Valentin Golzman*
Sintonía fina y ajuste son dos conceptos que circulan generosamente por los medios de comunicación, los afines al gobierno y los que conforman el arco opositor. Los primeros afirman que luego de la reelección de CFK, para hacer avanzar un modelo que ya ha puesto a punto lo esencial de sus ejes de gestión, ahora debe realizar ajustes finos sobre lo encaminado. Desde la vereda opuesta se afirma que el gobierno ha puesto en marcha un ajuste socio político económico que por momentos asomaría salvaje. Si en algo coinciden ambas líneas de pensamiento es en la falta precisión acerca del contenido de los citados conceptos. Expresaremos aquí, sin pretender agotar la cuestión, nuestra visión sobre el tema.
Introducción
“La historia real es…el producto [del] conflicto entre la lógica de la expansión capitalista y las lógicas que proceden de la resistencia de las fuerzas sociales a aquella expansión. En ese sentido, el Estado rara vez es simplemente el Estado del capital, también es el producto del conflicto entre el capital y la sociedad”.
“No hay redistribución sin recorte de los ingresos de los más pudientes”.
Si alguien se embarcase en la ardua tarea de analizar la prensa escrita de los últimos meses tropezaría hasta el cansancio con el nunca precisado concepto de “sintonía fina”. Junto al mismo, la inacabada discusión: ajuste sí, ajuste no. Con la convicción de que dilucidar estas cuestiones puede aportar a la definición política del rol del Estado, esta nota tratará de penetrar ambos conceptos, intentará desplegarlos anclándolos en el hoy y aquí. Y hacerlo con la mirada puesta en avanzar sobre un modelo de desarrollo socio político económico que tenga como uno de sus ejes centrales los intereses de los asalariados y del conjunto de los sectores populares.
Ajustar: ¿dónde y para qué? Una primera línea de ajuste
Todo parece indicar que se ha arribado a una frontera: que no hay caja, presupuesto –ni mucho menos superávit fiscal ni comercial- que puedan seguir bancando la actual sumatoria de prerrogativas impositivas, concesiones funestas y subsidios incontrolados. Por ende, es imperioso realizar ajustes en la política económica. Puestos en ese camino, surge la insuficiencia de recurrir a la metafórica sintonía fina. Se trata mas bien de cambiar de canal, de ajustar ya, a trazos gruesos, sin que tiemble el pulso.
En este punto, adquiere singular importancia realizar una reforma financiera que comience a desmantelar lo mucho que sigue en pie de la herencia neoliberal.
Por su inequidad y porque bloquean el crecimiento y la redistribución del ingreso destacan -entre otras- cuestiones tales como:
a).- La actual Ley de Entidades Financieras que permite -entre otras cosas-que grupos tales como Fortabat y Esquenazi -por dar sólo dos de entre miles de ejemplos- no tributen un solo peso en calidad de impuesto a las ganancias por la renta que obtienen de sus actividades financieras, tales como compra y venta de acciones, bonos o colocaciones a plazo fijo. Se impone modificar esta insólita situación, más aun si tenemos en cuenta el avance de su contracara: actualmente más de medio millón de asalariados registrados, que perciben remuneraciones del orden de la canasta familiar que consumen, están afectados por el impuesto a las ganancias. Esta situación implica un subsidio indirecto a los que más tienen y contribuye al déficit fiscal.
El concepto de que el salario constituye una ganancia carece de sustento. Desde Adam Smith y Carlos Marx en adelante la ciencia económica ha dejado en claro que el salario es una parte del valor generado por el asalariado, que los empleadores le ceden para su subsistencia y la de su familia.
b).- En el momento de escribir estas líneas, el Congreso Nacional ha aprobado una profunda modificación a la Carta Orgánica del Banco Central que implantó el menemismo. Tras dicha reforma, el Estado ha entrado en posesión de una herramienta que –usada adecuadamente- puede constituirse en una columna central para el desarrollo económico con equidad distributiva, tal como lo vienen pregonando desde hace tiempo Mercedes Marcó del Pont y Axel Kisilliof.
c).- Otro aspecto a considerar es el restablecimiento de las alícuotas de las contribuciones patronales a la seguridad social, que durante el menemismo disminuyeron en un 40%. Dicha reducción “[…] a partir de 1994 supuso […] una significativa pérdida de recursos para la seguridad social, a la vez que implicó una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios. […].”
d).- Tiene enorme relevancia incrementar la actual baja imposición a los grandes patrimonios. Propiedades y automotores de alta gama contribuyen en forma mínima a la recaudación fiscal. Por otro lado, las enormes ganancias de los grandes grupos económicos y de los oligopolios, que durante la etapa kirchnerista están obteniendo ganancias muy encima de los estándares internacionales, deben ser gravadas con alícuotas progresivas superiores a las actuales.
e).- Otro tema a considerar es el elevado IVA sobre alimentos y artículos de consumo. Los que menos tienen gastan el grueso de su salario en dichos rubros. Su contribución impositiva es muy importante y les resta parte sustancial de sus ingresos.
