Alberto Wiñazky*
Entre los días 17 y 19 de octubre del corriente año se realizó en la ciudad de Mar del Plata el coloquio anual de IDEA que convocó aproximadamente a 1200 empresarios y ceos. Es decir, la élite de la burguesía concentrada que opera en la Argentina.
Hicieron hincapié en la necesidad de avanzar con reformas estructurales que aseguren la aja de impuestos para favorecer la competitividad y el desarrollo del país. En este sentido, sostuvieron su total conformidad con la eliminación de las trabas a la importación de insumos y productos terminados y al acortamiento en los plazos de pago a los proveedores del exterior.
Pero sin ninguna duda que las proposiciones más relevantes se situaron en las cuestiones laborales. Esta problemática sobrevoló el 60% de las cuestiones abordadas durante el coloquio. Desde afirmaciones muy generales como que las compañías se encuentran con enormes daños patrimoniales al tener que abonar en casos de despidos, montos varias veces superiores, surgidos del cálculo de los intereses según lo establece el actual esquema de la Ley de Contrato de trabajo.
Sin embargo, lo más sustancioso de las proposiciones empresariales se encuentra en las modificaciones propuestas que se describirá a continuación
- Sancionar con dureza los bloqueos sindicales, no solo por las tomas de los establecimientos, sino también a los gremios que las promuevan.
- Flexibilizar la norma que sostiene la jornada laboral de ocho horas y 48 semanales.
- Establecer la mayor flexibilidad para poder negociar cambios en los contratos colectivos de trabajo, que según el gobierno es una tarea de las empresas.
- Incrementar la productividad, situación que no llega a concretarse por la responsabilidad de los trabajadores.
- Como consecuencia de estos hechos, la Argentina tiene los costos laborales (no salariales más altos de la región.
Resulta evidente que el conjunto de la élite empresarial, más allá de las disputas personales, pretende trascender los estrechos límites de lo establecido legalmente en la Ley de Contrato de Trabajo, con el propósito, abiertamente manifestado en esta oportunidad, de sojuzgar aún más a los trabajadores, variando negativamente algunas de las disposiciones vigentes, que en realidad protegen muy limitadamente los intereses de la clase trabajadora.
Frente a estas propuestas, la clase trabajadora y los demás sectores subalternos deberían actuar mancomunados en la lucha indeclinable y consecuente, para que una nueva fuerza transformadora enfrente los postulados de la clase empresarial y logre alcanzar las reivindicaciones que surgirán desde las bases sociales y permitirán la liberación económica, política y social de los asalariados.
*Alberto Wiñazky, economista, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11