Revista Nº 148 (02/2022)
(nacional/poder judicial)
Isaac Grober*
Mecanismo y objetivos sobre los que se sostuvo y sostienen ciertos fallos judiciales. Los servicios de inteligencia y las corporaciones mediáticas. Sustentabilidad del Estado de derecho y la calidad de la democracia. La Corte Suprema y su influencia en la generación del clima judicial que envuelve a todo el sistema. Necesidad de cambios y su alcance. La necesidad de organización, movilización y lucha del campo popular.
Plan operativo, contexto y objetivos
La conmoción que sobrevino con la difusión del video que ilustró el cómo y con quienes se gestionaba una Gestapo, en este caso antisindical, una modalidad de mesa judicial, no puede oscurecer la larga lista de acontecimientos y aberrantes fallos judiciales acumulados a lo largo de años, historia que permite tipificar a la arquitectura institucional argentina, en tanto esta modalidad subsista, como carente de los atributos plenos de un estado de derecho y a la vez como sistema democrático vulnerado, degradado…
Es ésta la calidad que asume la estructura política de un país cuando, aunque las autoridades surjan de elecciones, se instrumentan desde el Estado cuerpos y métodos de espionaje, extorsión y persecución contra opositores para suprimirlos en calidad de tales, encarcelarlos, en colusión con las corporaciones mediáticas y fracciones del Poder Judicial. Así, apelando a métodos mafiosos para el armado de causas judiciales en beneficio de intereses hegemónicos, se apunta a la destrucción de las organizaciones del movimiento popular, poniendo a la vez en juego la convivencia democrática. Son hechos y procederes que denotan la presencia de una metodología criminal, con rasgos y objetivos que se emparentan con los de la pasada dictadura cívico militar. Son sólo modalidades distintas pero equiparables para hacer desaparecer de la vida política, económica y social a dirigentes, personalidades y organizaciones del campo popular y adicionalmente garantizarse impunidad.
No es éste un fenómeno de exclusividad argentina. Las fakenews y los lawfare (guerra judicial) tuvieron y tienen presencia en muchos países de la región y hasta sirvieron para el derrocamiento de varios presidentes. Algo sugestivo, por lo de quien viene: el embajador norteamericano previo al actual, apenas desembarcado, tras ser consultado por el periodismo sobre los objetivos de su misión, expuso que contribuiría, en representación de su gobierno, a la justicia.
Esto tampoco brota en el marco de la nada. Es que como modo de producción con predominio del negocio financiero, asistimos a la fase de probado agotamiento histórico del neoliberalismo, con una inusitada intensificación del proceso de concentración de ingresos y riqueza y su contracara, la extensión y profundización de la pobreza de las mayorías. Crisis que acentúa los conflictos sociales y el riesgo de que tales conflictos amenacen la perdurabilidad de la hegemonía del poder real o, por lo menos, su libertad de movimientos. En este marco el bloque de poder se aferra a instrumentos legales e ilegales para continuar con sus negocios, acrecentar ganancias, acumular capital y eliminar la resistencia popular.
Operaciones desplegadas.
La descomposición y el hedor que emana del Poder Judicial, como ocurre con todo pescado podrido, comienza por su cabeza, la Corte Suprema. Corte que, entre otras, distribuye sus fallos, no necesariamente anclados en el derecho y la Constitución, en tiempos que se acomodan a las necesidades y conveniencias políticas y económicas del bloque de poder, el poder real y de quienes como cómplices, caso de algunos jueces, fiscales y operadores políticos disfrazados de periodistas que se someten y acompañan, sin que al parecer les importe demasiado que pongan en juego la honra, la dignidad, la vida o la libertad de las personas o el patrimonio del país. Así vemos lo diligente que esta Corte fue, por ejemplo, para aceptar el per saltum con el que terminó convalidando el mantenimiento en sus cargos a jueces que ella misma reconoce designados en forma irregular, pero cavilando en cambio con exasperante parsimonia para expedirse sobre la prisión preventiva de Milagro Sala, privada de su libertad desde hace ya seis años por decisión de tribunales amañados, al igual que el testimonio de testigos truchos, en la provincia de Jujuy. Caso emblemático de presa política.
