La reciente victoria de Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, en las elecciones presidenciales de Honduras, y las primeras encuestas sobre la segunda vuelta electoral por las presidenciales en Chile, dándole una amplia ventaja a Gabriel Boric, candidato de la coalición Apruebo Dignidad, se suman a las victorias de espacios políticos progresistas en América Latina, iniciadas en México en 2018 y continuadas con victorias en Argentina, Bolivia, Perú, constituyente en Chile, entre otros sucesos de similar contenido progresista. Es lo que llevó a García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, a caracterizar este proceso como “nueva ola progresista en América Latina”.
Algo en común que se puede observar en este proceso es que, en el contexto de la crisis neoliberal y sus efectos, en general es expresión de luchas populares fundamentalmente impulsadas por movimientos sociales, con diversos grados de organicidad, integrados por cantidad y variedad de organizaciones del campo popular, particularmente organizaciones sociales.
Este es un fenómeno sociopolítico que se viene desarrollando desde hace ya varias décadas y que expresa, por un lado, la crisis y decadencia de los partidos políticos tradicionales de la democracia representativa, ahondada por las consecuencias del neoliberalismo y, por otro lado y en parte como consecuencia de ello, el auge de formas de democracia participativa facilitadas por las características de funcionamiento, más a la escala humana, particularmente de las organizaciones sociales.
En efecto, organizaciones políticas como el PT en Brasil, MAS en Bolivia, Perú Libre, Libertad y Refundación en Honduras, Morena en México, y otras, son expresiones electorales de movimientos sociopolíticos y no partidos políticos tradicionales de la democracia representativa. Y si algunos partidos tradicionales de izquierda, como por caso el PC en Chile, tienen aún importante vigencia, no dudan en integrarse con las organizaciones populares de todo tipo en movimientos sociopolíticos que, por supuesto, tienen expresiones frentistas electorales.
En cuanto a los objetivos y, consecuentemente, propuestas y programas gubernamentales de los espacios progresistas llegados al gobierno, o por llegar, es más difícil encontrar tendencias en común, dado que, lógicamente, están principalmente influidos por las problemáticas propias de cada país. Sin embargo, como lo nacional está objetivamente inmerso y condicionado por lo internacional, hay ciertos contenidos en común en los objetivos, y consecuentemente propuestas, de los mencionados espacios sociopolíticos.
En efecto, en cuanto a los objetivos, se puede observar que hay en común una intención de impulsar el progreso económico con inclusión social y ampliación de derechos individuales y colectivos, lo cual objetivamente constituye una alternativa al neoliberalismo, que es el problema principal a resolver por los sectores populares. Lograr esto en el actual contexto internacional y su tendencia, implica la objetiva necesidad de enfrentar el problema de la dependencia economicosocial respecto del capital oligopólico globalizado y de los países capitalistas desarrollados cuyas políticas están esencialmente al servicio de los mismos, es decir EE.UU y sus aliados.
Esto a su vez impone aplicar una política exterior independiente y multilateralista y, asunto de fundamental importancia, una política interior que dote al Estado de suficientes herramientas como para que se puedan aplicar, con el mínimo de eficacia necesaria, las políticas gubernamentales, en el contexto de la presencia de los capitales oligopólicos. Estamos hablando de que el Estado debe intervenir en la economía no solo como regulador sino también como empresario, en las áreas que se consideren estratégicas para cada país. En particular, esto aumenta cualitativamente las posibilidades de utilizar positivamente el creciente multilateralismo que se desarrolla en el plano internacional.
En cuanto a la eficacia de aplicar programas que impliquen tal grado de intervención del Estado en la economía, hay paradigmas en el mundo que pueden servir de referencia, aunque sea relativamente, ya que lógicamente cada experiencia nacional se inscribe en el marco de sus propias circunstancias y evolución histórica. En efecto, en general en los países del sudeste asiático, con diferentes sistemas políticos, se observa un muy significativo éxito de tal tipo de política económica, destacándose los notables casos de China y Vietnam.
Lo dicho define ya los lineamientos generales en común que deberían tener los programas gubernamentales de los espacios políticos progresistas en América Latina, para que tengan posibilidades objetivas de éxito en sus gestiones gubernamentales en favor de los intereses de los sectores populares.
Claro que estamos hablando de programas de ejecución en el mediano y largo plazo, porque en el corto plazo cada país tiene sus problemas específicos inmediatos a resolver por los gobiernos populares, pero que debieran ser encarados buscando que tengan coherencia con los programas de cambios más estructurales, como los mencionados.
Un ejemplo de las dificultades a resolver en cuanto a vincular programas de solución de problemas de corto plazo con los de mediano y largo plazo, se puede observar actualmente en nuestro país con el paquete de proyectos de leyes enviados recientemente por el gobierno al Congreso, entre otras cosas para promover inversiones en las actividades hidrocarburíficas y agroindustriales. El problema a resolver es como asegurar a las empresas extranjeras, cuyas inversiones se quiere atraer, que se mantendrán las condiciones jurídicas, particularmente impositivas, durante los períodos contractuales, sin lo cual es extremadamente difícil que se interesen en invertir y, al mismo tiempo, permitir que el gobierno pueda realizar legalmente cambios impositivos, durante esos períodos, por ejemplo en el régimen de retenciones a las exportaciones, cuando lo considere necesario, lo cual constituye herramientas indispensables de gobierno. La dificultad para resolver este tipo de contradicciones aumenta cuando se considera que las soluciones deben a su vez tener coherencia con los objetivos y programas de mediano y largo plazo a los que nos hemos referido.
En todo caso, lo fundamental es, como siempre, que estos temas sean debatidos en el seno de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que le dan sustento a los gobiernos populares y progresistas y, sobre todo, que las procesen, las hagan suyas, e impulsen a los gobiernos que intentan representar sus intereses a que las instrumenten. Lo cual solo puede hacerse mediante la organización, coordinación y movilización popular, para lo cual es de principal importancia que difundan las ideas en el seno del pueblo y alienten la discusión en su seno y su indispensable participación. Es la vía para, entre otros importantes objetivos, contrarrestar la hegemonía comunicacional que tienen los sectores del capital concentrado y sus expresiones políticas. Y esto a su vez debe hacerse buscando la indispensable unidad y coordinación de las fuerzas progresistas latinoamericanas, lo cual amplía el indispensable horizonte de esperanza para los pueblos. Aquello de que “solo el pueblo salvará al pueblo” sigue siendo una de las grandes verdades demostradas por la historia.
Tesis 11