Revista Nº 144 (07/2021)
(nacional)
Isaac Grober*
La inflación en la Argentina desde la perspectiva del poder que subyace detrás de la variación de los precios. Causas y mitos. Exteriorización monetaria y carácter político del problema. Requisitos para encarar una política antinflacionaria conducente y eficaz. Propuesta programática.
Abordamos en el presente trabajo un tema y problema económico de larga data en la Argentina, pero enfatizando su carácter político habida cuenta que el origen y tratamiento de la inflación, además de requerir un acertado manejo de variables económicas, está ineludiblemente asociado a relaciones de poder, las que para una solución conducente y eficaz exige una favorable correlación de fuerzas.
Comenzamos por identificar como inflación al incremento generalizado y reiterado de precios. Aunque generalizado, este aumento no es simultáneo ni de igual intensidad para todos los bienes y servicios transables. Por eso las diferencias de variación de los precios, tanto de grado como de tiempo, generan transferencias de ingreso de unos en favor de otros.
Fenómeno de exteriorización monetaria, la inflación tiene distinto abordaje explicativo en cuanto a su origen según la doctrina en la que se sustente.
La visión monetarista
A modo de introducción digamos que para los adscriptos a la llamada visión monetarista la inflación es resultante del exceso de dinero en el mercado, aunque en el mundo real no exista relación estadística alguna que demuestre tal vinculación causal. En todo caso y en sentido estricto, la relación es inversa porque es el aumento de precios el que genera la necesidad de una masa monetaria mayor para un mismo nivel, contenido y velocidad de transacciones.
Para esta escuela, encumbrada por el neoliberalismo, la secuencia argumental parte de la existencia de un déficit fiscal que, cubierto con emisión, potencia una demanda de bienes y servicios frente a una oferta relativamente constante, diferencia que el mercado “salda” con precios al alza.
Es un diagnóstico contra el que conciben un tratamiento basado en el reequilibrio del balance fiscal, sobre la base de restringir el gasto y la inversión públicos y el endeudamiento (letras o bonos del Tesoro y del Banco Central). Cuando recurren al impuesto, por lo general gravan el consumo. Todo en coherencia con el objetivo de degradar la vitalidad de la demanda interna. De ello derivan el desmantelamiento de parte del aparato estatal, la privatización de sus empresas y los servicios, la degradación del empleo y del poder de compra de las mayorías y por tanto, la recesión inducida y su secuela: mayor concentración, profundización de la desigualdad social y condiciones más favorables para el avance de la extranjerización. No obstante, el efecto político de mayor gravitación es, dada la autoimpuesta restricción en el uso de recursos, la degradación del rol del Estado, el de su capacidad para diseñar y ejecutar un proyecto de país, derivando así, de hecho, este rol al capital concentrado.
En economía, que es política concentrada, no existe neutralidad. Toda decisión de política económica responde en esencia a un interés de grupo o de clase social. Un detalle revelador: el déficit al que los monetaristas condenan es el llamado déficit primario, es decir el resultante antes de computar intereses. Este último es un gasto fiscal al parecer no cuestionable, de categoría diferenciada, coherente con su tradicional postura en favor de liberar el movimiento de capitales, como también el de recurrir al endeudamiento público para financiar el gasto o contraer la masa monetaria. El capital financiero de parabienes.
La concentración económica y los precios
Indagar sobre las causas de la inflación y las vías probables de su solución requiere del conocimiento del contexto, en especial la estructura económica y productiva del país en cuestión, su estructura social y las pautas culturales, la subjetividad social imperante en la sociedad. Con esto queremos significar que la inflación no es el efecto mecánico de uno u otro fenómeno motriz y de su reproducción automática y universal.
Como parte, aunque subordinada del sistema capitalista mundial, Argentina presenta como hecho relevante un alto grado de concentración y extranjerización de la propiedad y de la actividad económica en casi todo el arco de la producción y circulación de bienes y servicios, incluido lo bancario-financiero, base que entre otras cosas explica los significativos egresos al exterior de utilidades, repatriaciones y fugas de capital (1), alimentadas por la sobre y subfacturación en el comercio exterior y el contrabando.
