Revista Tesis 11 Nº 135 (09/2020)
Edición dedicada a América Latina
(américa latina/colombia)
Juan Krasner*
La orden de detención del ex presidente Uribe por espionaje, las ejecuciones de civiles presentadas como de guerrilleros, la frontera con Venezuela, y la búsqueda de unidad en la izquierda para las elecciones de 2022. Las “marchas por la dignidad” que recorrió el país para mostrar en Bogotá la unidad del pedido de acciones urgentes de los distintos sectores sociales.
La Corte Suprema de Colombia ordenó el martes 4 de agosto la detención del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno y manipulación de testigos, y por una red de espionaje del ejército contra políticos, periodistas y abogados de los derechos humanos, que alcanzó hasta el actual secretario general de la presidencia Jorge Mario Eastman. Esto último dado a conocer por la revista Semana.
La decisión no fue inconsulta ya que la Corte tiene bastante material probatorio que la sustenta. El mandatario, que gobernó el país entre 2002 y 2010, tendrá que cumplir el arresto desde su casa.
El tribunal investiga un expediente según el cual varios testigos (alrededor de una decena) recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios que favorecen al actual senador por el caso que lo vincula con grupos paramilitares (el presidente Venezolano sostuvo que es como el caso de Al Capone que lo juzgan por un caso menor).
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, casos que se incrementaron durante el gobierno de Uribe. En algunos casos, según manifestaron los familiares, asesinaron a civiles y los disfrazaban de guerrilleros para su justificación.
Un político de izquierda, Cepeda (que sostuvo “algo ha cambiado en Colombia”), defensor de los derechos humanos revelo con fotos y testimonios que en una propiedad de la familia Uribe en Antioquia se fundó un grupo paramilitar en los noventa cuando era gobernador de la zona. Con este motivo hubo en Bogotá manifestaciones en contra del gobierno de Uribe.
El actual presidente Ivan Duque hizo pedazos el acuerdo de paz, cumpliendo con lo que le exigió la derecha fascista por medio de Londoño Hoyos. Y ahora no solo eso sino que continuó con la matanza de los firmantes del acuerdo.
El 29 de julio apareció en las redes sociales “Duque pare el genocidio”. Y no es para menos: los asesinatos “registrados” fueron 11 en el 2017, 20 en el 2018, 35 en el 2019, y se llevan contados más de 50 en lo que va de este año. Además de estos se registran más de 30 muertos entre los detenidos por el coronavirus a raíz de la superpoblación carcelaria.
A tantas desgracias se deben sumar el enorme crecimiento de la pandemia que se cobra miles de vidas por el colapso del sistema sanitario, más el creciente desempleo que ya ronda el 20% a junio de este año.
Es de comentar que ya a mediados de los ‘90 el grupo musical Mano Negra grabo en Bogotá un video de la canción ”Señor Matanza”, con la participación de Manu Chao refiriéndose a la estructura criminal oculta.
Hay que destacar que en la frontera con Venezuela grupos paramilitares-narcos se disputan el territorio a costa de las poblaciones civiles. Y en la misma zona se encuentran venezolanos que quieren dejar las “bondades” colombianas y regresar al “sufrimiento” de su país después que los utilizaron para intentar el derrocamiento de Maduro.
Ante esta situación explicada muy resumidamente, los sectores de izquierda no logran ponerse de acuerdo para las elecciones del 2022 (en las ultimas Duque fue presidente con aproximadamente el 38% de los votos en tanto Petro obtuvo el 28% y Fajardo el 25%), y pareciera que no hay vuelta atrás en el choque político entre ambos.
Una nueva etapa de este antagonismo entre el exgobernador Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, se dio en las últimas horas a raíz de una declaración de aquel en una entrevista que concedió el domingo 23 de agosto. El Sr. Fajardo le expreso a la revista Semana que “con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma de tratar al que es diferente que no comparto. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos”.
Y este lunes, Petro respondió que “en cambio yo sí lo invito a usted, Sr. Fajardo, a que participe en un gran acuerdo histórico que lleve a Colombia hacia la paz, la producción y la democracia”.
Este nuevo episodio de la historia se remonta a la campaña presidencial anterior que culminó en la segunda vuelta de junio de 2018 con el triunfo de Iván Duque sobre Petro, ya que Fajardo propuso el voto en blanco.
Desde entonces, hasta ahora, se han buscado sin éxito la convergencia de las diversas fuerzas de izquierda y centro-izquierda, representadas en grupos muy diversos, pero afines en varios aspectos.
Por supuesto que el enfrentamiento entre ambos viene de mucho antes, pero a partir de allí se agudizó, a tal punto que los acercamientos de Petro con otros sectores que comenzaron desde su llegada al Congreso se desvanecieron rápidamente cuando Claudia López lanzó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá con Fajardo como invitado central.
Y Petro expreso: “Mi querido amigo Fajardo. El pueblo debe manifestarse contra la masacre y la ignominia de un gobierno incapaz y el pacto histórico es con el pueblo. No hay contradicción entre un pacto histórico y un pueblo digno. A menos que usted conciba el pacto sin el pueblo”.
