Alberto Wiñazky*
El deterioro económico y social que impuso la dictadura militar, continuado durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, pudo revertirse, en gran medida, a partir del proceso iniciado en el 2003, donde se tomaron importantes acciones que permitieron revertir el alto nivel de desocupación y marginalidad, con una cierta mejoría en la distribución del ingreso. El avance de la acción estatal, impulsando la reindustrialización del país y disciplinando a los sectores más concentrados, permitirá recuperar una sociedad más justa e inclusiva, disminuyendo la pobreza y la marginalidad, conformando una sociedad con un desarrollo más sustentable.
El profundo deterioro económico y social que impuso la dictadura militar, tuvo como ejes la redistribución regresiva del ingreso y los múltiples cambios ocasionados en la estructura productiva por la liberación de los precios y la tasa de interés, la reducción generalizada de los aranceles de importación y la revaluación del peso. Esta política, que impuso el dominio del capital financiero sobre el capital productivo, se implementó a través de una alianza en la cual las fracciones más concentradas del capital y sectores de la burguesía local, conformaron un nuevo patrón de acumulación que se consolidó ampliamente en la década de los noventa.
Durante el menemismo se profundizó la política neoliberal, se privatizaron las empresas públicas, se amplió la apertura comercial y se acentuó el endeudamiento externo iniciado durante la dictadura militar. Se modificaron las normas laborales al implementarse nuevas modalidades contractuales, como los períodos de prueba y los contratos a tiempo parciales. Se produjo una rápida expansión del empleo informal y se agravó la desigualdad social al producirse una formidable estratificación del conocimiento y de los ingresos en el interior de la clase trabajadora, en detrimento de los grupos menos calificados y los directamente excluidos del mercado del trabajo, implicando un agravamiento de la vulnerabilidad de los sectores populares ante la importante caída de los salarios reales y el empeoramiento de las condiciones laborales.
Esta situación implosionó a fines de 2001 durante el gobierno de la Alianza, por el creciente endeudamiento externo, la caída de las exportaciones, el aumento del déficit fiscal y la fuga de capitales, en medio de una extraordinaria y dramática reacción popular. Luego de fuertes enfrentamientos intersectoriales entre las fracciones mas concentradas de la clase dominante, la resolución de la crisis del régimen convertible se definió a través de una megadevaluación, que implicó un cambio en las relaciones de fuerza entre las fracciones de clase, beneficiando a las empresas que producían bienes transables, mientras se consumaba una enorme disminución de los costos laborales, por una feroz transferencia de ingresos de los trabajadores al capital más concentrado.
Desde 2003, se inició un proceso de crecimiento, dentro de una fase expansiva de la economía mundial, con mayor ocupación y cierta mejora en los salarios reales que resultó muy desigual, ya que no alcanzó a los trabajadores no registrados ni a los contratados, quienes carecen de acceso a los sistemas de salud y jubilatorio que amparan a los trabajadores formales, ni tampoco reciben las mejoras salariales fruto de las negociaciones colectivas.
En materia económica se implementaron: la reestructuración del endeudamiento externo, los tipos de cambio diferenciales, la eliminación de las AFJP y la estatización de los aportes jubilatorios, la realización de paritarias anuales, el Plan Estratégico Industrial 2020 que intenta integrar las cadenas de valor, el rechazo a la aprobación del ALCA, la finalización de las negociaciones con el F.M.I., la extensión de los beneficios jubilatorios, la ley sobre el peón rural, el acuerdo con las cooperativas agrarias que modifica parcialmente los modos de exportación, la drástica disminución del flagelo de la desocupación y la relativa mejoría en la distribución del ingreso. Al entregar este artículo para su edición se conoce el trascendental proyecto de ley sobre Repsol YPF.
