BALANCE DEL GOBIERNO K. LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

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Carlos Mendoza*

En las próximas elecciones presidenciales se decidirá la continuación de políticas económicosociales neokeinesianas, con inclusión social e integración regional, o el retorno a políticas neoliberales.

Hemos entrado en el último año del actual período presidencial y, por lo tanto, en la recta final que lleva a las elecciones presidenciales de Octubre del 2007. La cuestión que se impone es que es lo que está en juego.

Al igual que hace un año, cuando publiqué en Tesis 11 un balance sobre el gobierno Kirchner, he incluido en este artículo una planilla que muestra una positiva evolución de indicadores económicos y sociales. Contrariamente a lo sucedido con la política económicosocial de los 90, ahora el crecimiento se acompaña con una mejora en los indicadores sociales. Y precisamente, lo principal que está básicamente en juego es que tipo de política económicosocial se aplicará en nuestro país luego de las elecciones.

Como persona de izquierda aspiro, como objetivo estratégico, a una superación del sistema capitalista por uno de un carácter social cualitativamente más elevado, basado en la propiedad común de los medios que sirven para producir y en la autogestión popular de los mismos, que permita un desarrollo ilimitado de la democracia y de las fuerzas productivas, en beneficio de todo el pueblo. Sin embargo, el análisis concreto de la relación de fuerzas nacional e internacional actual hace ver que deberemos recorrer un largo camino para crear las condiciones que hagan posible los cambios estructurales de esencia para provocar semejante cambio histórico cualitativo. En cambio, lo que está en juego actualmente, en nuestro país y en todo el mundo, y más particularmente en América Latina, es la alternativa entre dos tipos de políticas socioeconómicas capitalistas: El neoliberalismo de los 90, impulsado principalmente por el capital monopolista financiero internacional globalizado y las minorías locales que se benefician con él, o el neokeynesianismo, impulsado por sectores económicos y sociales mayoritarios, que encuentran en él más beneficios y protección relativas.

La derecha ha atacado encarnizadamente a este gobierno: Políticos de derecha y ciertos sectores empresarios desde ya, pero también y sobre todo los medios periodísticos ampliamente mayoritarios, que han ocupado permanente y abundantemente sus espacios, con sus periodistas, con los gurues neoliberales y con los políticos de derecha, para hacer todo tipo de críticas y pronósticos catastrofistas sobre las consecuencias de las políticas del oficialismo, sobre todo en lo socioeconómico. A esto se han sumado entusiastamente la ultraizquierda, eterna “enfermedad infantil del comunismo”, pero también ciertos sectores progresistas que suelen referirse solo a las falencias y limitaciones del gobierno, mezquinando admitir casi ningún acierto ni los evidentes progresos sociales, por más insuficientes que pudieran ser. Es una lástima, porque quieras que sí o que no, las masas perciben esta falta de objetividad, o la irrealidad de exigirle cambios estructurales revolucionarios progresistas a un gobierno de transición, que de ninguna manera tiene la relación de fuerzas mínimamente necesaria para intentarlo, aún suponiendo que se lo propusiera, entre otras cosas porque desde el progresismo no hemos podido o sabido construir esa relación de fuerzas. Actuando así, esos sectores progresistas no hacen más que aislarse de la consideración de las masas y por eso ninguno está creciendo sino más bien lo contrario, además de hacerle objetivamente el caldo gordo a la derecha.
El gobierno, como Kirchner lo ha dicho y repetido, se propone avanzar hacia un “capitalismo normal”, con rol importante del estado, particularmente en la regulación económica, para impulsar un desarrollo del mercado interno con inclusión social, contrariamente a la vía neoliberal de los 90, que impulsó un tipo de crecimiento económico que provocó exclusión social. A ello se agrega los derechos humanos como política de estado y una política exterior más soberana e independiente, basada en el impulso de la integración MERCOSUR en particular y latinoamericana en general. Este programa desarrollista, nacionalista, populista y de centroizquierda, ha avanzado positivamente hasta ahora y tiene originales particularidades:

