Nº 157 (09/2024)
(nacional/economía/política)
Carácter y ruta de la crisis del capitalismo argentino. Plan de acción de la ultraderecha para cristalizar un régimen neocolonial. Implicancias de un eventual reordenamiento económico-social. Requisitos para una respuesta reparadora y de transformación.
Isaac Grober*
El contexto.
La asunción al gobierno de la extrema derecha en diciembre de 2023 vino precedida y enmarcada por una profunda e inédita crisis. Es la que brota del capitalismo argentino en el marco de la crisis general del sistema capitalista mundial.
Crisis incubada aquí por el terrorismo de Estado y madurada a lo largo de los sucesivos gobiernos que lo siguieron, salvo pocas excepciones, y con particular virulencia por los abrazados a la melodía neoliberal.
Fue un proceso con el que esa dictadura logró imponer, mediando el terror, la cooptación del Estado por un nuevo poder, el conformado por el capital concentrado y entrelazado con el capital financiero mundial. Y es por esa vía con la que impuso el cambio del patrón de acumulación, el que da primacía a la valoración financiera del capital y la subordinación de toda la economía a los objetivos y necesidades de ese capital: la especulación y el negocio financieros.
Nuevo poder y nueva lógica de funcionamiento que explica el desinterés por la inversión productiva y por ello el estancamiento relativo, el desempleo y crecimiento del empleo precario, la decreciente participación de los salarios en el ingreso nacional, el deterioro del mercado interno y la fuga al exterior de los excedentes. La suba desbocada de precios, la inflación, la pérdida de reservas internacionales, el crecimiento de la deuda externa y la aceptación de sus condicionamientos no son otra cosa que la consecuencia del nuevo poder y del proceso que puso en marcha.
Por eso la creciente diferenciación social. Una pobreza cada vez más extendida y que a la vez se profundiza, mientras los oligopolios, de origen preferente extranjero o con su participación, dominan todas las ramas y sectores relevantes de la estructura económica nacional. Por eso la mayor concentración y centralización del capital, que contó además con el concurso de las corporaciones mediáticas y parte del poder judicial.
Por eso también más precarias la independencia económica, la soberanía política y la calidad de la democracia
Es una nueva base material cuyo desenvolvimiento terminó generando una nueva subjetividad, potenciada por los medios, en el marco del desencanto, de una sensación de desesperanza y pesimismo que atraviesa transversalmente a gran parte de la sociedad, porque además de padecer las desventuras vividas, cundió la sensación de un futuro incierto, la de un futuro sin horizonte.
Frustraciones y desilusiones que contrastan con las favorables expectativas depositadas en los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández al inicio de sus respectivas gestiones, para terminar en cambio con inauditos índices de inflación, precariedad laboral, cierre de empresas, crecimiento de la pobreza, deterioro de la calidad de vida del pueblo, endeudamiento feroz y privaciones.
Son realidades a las que se suma una mayoría de la dirigencia política y sindical desvinculada de sus bases, al punto de que éstas ya no la reconocen como tal, como sus representantes. No se ven reflejadas en ella, lo que denota la existencia de una dirigencia que mantiene una imagen negativa a los ojos de quienes debería representar. Es parte de la crisis, expresada como crisis de representatividad.
Es también un escenario en el que se aprecia que el campo nacional y popular tiene pendiente una mayor presencia con un claro discurso diferenciador y que por lo propositivo entusiasme a las masas. En contraste, el poder real, contando con el concurso de la corporación mediática, avanzó con falacias en la denostación del kirchnerismo, de todo lo que beneficiara a los sectores vulnerables y logró a la vez avances en la aceptación por parte importante de la ciudadanía del discurso neoliberal y conservador, intercalado también con mentiras, para explicar y enfrentar la realidad. Prendió aquello del “cambio”, aunque para concretarlo sea necesario al principio padecer un tiempo de sufrimiento. Fundamentalismo ultraliberal abrazado como cuestión de sentido común.
La gestión libertaria
Milei es parte de la oleada de la ultraderecha global y él, con su discurso y millas recorridas, no hace más que reafirmar su pertenencia y la autopercepción de líder mundial.