Asimismo, la ley, aprobada recientemente por el Congreso, que modificó la Carta Orgánica del B.C.R.A. (Ley 24144 de la dictadura) que rige su funcionamiento y sus objetivos, incluye cambios que devolverán a la institución un papel preponderante, ya que la ley señala la necesidad de un desarrollo económico con equidad y además de preservar el valor de la moneda, ya establecido en la ley, el BCRA. podrá fijar el monto de las “reservas óptimas” de divisas, en relación con la situación de la balanza comercial y la cuenta corriente.
La sola presentación de este proyecto de ley produjo un “enérgico rechazo” (La Nación, 4-03-12) de los sectores más recalcitrantes de la derecha, quienes se encuentran estrechamente relacionados con el aparato financiero e insisten en que este cambio dilapidará las reservas y acelerará el proceso inflacionario. Pero, esta reforma no implicará un incremento de la inflación, como sostienen algunos economistas “ortodoxos”, ya que el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación no tiene una relación directa con el proceso inflacionario.
También fueron medidas importantes, la continuación de los juicios a los represores de la dictadura militar, el descabezamiento de la Suprema Corte de Justicia, la ley de matrimonio igualitario y de medios audiovisuales y la asignación universal por hijo y madre embarazada, tendientes a recuperar un alto nivel de escolaridad y un completo plan alimentario para la niñez que trasciende su carácter económico, por cuanto impulsa el mejoramiento de las condiciones sanitarias y la incorporación regular al sistema educativo, hechos que podrían facilitar en el futuro su ingreso al mercado laboral formal.
Pero ante el importante porcentaje de votos obtenidos por el Gobierno el 23 de octubre de 2011, se ha abierto la posibilidad de avanzar en un debate sobre las políticas públicas que permitan la reindustrialización del país, modificando el perfil de especialización productiva y los rasgos más conflictivos existentes en el sector extractivo, agropecuario y del transporte, acentuando la inversión y la producción, mejorando el nivel del empleo y la distribución del ingreso, problemas que no se resolverán “profundizando el modelo”, sino poniendo en discusión algunos de sus pilares fundamentales, para de esta forma convertirlos en una verdadera alternativa popular.
La Industrialización
Entre estos proyectos es prioritario considerar el tema de la industrialización, que debe conformar un salto cualitativo en su desarrollo, dando preferencia al conocimiento técnico que a su vez corrija sensiblemente la situación del trabajo asalariado, modificando “….las políticas actuales hacia los trabajadores, en especial de las grandes corporaciones, …[que] se caracterizan por el deterioro o pérdida de los derechos laborales adquiridos, que implican,…. la intensificación de ritmos de trabajo, el aumento de tareas y responsabilidades (sin recalificación laboral ni aumento salarial), la heterogeneidad contractual, la subcontratación y tercerización de los trabajadores”.. Nuria Giniger – Realidad Económica – Noviembre 2011.
De esta forma, la combinación de la industrialización y el desarrollo tecnológico intensificarían la formación de las cadenas de valor, diversificando al mismo tiempo, el aparato productivo. La implementación de estas medidas revelarán la posibilidad de cambiar los viejos paradigmas del modelo sustitutivo, reemplazándolo por una estructura industrial articulada y más estable, que genere más trabajo complejo, con una inserción diferente en la división internacional del trabajo, para que no continúe siendo una actividad dependiente y subordinada a la exportación de productos primarios, sector que entre el 2002 y el 2010, solo contribuyó con el 15,3% al crecimiento del país.
Las PyMES pueden contribuir también, a la articulación de las cadenas productivas a pesar de su baja productividad, mejorando la creación de empleo ya que son importantes creadoras de puestos de trabajo y explican cerca del setenta por ciento del empleo privado. Pero, como contrapartida, la mayor parte del empleo no registrado existente proviene de las PyMEs, (Las Pymes y el Desarrollo- M.Kulfas 2011).
Asimismo, resultará decisivo disciplinar al capital con políticas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos impulsados por la gestión estatal, tratando de impedir la fuga de capitales, regulando las remesas de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras hacia sus casas matrices. Por la repatriación de los beneficios de las empresas multinacionales, se pasó de una salida de us$ 633 millones en 2003 a us$ 7182 millones en 2010.