Ya en el año 2012, las 100 empresas fabriles más grandes facturaban el equivalente al 76% del PBI. Del total de 500 empresas de mayor dimensión, 321 tenían participación del capital extranjero y más del 80 % de las utilidades de las firmas más grandes eran apropiadas por las multinacionales aquí radiadas (2).
La concentración en el sector agropecuario también es ilustrativa. Los 1.000 productores más grandes concentran el 30 % de la producción nacional y esa producción es 882 veces mayor que la de los 1.000 productores más chicos. Mientras la superficie de producción que maneja esa cúpula era en promedio 8.000 hectáreas, la de los 1.000 productores más chicos era de 40. Por eso no extraña que el 30% de los productores se quede con el 88% de la renta (3)
Además, a partir de la producción agraria hay organizado un entramado de intereses y poder sumamente ilustrativo de su capacidad operativa. Raúl Dellatorre lo describe sintéticamente al decir que “la exportación se concentra en pocas manos, la molienda también reconoce a un puñado demasiado chico de actores dominantes que responden a las mismas cerealeras, la comercialización del cereal por regiones es controlada por las mismas firmas y finalmente, un grupo de grandes productores asociados a aquellas son los que ejercen el control sobre las principales zonas de producción a través de la propiedad de los campos o por el manejo directo de las condiciones de arrendamiento” (4).
Este nivel de concentración, por el poder oligopólico que encierra, por el dominio que tiene sobre el mercado, es quien cuenta con la autonomía relativa para fijar sus precios y lo hace con una renta oligopólica diferencial incluida. Succiona así, mediante el precio, la capacidad de compra del mercado, con lo que convierte al pecio en un arma al servicio de la apropiación del producto social. Por lo dicho bien les cabe el calificativo de “formadores de precio”.
Tomado nota de lo que precede, vale ahora una puntualización. Hasta aquí hablamos del precio, de su nivel, tópico que es distinto del que en estas líneas nos preocupa: su variación constante y generalizada, la inflación, sus causas y modo de enfrentarlas. Hacia allí vamos.
La inflación en Argentina
1.- La cúpula económica de la sociedad es de composición heterogénea, capitales a veces entrelazados o verticalmente integrados y con intereses contrapuestos. Esto a veces provoca entre sus miembros roces y enfrentamientos que tienen su expresión en los precios, en la puja por la distribución del excedente. Se convierten así en gestores y partícipes de la propagación alcista de los precios porque en las relaciones de intercambio entre sus miembros y con el resto de la sociedad, vuelcan su poder en esa puja, vehículo que en la lucha entre pares les sirve para la conquista de hegemonía.
Nuestro país presenta además una configuración que se complementa con una importante y diseminada masa de decena de miles de pymes urbanas y rurales y una estructura social en la que se destaca una importante porción de trabajadores, con y sin relación de dependencia y de sectores medios por su nivel de ingreso y todos, en particular los asalariados, con una larga tradición de luchas reivindicativas. Luchas que los moldearon culturalmente en la defensa de sus derechos y el del respaldo por su calidad de vida, en una extensión e intensidad que nos diferencia de otros países de la región. Por ello son también partícipes de la puja distributiva tratando de recuperar lo perdido, apropiado previamente vía precios por otros grupos o clases sociales, reparación en la que los empleadores se montan para disparar un nuevo reajuste alcista de precios.
Contrariando la concepción monetarista, sirve lo dicho hasta aquí como evidencia de que no es la demanda ni la magnitud de masa monetaria en el mercado, sino el poder detrás de la oferta, el propósito y la posibilidad de aumentar la ganancia, lo que subyace tras la variación de los precios. La cantidad de dinero en todo caso lo facilita, lo hace de concreción posible, pero no lo determina. Las otras causas que desarrollamos más adelante, no harán más que ratificar esta conclusión.
2.- La nuestra es también una sociedad en la que, a diferencia de otras, impera un sistema bimonetario ya que el dólar es utilizado como unidad de cuenta y reserva de valor. Es que el dólar es requerido para el atesoramiento, como referente para la valuación de bienes y servicios y para ciertas transacciones locales. Por ello, toda devaluación o expectativa de que ello ocurra, real o fomentada, a veces con propósitos políticos, se traslada a los precios aunque se trate de bienes o servicios que no se transen internacionalmente.