En lo estratégico tiene como objetivo la reconfiguración regresiva del país en lo económico, en lo político, social y cultural. Una contrarreforma integral de la sociedad.
En lo económico su meta está contenida en la Ley Bases y en particular en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) con el que aspira, concordando con los declarados intereses de EE.UU. y los de los conglomerados capitalistas del mundo, promover una economía extractivista asentada en la minería, agua, energía, petróleo, gas y en lo agropecuario, sin obligación del aporte adicional de valor, sin apalancamiento en la industria local, ni la incorporación y difusión de tecnología. Con ventajas impositivas, cambiarias, aduaneras y la libre disponibilidad de los excedentes y las divisas generadas. Proyecto de concepción colonial, como quedará reconfirmado al exponer los restantes componentes de su estrategia.
Más aún. No sólo aportará poco y nada de positivo al desarrollo del país, sino que apunta a la destrucción de la industria, a desindustrializar y extranjerizar eslabones que, como la energía atómica, la producción de reactores nucleares y de satélites (ARSAT e INVAP) destacan a Argentina dentro de un reducido círculo mundial. Lo ilustran también los casos de Industria Pescarmona S.A y ENARSA.
Es un proyecto neocolonial que se refuerza con el alineamiento incondicional del país con los EE.UU. e Israel, incluso en el plano militar, en una etapa en que el primero disputa la hegemonía mundial y su economía se manifiesta en pleno repliegue, exacerbando por eso los focos de guerra y el riesgo de hecatombe nuclear. Lo ilustra la renuncia del gobierno argentino a incorporarse a los BRICS, la aceptación de presiones para degradar las relaciones con China, la decisión de trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, la solicitud de ingreso como miembro de la OTAN y la OCDE, entre tantos ejemplos. Los desplantes y agravios de Milei contra los gobiernos y personalidades progresistas del mundo, AMLO, Lula, Petro, etc., según cree, sirven para mostrar a las cabezas del capitalismo mundial tener aptitudes para ser el contrapeso de aquellos y a la vez contar con la capacidad de generar condiciones para el retorno de la ultra derecha a los gobiernos, en especial Méjico, Brasil, Colombia, Venezuela.
En lo inmediato tiene y se propuso solucionar dos urgencias. Una, el tradicional problema inflacionario, acrecentado durante la gestión albertista, a la que explica desde la perspectiva monetarista. La otra, la acumulación de reservas internacionales, tareas que además encara con contradicciones. Todo imbuido de la concepción ultraliberal, otorgándole valor supremo a las fuerzas del mercado, a la libertad de empresa.
La inflación
Potenciada desde el inicio del gobierno de LLA por la megadevaluación del 118 % y la desregulación y liberación de los precios internos, la inflación es justificada por los libertarios con el argumento del excesivo involucramiento del Estado en la gestión pública y por ello la generación de gastos que, al superar los ingresos, derivan en déficits fiscales financiados con emisión monetaria.
Para enfrentarla impone un ajuste feroz desguazando al aparato estatal, desmantelando organismos y servicios, “la motosierra”, el despido de miles de trabajadores, clausurando así, de hecho, la cobertura de derechos sociales conquistados por el pueblo tras largas y a veces dolorosas luchas; se dispone la caducidad del financiamiento por el Estado nacional a la obra pública y se recortan las transferencias a las provincias, algunas incluso reguladas por leyes. Se desfinancia la salud pública, se destruyen las obras sociales y hasta se restringen prestaciones por parte del PAMI.
Caen en la picota el financiamiento a la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura en todas sus manifestaciones. Se reducen y hasta suprimen subsidios al transporte, a los servicios públicos de agua, luz y gas y a los combustibles, a la par que impone restricciones a las actualizaciones salariales y las jubilaciones. Lo obsesiona la subsistencia de derechos laborales y la existencia misma de las organizaciones populares a las que intenta debilitar y de ser posible exterminar. Por ello las reaccionarias reformas al derecho laboral.
Todo en aras de la “eficiencia” y de construir – dicen – un resultado fiscal equilibrado, el déficit cero, aún si para lograrlo se dejan de pagar deudas.