Quienes perciben elevadas rentas y destinan al ahorro o a gastos suntuarios la mayor parte de sus ingresos, aportan proporcionalmente mucho menos en calidad de IVA. Esto marca una situación de notoria inequidad. El IVA, en lo que hace a los consumos populares, debería ser modificado hacia la baja al tiempo que debería elevarse el de los productos suntuarios.
En resumen, una primera línea de ajuste pasa por operar sin demoras y severamente sobre los ingresos de quienes tienen real capacidad económica y contributiva. Esto permitiría dar pasos hacia una adecuada distribución del ingreso, al tiempo de contar con los recursos necesarios para avanzar sobre un modelo de desarrollo sustentable y aligerar el importante déficit fiscal con el que amenazan cerrar las cuentas de 2012.
Hablamos de abordar, en estos primeros meses del segundo período presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, la tarea de demoler una situación injusta, que amen de bloquear la equidad social y frenar el crecimiento, puede llegar a poner en riesgo los avances que han logrado los asalariados y los sectores populares.
La urgencia de una segunda línea de ajuste
El desatino de que multinacionales extranjeras manejen y depreden los recursos naturales del país exige ser revertido. Dentro del sector energético, petróleo y el gas se destacan por constituir elementos estratégicos de la economía nacional.
Del menemismo en adelante no se ha controlado ni limitado la actuación de los grupos concesionados ni se les ha exigido el cumplimiento de las magras inversiones comprometidas en exploración y extracción. Se les ha permitido –sin límites ni control-exportar productos que necesitábamos internamente y girar al exterior las ganancias de su actividad, en lugar de reinvertirlas. Tampoco se atendieron las luces de alarma que durante la última década destellaron indicando el decrecimiento de la producción y de las reservas. El resultado ha sido el desguace de los yacimientos, la irrecuperable fuga del parte del patrimonio nacional y la ya insostenible necesidad de importar gas y petróleo.
ENARSA u otro organismo estatal debería, sin más demoras, tomar cartas en este tema y conformar una empresa estatal o estatal mixta con mayoría del Estado que, con participación de las provincias, los trabajadores y los usuarios emprenda el camino de recuperación de la soberanía energética.
El pasado ya ha condenado sin atenuantes la pésima gestión de Repsol-YPF y de las demás concesionarias. No queda margen de tiempo para seguir aguardando que los actuales concesionados comiencen a invertir, a realizar lo que durante casi 20 años eludieron. Tampoco se puede esperar soluciones de la adjudicación de las áreas petrolíferas a otros grupos privados. Poner en valor nuestros yacimientos de gas y petróleo requerirá planificación, tiempo e inversiones. Por eso mismo se debe actuar en este tema con celeridad y pulso firme en el bisturí, o sea de la manera como se operó en el caso de las AFJP.
Movilizarse en dicha dirección hace necesario evaluar los riesgos. Prever reacciones, tener en cuenta el enorme poder que tienen los monopolios, los petroleros y el gran capital concentrado que actúa en el país. Es sabido que 500 grandes empresas controlan el grueso de la producción. Ellas, junto a los medios constituyen aliados potenciales del cartel petrolero. Por todo lo anterior sorprende que desde algunas esferas del gobierno -en una peligrosa minimización del problema- se hable de “acabar con las avivadas”. Cuando el diputado nacional oficialista Andrés Larroque dice “…que se acaben las avivadas porque muchos vivos siguieron aplicando lógicas que apuntaban a orientar recursos de la economía concentrada” establece una peligrosa simplificación del problema. La cartelización constituida por YPF, Petrobrás, Tecnopetrol, Pluspetrol y otras empresas no constituye una “avivada”. El cartel petrolero simplemente ha actuado como lo que es, capitalismo monopolista. Y como tal ha buscado maximizar sus ganancias en el más corto tiempo posible sin importarle si en ese camino se destruía uno de los sectores estratégicos de la economía argentina.