Además de ser fruto de una larga tradición inflacionaria, el uso del dólar como referente es una práctica de algún modo inducida por el capital concentrado, adscripto a la disciplina de evaluar la gestión en término de divisas y ajustar sus precios para que los resultados sean conformes a la medición en divisas.
3.- Entre las particularidades de nuestra Argentina resaltamos el hecho de contar, en una economía de desarrollo medio, con una industria relativamente importante pero de desarrollo heterogéneo y desequilibrado, con notorias insuficiencias en la producción de partes y bienes de capital y retraso en su nivel tecnológico. Son limitaciones que se cubren con importaciones, por lo que cuando aumenta la actividad económica general, aquellas crecen a un ritmo superior al de las exportaciones. Este hecho, sumado a las demás razones responsables de las transferencias de divisas al exterior, entre ellas los servicios de la deuda externa, el giro de utilidades y la fuga de capital, dan pie a la llamada restricción externa o insuficiencia relativa de divisas, causa de la reiterada irrupción de las crisis de la balanza de pagos. Y es esta una traba que tradicionalmente se sobrellevó apelando al “fácil” y costoso recurso de la devaluación, con la ineludible repercusión sobre los precios internos,
Se suele atribuir la devaluación a la insuficiencia de divisas y a partir de allí, el impulso inflacionario. El cambio de paridad cambiaria, nos explican, es por un lado una consecuencia de la insuficiencia de divisas y por otro la convalidación de una medida de política económica dirigida a incentivar exportaciones. A nuestro criterio este razonamiento y esta práctica exigen un replanteo, partiendo por indagar y enfrentar las causas reales y profundas del egreso de divisas, muchas veces espurias, para comprender que tal “solución” – la devaluación – es sólo un parche de vigencia transitoria, porque en tanto no se remuevan las causas estructurales que lo determinan, subsistirá el mismo problema, pero cada vez más agravado. De todos modos diferenciamos la devaluación impulsada y justificada por insuficiencia de divisas de la motivada por la necesidad de subsanar retrasos cambiarios, cuando los hay, y recuperar relaciones de competitividad internacional.
Nuestro análisis parte de la convicción de que frente a la insuficiencia de divisas y ante el apremio por atender los compromisos externos, la devaluación tradicionalmente sólo pretendió servir de incentivo a la producción exportable, en particular agropecuaria. En otros términos, redistribuir regresivamente los ingresos y exportar a como dé lugar para conseguir divisas, con el agravante que la devaluación abarata el valor en divisas de los activos nacionales, facilitando con ello el proceso de desnacionalización, la concentración y una mayor dependencia.
Pero además, la devaluación, que siempre se traslada a precios, ajusta a la baja el poder de compra de las mayorías, promueve la recesión y por ello la caída de las importaciones. Y es este último efecto el que muchas veces logra recomponer las reservas, mientras el pretendido efecto sobre las exportaciones resulta muchas veces nulo o efímero por la incidencia en la rentabilidad del nuevo incremento de los costos locales provocado por la devaluación.
4.- Entre causales de la variación de los precios citemos también el traslado al ámbito local la cotización internacional de nuestra producción agropecuaria exportable, insumo esencial para la producción de alimentos, como también ocurre con el precio mundial de los hidrocarburos y su efecto sobre el precio doméstico de los combustibles y las tarifas. Es ésta una gimnasia que tanto productores como la agroindustria suelen exhibir como otra prueba de su poder. Lo padecimos últimamente con los aceites, el maíz y la carne, incluido el cese de la comercialización interna resuelto por los sectores más retrógrados de la Mesa de Enlace, brazo rural de Juntos por el Cambio, sumado a claras amenazas de desestabilización política cuando para garantizar el abastecimiento interno y reducir los precios, el gobierno nacional impuso cupos a la exportación y aumento de las retenciones.
A ello se suma la reiterada práctica de los grandes productores y agroexportadores, las cerealeras, que con fines especulativos retienen las cosechas y regulan la liquidación de divisas a la espera y presionando por su devaluación.
