Bases para un programa económico

Revista Tesis 11 (05/2020)

Edición especial de la Comisión de Economía

*Isaac Grober

El coronavirus es sólo el detonante de la explosión de una crisis en curso de larga data. Los determinantes económicos y políticos de carácter estructural obligan objetivamente a dar con premura una respuesta en correspondencia con lo que se enfrenta y que será exitosa sólo en la medida en que las organizaciones populares consoliden a su favor el cambio en la correlación de fuerzas. Lo determinante es la conjunción y amplitud de fuerzas sociales reunidas para imponer los cambios y sostenerlos desde el momento de su aplicación. Camino a una nueva institucionalidad.

Caracterización de la crisis

La eclosión local del coronavirus, entrelazada a la catástrofe legada por el macrismo, no modificó la naturaleza de la crisis que desde antes se abatía sobre la sociedad argentina.

Sí,  en cambio, potenció los viejos problemas y las evidencias de la incompatibilidad de la versión neoliberal del capitalismo con toda posibilidad de progreso para el pueblo y la nación. Resaltó, además, la urgencia de transformaciones estructurales cuando la meta es la de construir una democracia participativa que contenga un sistema económico inclusivo, más justo, de un país que se precie de su autonomía e integrado a los países hermanos de la Patria Grande.

Entre las evidencias que esta crisis puso de relieve está la de la incapacidad de un mercado y un Estado sometidos al libre dominio y accionar del capital concentrado y para peor extranjerizado, para neutralizar y desbloquear las trabas derivadas del modo de funcionamiento sistémico con alta incidencia de la valorización financiera.

Es que el libre accionar del capital concentrado acentúa, entre otros, el proceso de polarización de  la distribución del ingreso, agravando  velozmente la desigualdad social y la extensión de la pobreza, más aun considerando la enorme gravitación de ese capital dentro de la estructura de producción,  comercialización y en lo financiero.

El resultado no puede ser otro que la limitación relativa y absoluta del consumo interno y de la demanda y como consecuencia, la falta de incentivos para la inversión productiva y el incremento de la oferta de bienes y servicios, o sea la producción misma.

En este marco, los excedentes, que de todos modos se generan y concentran, se derivan hacia la actividad financiera especulativa y parasitaria, dentro del país o fugada al exterior. Todo se subordina a la tasa de ganancia y a capitalizar los resultados, acentuando aún más la concentración y la pobreza. Tarde o temprano la eclosión de la crisis es inevitable, pero que se potencia cuando este modus operandi, que es mundial, se combina con un fenómeno disruptivo como ahora con la pandemia.

La propagación del COVID-19  no es por eso responsable de la crisis. Sólo es el factor desencadenante de un  proceso que se venía gestando y que ineludiblemente, en  algún momento, una instancia propicia haría detonar esta bomba de presión, tal como sucedió por ejemplo con la quiebra de  Bear Stearns en 2007 y luego  Lehman Brothers en 2008, que desencadenaron la crisis de ese año y que el sistema capitalista mundial todavía sigue padeciendo

Por otra parte,  toda crisis también repercute en las ideas y  las conductas. La actual no podía ser una excepción.

Contra toda parafernalia que ensalzaba al Estado mínimo, la libertad de mercado, la teoría del derrame que – sostenían – conforman el marco para la más eficiente asignación de recursos, ahora, ante la profundidad y extensión de la crisis y una economía prácticamente paralizada, esos mismos apologistas, de aquí y del exterior,  claman por el salvataje estatal y la suspensión temporaria de los paradigmas de la economía y políticas ortodoxas, críticas de la eficiencia de la gestión pública y de políticas fiscales y monetarias expansivas.

En el exterior es la actual melodía del FMI, del Banco Mundial, la OCDE, del G-20, de medios tan representativos  como el Financial Times, de gobiernos de los países centrales, embanderados hasta hace poco con los  estandartes del neoliberalismo. Es que el derrumbe se expresa en violentas caídas del PBI que en muchos países se estima llegará a los dos dígitos, en tanto la desocupación ya trepó hacia fines de abril, en EE.UU por ejemplo, al 14.7 %, la más alta desde la crisis de los ´30 del siglo pasado, pero se la pronostica del 16/19 % para fines de este año.

Para atenuar el brusco freno a la actividad y lograr que el circuito económico siga funcionando, cambiaron el perfil del gasto fiscal y es fenomenal el incremento de la emisión monetaria. Montos  multimillonarios en subsidios a empresas y personas y en algunos casos hasta se pronuncian por estatizar grandes empresas en peligro de derrumbe.

