Editorial semanal de Tesis 11. HACERSE CARGO

El remezón tras la exhibición de las  irregularidades judiciales en el juicio de la causa Vialidad y a continuación su veredicto contra la Vicepresidenta de la Nación,  más la revelación pública de los pormenores del periplo de encumbrados personajes al Lago Escondido, tienen la virtud de poner en evidencia una realidad que no es circunstancial ni de origen reciente.

Esta vez desde la majestuosa mansión del Lago emergieron desde su escondite las vinculaciones obscenas y los delitos intentados y cometidos por  jueces, fiscales, los directivos de la corporación mediática y del capital concentrado, de servicios de inteligencia y de uno de los ministros del gobierno de la CABA

Es una organización y un modus operandi que se vino gestando  y madurando  desde hace muchísimo tiempo para llegar a conformar un Estado de excepción, clandestino, que  por su control sobre ciertos resortes del poder, por caso, dada su notoriedad,  el judicial, gobierna de hecho en paralelo y por debajo del Estado legal,  recurriendo incluso a métodos mafiosos en aras de satisfacer las apetencias del verdadero poder, el capital concentrado, hoy trasnacionalizado y subordinado al capital financiero mundial. Son los hechos los que prueban que la subsistencia  de esta mafia es incompatible con el orden político del país, independientemente de la persona o partido político que formalmente gobierne. No garantiza siquiera el funcionamiento pleno de la democracia liberal republicana.

 Los revulsivos chat entre los asistentes al Lago Escondido, aún sin conocerse qué se debatió y acordó en el cónclave, cuál fue el verdadero motivo por lo que el grupo Clarín los convocó y financió,  son sólo una pequeña muestra testimonial. Deben tomarse con el carácter de  confesión de parte. También entran dentro de esta categoría el intento de magnicidio en contra de CFK, junto a las evidentes y deliberadas demoras y resistencias al avance de la investigación.

Más de 20 años de un interminable juicio al Correo Argentino, lo oculto del incendio del Iron Mountain, la irregular toma de créditos internacionales y la fuga de estos capitales al exterior,  los cajoneados procesos judiciales por los negociados referidos a los parques eólicos, al de las autopistas y otros en los que está involucrado Mauricio Macri, son sólo muestras de la variedad de casos en los que el poder real confirma con su accionar  la carencia de un estado de derecho, con consecuencias que recaen sobre toda la sociedad,  en especial sobre los sectores más vulnerables.

Son todos hechos integrantes de un proceso revelador de tal grado de descomposición del  sistema de administración del Estado que hacen irrebatible el calificativo de crisis política, orgánica e institucional, capaz de poner en cuestión la legitimidad de sus tres poderes, llegando incluso  al punto de bloquear todo intento de reforma  económica, política o social toda vez que roce los intereses del poder real. Lo  ilustra la impugnación a la expropiación de Vicentin, el amparo contra la limitación de tarifas para los servicios de TV, telefonía e internet  declarados de interés público, el freno a una ley democratizadora como la de medios, el impedimento a tributar impuesto a las ganancias por parte de los miembros del poder judicial y así de seguido. Temerosa de que se diluya el poder de sus actuales cuatro miembros, la Corte ya anticipó su oposición a toda ley que disponga su ampliación.

Lo revela también – y lo citamos sólo a título de ejemplo – la decisión de la Corte Suprema de atribuirse de modo inconstitucional funciones legislativas y gracias a ello,  proclamar a su presidente como titular del Consejo de la Magistratura. Así le será más fácil promover o destituir jueces y administrar los multimillonarios fondos del Poder Judicial. No conformes con eso, ahora se atribuyó el derecho de inmiscuirse en el funcionamiento interno del Poder Legislativo y  decidir sobre la conformación de sus comisiones a ese Consejo. Con ello la filiación de los comisionados amigos en el Consejo de la  Magistratura.

Lo pone también en evidencia el fallo por el que en esta semana la Corte Suprema convalidó, escudado en formalidades, las irregularidades mafiosas del poder judicial jujeño, sometido a los arbitrios de Gerardo Morales, dejando así en firme los trece años de prisión en perjuicio de Milagro Salas. Por lo   visto la persecución y proscripción de CFK  no tiene el atributo de exclusividad.

Un indicio de la gravedad de esta crisis lo pone de manifiesto el que frente a estos hechos, ni la Facultad de Derecho de la  UBA, ni el Consejo Directivo de la misma Universidad, ni la Asociación de Magistrados, ni el Consejo de la Magistratura se hayan pronunciado. Ni una palabra, a pesar de que el Dr. Julián Ercolini,  juez y asistente al encuentro en el Lago Escondido, es director de la especialidad Administración de Justicia en la Facultad de Derecho ¿Temor al poder o complicidad? No asombra, sin embargo, que tanto esfuerzo no les impide a estos próceres seguir haciéndose gárgaras con discursos encomiando el respeto a la Constitución y la ley.  Igual que los Supremos de la Corte.

Todo un escenario secundado por el bochornoso espectáculo orquestado por Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, gestos obscenos incluido,  para paralizar el funcionamiento del Congreso  y contribuir al clima de inestabilidad. Ya lo había anticipado Luis Juez, senador cambiemita cordobés, quien interrogado por las propuestas de su espacio con posterioridad a las elecciones de medio término, aseguró que “no vamos a proponer nada. Lo que vamos a hacer es no dejarlos gobernar. Rechazar todo lo que propongan”.

Hasta aquí los rasgos salientes de una estructura mafiosa y subordinada al capital concentrado, portadora de un Estado paralelo que opera  en el marco de un capitalismo local y global de corte neoliberal y con sobradas muestras de su agotamiento histórico.

Contexto que comparte con una realidad social y económica muy complicada, con una extendida porción de la población en situación de pobreza e indigencia en el marco de una creciente desigualdad social y a las puertas de un año electoral, para el que, anticipándose,  la propia CFK renunció a su postulación, consciente de que sólo con su nombre encabezando o integrando cualquier boleta y aun triunfando en la próxima elección, no se modifica la existencia real de la mafia y su poder.  A nuestro juicio expresó con ello su no disposición hacerle el juego a esa farsa, para la cual ella sólo serviría de “mascota”.

Vale por tanto como mensaje hacia el pueblo que la necesidad de construir otro modelo de sociedad y de país, uno  inclusivo, con democracia participativa y un funcionamiento basado en el respeto y promoción de los derechos de las mayorías en el marco de una sana y pacífica convivencia; que si se pretende una transformación de la realidad hacia otra de contenido popular, las organizaciones populares deben inexorablemente abocarse a construir un contrapoder capaz de enfrentar y  doblegar el dominio del que hoy  nos somete.

 Y sólo pueden alcanzar esa meta si sus agrupamientos sociales, gremiales y culturales, despliegan luchas por sus reivindicaciones legítimas de modo coordinado y ajustado al principio de la unidad,  acompañado del debate cultural, ideológico, que sumado a la experiencia, eleven su volumen, su organización y conciencia política y transformen  el sentido común, base para la construcción de su hegemonía.  Esto es de lo que el movimiento popular debe hacerse cargo si aspira de verdad a una democracia de superior contenido y calidad. Es además una tarea de ejecución imperiosa dado el acoso de una derecha que para peor cobija en su interior inclinaciones fascistas.

TESIS 11