Pero si se toma en cuenta el total de la fuga de capitales, que no es solo un instrumento financiero sino también una importante herramienta política, la cifra trepó a los us$ 21.504 millones durante 2011, casi un 90% más que en 2010. Este proceder se ha intensificado –si bien es una práctica habitual de las estructuras oligopólicas–, por la crítica situación económica que atraviesa el mundo desarrollado. Desde 2003 se fueron del sistema us$ 87.380 millones, lo que justifica ampliamente la política orientada a la reinversión local de las utilidades y el control sobre el mercado de cambios, implementado por el gobierno desde fines de 2011.
Las acciones que se encuentran pendientes, podrían acelerar el desarrollo de las innovaciones en el sector industrial (tanto en productos como en procesos), moderando los desequilibrios regionales e incrementando la productividad del capital y la competitividad internacional, produciendo un importante giro hacia el conocimiento, ya que el principal déficit de la estructura productiva argentina sigue siendo la falta de elaboración de bienes intermedios y de medios de producción, es decir la histórica debilidad del sector productor de bienes de capital.
Pero estos cambios en los sectores productivos y tecnológicos, de gran impacto en la estructura industrial, no serían posibles mientras se encuentren controlados por empresas multinacionales extranjeras y por los grupos económicos locales que son “…producto del notable [y] elevado grado de concentración económica que ejerce un reducido conjunto de grandes firmas en términos de valor de producción y exportaciones” (E.Basualdo – Sistema Político y Modelo de Acumulación-2011).
Para revertir esta situación se impone avanzar en el diseño de políticas que den prioridad a “…la centralidad del estado en tanto agente del desarrollo, lo cual involucra no solo una activa regulación de las distintas esferas y la generación e implementación de políticas de fomento en los mas distintos planos, sino también la recuperación, con sentido nacional, de su estratégico lugar en el proceso productivo” (Martín Schorr-Industria y Nación-2004)
Es interesante señalar el caso de Brasil que tuvo un acelerado proceso de desarrollo, donde las empresas públicas ocuparon un papel determinante. Algunos estudios indican que el accionar del estado estableciendo límites, fue decisivo en el ritmo y características del desarrollo económico de ese país, al actuar como “punta de lanza” a través de sus relaciones con el resto de los sectores productivos. (Citado por J.Schvarzer en Expansión Económica del Estado Subsidiado 1976-1981 – CISEA)
Por otra parte, en materia de seguridad social, queda por encarar la restitución del nivel de los aportes patronales, especialmente para las grandes empresas, que descendieron de un promedio del 32.9% de las remuneraciones brutas en 1993 al 17.7% en el 2000 y el empleo no registrado, que es del 25% en la Ciudad de Buenos Aires, pero del 42% en el interior del país. (SEL Consultores) más el alto nivel de pobreza (22.9%) y el de indigencia (6.1%) CIFRA.
Es notable el avance de los capitales más concentrado porque “…los bienes de consumo durable y los intermedios son producidos mayoritariamente en los sectores altamente concentrados: 60.2% y 50.6% del total respectivamente. (D.Azpiazu-La concentración de la industria argentina a principios del Siglo XXI-Cara o Seca 2011).
Comercio Internacional
Esta situación también se refleja en el comercio internacional, dado que luego del agotamiento del modelo de valorización financiera vigente entre 1976 y 2001, se produjo un intenso proceso de concentración de las ventas externas. En este sentido “basta con mencionar que en 1991 las 50 mayores empresas de la cúpula explicaron el 27,0% de las exportaciones totales, en 2001 el 41,4%, mientras que en 2010 aportaron el 59,1%”.( Régimen Económico y Cúpula Empresaria – Realidad Económica 265- febrero 2012). Una inserción diferente en el orden internacional, requiere también de una sociedad moderna e integrada, no sujeta a los rasgos deformantes impuestos por el capital transnacional, contando con una presencia importante del estado, ya que las grandes plantas procesadoras que dirigen sus operaciones hacia el mercado mundial, controlan oligopólicamente el transporte ferroviario, el marítimo y los puertos.