“No hay plata” es el lema y la justificación arbitraria, por discriminatoria, contra todo reclamo que se haga, a veces con muestras de una escalofriante y cruel perversidad, como el veto a la módica actualización de los paupérrimos haberes jubilatorios o la negativa a la entrega de medicamentos para enfermos vulnerables y con alto riesgo de vida o de distribución de alimentos y mantas para los merenderos y comedores comunitarios, contrariando incluso intimaciones judiciales sobre miles de toneladas almacenadas en depósitos del Ministerio de Capital Humano.
El enfoque clasista de esta política para “destruir al Estado desde adentro” tiene un explícito reconocimiento presidencial: “vinimos a achicar al Estado para agrandar el bolsillo de ustedes”, pronunciado ante la crema del empresariado en ocasión del Día de la Industria y al que desde Davos en adelante condecoró como “Héroes”. De paso se encubre el saqueo de los ingresos de los sectores populares, que se transfieren a sectores del poder económico, creando a la vez condiciones para acrecentar el desempleo y la precarización total.
Con el pretexto de evitar la repercusión sobre los precios, mantiene prácticamente “planchado” al tipo de cambio oficial con lo que, por el ascenso que de todos modos tienen los precios, se transfiere monumentales ganancias en dólares al capital financiero, otro de los soportes de este modelo que lo disfruta pedaleando con el carry trade.
Lo que decanta de este enfoque monetarista no podría ser otro que lo que exponen los resultados: expansión acelerada del empobrecimiento de trabajadores activos y pasivos y de la clase media, crecimiento exponencial de la indigencia y de personas en situación de calle, caídas a pique de las ventas y la producción en todos los rubros, desindustrialización, cierre de empresas, mayor precarización laboral y desempleo y una profunda y prolongada recesión.
Con el pretexto de incentivar la competencia y reducir los precios y en el marco de una feroz recesión, pese a la insuficiencia de divisas, se habilitan importaciones, camino a la apertura total de la economía. Política que va a contramano de la actual orientación de los países centrales, ahora de regreso de las prácticas globalizadoras, con proteccionismo y acentuada intervención estatal.
La consecuencia de esta apertura irrestricta del comercio sólo redundará en el cierre de más empresas industriales, sumado al riesgo de forzar con ello la interrupción, a veces irreversible, de cadenas de producción.
Resultados
Según datos del INDEC al cabo del primer semestre de 2023 los pobres representaban el 41.7 % y los indigentes el 11.9 % de la población. A junio de este año estos han trepado al 52 % (casi 25 millones de personas) y 17.9 % (8.5 millones), respectivamente. UNESCO denunció que un millón de niños y niñas se acuestan todas las noches sin cenar y 4.5 millones de adultos se ven obligados a saltear diariamente una comida.
Desde la asunción de LLA se perdieron hasta junio 136.370 puestos de trabajo registrado en el sector privado, nivel que asciende a los 182.547 cuando se le agrega el sector público. Los datos correspondientes al ámbito informal son inciertos.
Aunque la inflación (IPC) se desaceleró producto de la violenta caída del consumo y la demanda, se mantiene estabilizada desde mayo, pero en un altísimo nivel del orden del 4/5% mensual y no se prevén mejoras para los próximos meses. El IPC acumulado en este año, hasta agosto, es del 94.8 % y llega a 236.7 % en los últimos 12 meses. De lo que resulta que una familia tipo requería (INDEC) un ingreso mensual de $ 939.887 para no ser pobre, nivel que para CELAG incluye al 73.3% de la población cuando incorpora a quienes están apenas por encima de ese nivel de ingresos, es decir los que están en el borde. Si además para no ser indigentes se necesitan $ 421.474, compárese con los $ 304.000 que en concepto de haberes de la mínima perciben en septiembre cerca de 5 millones de jubilados.
Todas muestras que allanan el tránsito hacia el mentado objetivo estratégico de reorganización total de la sociedad, la neocolonia. Ajuste que, concluyendo en un absoluto fracaso en cuando a sus propósitos explícitos – control de la inflación -, es además económica y socialmente insostenible en el tiempo: la fenomenal caída de la actividad derivará en el deterioro de la recaudación tributaria y con ello en la necesidad de volver a ajustar y su resultado, más recesión. Ajuste que de verdad no es para equilibrar cuentas, es para generar, vía recesión y por ello baja de importaciones, saldos para pagar los servicios de la deuda. El costo para el país y para la calidad de vida de las mayorías, es y será demoledor.
