Revista Nº 136 (10/2020)
(EE.UU.)
Manuela Expósito*
La incertidumbre acerca del futuro del Nuevo Pacto Verde, como lo dio en llamar el ala progresista del Partido Demócrata, sobrevoló el primer debate entre el actual primer mandatario y el ex vicepresidente de la gestión Obama.
De cara al mediador en el primer debate presidencial 2020, el periodista de Fox News Chris Wallace, y en medio de una disputa que en muchos sentidos se vivió como personal, Donald Trump y Joe Biden intentaron establecer sus posturas entorno a lo que los ciudadanos norteamericanos deberían esperar de su desempeño en caso de llegar a la Casa Blanca. Con una estructura históricamente bipartidista que ha propuesto dos candidatos orientados hacia el conservadurismo –aunque uno más extremo que el otro-, en un clima de violencia, represión y muertes que se cuentan por centenares de miles debido a la pandemia, algunos tópicos eran difíciles de evitar: así fue como la Ley de Cuidado Asequible (popularmente conocida como el “Obamacare”), el replanteo sobre el devenir económico, o la discusión en referencia al desfinanciamiento de las fuerzas policiales, fueron recuperadas por el discurso de ambos candidatos desde diferentes perspectivas.
No obstante, cuando llegó el momento de abordar uno de los temas calientes que surgió en la campaña, el de un desarrollo económico sustentable, poco o nada se dijo al respecto. Biden se apresuró por desmarcarse del “Nuevo Pacto Verde”, ante lo que recibió como respuesta del actual presidente un lapidario “acabaste de perder a la izquierda”, en referencia a los sectores progresistas que esperaban pronunciaciones al respecto. ¿Será factible conciliar la preocupación por el medio ambiente con industrias fuertemente apoyadas en la explotación de hidrocarburos, en una de las naciones que más polución genera a nivel mundial, al igual que otros pares, como las fuertemente industrializadas China e India? ¿A qué se le llama “Nuevo Pacto Verde” y cómo se dio su desembarco entre las filas demócratas? Fue Alexandria Ocasio-Cortez, joven dirigente congresista por Nueva York, una de sus principales impulsoras. La contaminación del agua en ciudades como Flint durante la presidencia de Barack Obama despertó una oleada de movilizaciones que agitaron las aguas dentro del propio Partido Demócrata; algo similar ocurrió cuando, desde las filas del Partido Republicano, Trump pretendió construir dos oleoductos en Standing Rock, donde se asienta una gran comunidad de pobladores originarios.
El “Nuevo Pacto Verde” demócrata –que emula las bases del New Deal de Franklin Roosevelt, teniendo al Estado como principal promotor de las políticas públicas, e interviniendo activamente con la finalidad de lograr un desarrollo más inclusivo- se sostiene sobre los siguientes pilares: aumento del gasto público destinado a medidas de resguardo del medioambiente, y un fuerte impulso desde el ámbito legislativo a normativas que busquen desincentivar aquellas industrias basadas en el consumo de carbón, en favor de “creación de empleo verde”. En este aspecto es crucial señalar la importancia que se le está dando a las fuentes de energía alternativas (el desarrollo del automóvil eléctrico y la masividad que está alcanzando la instalación de paneles solares en áreas residenciales son sólo algunos ejemplos de ello), lo cual debería ser pensado en el marco de un plan integral que tenga como finalidad la reducción de la emisión de dióxido de carbono. Pero no fue Ocasio-Cortez la auténtica mente detrás de este ambicioso proyecto. En realidad, el “Nuevo Pacto Verde” es más una visión recortada del original, que fue la bandera con la cual el Partido Verde estadounidense se plantó en el escenario político en el año 2010. El mismo proponía la prohibición del método de fractura hidráulica para la extracción de petróleo (conocido como “fracking”) y otros combustibles fósiles, la eliminación del uso de energía nuclear y el redireccionamiento del gasto público destinado a áreas como la militar hacia actividades eco-amigables. Mientras la meta de cero emisión de carbono en el original era de cara al 2030, los demócratas lo pospusieron hasta 2050 y además lo presentaron como una propuesta no vinculante en el recinto legislativo. Fiel a su esencia eco-socialista, el Partido Verde propone asimismo la socialización de todo el sector energético, así como la planificación estatal de los sectores de la energía, el transporte y la industria manufacturera.
Por supuesto que, en medio de una virulenta competición como la que se viene llevando a cabo en el país del norte, todo es objeto de utilización política con la mira puesta en sumar algunos votos más. Si tenemos en cuenta que Donald Trump fue capaz de compartir el escenario en plena Convención Nacional Republicana con Clarence Henderson, un ícono de la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente en los años 60 y en contra del segregacionismo, para desautorizar a quienes lo tildan de racista, entonces era previsible que hiciera también una movida en favor del discurso ambientalista. A principios de septiembre, anunció públicamente que extendería por diez años la prohibición de hacer nuevas perforaciones petroleras cerca del Golfo de México y la costa atlántica, fundamentalmente en el territorio que abarca Carolina del Sur, Georgia y Florida. Sin embargo, como veremos a continuación, este acto hecho en el contexto de la campaña por la presidencia, no guarda demasiada coherencia con las medidas que viene aplicando durante su administración. Más de una vez Trump ha acusado a los demócratas de querer destruir la independencia energética de Estados Unidos afirmándose en la noción de “calentamiento global”, que para él sólo es una gran falacia.
