Revista Nº 140 (03/2021)
(américa latina/ecuador)
Xavier Garaicoa*
Análisis del panorama político electoral en Ecuador, ante la segunda vuelta, y de la significativa influencia en el mismo del movimiento indígena y sus variantes.
Aun cuando sea característico de todo proceso electoral en cualquier circunstancia el originar una confrontación dicotómica en torno a los candidatos enfrentados, no siempre la misma expresa una oposición de vasto contenido social y efectos duraderos en consideración a la trascendencia y complejidad de los problemas involucrados en dicha contienda. En ese último sentido precisamente, es como corresponde abordar la disyuntiva que conlleva la definición electoral en Ecuador entre el candidato presidencial de la UNES Andrés Arauz y el de la alianza CREO/PSC, Guillermo Lasso. Efectivamente, aunque los fundamentos doctrinales en que se basan sus propuestas y las perspectivas que promueven no aparentan ser tan distintos, tanto la conducción que imprimirían a las respectivas políticas públicas como el énfasis colocado en las metas a alcanzar y el impacto que provocarían dentro de los entornos sociales involucrados, permiten avizorar ciertas líneas tendenciales acerca de las futuras confrontaciones sociales y las probabilidades en que estas puedan desenvolverse, afectando en uno u otro sentido al rumbo del ordenamiento plurinacional e intercultural que consagra la Constitución y arrastrando en su deriva al conjunto de los diversos sistemas socio-culturales que conforman el Ecuador.
Dos aspectos cabría resaltar previamente en tanto atañen a la calidad de la democracia representativa en Ecuador. El primero se refiere a la obligatoriedad del voto que rige en las constituciones del país desde mediados del siglo XX y el segundo al régimen de partidos políticos y de movimientos electorales con registro en el Consejo Nacional Electoral, facultados para patrocinar las candidaturas unipersonales y las pluripersonales. Esta última mediación afianzada a través de múltiples vínculos con la sociedad civil y su estructura clasista, se encuentra férreamente articulada con la burocracia que integra el sistema de la administración pública a nivel local, provincial, regional y nacional, convirtiéndose en un aparato de control que incide de múltiples formas sobre la voluntad representativa de los pueblos del Ecuador. Así, avocados los sectores dominantes a la necesidad de desintegrar al electorado consolidado de orientación progresista que se configurase en las elecciones a partir del 2007, cuando triunfó por primera vez Rafael Correa impulsando la propuesta refundadora de una Asamblea Constituyente, y como corolario del “lawfare”, se dió paso a una gran proliferación de candidaturas presidenciales aupadas por distintos intereses y asumiendo un variopinto conjunto de enfoques y propuestas, mientras se postulaba desde los medios y se consagraba de manera expedita una coalición de los grandes partidos de derecha con una sola candidatura presidencial.
Dentro de ese mismo aparato se fraguaban además, otras tantas maniobras fraudulentas que se tradujeron en un inusitado aumento de los votos declarados como nulos y blancos por las juntas electorales, contrariando la tendencia marcada durante la última década. Todas estas maquinaciones se acompañaron de una despiadada campaña de desprestigio y de toda clase de calumnias difamatorias, e incluso de actos tendientes a poner en duda el manejo telemático de los datos, una vez proclamado el resultado favorable valiéndose de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía, luego de que este último organismo iniciase una indagación para rastrear un supuesto financiamiento de la candidatura de Arauz por el Ejército de Liberación Nacional (NR: de Colombia).
Pero indudablemente la más importante de esas actuaciones consistió en la promoción de la candidatura presidencial del líder indígena Yaku Pérez por el Movimiento Plurinacional Pachakutik contando con el respaldo del movimiento electoral Unidad Popular y su organización mentora, el llamado Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (estalinista ortodoxo). A ello se suma la errática decisión del liderazgo sindical que comanda el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), presa de su inconformismo con el gobierno de Correa y de su incomprensión sobre las diferencias entre el inescrupuloso neo liberalismo y el neo desarrollismo reformista, así como de las tareas a las que están llamados los trabajadores durante la presente etapa en relación con los grandes objetivos históricos de la emancipación del trabajo.
