Revista Nº 138
(nacional/economía)
Isaac Grober*
Economía y política. Los avatares desde la calamitosa herencia neoliberal. Disputas y resistencias del poder. Medidas y objetivos del programa oficial, sus aciertos y limitaciones . El campo popular y lo ineludible de lo que aún le falta construir.
Sobre llovido, mojado y un saldo
Un año, el primero de la gestión del Frente de Todos. Año tumultuoso iniciado con generalizadas esperanzas de dar comienzo a la reconstrucción de un país arrasado en lo social y lo económico tras cuatro años del huracán neoliberal y que a poco de andar tuvo que enfrentar los efectos de una inédita pandemia de alcance mundial.
La virtual paralización de actividades, por lo menos hasta el tercer trimestre de este año, lo ilustra el que en octubre de 2020 el 44,2% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el 10,1% eran indigentes, cuando en julio de 2019 esos guarismos, ya alarmantes, eran 40,8% y 8.9% respectivamente, medidos todos en términos de ingresos (1).
Subsidios, transferencias y créditos blandos o a costo cero a grupos familiares, trabajadores formales e informales, monotributistas, autónomos y empresas de todo tamaño, a lo largo y ancho del país, intentaron e intentan paliar la afectación a la subsistencia de las personas y a la sobrevivencia de empresas y fuentes de empleo, al punto que el 55.5 % de las personas reciben una ayuda económica del Estado y que, de no existir, la pobreza hubiera trepado al 53,1% y la indigencia al 27,9% (1).
Para mensurar la dimensión del esfuerzo fiscal y del compromiso político frente a la adversidad, algunos ejemplos lo ilustran. Así las Asignaciones Familiares y las erogadas een concepto de AUH a 8,8 millones de niños y niñas significarán este año casi $ 400.000 millones (1,5% del PBI); con la tarjeta AlimentAR se asiste a 1,5 millones de familias, que se complementa con el apoyo a 22.500 comedores escolares y comunitarios.. Con el IFE se asistieron a 9 millones de personas, que entre diciembre y octubre insumieron cerca de $ 270.000 millones, equivalente al 1% del PBI. Recordamos también la distribución gratuita de medicamentos por parte del PAMI, beneficio que alcanza a 2.3 millones de jubilados para quienes este derecho les significa en promedio un ahorro mensual de entre $ 1.000 a $ 3.000.
El gasto fiscal es otro indicio del compromiso oficial involucrado. Se estima que al cabo de este año el déficit fiscal primario alcanzará al 7% del PBI, del cual 5 puntos responden a las transferencias que, motivadas en el COVID-19, están destinadas a socorrer a trabajadores, empresas y familias, incluyendo lo invertido en infraestructura hospitalaria e insumos medicinales. No obstante, ello no impidió que la tasa de desocupación saltara del 10,6%, que dejó como legado el macrismo, al reciente 14,2% y que la capacidad productiva ocupada en la industria fuera en promedio en los meses pico inferior al 60%, pero menos del 30% por ejemplo en la rama automotriz, probablemente una de las más afectadas.
En medio de este marasmo se logró concluir exitosamente la restructuración de la deuda externa con los privados, acuerdo con el que se despejaron compromisos por
los próximos cuatro años y se extendieron los vencimientos, con la ventaja adicional de un ahorro de más de u$s 37.000 millones, fundamentalmente en intereses. De sus resultas se dispone ahora de un mayor margen para el relanzamiento productivo.
Como evaluación general el escenario que tenemos por delante no da pie a suponer que transitaremos un camino de rosas. Aunque venimos cursando un último trimestre del año con signos de reactivación, este alivio es por ahora una manifestación heterogénea en un contexto local y mundial de debilidad económica y financiera, más el arrastre, en lo interno, de condiciones sociales y laborales preocupantes. Han cerrado miles de empresas.Ya era catastrófica la herencia del macrismo. En suma, el daño es significativo.
Disputa y resistencia del poder real
Son días que preceden a una nueva fase con vacunación contra el COVID-19, que esperemos llegue a tiempo para frenar una posible segunda ola, riesgo no descartable ahora que se han flexibilizado los protocolos vigentes durante la cuarentena y el público ha relajado la observancia de las restricciones.