Yendo a la cancelación de las concesiones, puede argüirse que el costo de recuperación de los yacimientos no es pequeño y que la “caja” del Estado dista de ser floreciente. Pero aquí estamos claramente frente a expropiaciones por razones de utilidad pública, regidas por la Ley 21.499, que en este caso –agravado por el reconocido incumplimiento de los contratos- exime el pago de lucro cesante, ganancias futuras proyectadas y todo elemento de ese tipo. Por lo tanto la argumentación del costo de la quita de las concesiones no debería constituirse en freno a la recuperación de los yacimientos y a su puesta en máximo valor y actividad. En lo que hace a las necesarias inversiones futuras, si se analiza la historia de YPF antes de su privatización no es arriesgado afirmar que la rentabilidad de la empresa reestatizada proveerá buena parte de los recursos.
Quienes hacen hincapié en los derechos de las provincias a manejar sólo por sí mismas este tema, dejan de lado que por encima de las atribuciones que la Constitución de 1994 les otorga, el Estado Nacional tiene la facultad y la obligación de fijar las pautas en esta cuestión estratégica, en tanto y cuanto se trata de elementos que son propiedad de todo el pueblo argentino.
Es un secreto a voces que los superávit gemelos sobre los que se apoyó la gestión de gobierno, los que sostuvieron los avatares políticos y económicos de su gestión, están encontrando una frontera. En lo que hace al superavit del comercio exterior, por más que cien Morenos se deslomen tratando de frenar importaciones, en una perspectiva cercana no habrá balanza comercial positiva si seguimos importando gas y petróleo en forma creciente.
Paralelamente a la necesidad de generar autoabastecimiento energético, emerge un tema escasamente analizado: el de economizarlo. Y de allí surge lo imprescindible de poner en valor las líneas ferroviarias de carga, para sustituir y/o complementar el oneroso transporte por camiones. No tiene futuro continuar movilizando por rutas viales cosechas de más de 100 millones de toneladas anuales, la creciente producción industrial y decenas de miles de pasajeros interurbanos.
En el momento de enviar este artículo para su edición se conoció el importante proyecto de ley referido precísamente al tema Repsol YPF y que va en el sentido por lo aquí reclamado.
¿Y la sintonía fina, por donde pasa entonces?
Entendemos que lo que se ha dado en llamar sintonía fina implica operar con sumo cuidado y paso a paso sobre una serie de cuestiones postergadas o apenas consideradas, tales como:
1).- Integración de cadenas de valor industriales: un país como el nuestro, con partes relevantes de su producción industrial constituidas por armadurías –léase automotriz y electrónica- y al mismo tiempo volcada fuertemente a elaborar productos destinados al consumo, no sólo está arriesgando su soberanía económica sino que encontrará, a breve plazo, límites en su desarrollo. Es un tema que amerita ser examinado exhaustivamente. Veamos aquí sólo un par de ejemplos, apuntando a la búsqueda de diferentes líneas de desarrollo:
– Petróleo: Argentina cuenta con una de las pocas fábricas que en el mundo producen caños de acero sin costura, base de la extracción. La producción nacional de trépanos perforadores, equipos completos de bombeo y control, destilerías y módulos de exploración sería una forma de completar la cadena de valor de dicha industria.
– Minería: la actual exportación de tierras conteniendo oro, plata y otros minerales recuerda los tiempos en que Argentina exportaba cuero e importaba los zapatos que otros países fabricaban. Es imprescindible -y posible en un proceso programado- completar la cadena de valor de la industria minera refinando los minerales en el país.
2).- Construcción de viviendas populares: destinar parte de las reservas del Banco Central a la financiación de un amplio proyecto de este tipo permitiría hacer accesible la vivienda a los asalariados, al tiempo de resolver problemas que se arrastran desde hace ya una década: al generar trabajo legítimo comenzarían a cesar el asistencialismo en sus diversas formas y la pseudos cooperativas del plan Argentina Trabaja. Adicionalmente, la construcción es una industria multiplicadora que no requiere de insumos importados y que puede ocupar tanto a hombres como a mujeres.
3).- Trabajo en negro y precarizado: Es imprescindible su eliminación paulatina comenzando por los trabajadores de las administraciones estatales y provinciales, junto a las seudo tercerizaciones que realizan las grandes empresas.
4).- Impuestos sobre los salarios: constituye una deuda pendiente la eliminación total del impuesto a las ganancias que se aplica sobre los salarios de los trabajadores, así como las limitaciones al salario familiar y a la AUH. Lo es también comenzar a liquidar las nuevas jubilaciones teniendo en cuenta las resoluciones de la Corte Suprema y resolver el pago de los juicios que ya han tenido fallo favorable en la justicia.