El movimiento indígena ecuatoriano tiene una larga tradición de resistencia en defensa de sus territorios comunitarios, del acceso al agua y de sus identidades etno culturales. Un primer momento distintivo se da en las décadas iniciales del siglo XX cuando el incipiente movimiento se asocia con la lucha reivindicativa de los trabajadores para defenderse de las formas semi serviles de trabajo a las que se ve sometido en las haciendas y fundos. En la década de los años setenta y ochenta, los sectores sometidos a la influencia de la Iglesia Católica en la zona central de la región interandina emprenden una vía de desarrollo autónomo con cooperativas y producción artesanal empresarial a la par que reclaman el reconocimiento por parte del Estado de sus identidades y de sus tradiciones. Simultáneamente, bajo el influjo de una concepción sobre el etno desarrollo fundado en las interacciones comunitarias y domésticas que conforman el denominado “capital social”, el Movimiento Indígena del Ecuador (Ecuador Runakunapac Rikcharimuy) que confedera a los pueblos de la nacionalidad Kichwa, establece vínculos con la Federación de Centros Shuar de la región amazónica, a instancia de una red transnacional extensa que abarca a pueblos indígenas, ONGs de variada composición (incluida la Fundación Interamericana) , académicos, organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, cuyo eje vertebrador es la autodeterminación frente a los Estados nacionales, la educación bilingüe, la multiculturalidad y la plurinacionalidad.
Pese a que el concepto de capital social se presenta como una alternativa ante las formas monopólicas que asume el proceso histórico de la acumulación capitalista, mantiene sus vínculos con aquel a través de las relaciones mercantiles, precediendo y preparando el terreno para su implantación plena. Advertía al respecto Lenin que “…Cualquier paso en el desarrollo de la economía mercantil conduce inevitablemente a que los campesinos proporcionen de su seno nuevos y nuevos industriales; este proceso rotura, por así decir, nuevos campos, prepara nuevas regiones en las partes más atrasadas del país o en las ramas más atrasadas de la industria para que después se apodere de ellas el capitalismo” (El desarrollo del capitalismo en Rusia, 1899. Ediciones Progreso, Moscú 1974, página 342). De modo que en el seno de este movimiento se perfilan ineludiblemente dos tendencias: una aferrada a esta vía etno desarrollista dispuesta a disputar la primacía en el proceso social con el neo desarrollismo del Estado nacional en torno a temas como el control de las actividades extractivas, el uso del agua y la función de autoridad territorial; mientras la otra prioriza el combate por la emancipación de toda forma de opresión y de explotación. Allí radica precisamente el fundamento material de las discrepancias surgidas entre la conducción del Movimiento Pachakutik, enredado en la trama partidista burocrática de las instituciones estatales y la dirigencia insurgente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
En gran medida, el resultado electoral decisorio se definirá por la actitud que se imponga mayoritariamente en el movimiento indígena encuadrado en la CONAIE que logró con su resistencia ante las medidas fondomonetaristas en octubre del 2019, atraer hacia el candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, el respaldo popular de quienes se rehusan circunscribir la confrontación social a la polarización artificiosa entre el ex Presidente Correa y el aspirante Lasso. A cambio, el resultado a largo plazo de esa misma confrontación, dependerá de la capacidad gestora y de la habilidad del gobierno de la alianza socio política que conforma la UNES para encontrar un discurso satisfactorio y una actividad creadora para ampliar los marcos democráticos de un Estado consecuentemente plurinacional, intercultural y participativo.
*Xavier Garaicoa, doctorado sobresaliente cum laude en Interpretación de los Derechos y Libertades constitucionales, Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro numerario de la Academia de Historia del Ecuador. Profesor-investigador de postgrado, Universidad de Guayaquil. Ex Procurador General del Estado: xaviergaraicoa@yahoo.com
Felicitaciones por su valioso trabajo
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Saludos desde Manabí tierra ardiente y levantiscas
Barón Hidrovo Solorzano