El sector Financiero y Fiscal
También debería ser objeto de importantes cambios la Ley de Inversiones Extranjeras, los Tratados Bilaterales de Inversión y La Ley de Entidades Financieras (Ley 21526, diseñada por Martínez de Hoz), para lograr un mayor control sobre el movimiento de los capitales, canalizando el crédito hacia el sector productivo que ayude a conseguir un desarrollo sostenido en el largo plazo. Permitiría también acotar la inflación, dado que en esta etapa la inflación es el resultado del conflicto que surge del enfrentamiento entre los sectores hegemónicos por la distribución del ingreso, más el componente adicional que surge de la inercia inflacionaria. Se disciplinaría así a las fracciones del capital más concentrado, porque “… la inflación es el principal instrumento que utilizan los sectores dominantes para neutralizar la participación de los trabajadores en el ingreso” (E.Basualdo, Sistema Político y Modelo de Acumulación-2011).
Las medidas implementadas restringiendo la salida de divisas, van en la dirección correcta, pero no alteran la estructura operacional ni el fondo del problema, ya que a pesar de estas barreras, por la compra de bonos expresados en dólares, igualmente continúa el giro de divisas al exterior, estimándose que los depósitos de empresas y particulares argentinos en el exterior ronda los us$ 134.000 millones.
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Del mismo modo, corresponde implementar una amplia reforma fiscal, que permita transformar la regresiva estructura tributaria que deja sin gravar la renta financiera y las ganancias extraordinarias de las grandes compañías, además de los ingresos de los jueces y por otro lado castiga a los trabajadores de ingresos medios y altos. Habiendo reaparecido el déficit fiscal, es imprescindible ampliar la base de los recursos del estado que permita paliar esta situación y logre la realización de importantes obras de infraestructura y la mejora en la distribución del ingreso.
Las Privatizaciones
Asimismo está pendiente de cambio la situación de las empresas de servicios públicos, en cuya operación privatista coincidieron inversores tanto nacionales como extranjeros, quienes concordaron que estas empresas deberían someterse a las leyes del mercado y “no depender de la acentuada ineficiencia estatal”. Este tema deberá resolverse dentro de un plan estratégico, a través de un gran debate público, que elimine este modelo de gestión y donde el control de sus operaciones lo ejerzan los usuarios, los trabajadores y el estado, frente a la lógica del capital que solo busca la maximización de la tasa de ganancia
Existe otra cuestión de enorme significación, como la situación de la salud, cuyas profundas deficiencias son alarmantes y se requiere una estrategia nacional, combinada con el accionar provincial, para que con un intenso despliegue de acciones estatal, se modifique y mejore progresivamente la atención hospitalaria.
Por otra parte, el sector del transporte, que opera con un altísimo grado de obsolescencia desde hace muchísimos años, requiere de un reordenamiento que elimine las concesiones (como los Cirigliano que operan un entramado de más de 20 empresas contratistas) y permita fijar las políticas específicas para cada una de las modalidades que componen el sistema, tanto de pasajeros como de carga, que hoy se encuentra en manos de los sectores más concentrados y los grandes exportadores.
Mineria y Petróleo
Otro capítulo a considerar tiene que ver con el petróleo y la minería. Ambos casos reconocen la herencia menemista, que no ha sido modificada en los últimos ocho años de gobierno. YPF fue la principal empresa privatizada en ese proceso y se convirtió en un hecho emblemático, que reflejó la enorme desintegración económica ocurrida en este período. Asimismo, con el acuerdo firmado en 2007, se permitió que el Grupo Petersen tomara el 15% de las acciones de YPF. Este porcentaje se adquirió sin dinero, con créditos que le otorgó Repsol y que los debe cancelar con las utilidades anuales de la empresa. Por el mismo acuerdo se autorizó a Repsol a girar al exterior el 90% de sus dividendos, en lugar de invertirlos en la Argentina. Desde esa fecha, hasta 2011, Repsol giró us$ 1373 millones anuales. En los primeros nueve meses de 2011, a pesar que la producción descendió un 22%, la empresa obtuvo beneficios por us$ 1652 millones.
