Las declaraciones del Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, presidido por Rodriguez Larreta, que el número de 30 mil desaparecidos “es una mentira que se construyó en una mesa” para “obtener subsidios”.Y la reivindicacion de la teoría de los dos demonios, son una afrenta, no solo a los familiares de las víctimas de la dictadura genocida, sino para todo el pueblo argentino. Estas declaraciones de neto corte anti- democrático, provocadoras, revanchistas, constituyen, aunque el Secretario de Derechos Humanos Nacional Claudio A Avruj, diga que el que el Gobierno Nacioanal no las comparte, son la concepción de un gabierno nacional de derecha que aplica planes de ajuste contra los trabajadores, los reprime, detiene a los dirigentes sindicales y populares como Milagro Salas y desarrolla una ofensiva ideológica, política y cultural para hacer pasar las políticas de los grupos concentrados del poder económico y mediático.
Además el gran número de declaraciones del órden nacional e internacional contra estas declaraciones, es bueno releer la carta que el compañero EduardoLuis Duhalde le enviara a la Sra Graciela Fernandez Mejide a propósito de sus declaraciones r
04/08/2009 |
SRA. GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE:
Le escribo esta carta pública a la madre de un detenido–desaparecido y
a la integrante por muchos años del Movimiento de Derechos Humanos. Lo
hago no como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, sino como
compañero de las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo mi
norma de conducta de no polemizar entorno a un tema tan grave e
inconmensurable como son las consecuencias del genocidio sufrido.
La opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la
dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de epígonos
del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. De
igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto
que sostienen que no fueron seis millones los judíos inmolados por el
nazismo, sino un número inferior como si la aberración criminal fuera
una cuestión aritmética.
Distinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros
de la barbarie.
Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en
quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir las
consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un error
esencial: el creer que existe algún registro fehaciente de la
dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las
Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles.
El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su
identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De
aquellos que mientras pregonan que su accionar fue “justo y en defensa
de la patria” ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue
abiertamente criminal.
Bien sabe usted que no hay un censo nacional completo sobre el número
de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo.
Usted como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que
durante el lapso de los sólo ocho meses de vida de la Comisión se
realizó para receptar testimonios de familiares de víctimas que
accedieron a convertir en denuncia su dolor. Era el comienzo de la
recuperación de la democracia, con los asesinos caminando por las
calles y en libertad.
Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depositado el fondo
documental en la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos
familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la
motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió al
juicio de los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta con
el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los
posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales por
más de 20 años.
¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos
–desaparecidos que no habían hecho su denuncia ante la CONADEP
concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía a los
criminales? Cuando 20 años después las leyes de la impunidad fueron
derogadas y declaradas inconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los
padres de las víctimas habían fallecido o la resignación ante lo
inevitable había mermado sus fuerzas para hacer su denuncia.
A ello se suma que en alguna zona del país, aún en democracia, parte
de los peores represores continuaron teniendo poder: como Bussi
institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndez fácticamente en
Córdoba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como
Chaco, Misiones o Salta donde poblaciones campesinas fueron víctimas
del terrorismo de Estado, su condición de marginados sociales no
favoreció su acceso a la Justicia.
Recién a partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de
las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el
cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta el presente.
En consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los
posteriores a la Secretaría de Derechos Humanos como registros
totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de
desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas
superan el número de 1000.
Lo dicho vale para explicar la parcialidad de la identificación
lograda hasta el presente a través de las denuncias de los familiares.
Tampoco ha servido la cuantificación de los familiares presentados,
reclamando el beneficio de las leyes reparatorias, puesto que no todos
los desaparecidos dejaron herederos forzosos y que parte de aquellos
familiares rechazaron reclamar la indemnización hasta que no se
supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran condenados y
los restos de su familiar fuera hallado.
Lo dicho explica porque las cifras que usted utiliza son parciales y
que por otra parte jamás fueron ocultados, puesto que usted las halló
en la información on line del Estado argentino y obran también en la
última edición del Nunca Más.
Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número de 30.000
detenidos–desaparecidos convertido en consigna permanente no sólo del
Movimiento de Derechos Humanos sino de vastos sectores sociales. La
cifra no es arbitraria y es el producto de diversas variables:
a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en
todo el país, que superan el número de 500.
b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los
grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de
Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo,
El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número
actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus
presentados en el país.
d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a
la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan
los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas
e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de
que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas
hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a
eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del
escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita
previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de
enero de 1976).
f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de
Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura
argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya
el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su
labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más
con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000
correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.
Todo ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria
ni caprichosa. Aunque es lamentable reducir la dimensión de la
tragedia argentina a un problema contable.
El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado
aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un
hombre se está asesinando a la humanidad.
No puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar la
teoría de los dos demonios es un problema de “chiquitaje”. Aquella
perversa teoría no iguala como pareciera la responsabilidad de la
violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en que
sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de
Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un solo demonio, el
de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y se oculta la
verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza de Mayo el
16 de junio de 1955 con sus 300 muertos, con los sucesivos asaltos al
Estado y la proscripción política, con los fusilamientos de junio de
1956 y la Masacre de José León Suarez, con las cárceles llenas de
presos políticos, con la aplicación del Plan CONINTES, con los
asesinatos de militantes populares desde Felipe Vallese en adelante
hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó una masiva, sistemática
y criminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la
propia génesis del asalto al poder el 24 de marzo de 1976.
Por último, dice usted que los juicios a los militares no van a
ninguna parte. Ello es un verdadero despropósito: la condena de las
Juntas, de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantos otros, no solo
sirven para recuperar a la Justicia como una actividad fundante del
Estado: ha servido para que la condena social al terrorismo de Estado
sea irreversible y de encarnadura al “Nunca Más”. Felizmente todos los
días se avanza en los centenares de causas judiciales en trámite, con
aporte de nuevas pruebas.
Es triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas
circunstancias, aunque seguramente sus afirmaciones le asegurarán un
buen éxito editorial para el libro que ha escrito.
EDUARDO LUIS DUHALDE