En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández describió lo que considera como principales resultados positivos de su gestión, en las muy difíciles condiciones en que le tocó gobernar, con la crisis económica y el endeudamiento externo heredados del gobierno anterior, agravadas por la pandemia mundial: fuerte recuperación económica, con crecimiento del PBI del 10,3% y de la tasa de empleo del 15% en el 2021;restructuración de la deuda con el sector privado, desplazando los pagos desde el 2025; acuerdo con el FMI que desplaza los pagos hasta el período 2026-2034, y que el gobierno considera como el menos malo que se pudo conseguir dadas las circunstancias; programa masivo de vacunación que permite vislumbrar la superación de la pandemia; por mencionar los más importantes. Según el gobierno, se abriría ahora un panorama de mayor certeza y posibilidades para continuar con el crecimiento económico, aumento de las exportaciones, recuperación de reservas en el Banco Central, creación de puestos de trabajo y, consecuentemente, mejores condiciones para una recuperación de los ingresos de los sectores populares.
Sin embargo, aun exponiendo este panorama optimista, el presidente advirtió que el gobierno enfrenta la necesidad de solucionar lo que consideró como el principal problema de nuestra economía: La inflación.
El gobierno ha diagnosticado que el problema de la inflación en nuestro país es multicausal, señalando como causas centrales, por un lado la alta concentración de la economía, que permite a los principales formadores de precios subir sistemáticamente los precios por encima del aumento de sus costos y, por otro lado, la fuga de divisas, que genera su escasez y con ello presión sobre el tipo de cambio, asunto de gran incidencia en el aumento de precios; fuga de divisas que los mismos grupos concentrados producen por diversas vías, como subfacturación de exportaciones y contrabando, además de la consabida evasión impositiva que esto conlleva.
En el gobierno se han venido tomando medidas para enfrentar el problema inflacionario, tales como: acuerdos de precios con los principales formadores y cadenas de supermercados; control de cambios y del movimiento de capitales con el exterior para preservar divisas; instauración de fideicomisos para el aceite comestible y ahora para el trigo y el maíz, para desvincular el precio interno del externo y asegurar el abastecimiento interno; entre otras medidas. Ahora se habla de la creación de una empresa estatal de alimentos, entre el Estado nacional y los Estados provinciales, para producir y comercializar alimentos con el objetivo de suministrarlos a menores precios que las empresas privadas, lo cual tiene impacto directo en el costo de la canasta familiar.
El gran problema es que el sector privado oligopólico, hegemónico en nuestra economía, en los medios de comunicación y en gran parte del Poder Judicial, boicotea sistemáticamente las medidas del gobierno, como ha sido denunciado por el propio Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea.
Para que el tipo de medidas gubernamentales contra la inflación, que hemos señalado, tengan posibilidades de jugar un rol significativo, es imprescindible que se involucren en ellas las organizaciones del campo popular, en su elaboración y, más aún, en su implementación. Esto es particularmente evidente en cuanto a los acuerdos de precios, donde se requiere que los trabajadores participen en el control de aplicación de los acuerdos a nivel de las empresas donde trabajan, verificando que no haya subas superiores al aumento de costos, ni retención de stocks para producir desabastecimiento, y que las organizaciones sociales participen en el control de precios en góndolas. Esto además implica un ejercicio de democracia participativa de gran importancia, para que los sectores populares se impliquen directamente en la defensa de sus intereses.
Esto es tanto más necesario si se desea encarar otras medidas, como las que han sido reclamadas por organizaciones del campo popular, y también por Tesis 11, en numerosas ocasiones, como por ejemplo: multiplicación de mercados de concentración de venta de alimentos en todo el país; creación de una empresa mixta entre el Estado y las cooperativas que actúan como exportadoras, para participar en el comercio exterior agropecuario y agroindustrial, de gran importancia en nuestra economía; recuperación de la gestión de puertos por el Estado en el complejo de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay; creación de una empresa estatal fluvial para operar en ese complejo; creación por el Estado Nacional de una empresa de minería que obtenga concesiones de explotación de los Estados provinciales, algunos de los cuales tienen empresas mineras (o bien ampliar el objeto de actividad económica de YPF, que ya tiene una división litio, y/o YCF). Este tipo de herramientas, en manos del Estado, son necesarias para intervenir con posibilidades en esas actividades fundamentales para la defensa del interés popular.
Pero, para lograr esto, es necesario un avance cualitativo en el nivel de organización y coordinación de las organizaciones del campo popular y su interacción con el gobierno popular que intenta representar sus intereses, en lo cual hay responsabilidad compartida entre las organizaciones, que deben avanzar en ese sentido, y el gobierno, que debe convocarlas a que participen en el análisis de los problemas y en la ejecución de las medidas que se adopten colectivamente.
El problema de la inflación es de tal magnitud y de tanto impacto negativo acumulado en la población argentina, particularmente en los sectores populares que más la sufren, que aun suponiendo que, como espera el gobierno, hubiera crecimiento económico, aumento de las exportaciones, recomposición de reservas en el Banco Central y significativa creación de puestos de trabajo, en lo que queda hasta las elecciones presidenciales del 2023, si no hay una importante disminución de la inflación que favorezca la restitución de ingresos de los sectores populares, será muy difícil para el oficialismo conseguir la reelección. En esto le va el futuro a los sectores populares, considerando que la oposición neoliberal ha venido repitiendo que si retornan al gobierno “aplicarían las mismas políticas que durante el gobierno de Macri, pero mucho más rápido”, y que critican el nuevo acuerdo con el FMI porque no contiene “reformas estructurales”, tales como la previsional o la flexibilización laboral.
Es entonces vital para las organizaciones del campo popular y para el gobierno aplicarse a avanzar en la relación de fuerzas, por la vía señalada, partiendo de la mínima base de no perder la unidad del Frente de Todos y, muy por el contrario, reforzarla. Es un camino insoslayable de autodefensa del sector popular mayoritario y de poder ampliar las posibilidades de tomar iniciativas para avanzar en la solución de problemas estructurales de nuestro país en beneficio de sus propios intereses.
TESIS 11.