En lo económico son trascendentes las negociaciones para la reestructuración de la deuda con el FMI, que no se limitan al cómo y cuándo se pagará. Es esencialmente la negociación en torno a un programa económico, con implicancias políticas, con un ente supranacional, de hecho el estado mayor del capital financiero mundial, dominado por las potencias, entre las cuales EE.UU., el único con poder de veto. No es necesario remarcar la capacidad del FMI, mediando un acuerdo y la subsiguientes auditorias, de afectar la soberanía. Están en juego los márgenes de autonomía de la gestión. Por eso vale tomar nota de que ese desenfrenado e irracional endeudamiento del macrismo será de todos modos una carga que gravitará en demasía durante varios años.
Completan este panorama las perturbaciones del intacto poder de fuego del capital concentrado y el de las corporaciones mediáticas subordinadas, a las que se pliega con entusiasmo parte de un poder judicial, incluido la Corte Suprema, que no trepida ni se sonroja con determinados fallos. Pruebas al canto:
a). en lo económico, entre otras, el voraz e injustificado aumento de precios, en particular los del rubro alimenticio, la reticente liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador, la retención de exportaciones, la escalada especulativa contra el peso, atisbos de desabastecimiento, como por ejemplo con los materiales para la construcción, la oposición al aporte extraordinario de las grandes fortunas;
b). en lo judicial, lo ilustramos con sólo dos casos recientes de los muchos que hay: la admisión por los supremos del “per saltum” en un caso que no es de gravedad institucional como el de los jueces trasladados a dedo por el macrismo y, a renglón seguido, sumado al desprecio por el poder constitucional del Senado, emite un aberrante y provocativo fallo para mantener provisoriamente a tales jueces en un cargo que se reconoce irregular o, en otro expediente, la ratificación de la condena a prisión de un ex vicepresidente por el caso Ciccone sin respaldo de pruebas, fundado en testimonios de falsedad probada, con testigo sobornado por el gobierno macrista para inculpar al acusado y para peor, sin exponer argumentos justificativos de su decisión judicial.
Los enumerados son sólo ejemplos de una justicia involucrada de hecho en la lucha política, incurriendo en afrentas al estado de derecho, degradando la calidad de la democracia. Es evidente que poco le importa ponerla en riesgo de supervivencia. Sólo resta un interrogante: qué cabe esperar del menos democrático de los poderes cuando un conspicuo integrante del círculo rojo judicialice, como ya lo advirtieron, su obligación de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y cuáles serán sus pronunciamientos ante una eventual reforma tributaria que redistribuua ingresos con sentido progresivo.
c). la corporación mediática como tercera pata, que promueve y articula todo el ajetreo en base a la desinformación, tergiversación, deliberada confusión y generación de una subjetividad social, el llamado sentido común proclive a aceptar como propios y respaldar los intereses del verdadero poder.
Es indudable el objetivo final del poder real: promover el fracaso económico y político del gobierno, debilitarlo, ponerlo de rodillas, vía para la reconquista de la conducción política de la Nación.
Son obstáculos a sortear a los que se suma una coalición de gobierno, el Frente de Todos, alianza no homogénea que por tener a la unidad como eje rector de la gobernabilidad, expone y opera, como es natural en estos casos, con contradicciones internas que repercuten en la eficiencia política a la hora de la toma de decisiones.
2021, lanzamiento de una nueva etapa
Con este bagaje de arranque y presumiendo con fundamento que se logrará poner coto a la expansión de la pandemia y sus efectos, los objetivos, políticas y proyecciones económicas están expuestas en el Presupuesto 2021, ya aprobado por el Congreso y desmenuzados para los medios por el Ministro Gruzmán y sus colaboradores.
El curso previsto en la estrategia oficial apunta a una sustancial recuperación económica (5.5%), con redistribución progresiva del ingreso, activa inclusión social, paulatina reducción del ritmo inflacionario y crecimiento de las reservas internacionales, sustentado todo en el fomento a la estabilidad, una fuerte acción del Estado y la protección a los sectores más vulnerables. En suma, crecimiento económico con reducción de la pobreza merced a un Estado activo e involucrado políticamente en el objetivo de hacer compartir socialmente tal crecimiento.