5).- Inflación: La elevada inflación argentina tiene en su base principalmente los precios monopólicos que fijan los grandes grupos económico financieros y la escasa inversión. Actuar con éxito sobre el control de la inflación requiere por un lado la participación de los trabajadores de las empresas involucradas y de los consumidores en el control de los precios y del stock de productos. Por otro planificar y otorgar créditos direccionados al sector privado, a fin de expandir la producción en los puntos críticos de abastecimiento.
6).- Subsidios: Uno de los ejes de lo que se ha dado en llamar sintonía fina pasa por el análisis y la eliminación de los múltiples subsidios del Estado que hoy perciben los prestadores de transporte, energía, y otros servicios y por el consiguiente incremento de las tarifas que de ello derivaría. El tema es muy delicado. Las modificaciones tarifarias deberían hacerse con sumo cuidado para no afectar los ingresos de quienes menos tienen.
El primer paso en este tema pasa por determinar el costo real de los servicios. Y luego, la adecuación tarifaria en relación a los mismos debería realizarse sobre los sectores de mayor capacidad económica. Por todo lo cual es ilusorio pensar que las actuales dificultades de caja se resolverán operando selectivamente sobre los subsidios.
En el caso de los asalariados, los reales beneficiarios de las subvenciones al transporte y a los servicios son sus empleadores. La ecuación es muy sencilla: transporte y servicios forman parte de la canasta de subsistencia. Si se eliminaran sin más las subvenciones, el precio de la canasta se incrementaría afectando la calidad de vida y/o la supervivencia de las familias asalariadas. Para superar esta situación, deberían los empresarios elevar los salarios para permitir que sus dependientes concurran al trabajo y puedan -en sus hogares- hacer frente al incremento de precios generado por las tarifas plenas.
A modo de abiertas conclusiones
¿Que los ajustes propuestos son altamente complejos, difíciles de poner en práctica, de resultado incierto, como todo lo que implica operar sobre la piel del poder económico? ¿Qué el poder de las petroleras -en sí y como parte de las más de 500 grandes empresas que manejan el grueso de la economía argentina- no será sencillo de esmerilar? Todo eso es cierto, pero constituye parte de la dura realidad en la que estamos inmersos, frente a la cual la peor actitud sería postergar su enfrentamiento. En la presente coyuntura, no hacerlo puede poner en riesgo la sustentabilidad de la gestión e incluso proyectar sombras sobre la hegemonía de la conducción que resultó del 54%.
Analizando los hechos ocurridos durante los primeros meses de este año, no es aventurado afirmar que los próximos cuatro años de gestión prometen transcurrir impregnados por importantes conflictos socio político económicos. Y la lectura de la historia marca que es precisamente en tiempos de conflicto cuando se han realizado las transformaciones de la sociedad. Puede que entonces este 2012 sea el momento adecuado para avanzar -paso a paso- en el desguace de lo mucho que queda de la estructura económica neoliberal. No es voluntarismo; tampoco una disquisición teórica. Constituye una exigencia histórica, un verdadero reto a las políticas de Estado, al tiempo que una posibilidad cierta que será saludable no eludir. Son objetivos que la sociedad de nuestros días está en condiciones de alcanzar. Hoy convergen la doble faceta de las necesidades -que se han analizado más arriba- y la nueva coyuntura de posibilidad y obligación que abrió el 54% de los votos que -por vez primera en dicha dimensión- sustentan la gestión inaugurada por Nestor Kirchner.
El sujeto social impulsor y ejecutor de dichos cambios abarca un espectro mucho más amplio que el de quienes votaron a la presidenta y generaron un Congreso con mayorías absolutas, amén del grueso de los gobernadores e intendentes “del mismo palo”. Se requiere construir una política de alianzas para generar un real contrapoder, que enfrente la hegemonía de los grupos monopólicos. La empresa puede fracasar o quedar a mitad de camino si no se logra estructurar una profunda y democrática campaña de esclarecimiento acerca de la necesidad y posibilidad de realizar dichos cambios. Esto implica, entre otras cosas, horadar, trasformar el sentido común instalado por años en la sociedad acerca de la ineficacia del Estado administrador, que uso latiguillos como aquel de que “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Destrabar también los frenos que en nombre del posibilismo se constituyen en maquinarias del “no se puede”.
La experiencia de movilizaciones en las calles que dejó la crisis de 2001-2002 es una de las herramientas que puede trastrocar el viejo “sentido común” que continúa vigente y que es sostenido cotidianamente por los medios afines al poder económico.