YPF tiene el 32% de la explotación de petróleo y el 23% de la de gas, pero por la continua declinación de la producción, dado que su actividad estuvo dirigida a agotar los pozos anteriormente descubiertos, la importación de petróleo significó, durante 2011, el 15% del total (9397 millones de dólares), en momentos que se requiere tener como prioridad el recurso energético.
Recobrar la propiedad de la empresa para el estado, aplicando la Ley 21499, sobre los bienes sujetos a expropiación, sin indemnización, por incumplimiento de los contratos y reformular simultáneamente la relación entre la Nación y las Provincias, permitiría preservar este recurso natural no renovable y superar el enorme saldo negativo existente en el sector energético, situación que requerirá enormes inversiones a corto plazo. Como señalé anteriormente, a la fecha de envío de este artículo se conoció el envío al congreso del tan importante proyecto de ley sobre Repsol YPF.
En cuanto a la minería, por el incremento de la demanda mundial (especialmente de China), se produjo un importante aumento de las inversiones en Latinoamérica, que generaron, durante 2010, el 33% de la renta minera a nivel mundial. Según Jeanette Lardé (CEPAL), existe una competencia creciente entre los países de Latinoamérica, respondiendo al paradigma neoliberal, por otorgar perversos incentivos y facilidades financieras para lograr captar inversiones.
En la Argentina, el antecedente en materia de megamineria se remonta a la sanción de las leyes 24196 y 24296 de Inversiones Mineras y el decreto 2686/93 de Regulación de la Inversión Directa, quedando así armado el esquema legal para los megaproyectos, operados en su totalidad por empresas transnacionales. De esta forma, las empresas mineras obtuvieron, entre otras ventajas, la estabilidad fiscal regulada por la Ley de Inversiones Mineras, que les permite tener durante treinta años exenciones impositivas, dado que la Argentina renunció a la imposición tributaria en los acuerdos firmados, con las multinacionales. Según la CEPAL, la Argentina quedó clasificada como el segundo país en el mundo con menor carga tributaria para la explotación de oro y el tercero en el caso del cobre.
Debido a la estabilidad fiscal de la que goza el sector, ampliada por las leyes 24.402 y 25.429 y por la suba de la cotización internacional del oro, (alrededor de los us$ 1.700 la onza) las cuatro empresas que se reparten el negocio aurífero, tuvieron durante 2011 utilidades por us$ 1918 millones, según el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE).
Asimismo, y por las disposiciones vigentes en el Código de Minería y la Constitución del 94, las provincias disponen del dominio de los recursos existentes en sus territorios, dando lugar a “la economía de enclave” que debería ser modificada mediante disposiciones legislativas que logren la creación de empresas públicas que abarquen al conjunto de las provincias petroleras y mineras.
Además, persisten en las zonas de explotación elevados niveles de pobreza e indigencia, con mínima creación de empleos entre las poblaciones rurales. Por la ley minera vigente, le corresponden a las provincias solamente el 3% del valor en concepto de regalías, que se resuelve por medio de una simple declaración jurada por parte de las empresas. Pero, en momento alguno se llegó a discutir una nueva ley sobre la megaminería, la explotación a cielo abierto, la contaminación del agua, las regalías, la posibilidad de refinar el material extraído y la formación de una empresa estatal, que tenga en cuenta la importancia de estos recursos, pero que no sea tan agresiva en su explotación.