Más allá del anecdótico cruce de palabras que tuvo con Greta Thunberg en el Foro de Davos a comienzo de este año, la posición de Trump ante la problemática medioambiental y su colisión con su visión empresaria ha quedado bastante explícita con el cambio que introdujo en la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), limitando la revisión por parte del Estado del impacto ambiental en proyectos relacionados con la construcción de autopistas, plantas eléctricas, oleoductos y gasoductos (los proyectos de Keystone XL, el Dakota Access y Atlantic Coast tuvieron que ser frenados por vía judicial), como lo acontecido con la propuesta de ampliación de la autopista interestatal en Atlanta. Asimismo, éstos estudios de impacto ambiental deberán llevarse a cabo en tan sólo dos años, cuando anteriormente se daba un plazo de cuatro, y se determina que su efecto no será considerado significativo si sus efectos se dan a largo plazo, en áreas alejadas o por numerosos causales. El actual primer mandatario se muestra como un orgulloso “negacionista” de los efectos negativos que el accionar de la iniciativa privada capitalista puede tener en el entorno natural, y más aún, en aquellas comunidades cuya historia y cultura se encuentran arraigadas al suelo que habitan.
Las advertencias hechas en la Evaluación Nacional sobre el Clima no han recibido más que oídos sordos de la administración trumpista: las temperaturas alcanzan niveles cada vez más altos y duran por períodos cada vez más prolongados, las inundaciones se han vuelto una amenaza cada vez más frecuente en las zonas costeras mientras que el deshielo acelerado podría poner en jaque a las poblaciones de los estados del norte. Todo ello no significa nada para un candidato republicano que precisamente acentuó durante la campaña del 2015 la promesa de que se retiraría del Acuerdo de París, integrado originalmente durante la presidencia de Obama. El mismo tenía una serie de objetivos, como la limitación del aumento de la temperatura mundial a 1,5°, la constitución de un fondo verde que destine financiación a reducir el impacto negativo en el cambio climático, el compromiso de las naciones centrales con las periféricas para posibilitar un desarrollo económico compatible con el cuidado del medioambiente, y la aplicación de todos los avances en el campo de la ciencia y tecnología para evitar el aumento en las emisiones de dióxido de carbono en países en vías de desarrollo industrial, cooperando regional e internacionalmente.
A los 194 países que firmaron esta iniciativa, además de Estados Unidos, Donald Trump resolvió darles la espalda, aunque por fortuna siempre hay posibilidad de enmendar los errores. En tanto el egreso de Estados Unidos recién se haría efectivo en 2021, en caso de un recambio presidencial y de asumir el candidato demócrata, Biden tendría la posibilidad de dejar sin efecto la medida tomada por su antecesor. Le quedaría como un enorme desafío el rediseño de un modelo productivo fuertemente centrado en la explotación de carbón e hidrocarburos, en un contexto en el que China viene dando pasos agigantados. También debería retomar el compromiso de reducir las emisiones de gases que generan el efecto invernadero un 28% por debajo de los niveles del 2005. E incluso debería desmarcarse del propio Obama, quien había prometido aportar al Fondo Verde de la resolución con U$S 3 mil millones, y tan solo aportó un tercio de esa suma. Si bien su propuesta será en algunos puntos divergente a la del “Nuevo Pacto Verde”, Biden ha afirmado que destinará U$S 2 billones a la construcción de infraestructura y una red eléctrica generada con energía limpia. ¿Promesa de campaña o inminente realidad?
El otro gran interrogante es si esta breve referencia a la problemática medioambiental, que ni siquiera encontró lugar en el primer debate entre los candidatos a la presidencia de cara a Noviembre, podrá realmente plasmarse en políticas concretas si una victoria demócrata llegara a instalarse desde las urnas. En tanto el Acuerdo de Paris es un tratado no vinculante –como sí lo era el Protocolo de Kyoto- no hay multas por incumplimiento y los proyectos pueden cambiar de una gestión de gobierno a otra sin mayores consecuencias. No obstante, teniendo en cuenta la reciente propuesta de la jueza ultraconservadora Amy Cony Barrett por parte de Trump, probablemente la última palabra en materia judicial quede en materia de una Corte Suprema mayoritariamente integrada por sectores de derecha, por lo que muchos litigios relacionados con la contaminación ambiental pueden concluir con sentencias favorables a las empresas, al igual que en instancias inferiores como los tribunales federales, en los que el actual mandatario ha designado hasta el presente una totalidad de doscientos jueces. Estará en Biden la decisión de plantarse firmemente ante una cuestión que afecta con crudeza a los sectores más vulnerables.
*Manuela Expósito, licenciada en Ciencia Política (U.B.A.), integrante de la Comisión de América Latina de Tesis 11.