La acumulación de reservas internacionales
La urgencia en este caso está abonada por el actual exiguo nivel de reservas, la magnitud y cronología de los vencimientos de la deuda, por el poder económico y político de los acreedores internacionales y el agravante de las tensiones que genera todo paso que se articule para allegar divisas al BCRA en el marco irrestricto y prioritario de libertad para las fuerzas del mercado.
Considérese de arranque que con reservas netas negativas rondando los U$S 5.000 millones, sólo en concepto de servicios por la deuda deben abonarse desde setiembre hasta fin de año U$S 2.770 millones y U$S 13.500 millones en el curso de 2025, y valores superiores en los próximos años, a los que deben agregarse las amortizaciones del capital adeudado. Sumas que ponen en evidencia la inconsistencia de las promesas y expectativas por la abolición del cepo. Más aún, considerando que el BCRA vuelca divisas al mercado para achicar la brecha entre los precios de dólar oficial y el del financiero (CCL).
También es ilusorio el acceso al mercado internacional de capitales. Con un riesgo país que ronda los 1500 puntos, se hace insostenible la refinanciación de la deuda, a lo que se suma la no disposición del capital financiero mundial, entre ellos el FM.
Súmese que en razón de la baja del precio internacional de los cereales y del retraso cambiario, los agroexportadores retienen millones de toneladas (equivalentes a U$S 12.000 millones) a la espera de una significativa devaluación del tipo de cambio, que también exige el FMI, hecho que colisiona contra los precios internos, retraso que además resta competitividad a la exportación industrial; o la exigencia de eliminar las retenciones a la exportación, pues de hacerse efectiva significaría la caída de ingresos fiscales, poniendo por ello en cuestión la meta del déficit cero.
Insuficiencia de divisas y contradicciones cuya persistencia se explica, por una parte, por la tolerancia al alto grado de concentración de capitales en el manejo del comercio exterior de la producción agropecuaria y minera (sobre y subfacturación y contrabando, entre otras), junto a la titularidad de los puertos en manos privadas, todos canales para la fuga de divisas. Y por otra, la subsistencia del poder de los que son el soporte del régimen de valorización financiera del capital y trafican con el carry trade: los fondos de inversión internacionales (Black Rock, Vanguard Group, Templeton, entre otros) y los bancos privados más importantes, a quienes, con inflación, en el ejercicio de la bicicleta financiera y aún con tasas de interés bajas, los beneficia extraordinariamente la estabilidad del tipo de cambio.
Son éstos los tenedores de títulos públicos que hoy, con una cotización al 50%, serán tomados por el Estado, pero a su valor nominal, en pago de los recursos naturales puestos en venta en el marco del proyecto neocolonial (RIGI).
Punitivismo y la confrontación social.
Nada de lo que los libertarios se propusieron resultó como esperaban. Al cabo de nueve meses de gestión, no lograron controlar la inflación, no hubo avalancha de inversiones, ni asistencia del crédito externo, ni reactivación, ni aumento de reservas. Sólo más pobreza y ricos más ricos. Y sí, el anticipo de Milei en su discurso de presentación de la ley de Presupuesto 2025: más de lo mismo, pero intensificado, al punto de señalar como prioritario un superávit primario suficiente como para cubrir los servicios incrementados de la deuda, cualquiera sea el nivel de los recursos fiscales. Cueste lo que cueste. La consideración del gasto público es secundaria.
De todo lo hasta aquí expuesto queda en evidencia que este es un modelo inviable por donde se lo mire y por ello el “in crescendo” de la movilización popular, incluyendo las manifestaciones críticas de parte no desdeñable del empresariado: Es muy difícil exportar y la caída de las ventas internas no encuentran piso.