La generación de màs puestos de trabajo y el incremento del salario real es la premisa sobre el que se asentará esta recuperación económica, resultado que se viabilizará gracias a la expansión de la obra pública, la urbanización de villas y barrios populares y la construcción de viviendas, actividades todas de alto efecto multiplicador de la demanda, del empleo y la producción nacional.
El gasto público previsto para volcarse en este objetivo será el doble (del 1.1% al 2.2% del PBI), en términos reales, respecto del ejecutado en 2019. También se verán incrementados los gastos en educación y salud públicas e innovación y desarrollo, sumas posibles de ser cubiertas por la reducción de compromisos derivada del no pago de intereses producto de la restructuración de la deuda.
Con la mira puesta en la mentada recuperación y a la vez intensificar la protección a los sectores más vulnerables se legisla una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que incluye también a la AUH, basada por mitades en la evolución de los salarios y la de la recaudación de la ANSES. De tal modo, con una economía en crecimiento se prevé hacer partícipe a los jubilados del incremento relativo de los ingresos generados por la lógica mayor recaudación y la favorable repercusión sobre el empleo y el salario real o, más sencillo, hacer coparticipar a los jubilados del crecimiento de la economía. Son variables que implícitamente incluyen, por incidir sobre la recaudación, la variación de los precios.
Como deficiencia señalamos que esta nueva fórmula de movilidad se comenzará a aplicar sobre un piso bajo, el de diciembre de 2020 y que además tampoco tiene previsto la recuperación de los casi 20 puntos, en términos reales, perdidos durante la gestión macrista. Tampoco contempla un piso que limite posibles caídas del poder adquisitivo de los haberes en períodos recesivos y con precios en alza. A los fines de una recuperación económica y de haberes previsionales más acelerada, hubiera sido necesario y deseable un ajuste significativo de los haberes del mes base para fijar otro punto de partida. Razón que tiene mayor fundamento cuando se constata que con el incremento del 5% sobre los haberes propuesto para este diciembre, sólo la variación acumulada de los mínimos durante 2020 equipararán a la inflación del corriente año, en tanto que los que superan ese nivel, muchos con un ingreso muy por debajo de la línea de pobreza, terminarán perdiendo en términos reales entre el 24% y el 35% por causa de la heterogeneidad de criterios de ajuste aplicadas en este año.
Por otra parte, esta intención de mantener activa la protección a los sectores vulnerables también se halla presente en el refuerzo de los planes vigentes como lo ejemplifica, entre otros, el sustancial incremento de la asignación de la tarjeta AlimentAR y la de la AUH, a la que además se le han agregado entre 700 mil y un millón de nuevos beneficiarios, totalizando en adelante unos 9.5 millones.
Estas y otras mejoras compensan de alguna manera la supresión de la IFE y la APT, justificadas oficialmente por las flexibilizaciones de las reglas del aislamiento social, la recuperación de actividades económicas y fundamentalmente, creemos, por el apego de la conducción económica al temor por el desborde del déficit fiscal. Decisión apresurada, es nuestra convicción, cuando la recuperación es por ahora incipiente y no generalizada y la severidad de la penuria está todavía muy presente en muchas familias y empresas. Una alternativa sería una más intensa redistribución progresiva del ingreso nacional. Pero eso requiere además de la convicción, una adecuada correlación de fuerzas. La movida desplegada por el poder real en contra del aporte extraordinario de las grandes fortunas, por única vez, es una muestra.
Previendo estos sobresaltos, la APT mutará. En el caso de sectores no críticos que sigan requiriendo asistencia, en lugar de subsidios podrán recibir créditos a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y a devolver en 12 cuotas. De seguir con dificultades, reconvertirán esos créditos nuevamente a subsidios, a condición de que el deudor haya sumado empleos. Se lanza así una nueva versión del programa de Recuperación Productiva, el REPRO II.-
La insuficiencia de divisas y la inflación son, para la concepción de la conducción económica, dos problema vinculados, uno determinante del otro.