Conducta que genera un clima que envuelve a tribunales inferiores, que impregna de los mismos valores a todo el sistema judicial, como lo evidencian los casos de delitos de lesa humanidad, que al parecer duermen el sueño de los justos, encubriendo de hecho la responsabilidad del empresariado involucrado o que contradiciendo exigencias de justicia, dispone livianamente libertades transitorias y prisiones domiciliarias de condenados por estos delitos. Que naturaliza que el juicio por el Correo, en el que está involucrada la familia Macri, con maniobras y artificios admitidos por el tribunal, lleve ya 20 años de papeleo, hasta que se le decretó la quiebra, decisión a los pocos días suspendida, puesta en revisión. Que un juicio por cobro de una indemnización por despido o por accidente de trabajo, le requiera años al trabajador damnificado para hacerlo efectivo. Falta de resolución que se reproduce en miles de casos, en controversias de todo tipo.
Son decisiones judiciales de los que se derivan “réditos” no casuales, como por ejemplo el reciente pronunciamiento de esos mismos camaristas mantenidos en sus cargos gracias al per saltum, quienes consideran como de cuentapropistas las tareas de espionaje desplegado por los agentes de la ex SIDE, exculpando en consecuencia a la jerarquía política responsable. Ahora van a tener más trabajo: por pedido de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y toda la banda, pasan a Comodoro Py, juzgado amigo si lo hay, todos los expedientes por espionaje que los tiene como imputados.
Corte Suprema que resuelve según su preferencia política como cuando decide sobre cuestiones epidemiológicas, sin consulta de peritos, en ocasión de la controversia entre el gobierno de CABA y el de la Nación en la disputa en torno a la educación presencial, en plena pandemia; o cuando sancionó el 2 x l para amnistiar a genocidas, pero que sin exponer fundamentos se negó a revisar la condena a prisión de Amado Boudou, imputado sin pruebas y con el sólo respaldo del testimonio de un testigo oficialmente sobornado. Una Corte que no se pronunció sobre la persecución de jueces probos que no eran adictos, el encubrimiento de otros y el traslado irregular de jueces del fuero federal comprometidos con el poder; que colaboró con la mesa judicial, que tuvo bajo su dependencia a la DAJUDECO, el organismo de las escuchas telefónicas, sustraído previamente de la competencia de la Procuraduría General de la Nación y a partir de allí con un redoblado desempeño en las tareas de espionaje; que no movió un dedo contra la aberrante doctrina Irurzum, que autorizadas voces atribuyen al Supremo Ricardo Lorenzetti.
Son sólo ejemplos que se coronan con el reciente fallo por el cual, después de 15 años de haber sido sancionada, declara inconstitucional la ley que conformó la integración del Consejo de la Magistratura bajo el argumento de que la norma dispone una composición carente de equilibrio en lo relativo a la distribución de sus integrantes, a pesar que en el tiempo transcurrido desde su aplicación nunca nadie haya emitido reclamo alguno en tal sentido.
Pero lo trascendente de este fallo es que el Consejo de la Magistratura, órgano responsable por la administración de fondos del Poder Judicial y con competencia en la designación y juicio político de jueces, debe ser reformado por otra ley dentro de cuatro meses contados a partir del fallo, so pena de restaurar la validez de la ley anterior, la de 1997, derogada por el Congreso de la Nación, que disponía un Consejo de 20 miembros, presidida por el Presidente de la Corte, o sea el mismo que recientemente se autonombró para ocupar ese cargo. En concreto, además del autonombramiento, de pasar a tener injerencia en la suerte de los jueces, la Corte se atribuye facultad legislativa, sin respaldo constitucional ni legal alguno, demostrando que cuando conviene, poco importa el principio de la división e independencia de poderes. Igual que cuando aceptaron su nombramiento por decreto para integrar la Corte.
No debe extrañar. Esta Corte es cabeza de un sistema judicial corrupto, injusto, elitista, patriarcal, clasista, alineado con el poder, alejado del pueblo y de la democracia, aunque se cree dueño de ella y con derecho al goce de privilegios. Que mide con una vara al rico y otra muy distinta al ciudadano de a pie y qué decir cuando se trata de sectores vulnerados.
Párrafo aparte merece el Poder Judicial de varias provincias, pero siempre apuntando a similares conclusiones, como lo ejemplifica el emblemático caso de la justicia de CABA, jurisdicción bajo la órbita de Juntos por el Cambio, que se atribuye el derecho, vedado por la Constitución, de revisar las sentencias de juzgados nacionales, por si perjudican a los poderosos como el caso de la resolución que dispuso la quiebra de Correo Argentino.
