Si se analiza con honestidad intelectual la realidad actual del país, resulta evidente que el gobierno tuvo que enfrentar la profunda crisis económica y social heredada del gobierno anterior y, simultáneamente, las graves consecuencias de la pandemia que afectó gravemente a todos los países del mundo.
En ese muy acotado marco, particularmente por la enorme deuda externa contraída por el gobierno Macri, sobre todo con el FMI con sus consabidos condicionamientos, el gobierno tomó medidas priorizando enfrentar el problema de salud, reequipando el sistema de salud pública, consiguiendo las imprescindibles vacunas e instrumentando un eficaz sistema logístico para su aplicación. Pero también tomó medidas para mitigar los terribles efectos económicos y sociales producidos por la doble crisis.
Creemos importante destacar algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, en las difíciles condiciones de la doble crisis, sobre todo considerando que el sistema de comunicación del gobierno ha sido claramente insuficiente, por lo que al final del texto suministramos una síntesis de algunas de esas medidas. (1)
Pero el efecto buscado de esas medidas ha sido contrarrestado por la principal consecuencia de la estructura económica oligopolizada de nuestro país, que es el flagelo de la inflación. En efecto, los sectores empresariales altamente concentrados aprovechan su situación oligopólica para aumentar sistemáticamente sus precios por encima del aumento de sus costos, para incrementar sus tasas de ganancia, siendo esta de lejos la principal causa inflacionaria. El gobierno trata de acordar estabilidad de precios con estos sectores, que luego son sistemáticamente violados por los mismos.
El resultado es que los sectores populares, particularmente trabajadores (activos y pasivos, ocupados y desocupados, formales e informales) ven diluirse considerablemente sus ingresos, por salarios, jubilaciones y subsidios, con lo que comprensiblemente caen en el desaliento, la desesperanza y, muchas veces en el enojo con el gobierno popular, todo lo cual se expresó en el resultado electoral de las PASO.
Ante esta contradictoria situación, el desafío que deben enfrentar las organizaciones del campo popular es, por un lado intensificar su acción en el seno de los sectores populares, trabajadores, capas medias y pequeños y medianos empresarios, para convencerlos que es imprescindible que voten por sus intereses votando por el gobierno el 14 de noviembre y, por otro lado, potenciar su capacidad de organización, coordinación y movilización para impulsar al gobierno a profundizar sus medidas en favor de los sectores mayoritarios.
En efecto, es imprescindible la participación popular, a través de sus organizaciones, en acción conjunta con el gobierno popular, ya que solo con el gobierno no se puede. Esto es necesario para que haya posibilidad de que se tomen medidas más profundas, que avancen en la solución de los problemas estructurales, como la oligopolización de la economía, que impiden un desarrollo económico con inclusión social y política exterior independiente, enfrentando así la acción boicoteadora de los sectores concentrados de la economía y sus expresiones políticas neoliberales, que además controlan los medios de comunicación hegemónicos y gran parte del poder judicial, y cuyas políticas, cuando gobernaron, terminaron siempre en profundas crisis económicas y sociales y con grave endeudamiento externo, como sucedió con la dictadura del “proceso” con Martínez de Hoz, el menemismo y de la Rua con Cavallo y Macri con su “mejor equipo de los últimos 50 años”.
La movilización popular puede impulsar la profundización de medidas gubernamentales, tales como: Participación de sindicatos y organizaciones sociales en los acuerdos de precios, convocados por el Estado, para que controlen a nivel de las empresas que no hayan subas de precios desvinculadas de los costos, ni retención de stocks para provocar desabastecimiento, y control de precios en góndolas (la reciente decisión del nuevo secretario de comercio interior, Roberto Feletti, de ampliar a 1245 productos el congelamiento de precios, manifestando además que es necesaria la participación de organizaciones sindicales y sociales en los acuerdos de precios, van entonces en el buen sentido); Creación de una empresa estatal-mixta de exportación e importación, con participación de las cooperativas agrarias de exportación, para que actúe particularmente en el comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales, sector donde hay gran evasión impositiva y fuga de divisas mediante contrabando, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones (la creación de YPF Agro primero y la posterior decisión de hacerla participar en el comercio exterior de productos agropecuarios es auspiciosa, pero se requiere una mucha mayor intervención estatal en ese estratégico sector). Creación de una empresa estatal de minería, para participar en ese sector de gran potencialidad, donde las provincias podrían adjudicarle concesiones de explotación (también aquí la creación de YPF Litio es algo positivo, pero también se requiere de una mucha mayor participación estatal, en el litio y en la minería en general); Constitución de una empresa de comercialización interna de productos agropecuarios y agroindustriales, entre el Estado y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales, que podría abaratar precios de productos importantes de la Canasta Familiar; Entre otras posibilidades.
Si el oficialismo sufre una importante derrota en las elecciones legislativas, eso abriría las puertas para el retorno al gobierno de la oposición neoliberal, que no se ha privado de decir que si gobierna nuevamente, esta vez haría las mismas cosas que hicieron en el gobierno Macri, pero más rápido; o que impulsan la eliminación de indemnización por doble despido, a pesar de que aún estamos afectados por la pandemia; y otras posiciones de ese tipo, profundamente contrarias al interés de los sectores mayoritarios del país.
Por lo expuesto, consideramos que las elecciones del 14 de noviembre definen en esta oportunidad algo mucho más trascendental que la sola composición de bancas en el Congreso. Por ello, las organizaciones del campo popular pueden y deben militar para influir decisivamente en el resultado electoral, consiguiendo voto por voto.
Tesis 11
1) Medidas adoptadas por el gobierno ante la doble crisis:
Medidas de asistencia social: Tarjeta Alimentar para 4 millones de personas; Medicamentos gratuitos para afiliados al PAMI, que alcanza a 3,5 millones de personas; IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para 9 millones de personas; programas de defensa del empleo, como ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y REPRO (Reproducción Productiva) que asistieron a decenas de miles de empresas y beneficiaron a más de 600.000 asalariados; bonos a jubilados; ampliación de las Asignaciones Familiares a más de 2 millones de adultos y 3 millones de menores; Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado a 155.000 mujeres en edad de jubilarse de hasta 3 años de aporte jubilatorio por hijo; Potenciar Trabajo, para finalización de estudios y formación laboral; proyecto Programa Integral Más y Mejor Trabajo Argentino, para que beneficiarios de planes sociales consigan empleo, donde el Estado seguirá abonando el plan social y el empleador pagará la diferencia para completar el salario; reducción de impuestos a las ganancias para asalariados y monotributistas; Ley de Acceso a la Tierra y Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar; aumentos periódicos del salario mínimo y apoyo a las paritarias para aumentos salariales por sector; entre otras medidas.
Medidas económicas: reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados; asistencia a sectores productivos y de servicios, privilegiando a las PYMES, particularmente mediante créditos bancarios subsidiados; iniciación y/o reanudación de obras públicas, destacándose las centrales hidroeléctricas Cepernic y Kirchner en Santa Cruz, ampliación de la central hidroeléctrica Yacyretá, obra Sistema Riachuelo de ampliación del sistema troncal de cloacas y tratamiento de efluentes; construcción de viviendas populares; rescate de la importante empresa metalúrgica IMPSA, mediante la adquisición de su mayoría accionaria por el Estado; reestructuración y puesta en funcionamiento de los talleres ferroviarios; Ley de Aporte Solidario y Extraordinario (impuesto extraordinario a las grandes fortunas) que recaudó 223.000 millones de pesos destinados a gastos de salud y asistencia social; entre otras medidas.
Excelente Editorial. Difundo
Adriana