La fuerza social que puede hacer factibles y sostener los ajustes necesarios, debería estar conformada -y adecuadamente organizada-por la mayor parte de la población: los asalariados, sus sindicatos, las organizaciones populares, las clases medias, sectores que en su conjunto constituyen más del 80% de la población. Ellos serían los beneficiarios directos de la nueva situación, transitarían caminos conducentes a una mayor equidad, a un presente y un futuro con mejor calidad de vida. Nada más y nada menos…
*Valentin Golzman, Ingeniero y Magíster en Historia, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
PETRÓLEO: ECONOMIZAR CONSUMO SIN FRENAR EL CRECIMIENTO
El excelente artículo de Valentin Golzman en el número 101 de nuestra revista, cuando al hablar del petróleo dice “paralelamente a la necesidad de generar autoabastecimiento, emerge un tema escasamente analizado: el de economizarlo” , me da pie para algunas reflexiones. Desde la batalla del petróleo en 1961, ganada por YPF cuando se alcanzó el autoabastecimiento con la puesta en producción de 4000 nuevos pozos, los analistas más lúcidos hablaron de economizar tanto gas como petróleo por tratarse de fuentes de energía no renovables. Y junto con eso, como bien lo señala Valentín, la búsqueda de fuentes alternativas: hídricas, atómicas, eólicas, etc. Algunos ensayos murieron no natos, por la ceguera y la corrupción de gobiernos sobre todo militares, que asaltaron el poder para servir los intereses de las grandes corporaciones y monopolios petroleros. Recordemos la planta para producir alconafta, utilizando maíz como materia prima, comprada en Checoeslovaquia y que se estaba instalando en San Nicolás cuando se produjo el golpe de Onganía. Inmediatamente se paralizó la obra civil. La parte del instrumental más fino y sofisticado no salió nunca del puerto. La intemperie y el odio medioeval hicieron lo suyo y el proyecto se frustró. Pero quiero volver a la economía en el gasto. Me faltan cifras, estadísticas y proyecciones con bases ciertas, motivo por el cual no puedo desarrollar la idea con fundamentos demostrables. Sólo puedo apoyarme en las observaciones y el sentido común.
Cualquiera de nosotros, de pié al costado de una de las avenidas de entrada a la Capital comprobará que entre 6 ó 7 automóviles de cada 10 tienen como único ocupante al conductor. Son 1000 Kg. de material y un consumo diario de 10 litros de combustible! Menciono lo del material porque la industria del petróleo no está sólo en el combustible. También está en el plástico, en los neumáticos, en los tapizados, en la pintura, el aceite, etc. Hay allí un fenomenal derroche de petróleo. Fatalmente inevitable? No lo creo. Sin necesidad de pensar en proyectos faraónicos (ej: tren bala), se pueden hacer inversiones que modifiquen la estructura del transporte de productos y de personas. Y seguramente deberá hacerlas el estado. Menciono algunas: le electrificación del ramal a La Plata del ferrocarril Roca. Creo que el mayor costo estará en el material rodante La colocación de las columnas llegaban a Hudson cuando se paralizaron las obras hace ya 25 años! ¿Cuántos vehículos de transporte automotor hacen ese recorrido diariamente? No lo se. Pero seguramente muchos. El de la red ferroviaria es todo un tema cuando se habla de modernizar y evitar consumo de petróleo. También coincido con Valentín en la necesidad de recuperarla. Y ampliarla. Y/o corregir el trazado en algunas zonas y unificar trocha donde sea posible. Al mismo tiempo rehabilitar la industria ferroviaria por su efecto multiplicador de actividad económica y para la renovación y el mantenimiento, teniendo en cuenta que hoy en día los materiales caen en la obsolescencia en poco tiempo. Electrificar todo su trazado y sobre todo ningún cruce a nivel.
Otra: En el siglo XIX se utilizaba el Rio de la Plata para el transporte en el área metropolitana. Hace más de 100 años se utilizaba el rio para llegar de la Capital a Barracas al Sud (Avellaneda). No recuerdo si en La Prensa o en La Nación, hace tiempo salía una sección titulada Hace 100 años. Recuerdo haber leído: “Funcionarios de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Nacional embarcaron en un vapor en Puerto Nuevo para concurrir a la inauguración de una planta del Frigorífico Sansinena en Barracas al Sud” Eso a fines del XIX. Y hoy, en el siglo XXI, ¿sería muy loco pensar en catamaranes que con frecuencia regular y utilizando los puertos de San Fernando, Olivos, Quilmes y Ensenada se ocuparan del tránsito de personas…