Mientras tanto, el Secretario de Minería Mayoral, rechaza las críticas al esquema impositivo que ostentan las megaempresas en pleno boom del precio mundial de los metales, quienes declaran los montos de sus ventas por declaración jurada, en provincias con un frágil entramados de control y cuando se calcula que durante 2011, las exportaciones mineras totalizaron unos us$ 4.000 millones. Por supuesto que tampoco se muestra interesado por las consecuencias que la actividad minera ocasiona en el medio ambiente por la explotación a cielo abierto.
Pero esto no es todo. Varias empresas de origen australiano, canadiense, japonesas y europeas, se encuentran evaluando varios proyectos para la explotación del litio. Este se ha convertido en un metal muy preciado ya que es la fuente de energía para la industria electrónica y la materia prima de las baterías y se estima que será uno de los minerales de mayor demanda en el futuro.
La Argentina ocupa el tercer lugar en importancia en cuanto a reservas mundiales de litio, que se estiman en once millones de toneladas métricas y solamente en la provincia de Jujuy, las empresas explotadoras han declarado reservas por cifras superiores a los us$ 67.000 millones, mientras que cada vez más, las compañías extranjeras llegan al país con planes de explotación para este mineral. Existe un proyecto público-privado, que permitiría aprovechar estas reservas, para la producción de baterías para celulares y componentes electrónicos, que sería de gran importancia ante la avalancha de multinacionales del sector, interesadas en la explotación de este mineral.
Las medidas tomadas por el Gobierno, que establecieron la obligatoriedad del ingreso al mercado cambiario de la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones de las petroleras, las gasíferas y la minería, obviamente no resuelven el problema existente en este sector productivo, dado que este es estructural, y el boom minero no hace más que perpetuar el ciclo de dependencia, reafirmando el rol tradicional de la Argentina como proveedor de matrerías primas, profundizando las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional.
La reforma integral del Código de Minería y la derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196), significaría un paso en la dirección adecuada ya que permitiría discutir democráticamente, en un debate nacional, el futuro de todas las riquezas estratégicas del país.
Tampoco se debe dejar de lado el tema del desmonte, dado que por la introducción de las semillas transgénicos y la siembra directa se amplia permanentemente la frontera agropecuaria, donde solo seis empresas controlan el 80% del proceso productivo de la soja, a través de los pools de siembra con el uso de pesticidas tóxicos. El avance de la desertificación provocada por el mal (abusivo) uso del suelo, además de los aludes de barro que avanzan sin monte que los detenga, requiere de disposiciones que protejan el medio ambiente y el uso del suelo.
Este conjunto de medidas, implicaría disminuir sensiblemente la transferencia del excedente hacia los sectores más concentrados, que en el plano de la producción se ubica en el proceso del trabajo mientras que en el ámbito de la circulación se hace transparente en las relaciones de mercado y en el intercambio desigual.
Los sectores monopólicos tratarán de mantener por todos los medios posibles, los privilegios acumulados a lo largo de los últimos cuarenta años con el mecanismo con el que lograron imponer la ofensiva ideológica neoliberal, que sustentó el dogma de la restricción de la intervención del estado, la eliminación de los derechos laborales, así como la reprivatización de la economía. Pero, por el contrario, estas acciones por parte del estado, garantizarían la paulatina y progresiva transformación del aparato productivo local, ya que la industria nacional perdió peso por la extranjerización y la creciente hegemonía de los grupos más concentrados (solo 176 de las primeras 500 empresas son nacionales) mientras sostienen sus ganancias con remarcación de precios y operaciones financieras.
Esta fuerte extranjerización y concentración del capital, acaecida esencialmente desde 1976, demuestra que los sectores dominantes, son elementos muy diferentes de la otrora famosa “burguesía nacional” ya que los patrones de acumulación de capital de este reducido número de grandes grupos económicos, de capital nacional y transnacional, difiere sustancialmente de los predominantes en etapas anteriores en las cuales imperaba la industrialización sustitutiva.
