Por estos días el gobierno debe definir un tema de gran importancia para el tipo de desarrollo económico del país, tal cual es el sistema de dragado y balizamiento de la denominada “Hidrovía”, que comprende un complejo fluvial de 3.442 km, desde el puerto Cáceres en Brasil, hasta el puerto Nueva Palmira en Uruguay y está conformado por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata, con sus afluentes. En las riberas de este complejo hay 105 terminales portuarias, incluyendo 29 en la zona del gran Rosario. Todas las empresas agroexportadoras operan terminales portuarias.
De los puertos de este sistema sale el 75% de las exportaciones argentinas, incluyendo el grueso de la exportación de granos y sus derivados industriales, lo que evidencia la enorme importancia económica y estratégica de este complejo.
La importante tarea de dragado y balizamiento de los ríos que comprenden la Hidrovía está concesionada desde 1995 (Menem) a un consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul (dragado) y la argentina EMEPA S.A. (balizamiento). El consorcio cobra peaje a las embarcaciones mercantes que transitan por el sistema. El contrato de concesión venció el 30/04/2021 y el gobierno actual decidió prolongar transitoriamente la concesión por 90 días, hasta tomar una decisión de fondo sobre el asunto, aunque lo que ha anunciado hasta aquí es que se licitaría nuevamente la concesión.
Lo que está en juego se vincula con los dos proyectos de país históricamente en disputa: El neoliberal y el industrialista con inclusión social. En efecto, debido al sistema neoliberal heredado, actualmente el Estado no tiene prácticamente control no solo sobre el cumplimiento del contrato de concesión de la Hidrovía, sino tampoco sobre la actividad de las terminales portuarias de donde salen las exportaciones, ya que el “control” consiste en que las empresas presentan simples declaraciones juradas indicando el contenido y cantidad de la carga de las embarcaciones. Se estima que por maniobras de subestimación de contenidos y cantidades y subfacturación de exportaciones el país pierde un mínimo de 20.000 millones de dólares anuales (equivaldría, cada año, a casi la mitad de la deuda actual con el FMI)
Las propuestas de los sectores comprometidos con el interés de los sectores mayoritarios del país consisten en que el Estado recupere el control de la Hidrovía, creando una empresa estatal, integrada por el Estado Nacional y los de las provincias ribereñas de los ríos concernidos, para ocuparse del dragado y balizamiento del sistema, cobrando el peaje correspondiente. Esto además permitiría impulsar que los astilleros argentinos construyan las embarcaciones de dragado necesarias y reparen la ya existentes, sin perjuicio de que se compren o alquilen aquellas cuya complejidad así lo imponga.
Asimismo, se reclama el dragado del denominado Canal Magdalena, que permita la salida directa al Océano Atlántico de las embarcaciones mercantes, que actualmente solo pueden hacerlo por el canal dragado Punta Indio que pasa por el puerto de Montevideo, aumentando tiempos y costos, lo cual disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, facilita las maniobras de contrabando mencionadas y dificulta grandemente la comunicación de los puertos argentinos sobre el Atlántico con los del complejo Hidrovía.
Claro que esto debería complementarse con la creación de una empresa estatal, también con participación de las provincias, para actuar como exportadora, sobre todo de productos agropecuarios y agroindustriales. A ello se debería agregar la construcción de un puerto estatal en el complejo, que sea apto para el acceso al mismo de todo el tipo de embarcaciones que operan con exportaciones e importaciones. Además, como resulta indispensable, el Estado debe establecer métodos de control efectivo de la composición y magnitud de lo embarcado y de la veracidad de las facturas de exportación e importación.
No se trata de reclamos originados por algún “romanticismo de soberanía nacional”, como sostienen sectores de derecha, sino de un análisis racional de las herramientas indispensables que necesita el Estado para poder ser quien establezca las condiciones fundamentales de funcionamiento de la economía, ya que de lo contrario son los sectores oligopólicos quienes las imponen actuando en su solo interés particular. En efecto, ya no estamos en las épocas de la libre competencia donde podía argumentarse que el mercado, dejado en irrestricta libertad, se autorregularía con beneficio final para toda la sociedad, sino en la época monopolista donde son los oligopolios quienes regulan el mercado y no precisamente para el beneficio social general.
El gobierno actual ha dado algunos pasos en la dirección positiva: Se constituyó el Consejo Federal Hidrovía, integrado por el Estado Nacional y los Estados de las provincias ribereñas, con participación de numerosas organizaciones sindicales, sociales y cámaras empresarias, aunque tiene un rol solo de consultoría y asesoramiento. Asimismo se creó la empresa Hidrovías Sociedad del Estado, también constituida por el Estado Nacional y los de las 7 provincias ribereñas, con el rol de controlar la ejecución de la concesión, si es que se licita y adjudica nuevamente el dragado y balizamiento como en principio se ha enunciado. También se incluyó en el presupuesto del 2021 el dragado del importante Canal Magdalena. Hay que mencionar también que por iniciativa del oficialismo se creó una Comisión Bicameral para el seguimiento del tema Hidrovía.
Lo que requiere la actual situación es que las organizaciones del campo popular, que proponen la profundización de las medidas del gobierno para que el Estado se dote de las herramientas que hemos mencionado, profundicen su coordinación y movilización para impulsar al gobierno a adoptar tales decisiones. En efecto, con la sola voluntad y decisión del gobierno no alcanza.
Importantísimo asunto, muy buen Editorial. La valiosa Alcira Argumedo fallecida ayer, se dedicó mucho a este tema. Ella era rosarina.
Adriana