicos infectaron deliberadamente a personas sanas con las enfermedades; algunos de los cuales pueden ser fatales si no se tratan. El objetivo del estudio parece haber sido determinar el efecto de la penicilina en la prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas. Los investigadores pagaron a las prostitutas infectadas con sífilis para tener relaciones sexuales con prisioneros, mientras que otros sujetos se infectaron al inocularlos directamente con la bacteria. A través de la exposición intencional a la gonorrea, la sífilis y el chancroide, un total de 1,308 personas participaron en los experimentos. De ese grupo, con un rango de edad de 10-72, se puede decir que muchos murieron, otros, en cambio, recibieron una forma de tratamiento. De esta manera, John Charles Cutler utilizó individuos sanos para mejorar lo que llamó «ciencia pura”.
En un país altamente racializado y racista, la idea de que los científicos del gobierno, ebrios de su poder de “experimentar” como ya lo habían hecho en países africanos, infectarían deliberada y secretamente a los hombres negros con una enfermedad debilitante y a veces mortal, no se pudo ver como una anomalía. Sin embargo, el “estudio” se conoce como «Nuremberg de Estados Unidos» (para equiparar su efecto sobre la ética) y para vincularlo con los horrores de los repudiables experimentos médicos nazis. Evita considerar las actividades sexuales involuntarias de los participantes del estudio, o las de sus padres, ya que la sífilis es principalmente, por supuesto, una enfermedad de transmisión sexual. Asumir que los hombres en el estudio estaban infectados, en lugar de ser observados durante décadas, parece empeorar el racismo, aunque es la simpleza de la suspensión del tratamiento lo que debería asustar mucho más.
Por último, hay que señalar que todos estos experimentos y muchísimos más que han ido saliendo a la luz hasta nuestros días, fueron gobernantes estadounidenses quienes los autorizaron, motorizaron y ayudaron a nivel logística como una política de Estado aplicada a poblaciones humildes o marginadas. La excusa de probar con virus sobre cuerpos sanos o de incentivar contagios de personas infectadas con otras que no lo están, es de un nivel de criminalidad apabullante, más allá de que alguno de estos pseudo-científicos defiendas sus teorías con la consabida muletilla de: “es necesario hacerlo para que en el futuro ciertas enfermedades puedan ser erradicadas”. También cabe recordar que estas teorías racistas y literalmente genocidas, no se hubieran podido llevar a cabo si no fuera por la complicidad de gobiernos que no pueden argumentar que no sabían lo que estaban haciendo. Prefirieron las prebendas surgidas de “Alianzas para el progreso”, “Tratados de libre comercio” o “planes de ayuda”, que ser leales a sus pueblos.