– Por un lado, mantiene un tipo de cambio alto, para proteger el mercado interno, provocar sustitución de importaciones y aumento de las exportaciones, sobre todo industriales; ejecuta crecientemente obra pública (infraestructura, viviendas populares, escuelas, salud, urbanización y equipamiento de barrios populares); estimula el consumo incrementando el ingreso (convocatoria a paritarias salariales y al consejo del salario mínimo, impulso a aumentos salariales por encima de la inflación, aumento de jubilaciones y pensiones, en particular las mínimas); aumento del presupuesto en educación, salud y asistencia social. Todo lo cual es muy neokeynesiano como forma de impulsar el fuerte crecimiento de la economía logrado hasta ahora.

– Por otro lado, en lo macroeconómico, mantiene un superavit fiscal alto, superavit de la balanza comercial y de la balanza de pagos con el exterior, aumenta las reservas del Banco Central y cuida que no aumente la masa de dinero circulante con relación al PBI. Todo lo cual es bien ortodoxo para blindar la economía contra imprevistos locales y sobre todo internacionales. El gobierno, luego de la ríspida reestructuración de la deuda externa que impuso, prácticamente no está obligado a emitir deuda externa, porque tiene superavit fiscal suficiente y solidez de reservas, todo lo cual permitió, por ejemplo, que nuestra economía ni se inmutara ante los recientes estremecimientos financieros internacionales. Por otro lado, la estrecha relación construida con Venezuela le permitió al gobierno venderle bonos externos cuando tuvo alguna necesidad coyuntural, lo cual refuerza el blindaje.

Pero todo plan económico tiene su talón de Aquiles y este también. Hay principalmente dos problemas que lo pueden comprometer: la cuestión energética y la inflación. Veamos como encara el gobierno estos asuntos:

– El problema del cuello de botella energético: Es una combinación de la falta de inversiones desde el comienzo de la crisis y de la fuerte reactivación económica. El gobierno ha encarado, con el pragmatismo que lo caracteriza, una serie de medidas: Acuerdos con Bolivia para aumentar el caudal de gas comprado hasta 27 millones de m3/día, lo cual incluye la financiación Argentina de una planta de tratamiento de gas en Yacuiba y eventualmente otras obras necesarias y la construcción de un nuevo gasoducto noroeste en nuestro país (esto supone, como hecho positivo para la integración regional, que Bolivia sigue esta vía, en lugar de hacer un gasoducto hasta el Pacífico y construir allí un planta de liquefacción de gas para exportarlo a América del norte, como querían hacer sus gobiernos anteriores); Ampliación de los actuales gasoductos del sur y del norte; Acuerdos con Venezuela para proveerse de fuel oil a cambio de productos argentinos y para que ENARSA (Argentina), consorciada con PEDEVESA (Venezuela) y ANCAP (Uruguay) exploren y exploten yacimientos Venezolanos de petróleo, que sería exportado a Argentina y Uruguay; Acuerdo MERCOSUR para construir un mega gasoducto desde Venezuela hacia Brasil, Uruguay y Argentina (más hechos favorables a la integración e independencia de la región); Estímulos impositivos para empresas que hagan exploración petrolífera, obligándolas, como contrapartida, a asociarse con ENARSA (ENARSA pone las áreas concesionadas y  sus socias el capital, con lo cual el Estado interviene, a través de ENARSA y ésta se capitaliza sin hacer ninguna inversión); Aumento de potencia en Yacyretá y finalización de Atucha II; Lanzamiento de licitaciones para construir nuevas centrales eléctricas, estaciones de transformación y líneas de transporte eléctrico (financiadas parcialmente mediante fideicomisos específicos, alimentados por impuestos específicos al consumo de energía de empresas y por la deuda que el Estado tiene con las empresas generadoras, a quienes forzó a aceptar ese criterio, en lugar de pagarles directamente la deuda). Obligar a las empresas petroleras a satisfacer la demanda local de gasoil importando el faltante a precios internacionales y vendiéndolo al precio local muy inferior, implícitamente regulado (incluso aplicándoles para ello la Ley de Abastecimientos).                                                                                           La impresión es que es cuestión de gestionar eficientemente este plan para salir del atolladero. Hay riesgos, pero no parece que el plan socioeconómico desarrollista del gobierno vaya a colapsar por el cuello de botella energético.

