Revista Nº 150 (06/2022)
(teoría económica)
Carlo Vercellone*
Traducido del italiano por Ignacio Paz**
La propuesta de un Ingreso Social Garantizado (ISG), definido como la asociación de un salario social y una renta colectiva, encuentra su fundamento económico en los cambios del concepto de trabajo productivo y del modo de acumulación que acompañan al desarrollo del capitalismo cognitivo.
Nota: Versión resumida por Ignacio Paz del capítulo escrito por Carlo Vercellone, en el libro Capitalismo Cognitivo, y realizada con la finalidad de facilitar su lectura y difusión.
Con la teoría smithiana del crecimiento y la teoría ricardiana de la distribución, los fundadores de la economía política han intentado representar un modelo teórico relativamente simple, la lógica del funcionamiento del capitalismo nacida antes de la revolución industrial. Hoy, en la transición que nos lleva de un capitalismo industrial hacia una economía fundada en la difusión del conocimiento y basada en el rol motor del conocimiento, debemos, quizás, recorrer nuevamente el proceso analítico de los fundadores de la Economía Política. Este procedimiento, que debe relacionar, como un todo indisociable, el modo de producir y el modo de distribuir la riqueza, hace surgir una problemática clave: la cuestión de la legitimidad y de la factibilidad económica de un Ingreso Social Garantizado independiente del trabajo.
Se trata de demostrar que estas aseveraciones están relacionadas con las transformaciones en la división social del trabajo y con el modo de acumulación que distinguen la transición hacia esa nueva fase del capitalismo que llamamos capitalismo cognitivo.
La cuestión de la legitimidad y del financiamiento del Ingreso Social Garantizado (ISG)
El ISG se enfrenta a menudo a dos críticas: 1) su presunta insostenibilidad financiera; 2) la ilegitimidad económica y ética de la afirmación de un derecho al ingreso, que no encontraría su correlato en una contribución laboral en la creación de riquezas.
En realidad, estas dos cuestiones, la factibilidad y la legitimidad del ISG, están en gran parte ligadas y deben ser confrontadas con el análisis de las transformaciones del trabajo y del régimen de acumulación en el capitalismo cognitivo.
Una objeción, a menudo esgrimida, es no analizar en profundidad la problemática conexa a su financiación.
Se derivan de esto dos consecuencias que se relacionan con la coherencia y/o la credibilidad de la propuesta del ISG:
- El monto del ingreso de ciudadanía es estimado en un nivel irrisorio (entre 230 y 300 Euros per cápita y al mes), y, en cada caso, incompatible con la idea de un ingreso suficiente para preservar la libertad de los trabajadores de aceptar o rechazar las condiciones de trabajo que le son propuestas.
- El importe mínimo del ingreso garantizado está establecido en un nivel mucho más alto (generalmente en un nivel intermedio entre el umbral de la pobreza y el salario mínimo profesional). Pero, en este caso la propuesta del ingreso de ciudadanía es criticada a causa de su irrealismo. Esta crítica está basada, casi siempre, sobre la afirmación según la cual, el costo de financiación requeriría un desarrollo económica y políticamente no soportable.
Las razones de la no factibilidad del ISG son demasiado simples. Se limitan a valorizar el importe bruto del ISG por el número de habitantes, y luego, establecido el importe a financiar, declaran ipso facto su irrealismo relacionándolo con el PBI y con signos de exclamación.
Son afirmaciones erradas por dos razones, ya que por una parte sobreestiman el costo real del ISG confundiendo costo neto y costo bruto, y por la otra, evita verdaderas reflexiones sobre los recursos que pueden permitir su financiación.
- El ISG sería acumulable con otros ingresos, que, a partir de cierto umbral, son sometidos a impuestos. De esta forma el ISG, siempre manteniendo su carácter incondicional, tendría incluso un carácter redistributivo. Es decir, el costo neto de financiación del ISG debe ser estimado teniendo en cuenta las retenciones fiscales efectuadas tradicionalmente sobre el conjunto de ingresos de la familia.