La urgencia es ahora enfrentar la paralización de la oferta y la demanda y  una recesión a la que por el momento no se le reconoce un piso ni su extensión en el tiempo. Se actúa al modo de una economía de guerra.

Algo  similar ocurre entre nosotros, con el  agregado del denegado acceso al financiamiento externo y en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda, aunque todo subordinado a una prioridad: salvar vidas, hoy amenazadas por el coronavirus. Desde el ámbito oficial se pronostica una caída del 6.5% del PBI al cabo del 2020. Las consultoras privadas lo consideran un cálculo optimista tras meses de inactividad, cierre de empresas y alarmante desocupación

Son diversos los programas desplegados por el Gobierno nacional para atender las urgencias por hambre, por desempleo, por las caídas de ingreso de trabajadores formales e informales, de monotributistas  de quienes se desempeñan laboralmente en forma precaria y de empresas, en particular las pymes pero no sólo ellas, de clase media en descenso. Sirva de ilustración el que sólo la primera entrega del programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) implicó transferencias de ingresos a 7.9 millones de beneficiarios y la tarjeta para la adquisición de alimentos ya se entrega a 11 millones de familias. El Estado destinará 5.6% del PBI  para la asistencia a los sectores afectados, suma que incluye el pago del 50 % de los sueldos del personal de empresas en dificultades.  Y tampoco alcanza.

Y es insuficiente porque  la crisis que transita la nación argentina, habida cuenta de su envergadura y sus causas determinantes, exige para su real superación, la aplicación  de políticas que trasciendan lo paliativo frente a una emergencia, orientadas en adelante a erradicar las actuales limitaciones estructurales y políticas, so pena de reiterar en un futuro, pero agravados, los problemas de siempre, ahora multiplicados.

Avala esta preocupación la evidencia de que lo que enfrentamos es una crisis sistémica de alcance mundial que con sus especificidades se replica en Argentina, país en el que el capital multinacional ha penetrado prácticamente todo centro vital y desde allí subordina al conjunto a las decisiones, conflictos y contradicciones de sus matrices y del mercado financiero mundial. En consecuencia, el abanico de medidas y su alcance debe guardar coherencia con el actual estado de situación, tanto económico como político

Y es político porque las reformulaciones en lo económico concebidas para responder a necesidades objetivas, como se desprenderá de lo más abajo propuesto, afectará  sin lugar a dudas a poderosos intereses, que resistirán, obligando a una tarea de organización y coordinación de mayorías conscientes de sus derechos, movilizadas y en lucha unitaria para doblegarlas y así imponer los cambios y sostenerlos mientras se aplican.

Menospreciar este  ineludible camino, ratificado por toda la historia de la humanidad, sólo hará del intento de aplicar  un programa económico alternativo para un país diferente, un acontecimiento fallido y una nueva frustración.

Lineamientos para un programa

El desenvolvimiento de la economía argentina tuvo y tendrá su base de apoyo en el mercado interno, el que absorbe en torno del 80/85 % de lo que aquí se produce.

En perspectiva, este pronóstico queda ratificado cuando se computa la profundidad y extensión de la crisis mundial, con mercados sobreofertados por la recesión, en particular los de bienes industrializados, lo que ensombrece toda  expectativa de tracción exportadora. Las vicisitudes del mercado petrolero mundial dibujan también un cono de sombras sobre las esperanzas depositadas en Vaca Muerta.

1.- Redistribución del ingreso

Este escenario, que con sus subas y bajas va para largo, obliga a priorizar al consumo interno, hoy degradado por la profundidad y extensión de la pobreza, la polarizada distribución del ingreso y el cierre de  empresas. Aunque poscuarentena este panorama mejore, la magnitud del daño ya infringido no aventura un camino de rosas. Es una realidad que impone como objetivo insoslayable construir y aplicar los instrumentos que coadyuven a la redistribución estable y  progresiva del ingreso y al aumento de la capacidad de acceso al consumo de las mayorías, incluido sectores de las capas medias  hoy postergadas por la política neoliberal del macrismo y la convulsión derivada de la pandemia.

Es también una contribución al desarrollo de la democracia porque son evidentes las limitaciones que la pobreza, la indigencia y en particular la desigualdad social imponen a los grados de libertad para acceder a lo que pueden elegir y decidir en lo cotidiano los que la padecen en contraste con quienes nadan en la abundancia.

