Cualquier mirada atenta y desprejuiciada sobre la realidad argentina no podrá dejar de advertir las amenazas que pesan sobre la supervivencia de la democracia, el estado de derecho y el curso futuro del progreso social, económico y cultural al que aspiran las mayorías.
Es un escenario en el que la percepción de un futuro plagado de incertidumbre, otro de los legados del macrismo, subsiste a pesar de los avances del proceso de recuperación económica y la lucha contra la pandemia, porque son altamente preocupantes los índices de pobreza y de diferenciación social, de inequidad.
Pero también porque el actual es un estado de crisis cuyo desenvolvimiento se complica por la manifiesta actitud subversiva, desestabilizadora del bloque de poder – el capital concentrado, las corporaciones mediáticas y la parte subordinada del poder judicial, servicialmente asistido por Juntos por el Cambio, su actual brazo político – obsesionado en esta fase de probado agotamiento histórico del neoliberalismo, en retomar, a como dé lugar, incluso promoviendo el odio, la conducción política de la nación sin reparo alguno en límites éticos, morales ni legales. Desgastar al gobierno, deslegitimar y desvalorizar su autoridad, malquistar su relación con el pueblo, aspirando a la maduración de condiciones para el desencadenamiento del llamado golpe blando. La remarcación desorbitada de precios y los manejos especulativos con las divisas, es también parte de ese entramado.
La difusión cotidiana de mentiras, unas tras otras, las fakenews, se naturalizan por estos “republicanos” dispuestos a “salvar la democracia”. Discurso que en su esencia replica al de la dictadura cívico-militar y al de los golpes militares de nuestro pasado, para tras el quiebre institucional, terminar instaurando la plena vigencia del neoliberalismo, respondiendo así al mandato del gran capital. Igual que en el resto de la geografía latinoamericana.
En la misma dirección se ubica el “aporte” de parte del Poder Judicial, bajo la batuta que empuña la Corte Suprema. Una Corte que distribuye sus fallos y acordadas, algunas alejadas del estado de derecho y de la Constitución, que las tiene cajoneadas por años o las saca a la luz en momentos en que su efecto se conjuga con el interés político del bloque de poder, aunque esté en juego la vida o la libertad de las personas o el patrimonio del país.
En respaldo se pueden enumerar decenas de ejemplos, a veces verdaderas aberraciones jurídicas, que se coronan con el reciente fallo que declara inconstitucional la ley que en 2006 – sí, de hace 15 años- conformó el Consejo de la Magistratura y además, atribuyéndose en los hechos autoridad legislativa, esta Corte ahora dispone restaurar la vieja, la de 1997, ley derogada por el Congreso Nacional. Así el respeto a la Constitución y a la división de poderes, te las debo! ¡Ahh, la “seguridad jurídica” y el “respeto por los principios básicos del sistema republicano”!
Y a destacar: hasta tanto legislativamente no se apruebe otro régimen, al restaurar la ley de 1997, el Consejo de la Magistratura, responsable de la administración de fondos del Poder Judicial y con atribuciones para la designación y el cese de jueces, quedará a cargo del Presidente de la Corte, el mismo que se autodesignó para el cargo. Cargo que integra la línea sucesoria de la Presidencia de la Nación.
Muestra de una operatoria mafiosa de esta parte cómplice del poder real, como cuando se desentiende de hechos trascendentes como el de la coerción sobre jueces y fiscales honestos, la mesa judicial y el plan sistemático de espionaje y persecución a sindicalistas, políticos y empresarios, cuyos detalles ahora salen a la luz.
En este escenario no sorprende que la derecha mediática y política, celosa del sentido común, pero del que ella configura y alimenta, ante toda opinión crítica del gobierno y sus proyectos de reforma judicial, sostenga muy suelta de cuerpo que se trata de avances sobre la justicia
Lo que no sorprende es el clamor por la reforma del Poder Judicial, la Corte Suprema incluida, como lo atestigua su imagen negativa de más del 75% (CELAG) y que se expresará en la marcha del próximo 1º de febrero al Palacio de los Tribunales, a la que adherimos.
