Nuevamente la Corte Suprema de Justicia asume un papel político activo en contra de decisiones del gobierno y a favor de la oposición de derecha más agresiva y recalcitrante desde la restauración de la democracia en Argentina.
En esta oportunidad ha convalidado el incumplimiento, por parte de la administración de la ciudad de Buenos Aires, de un DNU (decreto de necesidad y urgencia, que tiene fuerza de ley) del gobierno nacional, en lo referente a la prohibición temporal de presencialidad escolar en todo el país, a causa de la crisis pandémica que ha puesto al sistema sanitario nacional al borde del colapso. Medida que apunta al cuidado de los chicos y chicas, sus familias y al personal docente y no docente de las escuelas, en momentos de un rebrote del virus y sus efectos devastadores para la población. Personal sanitario exhausto y ocupación plena de las terapias intensivas son el resultado de la circulación de personas y actividades de concentración, que el gobierno se propone limitar para proteger la salud de la población, mientras se continúa con la vacunación en todo el país. Aunque, en esto también, la administración de la ciudad de Buenos Aires haya estado siempre un paso atrás del resto, como forma de “oposición”.
Si analizamos este último fallo de la Corte en perspectiva, lo vincularemos con el bloqueo impuesto por un juez a la propuesta gubernamental de intervención en la quiebra de Vicentín, importante jugador en las exportaciones agroalimenticias argentinas. Esta iniciativa buscaba proteger a trabajadores y proveedores y al mismo tiempo, intervenir en el sector externo, proveedor de las divisas que necesita el país, y que hoy está en manos de pocas grandes empresas que manejan a su antojo el área, incluso con maniobras de sobre y subfacturación, contrabando y hasta especulación delictual con las divisas que genera el sector.
Se suma además la protección de la corporación judicial al grupo Clarín, aceptando un amparo y obstaculizando la decisión del gobierno de declarar de interés público el servicio de comunicaciones audiovisuales e informáticas, impidiendo aumentos insustentables. Dichos servicios son hoy imprescindibles por el necesario aislamiento social y restricciones a la presencialidad en las actividades de toda índole. Bajo esta protección judicial, el monopolio sigue ajustando sus tarifas que aumentan la carga para la mayoría de la población que ve degradarse cada vez más sus ingresos.
En síntesis, la oposición que se constituye en un bloque económico, mediático y judicial, muestra una estrategia de desestabilización y desgaste corrosivo a toda acción del gobierno elegido por el pueblo argentino.
Y a esta estrategia, que incluye elevar precios, especular con el dólar, retener liquidación de exportaciones, etc, acciones económicas en su forma y políticas en su objetivo, se agrega la “pata judicial” que la Corte Suprema avala y representa, legitimando las acciones desestabilizantes de la oposición. La judicialización de la política es el arma de una oposición carente de propuestas, de ideas y renuente de todo debate racional, que se refugia en las faldas de una Corte y un sector de jueces que apañan sus actitudes.
Frente a esta estrategia de “desgaste, desestabilización y erosión” de las acciones de gobierno, se impone:
- Denunciar públicamente el accionar de estos jueces que impiden la protección de la comunidad educativa e incluso de quienes comparten transporte público.
- Incrementar las medidas en defensa de los sectores siempre vulnerados y más necesitados. Es necesario aumentar los ingresos populares de todas formas. El salario y las jubilaciones deben superar a la inflación! Por ello, consideramos que van en el buen sentido los recientes anuncios de medidas de mejoras sociales del gobierno, particularmente de extender el beneficio de la tarjeta alimentaria para hijos de hasta 6 años actualmente a 14 años y elevar el monto a $12.00 mensuales.
- Reactivar un Ingreso Familiar de Emergencia significativo ($ 25.000 mensuales por ejemplo) a todos los trabajadores, cuentapropistas, changuistas, etc, imposibilitados de trabajar, o desocupados, mientras dure la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo agilizar los créditos subsidiados a las pymes, además de ayudas para pagar los salarios de su personal.
- Intensificar el plan de obras públicas, por su carácter dinamizador del empleo y la actividad económica
- Avanzar en la reestructuración del régimen impositivo, que permita gravar a las grandes fortunas y a las grandes ganancias. (Hasta el presidente de EEUU avanza en esta dirección)
La acción desestabilizante del bloque de derecha reaccionaria opositora al gobierno, respalda y se respalda en esta Corte de Justicia que “no se corta sola”.
Cada vez más se evidencia que los sectores más concentrados de la economía y sus manifestaciones o arcos políticos, son enemigos de la democracia como forma de convivencia social. No están dispuestos a respetar la voluntad popular ni las leyes y ordenamientos dispuestos por las autoridades constitucionales y su objetivo es imponer, a cualquier precio y por cualquier forma, su estrategia de desestabilización, desgaste del gobierno y finalmente su dominación.
Por ello, creemos que debe consolidarse e incrementarse la acción de sostenimiento de la población en sus ingresos. Y al mismo tiempo reconfigurar la política de comunicaciones hacia el pueblo para enfrentar las distorsiones y falsedades que los medios dominantes difunden todos los días.
El pueblo trabajador es la base fundamental de apoyo del gobierno y a él debe dirigirse principalmente la política social.
Pese a los meses sucesivos de crecimiento que muestra la economía, y no obstante que la asistencia a comedores populares aumenta, el deterioro de los ingresos sociales se profundiza.
El crecimiento económico es fundamental y condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente. Debe ir acompañado de una distribución de la riqueza generada de una manera más justa y democrática. Los ingresos sociales (sueldos, salarios, jubilaciones, cuentapropistas, etc) deben superar a la inflación.
El gobierno debe apoyarse en el pueblo y en sus organizaciones. Sus medidas sanitarias, y también las económicas y sociales serán el arma más importante para contrarrestar la acción disolvente de la oposición salvaje y reaccionaria cuyo objetivo es retomar el poder político del país. Es vital, llegar a las elecciones de fin de año con el pueblo sano y pudiendo comer y vivir con su salario. Si esto no ocurre, la oposición avanzará para retomar el poder político y con ello activará una política autoritaria, reaccionaria y antipopular mucho mayor que la desplegada en los cuatro años neoliberales de Mauricio Macri.
Creemos imperiosa la acción mancomunada de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de carácter popular, incluyendo las organizaciones de pymes, que debiera expresarse en declaraciones y acciones conjuntas, expresando su apoyo al gobierno ante la embestida de la derecha y al mismo tiempo insistiendo en sus reclamos por mejoras económicas y sociales.