Hacia el futuro
En definitiva, el desafío hacia delante para el estado es recuperar una sociedad más justa e inclusiva, con una arquitectura de planificación que sea apta como soporte de este proceso, y que permita implementar un amplio abanico de políticas públicas que abarquen a vastos sectores de la población aún marginados, eliminando la pobreza y la indigencia y sobre todo atendiendo a la existencia de trabajadores y jubilados en situación de pobreza estructural, a los desempleados con difíciles posibilidades de reinserción laboral y a todos aquellos que se desempeñan en actividades informales de muy baja productividad.
Transformar lo que en los últimos treinta y cinco años se fue gestando como una matriz empresarial neoliberal, que promovió el disciplinamiento laboral y la destrucción de una parte importante del parque industrial, asegurando por el contrario la creación de empresas nacionales con bases tecnológicas que constituyen la esencia del capitalismo, es una tarea prioritaria y requerirá la presencia activa del estado para implementar una estrategia de desarrollo productivo, con crecientes niveles de integración local y con puestos de trabajo genuinos con remuneraciones dignas.
En este escenario cobra una gran relevancia la unión de los países sudamericanos, tanto en materia económica como política y social. El MERCOSUR y la UNASUR, parecen constituir los caminos adecuados para reafirmar, en esta etapa, la defensa de los intereses latinoamericanos. Lograr la creación del Banco del Sur, tantas veces postergado sería, una hecho superador en este sentido.
Desde las perspectivas de este planteo, es importante determinar cuál es el sujeto social que podría llevar adelante estos cambios económicos y políticos con la idea de construir una fuerza y un proyecto común. Los grupos económicos locales, no parecen interesados en generar nuevas ramas que puedan competir con la producción del capital transnacional ni lograr cierta autonomía nacional, ya que están asociados subsidiariamente con esos sectores. En cuanto a la “vía asiática” su aplicación no parece posible por la estrecha relación que existe en el interior de la clase dominante con los sectores agroexportadores y además, la clase trabajadora cuenta con una gran tradición de lucha, haciendo inviable o muy difícil la reducción de los salarios para situarlos a nivel internacional.
La implementación de esta suma de iniciativas, no implica que la Argentina se desconecte del sistema capitalista mundial, ya que estas no son acciones concebidas, en lo inmediato, en una dirección anticapitalista. Además, el sistema atraviesa, en los países centrales, una etapa económica altamente complicada, donde el 48% de la población estadounidense es considerada pobre y en Europa, 56 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza, situación que en mayor o menor medida incidirá sobre la marcha de las economías periféricas.
Pero, a pesar de tratarse de un estado subsumido en una estructura clasista y no contando el gobierno con un partido diferente para organizar y potenciar los cambios económicos y político-ideológicos que superen los límites estructurales del modelo podría, sin embargo, llegar a construir distintas alianzas sociales que incluyan preferentemente a los sectores juveniles, para que den origen a una fuerza social y política transformadora, que avance en un proyecto que permita la acumulación de fuerza para poder enfrentar, con algún grado de éxito, al capital concentrado, a los grupos locales prebendarios y a los grandes medios a su servicio, incluida la estructura de caudillos, políticos, intendentes y gremialistas venales, que siempre se encuentran a la caza de girones de poder y de dinero. De este modo, se podría configurar un patrón de acumulación distinto, para que en el mediano plazo la distribución de la riqueza sea más igualitaria, conformando una sociedad con un desarrollo más inclusivo y sustentable, con una mayor integración local de la producción que permita al mismo tiempo la potenciación del mercado interno.
Se podrá argumentar que muchas de estas propuestas no se encontraban, en momento alguno, incorporadas a la plataforma electoral del partido gobernante. Incluso que son temas que atraviesan distintas épocas. Pero sin su implementación y sin una movilización política, social e ideológica de los sectores postergados, sería imposible conseguir estos objetivos, mientras que se podría retornar hacia períodos en los cuales la apertura externa, la desindustrialización y la predominancia del sector financiero en el proceso de acumulación de capital, ocasionarían nuevamente el retroceso del aparato productivo y una precarización aún mayor del trabajo asalariado.
*Alberto Wiñazky, economista, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.