Estas declaraciones pueden ser la señal concreta de que el distanciamiento entre Petro y Fajardo no tiene vuelta atrás, lo que podría conllevar a un debilitamiento todavía mayor de la izquierda.
Por eso mismo, asumiendo que la confluencia era casi imposible, el país ha visto a Petro trazar permanentemente diferencias con Fajardo y oponerse sistemáticamente a la gestión de la alcaldesa López, buscando convertir al “petrismo” en un factor dominante en la izquierda, como lo es el “uribismo” en la derecha.
En este contexto cualquier táctica que trace la izquierda para llegar a la Casa de Nariño debe incluir a Petro (“sin Petro no se puede y con Petro sólo no alcanza”, ¿suena conocido?) y, en cambio, el precio de no lograr meter a todos en la foto puede ser volver a perder las elecciones.
En esa dirección la semana pasada, a través de un comunicado el Polo Democrático, tras considerar que “la coalición de gobierno ha perdido margen político y discursivo”, expuso que “este panorama le exige a los sectores alternativos y democráticos alcanzar un gran entendimiento histórico para reconstruir el país, que vaya más allá de las elecciones de 2022”.
En el comunicado, el Polo señaló que “hace suya esta propuesta y llama a las formaciones políticas de la izquierda democrática, los partidos alternativos y progresistas, al movimiento social y popular, a la intelectualidad y personalidades democráticas a hacer realidad este histórico pacto nacional”.
Faltando más de un año para las elecciones todavía no se perfila una unidad de acción pero no se descarta la misma dado la grave crisis de este momento.
Y la posibilidad de esa unidad dependerá de la influencia que tendrán las luchas populares como “las rutas de la marcha por la dignidad”, y que tengan continuidad.
Estas marchas se realizaron en respuesta a la situación socio-económica entre las cuales se puede comentar como ejemplo a las tres movilizaciones que llegaron el 10 de julio a Bogotá después de 590 kilómetros (desde Popayán, Cauca) difundiendo su mensaje de paz y denuncias contra el actual Gobierno de Iván Duque.
La Marcha por la Dignidad, la Ruta Comunera y la Ruta Libertadora recorrieron el país en plena pandemia. Las y los caminantes estaban determinados a evidenciar los diferentes flagelos de los territorios más afectados por la crisis sistémica que se vive hoy en Colombia, conflictos que desde antes de la Covid-19 existían pero que con la llegada de esta enfermedad se han agudizado.
Además, exigieron acciones urgentes frente al genocidio de líderes, lideresas sociales y excombatientes en el país; protestar contra el alarmante incremento de violencias de género y contra la comunidad LGBTI durante la cuarentena; así como pidieron garantías para el acceso gratuito a la educación de la universidad pública durante la emergencia sanitaria.
Quienes caminaron, defensores y defensoras de derechos humanos, humanistas y luchadores sociales marcharon por la dignidad de todos y todas, e impulsaron a las autoridades territoriales, guardias indígenas, reclamantes de tierra, ambientalistas, para seguir luchando por la paz territorial, participativa y transformadora según lo explicaba un boletín difundido el 26 de junio. Esta crisis se profundiza en la actual pandemia. El Gobierno aprovecha el Estado de Emergencia económica y sanitaria para implementar el paquetazo neoliberal.
Entre el 13 y el 20 de julio (Día de la Independencia de Colombia), los caminantes de lasmarchas estuvieron constantemente hostigados por la fuerza pública. Sin embargo, las marchas continuaron avanzando hasta llegar a encontrarse las tres marchas en una sola.
Si en algo coinciden los caminantes es que defender la vida es primero y para eso es necesario dialogar con los territorios. A pesar de la pandemia, decidieron organizarse con todos los protocolos de bioseguridad y salir.
“El tapabocas no me tapa la boca” fue la consigna con la que se recibió a las marchas en Bogotá. Una movilización de apoyo que se convocó desde distintos sectores sociales, tenía como punto de partida el Monumento de Héroes en el Norte de la capital.
También a pesar de una pandemia que guardó a gran parte de las personas en sus casas, el viernes 21 de agosto, el centro de algunas ciudades del país fue el escenario en el que jóvenes, mujeres, estudiantes, afrodescendientes e indígenas, expresaron su indignación ante los asesinatos y las masacres que han incrementado durante los últimos días en algunas regiones del país, como en Medellín, Popayán, Pereira, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, donde se movilizaron a través de marchas, plantones, bloqueos y actividades artísticas.
Estas luchas son una muestra de que no van a permitir que sigan pasando estas cosas que responden a una oleada mucho más agresiva del paramilitarismo y de la complicidad con las fuerzas militares, según expreso Ángelica Orjuela, secretaria técnica del Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones que convocó las jornadas.
Aquí, algunas fotos que expresan estas movilizaciones:
*Juan Krasner, miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11.