En materia de precios, para la visión oficial, la clave está en el tipo de cambio en el contexto en que habiendo restricción externa (insuficiencia relativa de divisas), hay un fuerte financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central para solventar el déficit fiscal. Traducido, ve en la excesiva emisión monetaria para el financiamiento del gasto público y por tanto del déficit fiscal, la generación de una liquidez que aunque al inicio impulsa la demanda agregada y por tanto la actividad económica, termina volcando el excedente de moneda hacia el mercado cambiario. Es un trayecto que acentúa la pérdida de reservas y deriva en la devaluación y de allí su traslado a los precios. Suma a esta razón medular, la política de tarifas de los servicios públicos.
Sobre esta base la conducción económica se propone reducir el ritmo de aumento del gasto público al paso del crecimiento de la economía junto con la disminución relativa y absoluta de los aportes del Banco Central, tendiendo así hacia una situación de equilibrio fiscal. Tal esquema lo ve posible gracias a que el crecimiento de la economía gravitará en el aumento de los ingresos del Estado, cubriendo la diferencia con emisión de deuda en pesos para captar fondos en la plaza local. Proyecta también un cambio con criterio redistributivo del esquema tarifario consistente con una inflación del 30% al cierre del próximo año. Con este enfoque el Presupuesto Naciònal 2021 estima un resultado fiscal negativo en descenso, pasando del 7% en 2020 al 4.5% al cabo del 2021.
En paralelo se espera que concluida la negociación con el FMI, la postergación de compromisos tras la renegociación con los acreedores privados, lo competitivo del actual tipo de cambio y el saldo favorable de la balanza comercial, se lograre arrimar a partir de marzo, mes del inicio estacional de la exportación de la cosecha gruesa, las divisas suficientes para un aumento sostenido de las reservas. Deshecha por tanto toda posibilidad de devaluación abrupta, limitándola al acompañamiento de la evolución de los precios internos.
Sin desmerecer la necesidad de cierto equilibrio y coherencia entre variables, llama no obstante la atención, a nuestro juicio, la omisión dentro de la visión oficial de sujetos y hechos claves y determinantes que ni se mencionan tanto en materia de inflación como de insuficiencia de divisas. Concretamente, el capital concentrado, gran especulador, formador de precios, instrumento vital en la captación monopólica de la riqueza social, y en cuanto a divisas, su responsabilidad como principales fugadores de capitales multimillonarios, los de la sobre y subfacturación en el comercio exterior, principales actores en la escalada especulativa contra el peso y de la titularidad de cuentas off shore. El reciente ejemplo de la concursada Vicentin, del que aún falta mucho por conocer, es un testimonio abrumador e ilustrativo.
Pensamos, a título ilustrativo, que la constitución de una empresa pública asociada por ejemplo con cooperativas agropecuarias, que a la vez cumpla el rol de empresa testigo, como se intentó con Vicentín ¿no sería un avance?
Lo que sí está probado es que la concreción en medidas de política económica apoyadas en una concepción de reordenamiento estructural, en este como en otros temas, sólo es viable con un cambio en la relación de fuerzas en favor del movimiento popular que impulse y sostenga los cambios.
En el tema precios es evidente además en el enfoque gubernamental, y se dijo, que para la reducción de la inflación es necesario un marco macroeconómico general, con equilibrio entre las variables y el complemento de una mesa coordinadora de precios y salarios con centralidad del Estado y la presencia del sector privado, el que además tendrá que aceptar como premisa el incremento del salario real, variable al que Economía no le atribuye responsabilidad en materia de inflación. De todos modos, se piensa, la estabilidad de precios es una obra colectiva, que requiere tiempo y un cambio de la conducta de los participantes de la economía. ¿Y el sector privado se someterá y aceptará las resoluciones de la mesa de coordinación o contestará con el bolsillo cuando se le hable con el corazón? ¿No sería conducente un compromiso adicional acordado con las organizaciones de trabajadores de las grandes empresas involucradas para que asuman la supervisión de precios y abastecimiento en las empresas en las que trabajan? De paso, una solución de este tipo contribuiría a una mayor participación popular en la gestión de la cosa pública, un avance en la calidad de la democracia.