Para tener dimensión del poder aquí involucrado, recordemos lo expuesto al comienzo en relación a la concentración de la propiedad y uso de la tierra y agregamos que ocho grandes empresas, cinco de ellas multinacionales, concentran el 70% de los volúmenes exportados, principalmente soja, trigo y maíz. De ellas, la más emblemática es la estadounidense Cargill, que además de ser responsable del 15 al 20% del total exportado, es titular de plantas de molienda procesadoras de aceite, de molinos harineros de trigo, de plantas procesadoras de cebada, de frigoríficos, una planta de fertilizantes y comercializadora de semillas. Cuenta además con varias docenas de acopiadoras con las que se provee de granos y cereales que adquiere a productores. Corona todo este emporio con cinco puertos propios para despachar sus cargamentos al exterior, puertos a los que no tiene acceso ninguna autoridad ni están sujetos a control. Todo un ejemplo de integración vertical.
5.- Con tan frondoso pasado preñado de inflación no puede extrañar su secuela en la subjetividad social. La expectativa sobre el curso futuro de los precios está en el pensamiento cotidiano de todo actor económico residente en esta tierra. El abultar y remarcar los precios, dentro de los márgenes de su capacidad, el “por las dudas”, también sirve de abono para alimentar la carrera de los precios.
Medidas de acción
Adscriptos al principio de lo que se trata no es sólo interpretar, sino fundamentalmente transformar el mundo en el que vivimos, partimos por reconocer que enfrentar y resolver el problema de la inflación en Argentina demanda accionar y doblegar la resistencia de un poder extendido y arraigado, tarea para la cual se impone el respaldo de fuerza popular, un cambio de correlación de fuerzas que impulse y sostenga un programa de control y limitación de precios. La exposición de las causales de la inflación arriba enunciadas, debiera ser suficiente indicio de lo que afrontamos.
En respaldo recurrimos a la historia argentina, que es aleccionadora. Baste recordar el derrocamiento de Arturo Illia, en 1966, alimentado en gran medida por la llamada ley Oñativia, con la que se pretendía regular el precio de los medicamentos; el fin anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín, acosado con la hiperinflación y poco tiempo después, la renuncia del primer gabinete económico de Carlos Menem, también acosado con los precios para obligarlo a conformar otro gabinete más representativo de la cúpula de la corporación económica. Y ya en nuestros días vale prestar atención a los gestos y manifestaciones de cierta oposición al gobierno, acompañada e incentivada por los multimedios – que son parte del poder – más el respaldo del cogobierno judicial. La política de precios de algunas grandes empresas y la actuación de ciertos agrupamientos empresarios (SRA, UIA, AEA, Mesa de Enlace) revela que el precio es hoy también un arma de acción política, revitalizada en un año electoral en el que está en juego la conformación de un nuevo Parlamento y con él la posibilidad de legislar y poner en marcha transformaciones pendientes, trabadas por la pandemia y la oposición política.
Vale pues aquí reconocer el valor de la aquiescencia y predisposición de gobierno popular en ejercicio pero a sabiendas de que sólo con el gobierno no alcanza. Se impone la necesidad de la fuerza de las organizaciones populares organizadas y en movimiento, la calle, actuando unitaria y coordinadamente, incluyendo en esta lucha a las grandes mayorías independientemente de su adscripción política o partidaria. Es en defensa propia.
Atento a lo hasta aquí desgranado, proponemos:
A.- Política de precios y de delimitación del poder monopólico
1.- Acuerdo con empresas productoras y comercializadoras de bienes de consumo que gocen de una posición dominante en el mercado, estipulando precios sobre la base del reconocimiento de márgenes razonables de rentabilidad determinados a partir de costos reales.
2.- Acuerdos con igual sentido y alcance con aquellas empresas cuyos productos integren la cadena de valor de los bienes ofrecidos por las empresas citadas en 1.
3.- Reformulación del régimen impositivo sobre la base de fijar una alícuota diferencial superior en el impuesto a las ganancias de las empresas sujetas a acuerdo de precios, admitiendo su deducción a condición del cumplimiento del acuerdo.
4.- Estipular una tasa diferencial de interés en los créditos bancarios otorgados a las empresas sujetas a acuerdo de precios, susceptible de retrotraerla en caso de cumplimiento de tales acuerdos.