- Otro punto importante, sea por razones de justicia social como de coherencia macroeconómica es que, el ISG debería ser asociado a una reforma del sistema fiscal que acentúe fuertemente un carácter progresivo.
- Existen Importantes márgenes de maniobra en lo que hace a los impuestos sobre las ganancias de capital, que, en Europa, son mucho menos gravadas que los ingresos del trabajo.
- Las economías derivadas de la supresión de transferencias asistenciales condicionadas, que permitirían cubrir una parte de los costos del ISG (en Argentina los planes sociales IP)
- A estas fuentes de financiación, es necesario agregar la supresión de exenciones fiscales relacionadas con incorporación de mano de obra no calificada (en Europa IP), que a menudo, en vez de favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo, constituyen simples transferencias de ingresos de los asalariados a las ganancias.
- En una primera etapa, el ISG podría estar reservado a la población adulta entre 18 años y la edad para las jubilaciones. En una segunda etapa sería progresivamente extendida al resto de la población.
Reuniendo el conjunto de estas condiciones, el costo de financiación del ISG sería considerablemente reducido y no entraría en competencia con el financiamiento de otras conquistas esenciales del sistema de protección social, como las pensiones, el derecho a la salud y por ejemplo en Francia, la indemnización por desocupación. Al mismo tiempo, la instauración del ISG permitiría sobre estas bases, una distribución del ingreso mucho más igualitaria.
Transformaciones en la división del trabajo, financierización e ingreso social garantizado.
Una de las dificultades mayores que encuentran numerosos defensores de una instauración universal o de un ingreso de ciudadanía, deriva de una aproximación puramente ética y redistributiva, incapaz de fundar la propuesta de un ISG incondicionado sobre un análisis de las transformaciones de los mecanismos de creación de la riqueza.
La instauración universal de ISG, se basa en cierta medida, en el concepto de “fin del trabajo”. Según dicha tesis, la desocupación tecnológica tendría un carácter estructural. En esta lógica, la justificación fundamental del ingreso garantizado estaría en el hecho que el puesto de trabajo se transforma en una mercancía rara y al mismo tiempo, el trabajo pierde su rol central en el proceso de creación de la riqueza.
A diferencia de las interpretaciones “tecnológicas” sobre el fin del trabajo, la crisis actual de la forma trabajo-empleo asalariado, está, en nuestra opinión, lejos de significar una crisis del trabajo como fuente de la producción de valor y de riqueza. La transformación consiste más bien en un cambio paradigmático de la noción de trabajo productivo, donde el “saber social general” se presenta como fuerza productiva inmediata. Esta transformación, que tiene en su centro el rol de la escolarización de masas en las condiciones de una “intelectualidad difundida”, puede ser interpretada a partir de la tendencia que Marx define en los Grundrisse con la noción de General Intellect. Se trata de la emergencia de una nueva figura hegemónica del trabajo, marcada por su carácter siempre más intelectual e inmaterial. Su origen remite a una dimensión esencial de los movimientos sociales que, durante los años Sesenta y Setenta, han puesto en discusión la legitimidad del modelo fordista: la reivindicación del derecho al saber y de su independencia frente a las exigencias de acumulación del capital. Por lo tanto, los conflictos sociales de fines de los Sesenta y Setenta, se han sedimentados en la nueva característica “intelectual” del trabajo, y en aquella que podríamos calificar como preponderancia de los saberes del “trabajo vivo” sobre el saber incorporado en el capital fijo (y en la organización de la empresa). En este sentido, es altamente significativo que, a partir de 1973, el stock de capital inmaterial (educación, formación, investigación y desarrollo, sanidad), igualó el stock de capital tangible, para después superarlo y ser hoy largamente, dominante.
Estamos entonces, en el punto de partida de una economía fundada sobre el proceso de producción, tratamiento y difusión del conocimiento, donde la variable esencial del crecimiento y de la competitividad estructural de un territorio, deviene desde ahora en la capacidad de movilizar en forma cooperativa el potencial de trabajo intelectual presente en la sociedad.
