Ocho años de Gobierno K: Tiempo de Balance

Carlos Mendoza*

9/08/11 

En este número de Tesis 11, realizamos un balance del gobierno iniciado en el 2003, con varios artículos que van desde un análisis general, hasta areas específicas, económicas, sociales, de relaciones exteriores y judiciales.

En este artículo introductorio, además de un análisis conceptual general cualitativo, he incluído un cuadro comparativo, con indicadores que miden cuantitativamente los resultados socioeconómicos de la gestión K.

En mi análisis consideraré lo siguiente: La existencia de un proyecto de país, las herramientas utilizadas para instrumentarlo, los resultados obtenidos hasta aquí, las consecuencias indeseadas y los desafíos y tareas pendientes.

Proyecto de País:

Los K han enunciado, desde un comienzo, que su proyecto de país consiste en impulsar un desarrollo económico, con acento en la industrialización, privilegiando la ciencia y la tecnología, con inclusión social, derechos humanos como política estatal, política exterior independiente respecto de los países desarrollados y de los organismos financieros internacionales, con integración latinoamericana y un eje con Brasil.

Visto desde el interés popular, este proyecto parece lo posible, dada la relacion de fuerza nacional, latinoamericana e internacional. El problema principal a resolver en el corto y mediano plazo histórico, no parece ser plantearse algo más profundo, como ser la superación del capitalismo, o al menos desmonopolizar la estructura económica, sino vencer al neoliberalismo impulsado por los sectores del monopolismo financiero internacional y sus aliados locales y que tanta crisis y daño ha causado entre nosotros y causa actualmente en los propios países desarrollados.

Herramientas:

La herramientas utilizadas por el gobierno, para instrumentar su proyecto de país, han sido fundamentalmente las siguientes:

– Restituir el rol central de la política en la vida nacional y, con ello, del Estado como realizador principal en la sociedad y, en particular, regulador del funcionamiento económico y social.

– Resolver el principal problema económico encontrado por la gestión K: La deuda externa. Para ello fue de fundamental importancia la drástica restructuración que impuso, basada en que los pagos que resultaran no comprometieran la posibilidad del Estado de disponer de una parte suficiente del superávit fiscal para gastos sociales, subsidios necesarios y obra pública.

– Oponerse y contribuir decisívamente al fracaso del proyecto del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), que implicaba la imposibilidad de un desarrollo industrial para nuestro país.

– El aumento de la retenciones a las exportaciones, que gravan, en distintas proporciones,  la renta de los propietarios de la tierra, la petrolera y la minera. Esto ha sido fundamental para lograr superávit fiscal y una más justa distribución del ingreso. Además establece una diferencia entre el precio internacional y los precios internos.

– Impulso a las exportaciones y su diversificación, por productos y por destinos, utilizando en un nuevo nivel el servicio de relaciones exteriores del país.

– Protección de la industria nacional, mediante medidas restrictivas de ciertas importaciones y de apalancamiento financiero e impositivo, sobre todo de las PYMES.

– Impulso al crecimiento del salario, particularmente mediante la restitución de las paritarias y del Consejo del Salario Mínimo y de la jubilaciones.

– Políticas de inclusión laboral como el plan Argentina Trabaja, que organiza en cooperativas a trabajadores desocupados en situación de dificil inserción laboral.

– Plan intensivo de obras públicas, utilizando así parte del crecimiento de la recaudación fiscal, impulsando con ello simultáneamente el desarrollo del mercado interno.

– En general, sostenimiento del crecimiento económico, mediante el impulso permanente al consumo, mediante las políticas mencionadas de inclusión social, obra pública y subsidios, generando así un círculo virtuoso de: aumento del consumo-crecimiento económico-aumento de la recaudación fiscal-políticas sociales y obra pública-aumento del consumo.