Lamentablemente las fuerzas democráticas y reformistas en ambas cámaras del Congreso no cuentan con las mayorías necesarias para cristalizar sus propósitos, hecho que el sector obstruccionista hará valer para mantener las bases operativas del poder. Mientras tanto, la democracia, el estado de derecho y el curso del futuro progreso social seguirán teniendo un motivo para seguir amenazados.
El acuerdo resultante de la negociación de la deuda con el FMI, forma también parte del articulado de grandes amenazas que sobrevuelan el futuro de los argentinos, en especial el de las mayorías populares.
Crédito ilegítimo e ilegal, violatorio de los propios estatutos del FMI, de magnitud y plazos de repago insostenibles, otorgado para mantener con vida a un gobierno como el de Macri que se caía a pedazos, pero funcional a los objetivos de EE.UU. de contarlo como país sometido económica y políticamente al capital financiero mundial y dispuesto, por seguir con vida, en darle su apoyo en sus disputas con China y Rusia.
Crédito que el macrismo gestionó con el exclusivo propósito de convertir a dólares y facilitar la fuga de capitales colocados en pesos en el negocio de la timba financiera y cuando los inversores financieros ya lo habían desahuciado.
Pero lo que hoy está en debate y traba el avance de las negociaciones es básicamente la estrategia, el ritmo y los plazos para la acumulación de divisas destinadas al repago. Por un lado el FMI, comandado por EE.UU., pretendiendo la mayor y más veloz reducción del gasto social, el llamado ajuste fiscal, apostando con ello al menor ritmo de crecimiento del producto, a la degradación de las condiciones de vida del pueblo y con ello, la menor necesidad de importaciones y mayores saldos exportables, básicamente de productos primarios.
Por el otro, el gobierno argentino impugnando esa estrategia, sostiene como propuesta potenciar la importancia del gasto público y social en apoyo del crecimiento de las condiciones de vida de las mayorías, que junto con la inversión pública, sea base de la mejora del PBI, que con nuevos programas orientados al crecimiento y diversificación de las exportaciones, redunde positivamente en la recaudación fiscal y la acumulación de reservas.
Va implícito en esta concepción no sólo una visión ideológica. Pesa sobremanera la convicción de que hay límites al sacrificio de las masas populares, tan castigadas por el macrismo y las derivadas de la pandemia, límites que superados elevarán el conflicto social, generarán el debilitamiento y caída del gobierno y la segura restauración de una catástrofe neoliberal.
Por su contenido y por los contendientes que la disputan, esta controversia es incuestionablemente política, fuera y dentro del país y con objetivos que trascienden la misma deuda. Por eso la gestión ante distintos gobiernos y organismos multilaterales (G 20, CELAC, ONU, países de la UE y EE.UU.). Habrá que ver la repercusión política internacional de la próxima visita de Alberto Fernández a Rusia y China.
Pero en lo interno, el capital concentrado, el vinculado a lo financiero y la oposición política también mueven sus fichas, que aún con sus propias contradicciones, bregan con posturas más acordes con los postulados del FMI. Más de uno de ellos, como sería de prever, tampoco vería con disgusto el fracaso de las negociaciones, buscando como efecto el derrumbe del gobierno.
En este como en los demás conflictos arriba citados, todos con oponentes de envergadura, quienes sueñan con un país soberano, democrático e inclusivo, con expectativas de progreso compartido por las mayorías, en el que se juega el propio interés, deben asumir con claridad que es una ilusión alcanzar estas metas si no se construye una fuerza amplia y sólida, que en lucha unida y coordinada de las organizaciones populares, haciendo resonar su voz desde la calle, presente resistencia y el poderío suficiente como para someter y doblegar a la antipatria en el curso de numerosas batallas. Fue siempre gracias a la movilización y lucha de los movimientos populares como se conquistaron derechos, como lo ejemplifica la derogación del 2×1 que amnistiaba a los genocidas o la conquista a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Bienvenido todo gobierno nacional y popular que enarbole estas mismas banderas, Pero siendo conscientes de lo poderoso que es el enemigo, debe por ello quedar en claro que sólo con el gobierno no alcanza. En tales condiciones, de la pasividad popular el resultado más probable que se extraiga puede serla decepción y la derrota del pueblo.
TESIS 11