La derrota electoral del gobierno del Frente de Todos en las elecciones primarias (PASO) del 12 de setiembre pasado, muestra el nivel de insatisfacción popular en nuestro país.
Si bien el FdT no presentó listas diferentes para elegir, la comparación con el caudal electoral obtenido en 2019, ha registrado una caída muy importante. No obstante, esta merma no aparece capitalizada íntegramente por la derecha opositora, pero representa una muy seria advertencia para las elecciones legislativas de noviembre próximo.
Nos recordaron que: “los seres humanos vivimos siempre en el presente, ya que el pasado es historia, y el futuro proyectos.” La pandemia ha trastrocado todos los hábitos, y las relaciones sociales. El macrismo primero y la pandemia después, sumergieron al pueblo en una crisis sin precedentes. El aislamiento social necesario para preservar vidas, ha repercutido económica, social y psíquicamente, de manera traumática en el pueblo. Y, al parecer, se lo ha cargado en la cuenta del gobierno.
Es cierto que el gobierno dispuso fuertes partidas económicas e importante asistencia social para paliar los efectos de falta de ingresos para el pueblo, necesariamente aislado y sin trabajar. Que se buscaron y obtuvieron vacunas y que desarrolló un proceso inédito, en cuanto a velocidad y cantidad de vacunación masiva. Sin embargo, pareciera que no fue suficiente para neutralizar un sentimiento social de bronca y deseos de reclamar la atención del gobierno sobre las penurias existentes.
La persistente y alta inflación reinante, “devoró” todo ingreso social. Aumentó la desocupación y las necesidades sociales.
Está claro, también, que la monumental deuda externa dejada por el macrismo representa una amenaza sobre las políticas públicas. No obstante, es imperioso mantener la posición planteada reiteradamente por el presidente Fernández y el ministro de economía, Guzmán, que no se habrá de negociar ninguna proposición que implique hacer recaer el peso de los servicios de la deuda sobre las espaldas del pueblo. Esta posición debe ser defendida a rajatabla y sostenida por presencia popular en manifestaciones públicas.
Es necesaria mayor coherencia entre discursos y acciones. La carta de Cristina, transparentó un mal funcionamiento en distintas áreas de gobierno, evidenciados, por ejemplo, en una sub ejecución de partidas del gasto social del Presupuesto 2021. Esto, en la práctica, ha significado menores ingresos para los más necesitados. Es decir, mayor miseria y hambre.
El gobierno y el pueblo tienen enfrente una oposición sórdida, descontrolada y sin escrúpulos, capaz de todo para desestabilizarlo. Lo vienen demostrando desde el primer momento. Su objetivo es impedir la gobernabilidad, insuflar odio, desazón y desesperanzas, con noticias falsas, deformadas y destinadas a profundizar la animadversión a un gobierno popular. Su meta parcial es ganar las legislativas de noviembre para impedir el funcionamiento del Congreso, paralizar la acción de gobierno y lograr chances para retomar el gobierno en 2023y completar su obra inconclusa en 2019. Además, y con un cinismo absoluto, manifiestan descaradamente que se proponen modificar el régimen de despidos, el de jubilaciones y otras conquistas sociales. Se proponen precarizar no sólo el trabajo, sino toda la vida del pueblo
Ante este escenario es imperiosa una enérgica acción del gobierno. Se debe enfrentar a la derecha en todos los niveles. Principalmente en el área económica, es necesario responder con medidas económicas y sociales, al mensaje del pueblo. Comenzando, por supuesto, con la ejecución del presupuesto completo de gasto social aprobado para 2021, sin más dilaciones.
Debe revertirse el cuadro de ingresos salariales, sociales y jubilatorios drásticamente, no sólo con un crecimiento porcentual por encima de la tasa de inflación anual, sino con valores absolutos que permitan enfrentar el costo de una canasta familiar.
Es probable que haya limitaciones y opiniones en el seno del Frente que impliquen temores o reluctancia para enfrentar a los grupos dominantes formadores de precios oligopólicos, sobre todo en alimentación. Incluso con objetivos bien intencionados, temiendo consecuencias negativas para el pueblo. No obstante, creemos que no actuar fuertemente en favor de los intereses populares, facilita el poder de dichos grupos tanto o más que enfrentándolos.
Es imperioso responder con medidas concretas la queja popular expresada en las PASO. Advertimos sobre las consecuencias de seguir aceptando las reglas de los grupos exportadores agroalimenticios, como en el caso de las exportaciones de carne y su consecuencia sobre los precios para el consumo interno.
Es necesario concretar ya la apertura de numerosos Mercados Centrales, que acerquen al productor y al consumidor y eviten la cadena de comercialización de los grupos concentrados con márgenes de rentabilidad que convierten los precios de los alimentos en bienes suntuarios.
El Estado debería tener una empresa que compita en el sector externo, que importe y exporte junto a los privados, y que, al mismo tiempo represente un “caso testigo” en la determinación de volúmenes y precios (camino eficiente para descubrir sobre y subfacturaciones que evaden impuestos y divisas). Al mismo tiempo la empresa estatal proveería de divisas al Banco Central, que los grupos exportadores retacean especulativamente.
Para influir fuertemente sobre todo esto, es vital que las organizaciones sindicales y sociales movilicen al pueblo expresando sus necesidades y al mismo tiempo que apoyar al gobierno, se le exija la ejecución de medidas urgentes para enderezar el rumbo.
En línea con todo esto, es fundamental la acción de gobierno de los próximos dos años, con miras a las presidenciales de 2023 para continuar una política nacional y popular, y al mismo tiempo impedir el retorno del neoliberalismo. La derecha neoliberal que pugna desesperadamente por retomar el poder político y completar su macabra tarea de liquidar derechos sociales y aumentar la pobreza y la desigualdad. En síntesis, es necesario revertir la situación actual, para lo cual la movilización popular sigue siendo la herramienta indispensable históricamente para lograrlo. Las organizaciones sindicales y sociales, así como la dirección del Frente de Todos, debieran movilizar al pueblo para apoyar al gobierno nacional frente a los poderosos y al mismo tiempo exigir el cumplimiento del programa votado en 2019.