Conclusiones
Es de sobra evidente lo insostenible de la continuidad y sobrevivencia de los mecanismos alojados en los “sótanos de la democracia”, como lo testimonia una valoración negativa del Poder Judicial, mayor al 75% de los encuestados (CELAG) y la multitudinaria e impactante marcha y concentración del 1F en Plaza Lavalle, replicada en las mayores ciudades del país, en reclamo de “un poder judicial democrático, plural, amplio, accesible, diverso y con paridad de género”.
Del mismo modo debería ser convicción generalizada que son limitadas las posibilidades de progreso inclusivo, social, económico y cultural, en tanto no se depure y democratice este Poder, comenzando por la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, pero al mismo tiempo siendo conscientes de lo ilusorio que es limitar el problema a la Corte, a una cuestión de nombres o al número de miembros a incorporar en el Poder Judicial.
Lo necesario es transformar una estructura de valores sobre la que está construido un sistema que beneficia al poder real y que éste por eso lo respalda.
Pero lamentablemente las fuerzas democráticas y reformistas en ambas Cámaras del Congreso Nacional no cuentan con las mayorías necesarias como para materializarlos con su voto. Un indicio es el que ante cualquier crítica a la Justicia y toda mención o propuesta de reforma judicial es catalogada por autoridades de Juntos por el Cambio y el resto de la derecha, como “un indebido avance sobre la Justicia”. Que enemigos de la marcha y concentración del 1F, organizaciones del establishment y la corporación mediática y política pidió “un reconocimiento a la dignidad de la Justicia”, la acusó de movilización golpista y hasta llegó a presentar denuncias penales contra funcionarios del actual gobierno que se expresaron en favor de la marcha.
Enfatizamos lo de transformar porque aún con los avances logrados desde la asunción del gobierno del Frente de Todos, estamos todavía en presencia de un sistema intrínsecamente corrupto y criminal, asociado y sometido al capital hegemónico, que cuenta con la colaboración de la corporación mediática, abocada como misión principal a desinformar, tergiversar, mentir en aras de cultivar una subjetividad social, un sentido común al servicio de la perpetuación del poder real, la que durante el macrismo sirvió además de punta de lanza para denuncias judiciales de casos armados. Que mantiene silencio sobre el saqueo, la ilegitimidad e ilegalidad asociada a la deuda contraída con el FMI y que sirvió para facilitar y financiar la fuga de capitales. Por eso fracasó y fracasará toda política basada en la autodepuración de lo putrefacto de un sistema que además es poderoso, con recursos y lazos internacionales y dispuesto, como se vio, a manejos mafiosos. La continuidad de un sistema judicial con estas cualidades compromete la vigencia de la democracia y la paz social. ¿Con qué sentimiento de respaldo efectivo en derechos puede vivir el ciudadano común inmerso en un sistema en el que se cometen tantas tropelías?
A pesar de los escandalosos hechos que de la Gestapo antisindical están saliendo a la luz, los involucrados y la jerarquía responsable de la tarea de los cuentapropistas siguen abrazados a sus cargos. Entre tanto, los mismos acusados, los sospechados y los integrantes de la principal agrupación de la oposición, todos con cara de “yo no fui”, naturalizan los hechos y hasta más de uno no tiene mejor idea que atribuir la difusión de las pruebas a una provocación Kirchnerista.
Pero al pretender introducir los cambios en la justicia ¿cómo superar sus falencias si a la vez no instauramos un nuevo y democrático régimen regulatorio del conglomerado mundo de las comunicaciones mediáticas, que además es parte del bloque de poder? ¿Cómo no poner coto a la vinculación entre jueces y el mundo de la política y de los servicios de inteligencia? ¿Cómo darle contenido democrático si los cambios se conciben e implementan sin la participación de las organizaciones populares?
Es que no es sólo una cuestión de voluntad y de leyes nuevas. En esencia, para la transformación se requiere ineludiblemente doblegar el poder con el que nos enfrentamos, de construir una formidable correlación de fuerzas en favor de las mayorías. De organización, movilización y lucha unida y coordinada, en y desde la calle, con debate de ideas, con la participación activa de trabajadores formales e informales, de las organizaciones religiosas y las defensoras de los Derechos Humanos, de las de identidad de género y de sectores discriminados, de las que agrupan a intelectuales, profesionales, artistas, pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo, en fin de todos quienes son víctimas del neoliberalismo, cuyos intereses y valores culturales son en definitiva los que están detrás de lo que hay que cambiar. Conscientes de que lo que está en juego es la democracia y que la lucha por preservarla y profundizarla es colectiva, solidaria, en la que está involucrada la suerte del propio interés. Que la marcha y concentración del 1F al Palacio de los Tribunales sea el inicio de un venturoso camino.
*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.