Sospechando de antemano la aparición del repudio social, se intensifica el perfil autoritario del Estado, como cuando a menudo se recurre a los DNU, prescindiendo del Congreso, sancionando a veces normas contrarias a la Constitución Nacional; “no hay plata”, pero si la hay para asignar fondos reservados por $100.000 millones a la SIDE con el claro propósito de hacer inteligencia política interna, garantizar de cualquier modo el funcionamiento del sistema político y alimentar al ejército de trolls; el decreto que restringe el acceso a la información pública, en clara violación a una práctica republicana; cierran instituciones y clausuran políticas defensoras de la mujer y de las diversidades; desfinancian la asistencia social, para debilitar y de ser posible exterminar las organizaciones que agrupan a trabajadores y sectores vulnerables que la reciben; la reforma reaccionaria del Derecho Laboral; el llamado Protocolo del Ministerio de Seguridad, verdadero instrumento de provocación y represión policial en contra de quienes se movilizan y reclaman por sus derechos y en el marco de una guerra psicológica tendiente a instalar la idea de “terroristas” adosado a los militantes populares y de “terrorismo” al propósito de sus luchas. Así queda ratificado que la persecución, la criminalización de la política y la acción violenta contra el pueblo es consustancial con este modelo. Necesita el terror para doblegar a las organizaciones populares y si sobreviven, sólo a la defensiva.
Escenario que le justifica a ciertos libertarios sostener la delirante idea de involucrar a las FF.AA. en tareas de seguridad interior o, en otras palabras, en sacar al ejército a la calle.
Proyecto descabellado que “se olvida” que la capacitación y equipamiento militar de estas fuerzas está orientado a la guerra y no a enfrentar al ciudadano: que los países que recurrieron a sus FF.AA. (Méjico, Perú. Colombia) para las tareas de seguridad interior han provocado la descomposición al interior mismo de sus fuerzas, con casos de corrupción e indisciplina; y en particular, en el caso argentino, está incorporado en las actuales generaciones de militares el rechazo a verse involucrados algún día como artífices del terrorismo de Estado y tener que dar respuesta ante la justicia. ¿Hay alguna relación de este temor con la actual campaña de exaltación de los militares de la dictadura cívico militar o las visitas a los genocidas por parte de los diputados para la foto y elaborar proyectos de excarcelación? Todos fundamentos por los que, según ha trascendido, los militares se opusieron y detuvieron por ahora la ejecución del proyecto.
De todos modos, estos son sólo una reseña de los peligrosos avances del fascismo y del riego de graves atentados a la institucionalidad. Para algunos una dictadura disfrazada.
Construyendo la esperanza
Estamos en presencia de un inédito y peligroso escenario y de impredecible final. Ante él hay diversas formas de enfrentarlo.
Una de ellas descansa peligrosamente en la espera de que, por la persistencia de su política, madure el deterioro del gobierno libertario, que “se caiga sólo”, con la convicción de que entonces el conglomerado nacional-popular ineludiblemente recogerá los frutos o, alternativamente, supone que ello ocurrirá al momento de las elecciones. Con este diagnóstico la preocupación esencial está puesta hoy en el 2025 y/o 2027 y en los candidatos.
Es una línea de conducta política que da por sentados sucesos cuya ocurrencia no está contemplada en ningún evangelio y, en lo fundamental, ninguna elección garantiza por sí misma una perspectiva de cambio transformador, cuando lo que debe estar en cuestión no es sólo el gobierno, sino el poder. Las experiencias del pasado dan suficiente testimonio hasta de gobiernos olvidables presididos por “compañeros” o de “compañeros” a presidirlo.
Lo que el momento exige no es esperar. Es – desde ahora – luchar con unidad y coordinación entre las organizaciones populares. Lucha por la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas, pero con perspectiva de transformación para antes y después de una elección. Con una nueva dirigencia surgida desde abajo y desde la lucha. Con un programa alternativo mínimo que sea expresión de las necesidades y anhelos de las bases, que haga sentir a cada uno la gratificación por ser militante de una lucha por la concreción de objetivos que lo incluyen y por eso lo enamora, que apunte a construir colectivamente una hegemonía de lo popular para concretar una sociedad de nuevo tipo, con vigencia de una democracia participativa, de protagonismo real. Es la única vía para derrotar al fascismo anarcocapitalista y al de cualquier otro ropaje.
*Isaac Grober, economista, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.