La remisión de un proyecto de ley al Parlamento para producir reformas en la organización del Poder Judicial federal y la creación de un Consejo Consultivo para que genere propuestas para fortalecer el accionar y la independencia de la Justicia, no fueron iniciativas celebradas por el macrismo ni por parte de la corporación judicial. Unos decidieron negarse a debatirla y otros se apresuraron a tacharla de inconstitucional. ¿Qué temen?
No hubo de parte de esos sectores ninguna reacción pública cuando el ex presidente Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema y estos aceptaron el cargo ilegalmente conferido.
Tampoco cuando jueces nombrados para una función determinada, pasaron a otra por una simple disposición del poder administrativo, sin haber concursado ni obtenido el acuerdo del Senado para la nueva función, acción también convalidada en los hechos por los beneficiarios de esas acciones ilegales. Como si en vez de jueces de la Nación sólo se tratase de empleados presidenciales. Ahora otra jueza quiere impedir al Senado que cumpla su tarea de revisar esas designaciones ilegales, invadiendo competencias que no le corresponden.
Evidentemente, la ley no les importa. El problema es político y no se atreven a debatirlo públicamente. Por lo mismo, no es un problema político democrático sino al contrario. Se trata de algo anti democrático. Una conspiración de una poderosa minoría para capturar y usar en función de fines políticos antidemocráticos una porción significativa del Poder Judicial.
Un ejemplo clarito se pudo ver con la actuación del juez federal de Reconquista en la tramitación del “estrés financiero” de Vicentín. Empieza incumpliendo la ley de Quiebras, aceptando una presentación que no es acompañada con el balance del último año. Y luego sigue desconociendo una intervención decretada por el presidente Alberto Fernández. Se le pidió que se pronuncie sobre su constitucionalidad, pero dio por válido el instrumento para luego incumplirlo.
La intervención significaba además desplazar a la vieja conducción sospechada de cometer fraude y otros delitos, rechaza la intervención y repone la dirección mafiosa. La intervención dispuesta estaba amparada en la ley 21.499 y era previa a la declaración de utilidad pública y la expropiación por el Congreso. Todo previsto en la Constitución desde 1853. Pero nada de eso le importó.
Además tendría que haberse excusado en la causa, dado que durante más de veinte años autorizó créditos a esa empresa desde su puesto como asesor legal de la sucursal Reconquista del Banco Nación, uno de los mayores damnificados por las maniobras dolosas del difunto Nardelli y sus asociados al frente del monumental desfalco. También porque Reconquista no era el sitio donde tenían lugar las principales operaciones de esa empresa, sino Rosario. Eso abre la sospecha de que haya alcanzado ese puesto de juez gracias a los buenos oficios de los muchachos de Vicentín, para poder servir mejor a sus intereses.
Ese caso, fresco en la memoria y no contaminado por el barro de la política y las acusaciones cruzadas de corrupción, evidencia una larga práctica de cooptación de sectores del Poder Judicial por los poderes fácticos, con intereses contantes y sonantes.
Siempre hubo también una especial dedicación de la misma familia judicial por utilizar sus atributos en procura de dotarse de una influencia política y económica personal o colectiva mayor a la del mismo cargo. Las oportunidades de negocios u operaciones políticas de alto voltaje siempre ocurrieron.
Lo original de la última etapa, en Argentina y en la región, ha sido el agregado de la instrumentación sistemática del Poder Judicial como ariete para debilitar o castrar los procesos transformadores de raigambre popular, con la excusa de causas inventadas, flojas de papeles o que improvisan “doctrinas” supuestamente jurídicas con afanes puramente utilitarios.
La negativa del macrismo a dar el debate de cara a la sociedad denuncia su sabido compromiso con ese uso espurio de la Justicia, por más que algunos, debido a la emergencia sanitaria se muestran componedores con el gobierno nacional. Las reacciones corporativas de rechazo dentro de la Justicia denuncian las complicidades forjadas durante años.
Hasta que no se barra toda esa mugre con la ley y la Constitución en la mano, no se habrá democratizado la Justicia. Es una tarea impostergable por más que recién comience. Sólo así se podrá afianzar el ejercicio democrático del poder.