Revista Tesis 11 Nº 135 (09/2020)
Edición dedicada a América Latina
(américa latina/ecuador)
Xavier Garaicoa*
En las próximas elecciones se buscará reorientar las políticas gubernamentales hacia el plano social, luego de la crítica y precarizada situación actual de los trabajadores. La venta de activos estratégicos, y reconstrucción de fuerzas para sostener las futuras confrontaciones con la oligarquía por el manejo de los escasos recursos que dejará la pandemia.
El 7 de febrero del 2021 está marcado en la agenda política del país como la fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral para que se lleven a cabo los comicios de Presidente, Vice Presidente y Asambleístas, quienes serían los llamados a dirigir la vida política y la administración pública tras el desastroso periodo de gobierno del apóstata Lenin Moreno, que emprendiese por el camino de dar un viraje radical en la orientación del gobierno de Alianza País, hasta conducirlo a una regresión hacia tiempos pasados que trajo funestas consecuencias para la población mayoritaria del Ecuador.
A consecuencia de la política gubernamental de protección a las empresas y aseguramiento de sus ganancias a costa de los derechos de los trabajadores y de las conquistas sociales arrancadas por la lucha popular, se registra en estos tiempos aciagos de desolación, un claro retroceso en las condiciones de vida de amplios sectores. Según las estadísticas parciales del Ministerio de Trabajo se han “perdido” (usando el eufemismo al que apela en su lenguaje burocrático dicha dependencias) más de medio millón de puestos de trabajo estable. Enfatizamos en la semiótica empleada por cuanto el gobierno y las bancadas mayoritarias de la legislatura, han dado el aval para un masivo despido de trabajadores bajo el pretexto de la emergencia sanitaria como evento imprevisto y de fuerza mayor, o para disminuir la jornada de trabajo en desmedro de la remuneración integral. A cambio, se precariza más aun la relación laboral al flexibilizar las cláusulas contractuales aplicables e imponer prolongaciones a la jornada ordinaria mediante el teletrabajo.
Lo que se vislumbra con meridiana claridad es que el gobierno ha emprendido el camino de vender activos que corresponden a sectores estratégicos, como es el caso de las refinerías petroleras, la empresa telefónica y las energéticas que comercializan el servicio eléctrico. Prueba palpable es la promulgación de un Decreto Ejecutivo para habilitar la gestión privada de las refinerías de la empresa petrolera, que la Constitución prescribe hacer por excepción, únicamente para los casos establecidos por la ley. Otro tanto ocurre con la negociación por la Corporación Financiera Nacional de los activos del Banco del Pacifico, entidad comercial administrada por el Estado a raíz de su quiebra durante la crisis de fines del siglo pasado. Amparándose en una simple resolución, la CFN aduce la reserva sobre la información atinente a la valoración de activos de dicha entidad -que ocupa el segundo lugar por su capital entre las instituciones del sector gracias sobre todo al manejo de cuentas públicas-. La confidencialidad invocada de manera alguna tiene validez para eximir a dicha operación del control de las instituciones respectivas, ni de la obligación constitucional de entregar la información pertinente a la ciudadanía.
Lo señalado nos conduce a una conclusión clara: En lo venidero, y ante la caída indetenible de los ingresos presupuestarios en un 22%, la lucha por el acceso al manejo equitativo de los recursos escasos pasa a convertirse en el escenario de fondo de las confrontaciones sociales. La oligarquía financiera que predomina entre los sectores dominantes intentará asegurarse el control total sobre los recursos fiscales para afianzar sus intereses. Cuenta para ello con su propio candidato: Guillermo Lasso, CEO y asociado al Banco de Guayaquil, miembro de la prelatura del Opus Dei y un claro opositor a cualquier intento de desarrollo independiente. Tiene sin embargo, un punto flaco, la desconfianza popular que según un estudio aleatorio de una muestra realizada sobre 1200 encuestas representativas por Global Analytic Group de Washington, llega al 69.3% mientras que el respaldo hacia su persona es de apenas el 17.2%. Los distintos sectores de la derecha, alarmados por esos indicadores, buscan cerrar un acuerdo entre sus representantes en el tiempo que resta para formalizar las precandidaturas surgidas de las primarias, acuerdo que les permita cobijarse a todos. La otra interlocutora en ese campo es la candidata del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, a quien el mismo estudio le atribuye un 38.9% de resistencia y apenas un 12.9% de respaldo.
Siguiendo con este análisis de la muestra mencionada, publicitada por la revista Vistazo, la persona que cuenta con mayor respaldo es Rafael Correa con el 39.4% pero con un alto índice de resistencia que bordea el 56.0%. En segundo lugar aparece el líder indígena Yaku Pérez con el 37.3% de respaldo y el 30.9% de resistencia, con un 31% que no lo conocen bien, lo cual le posibilitaría un considerable margen de crecimiento para sus respaldos. La candidatura de la Unión por la Esperanza que aglutina al correismo y sus aliados, promueve la candidatura presidencial del joven delfín Andrés Arauz, mientras prepara un recambio para el binomio vicepresidencial ante la eventualidad, casi cierta, de que la condena judicial por la Corte Nacional de Justicia que afecta a su líder, le impida ser inscrito en la papeleta electoral.
Pero, el problema estratégico de fondo, radica en la necesidad impostergable de reconstituir una fuerza social que ponga en jaque a la dominación de esa minoría, tal como ocurrió en octubre del año pasado con las épicas movilizaciones indígenas y populares que hicieron dar marcha atrás a la liberalización de precios en los combustibles. Las dos opciones que se disputan el respaldo popular, cuentan entre sus seguidores a sectores populares identificados con el cambio y la resistencia ante las imposiciones imperiales. Lo importante es de un lado, afianzar algunos aspectos progresistas del desarrollismo correista y forzar un compromiso con los objetivos de la emancipación, y del otro, consolidar la combatividad anticolonial del movimiento indígena y promover su acercamiento con otros sectores populares y revolucionarios del campo y de la ciudad para preparar el espacio de fuerzas que librarán los futuros combates unidos en una misma trinchera.
*Xavier Garaicoa, ecuatoriano, doctor en jurisprudencia, ex Procurador General de la Nación en Ecuador (2007-2008).