Revista Tesis 11 – Nº 124 (12/2017)
dossier: estado de derecho y democracia
DECLARACIÓN DE TESIS 11
“Parte del Poder Judicial, articula con las corporaciones mediáticas, acciones que agravian el estado de derecho y no respetan preceptos constitucionales, leyes, normas procesales ni acuerdos internacionales, prácticas que por acción u omisión tuvieron el aval de la Corte. Como contraste, medios y periodistas con mirada crítica y distinta de la del poder, son censurados y acosados judicial y financieramente.”
“Primero se llevaron a los judíos,
Pero a mí no me importó porque yo no lo era;
Luego, arrestaron a los comunistas,
Pero como yo no era comunista tampoco me importó;
Más adelante, detuvieron a los obreros,
Pero como yo no era obrero, tampoco me importó;
Luego detuvieron a los estudiantes,
Pero como yo no era estudiante, tampoco me importó;
Finalmente, detuvieron a los curas,
Pero como yo no era religioso, tampoco me importó;
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.”
Bertolt Brecht , 1933
Buscando consolidar su dominio sobre el Estado, el capital concentrado – bajo la insignia Cambiemos – no reconoce límites en la conformación de un régimen que detente la suma del poder público.
Parte del Poder Judicial, articula con las corporaciones mediáticas, acciones que agravian el estado de derecho y no respetan preceptos constitucionales, leyes, normas procesales ni acuerdos internacionales, prácticas que por acción u omisión tuvieron el aval de la Corte. Como contraste, medios y periodistas con mirada crítica y distinta de la del poder, son censurados y acosados judicial y financieramente. Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales son sólo ejemplos de muchos otros de menor difusión.
Avanzan con la remoción y juicio político de jueces y fiscales integrantes de una lista negra que al decir del Presidente “no lo representan”, mientras que a otros les atribuyó ser parte de una “mafia”. Parte del Poder Judicial sabe de la amenaza presidencial de enviarlos en “un cohete con destino a la luna” y por eso fallan de acuerdo con lo que el gobierno pide y además, convencidos o sobreactuando, lo aplauden.
Algunos, como la Procuradora Alejandra Gils Carbo, cansados de extorsiones y de humillaciones, incluso involucrando a familiares, se han visto forzados a renunciar por respeto a su propia dignidad.
Se hace norma el montaje de causas judiciales amañadas, sin sustento fáctico alguno y fuera de toda norma procesal. Por eso hay presos políticos, show televisivo mediante, a quienes ni se les respeta su intimidad, Julio De Vido y Amado Bodou entre otros. Se agregan al caso de Milagro Sala, maltratada con saña y manifiesto espíritu cargado de odio y sed de revancha.
Hay allanamientos y detenciones, solo por reclamar lo que corresponde y ahora, con el reflotamiento de la doctrina del “enemigo interno”, se persigue y reprime a supuestos “terroristas”, “grupos violentos” o “activistas de prácticas ilegales”, por el sólo hecho de reivindicar derechos y luchar contra las políticas de ajuste y de sumisión a las estrategias del FMI, EE.UU. e Inglaterra. Una muestra es la caza de manifestantes, apresamientos al boleo y maltratos tras la concentración de “Ni una menos” o la que pedía la “Aparición con vida” de Santiago Maldonado. Una veintena están ahora procesados con sustento en actas policiales dibujadas y pruebas fraudulentas. Y pesan embargos millonarios sobre cada uno de ellos. Sin olvidar la represión a los docentes que reclamaban el cumplimiento de una ley y la criminalización de alumnos por la toma de escuelas.
La consecuencia de esta acción política es la convicción de impunidad y de amparo que termina por envolver a las fuerzas de seguridad, que dio pie a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Con mayor razón cuando la propia Ministra de Seguridad expresa que las fuerzas que de ella dependen tienen de hecho licencia para matar y cuando se evidencia la intención oficial de promover la participación de las FF.AA. en el ámbito de seguridad interior, hoy legalmente prohibida. Ergo, habilitarlas a reprimir al pueblo.
Como colofón, el Ministerio de Seguridad acaba de emitir una resolución que inviste a las fuerzas federales del derecho a ignorar las órdenes de los jueces cuando las consideren ilegales. Insólito: policías con autoridad superior a la de los jueces. Todo suma para descomponer las bases de sustentación de la cultura en materia de Derechos Humanos, patrimonio de nuestro pueblo. Ya conocimos las consecuencias.
Es una acción política de cuyos perversos efectos nadie, cualquiera sea su preferencia política, queda individualmente a resguardo, incluyendo lo atinente a su seguridad jurídica y patrimonial. Rumbo que fomenta la visión individualista, el sálvese quien pueda, el rechazo de la política como instrumento de transformación, la generación de un ambiente de odio y revanchismo y el riesgo de instalar una peligrosísima e insostenible convivencia social.
Es imperioso y urgente detener esta barbarie, tema que por la envergadura del poder a enfrentar requiere de una respuesta masiva, de una alianza amplia que sólo puede construirse a partir de la acción unitaria y coordinada en defensa de reivindicaciones legítimas, inmediatas y más sentidas, con las organizaciones populares e instituciones de orden laboral, vecinal, religioso, científico, cultural, de pymes, productores regionales y de la actividad familiar campesina.
Nuestro pueblo reúne en su bagaje una vasta tradición de lucha y su despliegue en los dos últimos años así lo prueba. Sin embargo, su debilidad radica en su dispersión e insuficiente coordinación.
No puede ni tiene que haber espacio para el desánimo ni la depresión. Estamos a tiempo.
Consejo Editorial de Tesis 11
30/11/2017
NR: Luego de emitida esta declaración se produjo la bochornosa, ilegal, difamatoria y políticamente persecutoria decisión del juez Bonadío contra la ex presidenta Cristina Fernández y varios ex integrantes de su gobierno, que agrava profundamente la situación de violación del estado de derecho y atentado contra la democracia denunciada en la declaración.