– El problema inflacionario: Es una combinación de monopolización de ramas de la economía, poca inversión en los años de la crisis, reacomodamiento de precios luego de la devaluación y fuerte crecimiento de la demanda por la reactivación y la política social del gobierno. Aquí está el problema más potencialmente peligroso para el gobierno y su orientación socioeconómica. El gobierno lo ha encarado de una manera original, consistente en presionar a las cámaras empresarias, inclusive mediante la opinión pública y la movilización de organizaciones sociales que le son adeptas, para conseguir acuerdos marco de precios, desalentar expectativas inflacionarias y hacer bajar gradualmente la inflación, al tiempo que impulsa aumentos salariales por encima de la inflación. La política que sigue el gobierno ante los empresarios es que deben aceptar estos criterios mientras sus balances muestren que están ganando buen dinero, aun congelando precios y aumentando salarios, gracias a la fuerte reactivación fogoneada por la política oficial. El gobierno trata de imponerles que ganen menos por producto, pero aumentando su masa de ganancia gracias al gran aumento de las ventas. Desde ya que la derecha critica airadamente esta metodología, por considerarla intervencionista y un mal antecedente para su visión e intereses neoliberales, por lo que tratan de boicotearla como pueden.     Del resultado de esta pulseada depende en gran medida el futuro del plan de desarrollo neokeynesiano con inclusión social, ya que si se dispara la inflación o se produce desabastecimiento eso será un gran argumento para que la derecha impulse un retorno a la ortodoxia neoliberal y trate de recuperar terreno perdido en lo político.

Si el gobierno logra superar el cuello de botella energético y sobre todo el delicado tema de bajar la inflación en condiciones de fuerte crecimiento del consumo, habrá logrado preservar las mejores posibilidades para la continuidad de la alternativa neokeynesiana con inclusión social e integración regional (de este gobierno o de quien lo suceda) y seguirá muy debilitada la opción neoliberal.

Estas son las dos alternativas con reales posibilidades ante las nuevas elecciones, con eventuales variantes, según quienes sean los intérpretes. Claro que además el kirchnerismo deberá superar sus propios errores y limitaciones, como los excesos que comete en el plano institucional, tales como las leyes denominadas de “superpoderes”, o la de modificación del Consejo de la Magistratura, o el apoyo a reformas constitucionales provinciales para permitir reelecciones indefinidas, como en Misiones y otras torpezas y tendencias preocupantes, por el empobrecimiento democrático que suponen. Por otro lado, Kirchner ha venido construyendo la relación de fuerzas que necesita para aplicar su programa con lo que pilla, con lo cual consiguió apoyos contradictorios, algunos de los cuales son fuerzas progresistas, honestas y participativas, como por ejemplo el movimiento “Libres del Sur”, algunos buenos sectores sociales, sindicales y políticos y otros, pero también hay sectores de la vieja y caduca política y del peor sindicalismo, capaces de producir patéticos sucesos como el de la quinta de San Vicente, que terminan afectando al kirchnerismo y pueden potencialmente debilitar al gobierno.

Desde una posición de izquierda, yo desearía fervientemente que hubiera una alternativa progresista, de profundos cambios estructurales para resolver la crisis claramente en favor del pueblo y avanzar hacia una sociedad superadora de la actual. Pero para ello deberíamos construir un vasto espacio político, basado en una amplia democracia participativa, donde confluyeran las organizaciones progresistas del campo popular, kirchneristas y no kirchneristas, porque el objetivo estratégico trasciende a este gobierno. Pero eso está lamentablemente muy lejos, aun cuando las organizaciones populares existen y hay intentos parciales, aunque muy circunscriptos, para tal construcción. En todo caso Tesis 11 ha hecho y seguirá haciendo la contribución que pueda para ese objetivo, como parte esencial de su existencia y razón de ser.

* Carlos Mendoza: Ingeniero, especializado en temas de economía política, ideólogo, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.