Una nueva división del trabajo se apoya sobre principios cognitivos. Esta tendencia es reconocida en tres transformaciones principales:
- La norma industrial del trabajo abstracto, intercambiable y fácilmente medible con reloj y cronómetro ha quedado cada vez más obsoleta frente al desarrollo de la economía fundada en el saber y sobre competencias no codificables.
- El tiempo de trabajo inmediato dedicado a la producción, no es más que una fracción, y no necesariamente la más importante, del tiempo social de producción.
- Los límites tradicionales entre trabajo y no trabajo se atenúan y se rompe toda relación de proporcionalidad entre remuneraciones y trabajo individual. Estas metamorfosis hacen que el origen de las riquezas de las naciones se desplace hoy siempre más de la actividad de las empresas. Se monta cada vez más en la esfera del “trabajo asalariado y del universo mercantil” en la sociedad y en particular en el sistema de formación y de investigación, donde se encuentra la clave de la productividad y del desarrollo de la riqueza social.
Es posible afirmar que el deterioro de las condiciones de remuneración y de empleo que caracterizan el postfordismo, no corresponde para nada, a las exigencias de una eficacia económica objetiva, que la rigidez del mercado de trabajo habría obstaculizado. La de-socialización de la economía, aparece más bien como la condición para proporcionar al trabajo una mano de obra que no puede más ser sometida a la disciplina de la empresa, sobre la base de una racionalidad técnica objetiva incorporado en el capital fijo y en la organización del trabajo.
Es posible entonces, con esta nueva configuración de la relación (conflictiva) saber-poder, que se puede comprender por qué, en el nuevo régimen de acumulación, financierización y economía del conocimiento, esta relación está asociada, desde el punto de vista del modo de regulación, con una inseguridad creciente de las condiciones de los asalariados. La flexibilidad, en sus diversas formas, ha destruido el sistema de seguridad del puesto de trabajo, que estaba en la base del compromiso fordista. Más aún, en el tiempo del capitalismo cognitivo, pobreza y empleo no son más situaciones antinómicas, en una lógica que sólo puede frenar la fuerza viva del saber social productivo de riquezas.
CONCLUSIONES
En definitiva, la propuesta de una ISG, definida como la asociación de un salario social y una renta colectiva, encuentra su fundamento económico en los cambios del concepto de trabajo productivo y del modo de acumulación que acompañan al desarrollo del capitalismo cognitivo.
Por otra parte, y junto al advenimiento de una economía fundada sobre la difusión del conocimiento y el rol motor del saber, el trabajo intelectual deviene el factor estratégico y el tiempo de trabajo directo deja de ser una unidad de medida económicamente significativa. Esta transformación modifica los límites tradicionales entre trabajo y no-trabajo, trabajo productivo e improductivo, con los cuales la teoría económica y el sistema fordista de contabilidad nacional, han intentado rendir cuenta de los mecanismos de formación y de distribución de la riqueza. El ISG sería, desde este punto de vista, solamente, la compensación en forma de renta, del carácter siempre más social del trabajo, sobre lo que se basa la dinámica de los beneficios de la productividad y de la innovación.
Por otra parte, el crecimiento en potencia del capitalismo financierizado corroe los límites tradicionales entre renta y ganancia, mientras impone con fuerza, el retorno de una lógica de regulación concurrencial (en el sentido de la escuela francesa de la regulación). Por lo tanto, el ISG podría ser una de las propuestas capaces de permitir a la sociedad combinar la voluntad de refrenar el poder de las finanzas y la de arribar a una re-socialización de la economía.
La introducción de un ISG sustancial, como hemos visto, podría basarse sobre más fuentes de financiamiento y su institución, lejos de entrar en contradicción con el sistema de derechos y garantías de la previsión social, constituiría un elemento de reforzamiento y de salida por arriba de la crisis del welfare state (estado de bienestar). El problema de su “factibilidad” no es de tipo económico, es decir ligado al carácter limitado de los recursos. Depende, esencialmente, de una elección de la sociedad.
*Italiano, economista de la Universidad de París I Panthéon Sorbonne y del laboratorio CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) del CES (Centro de Economía de la Sorbona).
**Ignacio Paz, economista, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.