5.- Habilitar a comisiones internas de trabajadores de las empresas sujetas a acuerdo de pecios para ejercer tareas de supervisión del cumplimiento de los mismos y del fluido abastecimiento de la producción al mercado.
6.- Convocar a organización de consumidores a la supervisión de los precios de venta al consumidor de los productos incluidos en los acuerdos.
7.- Promover el desarrollo de la producción y comercialización cooperativa como modo de potenciar el agrupamiento y la producción de una significativa cantidad de pequeños productores, de productores de la agricultura familiar, en particular de alimentos frescos y el acceso a los mismos a precios ventajosos para el consumidor. Promover el acceso a la propiedad de la tierra en beneficio de esos productores, hoy castigados con el peso del arrendamiento.
8.- Promover el acercamiento entre productores y consumidores mediante la creación y difusión de mercados de concentración, política tendiente a eliminar la gran intermediación parasitaria, suplantar la capacidad de empresas con posición dominante y hacer viable la baja de precios.
9.- Asegurar el fluido abastecimiento al mercado interno estipulando cupos de exportación de aquella producción agropecuaria que también concurre al consumo doméstico, más un esquema segmentado de retenciones que garantice al pequeño y mediano productor un precio retributivo atendiendo a la escala de producción y los mayores costos de logística en razón de la distancia.
B.- Política de preservación de divisas
Atendiendo a la necesidad de neutralizar la pérdida de divisas por la práctica de sobre y subfacturar en el comercio exterior y por el contrabando, alentamos:
1.- Concentrar en una empresa estatal o de composición mixta en la que participen auténticos productores y cooperativas, como responsable del acopio y comercialización agropecuaria internacional. También podría incorporar la importación y distribución de insumos para aquella producción.
2.- Implantar un efectivo control de las cantidades, la composición y los precios de la producción exportable, previo a los embarques.
3.- Mantener el control estatal de la circulación fluvial en el complejo Paraná-Paraguay y derogar del Dto. 949/20 que prevé la licitación pública nacional e internacional en favor de empresas extranjeras. Es imprescindible recuperar la soberanía sobre los recursos fluviales.
4.- Recuperar el control estatal sobre los puertos privados.
Conclusión
Hemos transitado una etapa difícil y compleja. La expectativa esperanzada y la alegría con que las grandes mayorías abrazaron a fines de 2019 la asunción de un gobierno popular, fueron atravesadas por una pandemia con gravosos efectos que se superpusieron y potenciaron la catastrófica herencia neoliberal del macrismo: lo socioeconómico multiplicado y conjugado con la propagación de la enfermedad y la muerte.
La aparición de la vacuna, incluida ahora la de producción nacional, sumada al acertado manejo sanitario, a pesar de los contratiempos mundialmente padecidos, abrió paso al optimismo sanitario. La lenta recuperación económica suma también alguna luz de esperanza, aunque todavía inhibida de desplegarse, cohibida aún por el acelerado avance de los precios, el más tangible de los problemas y de repercusión masiva.
El combate a la inflación, lo reiteramos, amén de apelar al manejo de variables e instrumentos económicos, conlleva una disputa política que, para ser exitosa, no es ni puede ser de sola responsabilidad de un gobierno, así tenga voluntad y predisposición por superarla. La inflación en Argentina, creemos haberlo demostrado, es en gran parte producto del accionar multifacético de un poder con peso y volumen al que, para salir airosos, hay que doblegar, meta que sólo puede alcanzarse con el involucramiento de las organizaciones del campo popular, en acción unitaria y coordinada, tratando de incorporar para este desafío a todos los damnificados. Es una lucha que articulada con el gobierno, se puede y se debe ganar, con lo que se dará un paso significativo para disciplinar en materia de precios y de respeto a la democracia a la fracción más concentrada del capital y a sus adeptos mediáticos, ideológicos y políticos.
*Isaac Grober. Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11
(1). La fuga al exterior de capitales en el período Dic.2015-Dic.2019, ascendió a más de u$s 86.000 millones, Informe del BCRA.
(2). (ENGHE) Encuesta de Grandes Empresas
(3). David Cufré. “El Club de los 1000” Página 12, marzo 2015
(4) Raúl Dellatorre “Mesa de Enlace en Acción. Exportadoras en el Control”. Página 12. Enero 2014.-