La falacia del ajuste fiscal.
Burda agitación mediática nacida en el seno de la oposición política y sus gurúes acostumbrados ya a ser desmentidos por la realidad.
Para comenzar debe partirse de la incompatibilidad lógica y fáctica entre la política del ajuste y un proyecto de estabilidad y crecimiento económico. El ajuste siempre se impuso en perjuicio del ingreso y consumo de las mayorías, para que por vía de la recesión resultante cayera la necesidad de importaciones y así acrecentar las reservas en divisas. Ni pizca de semejanza con el proyecto oficial.
El diseño que se propone ejecutar el gobierno de Alberto Fernández tiene en cambio exigencias de un importante crecimiento del gasto público primario con una variación interanual del 7.6% , en términos reales respecto del 2020, y del 8,4% en relación al 2019, ritmo de aumento que se prevé ir reduciendo pari pasu con el crecimiento de la economía. Es que esta mejora hará posible por ejemplo, la baja del significativo gasto por asistencia social motivado por la pandemia.
Pero además es un crecimiento económico que también se traducirá en mayores ingresos fiscales, generando en conjunto que el déficit del 7 % del PBI en 2020 se comprima al 4.5% el próximo año. Y ello a pesar del crecimiento de la obra pública, de las mayores erogaciones en educación, salud, en innovación y desarrollo y en jubilaciones y demás retribuciones al sector pasivo, todos con una variación superior al aumento de precios. Lo que sí se ajusta y a la baja es la carga de intereses.
No hay pues espacio lógico ni fáctico para concluir que se viene el ajuste fiscal.
Conclusiones
Cuatro años de neoliberalismo y los efectos inéditos de una pandemia, han potenciado y complejizado los tradicionales males estructurales de la economía argentina. Ante este escenario la coalición presidida por Alberto Fernández , inspirada en convicciones nacionales y populares, acometió la ciclópea tarea de poner en pié a la economía y los resortes anímicos del pueblo.
Desde esa base y al cabo de un año, ya con algunos atisbos de recuperación y previo al inicio de la campaña de vacunación masiva, se pone en marcha la ejecución del presupuesto estatal, basado implícitamente en un programa que operará sobre algunos de los problemas y trabas más inmediatas, sin abordar, a nuestro juicio, las causales determinantes y permanentes que los generan.
Nos referimos a los resultantes del agudo nivel de la oligopolización y extranjerización de la economía argentina, presentes en el comercio exterior, en el sistema bancario, en las redes de comercialización internas y en la estructura de producción, incluida la minería y cuyo resultado se expresa en el sistemático crecimiento de la desigualdad social y regional, en la débil e inadecuada inversión productiva, en la falta de control y certeza de lo que se exporta y a qué precios, en la evaporación de la riqueza generada por los argentinos, por sólo citar a los más notorios, sumados a los que ya mencionamos a lo largo del texto.
De sus resultas existe el riesgo del agotamiento dentro de algún tiempo no muy lejano de los efectos positivos de un programa como el que está en marcha, con el agravante de tener en la vereda de enfrente una oposición con poder real que hace y hará lo imposible por provocar el debilitamiento de la coalición gobernante, de socavarlo y subordinar nuevamente al pueblo al pleno manejo de los intereses del verdadero poder.
Como la raíz profunda de los problemas radica en el conflicto entre intereses opuestos, antagónicos, el camino para la solución verdadera es el involucramiento de las organizaciones populares movilizándose, con unidad y masividad en la acción, en pos de las reivindicaciones legítimas más sentidas, ganando y reforzando la conciencia sobre los males y sus soluciones reales. Se impone otra correlación de fuerzas y con capacidad de vencer y cambiar la calidad y profundidad de la democracia. Sin un buen gobierno no se puede, pero sólo con el gobierno no alcanza. No hay otra salida, como lo prueba la conquista e institucionalización de muchos derechos de los pueblos a lo largo de la historia.
*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
1) Observatorio de la Deuda Social. Universidad Católica Argentina.