– Reestatización de los fondos previsionales de las AFJP, devolviendole al Estado, a través de un ente autónomo como el ANSES, la posibilidad de instrumentar políticas sociales, como la jubilación universal, el reajuste jubilatorio por ley y la Asignación Unirsal por Hijo y para mujeres embarazadas, además de utilizar esos fondos como palanca financiera para el desarrollo económico y como importante reserva monetaria ante crisis internacionales.

– Reformulación en los hechos del rol del Banco Central, transformandolo en palanca del desarrollo nacional, destacándose la utilización de reservas excedentes para pagar deuda externa, evitando así caer en endeudamiento creciente y ganando autonomía financiera y soberanía económica.

– Políticas activas de defensa y promoción de los derechos humanos: auspicio de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, Museo de la Memoria, decidido y comprometido apoyo a las organizaciones de derechos humanos, matrimonio igualitario, entre otras.

– Renovación de la Corte Suprema de Justicia, elevando su nivel académico y su legitimidad moral, para garantizar su nivel e independencia, asuntos de estratégica importancia para asegurarse que no sirva a los intereses del estáblishment, sino al interés general.

– Promoción de la Ley de Medios, fundamental para limitar el poder de los medios monopólicos y para abrir posibilidades de aparición y desarrollo de nuevos medios de comunicación desde y para la población. Esto es de gran importancia para la lucha ideológica, empezando por el enfrentamiento con la ideología neoliberal.

– Impulso al Mercosur, a la creación de Unasur y del Banco del Sur, como instrumentos de integración, autonomía y crecimiento regional.

Resultados:

Desde un punto de vista general, el país salió de la crisis económica y social, mejoró considerablemente la inclusión social, afirmó su funcionamiento democrático y recuperó presencia y participación internacional, sobre todo en la región.

Desde el punto de vista cuantitativo, los logros son muchos e importantes, sobre todo si se los contrasta con la situación de crisis de la que veníamos. En tal sentido, he producido una tabla con variables económicas y sociales, comparando la situación actual con diversas fechas anteriores, tanto de los años 90 como, sobre todo, respecto al año 2003, cuando asumió Nestor Kirchner. Los datos son más que elocuentes y dicen mucho por sí solos (ver tabla cliqueando en:  indicadores económicosociales ).

Algunas aclaraciones respecto de la tabla con datos comparativos:

– Debido a que los datos sobre inflación en Capital Federal y Gran Buenos Aires que suministra el INDEC nacional desde inicios del 2007 no son fidedignos, he empleado los datos de inflación del INDEC de la provincia de Santa Fe desde esa fecha hasta ahora. He seleccionado esa provincia por su importancia demográfica, económica y social, por lo que su inflación puede representar aproximadamente el nivel nacional.

– También debo referirme a los datos sobre pobreza e indigencia del INDEC nacional, ya que para ellos utiliza el costo de las denominadas “canasta familiar” y “canasta alimenticia”, respectivamente, por lo que si los precios que releva para los bienes y servicios que integran esas canastas estuvieran subestimados, los indicadores de pobreza e indigencia darían valores más bajos, más favorables, que los reales. Sin embargo, se sabe que el INDEC nacional privilegia el relevamiento de precios de productos y servicios de primera necesidad en zonas de población de muy bajos recursos y seleccionando segundas marcas, lo que da precios significativamente más bajos que en otras zonas, por lo que se puede asumir que esos indicadores de pobreza e indigencia pueden ser más aceptables que los de la inflación.

Daños colaterales:

Como lo he dicho en artículos anteriores, la inflación es el principal efecto negativo no deseado del modelo de desarrollo, con inclusión social, basado en un permanente impulso a la demanda, en una economía donde los principales insumos y la comercialización están monopolizados u oligopolizados y donde, además, las materias primas alimenticias son exportables y el considerable aumento que han tenido en el mercado internacional repercute hacia el alza en los precios internos.

He analizado más ámplia y detalladamente el problema inflacionario en artículos anteriores (nº 78 y nº 95 de Tesis 11, que se pueden consultar a través de nuestra página web). Por ello, no me voy a extender aquí en las causas, pero si reiteraré que la solución es, en el marco estructural actual de nuestra economía, o bien el enfriamiento de la economía (lo que haría la oposición), o bien algo que ha anunciado varias veces el gobierno, consistente en hacer un pacto económico social entre el empresariado, los sindicatos y el Estado, para acordar precios y salarios, que garantice estabilidad de precios, con crecimiento gradual del valor real del salario. Para que esto tenga chance de funcionar, deben implicarse activamente los asalariados en las empresas en cuanto a control de costos y de stocks y también las organizaciones de consumidores para el control de precios en góndolas. Desde ya que es algo muy dificil y la patronal se resistirá todo lo que pueda, por lo que su realización es una cuestión de relación de fuerzas, en lo que mucho tendrá que ver la decisión y determinación política del gobierno. Pero es la “bala de plata” que tiene el gobierno, si quiere enfrentar seriamente el tema inflacionario, manteniendo altas tasas de crecimiento económico con inclusión social, es decir con demanda creciente.

Si se continúa con alta inflación y un tipo de cambio que crece poco, se valoriza el peso y esto torna gradualmente cada vez menos competitiva nuestra economía, sobre todo nuestra industria.

Desafíos y tareas pendientes:

Los K nunca han enunciado ninguna intención superadora del capitalismo, como si lo han hecho otros espacios políticos progresistas que gobiernan países latinoamericanos, como por ejemplo el PT brasilero. Siempre han hablado de un proyecto capitalista con regulación estatal, para lograr crecimiento con inclusión social, pero siempre dentro de los límites del sistema. Pero su modelo choca con limitaciones debidas a la estructura económica monopolizada y oligopolizada de ramas básicas de nuestra economía. Si se quisiera avanzar profundamente en una política de independencia económica e inclusión social, habría que encarar el tema de la desmonopolización de ramas tales como petroleo, acero, aluminio, papel, cemento, plásticos y también contrarrestar la creciente concentración de la propiedad de la tierra y la monopolización del comercio. Para ello el rol del Estado es fundamental, así como su democratización, mediante la participación de trabajadores y usuarios en su gestión, para impulsar la utilización de criterios de gestión de eficiencia social en lugar del solo criterio de rentabilidad financiera.

Hay otras cuestiones más inmediatas y accesibles, aun cuando para nada fáciles, como ser: Una reforma fiscal de carácter progresivo; una nueva ley de entidades financieras que le otorgue carácter social y al servicio de la producción a esa actividad; elaborar una política agropecuaria que favorezca cláramente a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas agropecuarias; restituir un sistema nacional de acopio y exportación agropecuarias, como lo fueron las Juntas Nacionales de carne y granos, que equilibre el peso actual de los grandes agroexportadores internacionales que controlan esa actividad en nuestro país, defienda el interés de los productores pequeños y medianos y permita una regulación estatal de las exportaciones; construir una red ferroviaria integradora a nivel nacional; replantear la explotación minera, respetando condicionantes ambientales y renegociando un nuevo sistema impositivo que le deje al país algo mucho más conveniente que la pobre imposición que se paga actualmente en esa actividad; resolver el tema de la manipulación del Indice de Precios al Consumidor para Capital Federal y Gran Buenos Aires (que se hizo con el propósito de limitar el reajuste del capital de los bonos de deuda externa nominados en pesos, pero que ha generado muy serios problemas, incluído el desprestigio del INDEC y del gobierno en este asunto)

Estas tareas suponen una importante profundización del actual modelo K y requieren de construir una relación de fuerzas que lo permita, asunto que no solo depende de la decisión política del gobierno, sino de todos los que militamos en el campo popular.

De todas maneras, el balance de los años de gobierno K es lo suficientemente positivo como para que apoyemos la continuidad del actual gobierno nacional por un nuevo período constitucional. Por ello, personalmente votaré, en provincia de Buenos Aires, por la lista que lleva a Cristina como candidata a Presidenta y a Martín Sabatella como candidato a goberandor.

*Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.