Las herramientas para concretar el objetivo planteado son variadas y a título de enumeración ilustrativa citamos:

1. Ingreso Básico Universal, a ser provisto por el Estado y por el que se le asegure a todo residente un ingreso que mínimamente cubra las necesidades básicas, siempre que no cuente con fuentes alternativas de ingreso. Utilizar el mismo criterio de cobertura en el caso de las remuneraciones pasivas.
2. Fortalecer presupuestaria y financieramente una política  abarcativa  de salud y de educación públicas en todos los niveles, extendidas a todo el país que cubra en cantidad y calidad las necesidades de infraestructura, insumos y personal debidamente remunerado  Instaurar una política con objetivos semejantes para la cultura, reforzando además los subsidios para las bibliotecas populares. Hacer partícipes a los trabajadores pertenecientes a los sectores sanitario, educativo y cultural en la formulación de las respectivas políticas.
3. También hace al incremento del ingreso personal disponible y a la mayor capacidad de consumo general, un cambio drástico del mercado de medicamentos bajo el dominio de laboratorios, varios de capital multinacional, con márgenes de ganancia y niveles inauditos de precios frente a una clientela cautiva. Es imperioso además,  el desarrollo de la producción y distribución públicas de drogas y medicamentos, contando también con la contribución de las Universidades y centros nacionales de investigación. Desplegar acuerdos para investigación y desarrollo conjunto con gobiernos y entidades del exterior.
4. Reconvertir el acceso a los servicios públicos  (luz, agua y gas) subordinándolos a la concepción de derechos de la persona, excluyéndolos del actual carácter de mercancía sujeta y condicionada a la obtención de determinada tasa de ganancia.  Por ello adecuar las tarifas y acelerar el proceso de inversión para la generación y distribución de estos servicios, transfiriéndolos a la propiedad y gestión del Estado, pero admitiendo la continuidad de la propiedad cooperativa
5. Desarrollar una política de urbanización y vivienda social extendida a todo el país, que en el proceso de construcción incorpore de preferencia a trabajadores desocupados  y  precarizados sin ingresos, con la opción de ser luego destinatarios de tales unidades.
6. Reformular la política antinflacionaria y de control de precios de bienes manufacturados de consumo masivo, basándola en los costos reales de toda la cadena de valor (industria, distribuidoras y grandes cadenas de supermercados)  Incentivar la participación de los trabajadores de tales empresas en la supervisión de los precios de venta y el abastecimiento, supliendo de tal modo las limitaciones objetivas de los organismos públicos, desarrollando  así el mejor antídoto para evitar que se nos responda con el bolsillo cuando a los formadores de precio se les habla con  el  corazón..
7. Política de acercamiento de productores y consumidores promoviendo el establecimiento de mercados de concentración cuando se trata de productos primarios de oferta estacional (frutas y verduras).  Fomento del cooperativismo.

Desplegar también una política de respaldo a los productores de la agricultura familiar y en particular a su tradicional reivindicación de acceso a la propiedad de la tierra, dándoles así estabilidad a sus asentamientos, mejorándoles a la par su ingreso neto, acotado hoy por la incidencia del arrendamiento.

• Con la vista puesta en la reducción de los costos de logística, mejoramiento de la rentabilidad de los productores y vía menores precios, beneficiar al consumidor, promover la reconstrucción de la red ferroviaria y la fabricación de unidades de tracción,  vagones y talleres. Igual consideración merece la industria naval  Son perfectamente posibles acuerdos con terceros países
• Reformulación integral de la estructura tributaria, basada hoy en el significativo peso de los impuestos al consumo y con manifiestas inequidades en los que gravan las ganancias y el patrimonio.

Contra lo que cotidiana e interesadamente se reclama por la presunta alta presión tributaria, un estudio del Banco Mundial expone que en el período 2014/2017 la recaudación impositiva relacionada con el PBI en Argentina rondaba el 12%,  contrastada con el 20,2 % de la Unión Europea. Sin embargo lo importante es la estructura, es decir sobre quien recae realmente el peso de los impuestos. Un reciente estudio comparativo del Banco Mundial sobre la estructura tributaria de diferentes países determinó que en Argentina los llamados impuestos directos (sobre ganancias y patrimonio) representan tan sólo el 12.9 % de la recaudación, en tanto que para América Latina (2019) esa ponderación alcanzaba al 26.5 %. El informe también señala a la Argentina como uno de los países con más baja incidencia de los impuestos directos en su recaudación fiscal.

Más allá de las inequidades que forman parte del régimen impositivo,  influyen en tal resultado la conformación de un aparato estatal que ha sido debilitado para no controlar las prácticas evasivas y las que facilitan la fuga, la llamada planificación fiscal nociva, preservando los privilegios de los más poderosos y que constituye una práctica habitual de los sectores dominantes.

Acaba de hacerse público la existencia en manos de la AFIP de un primer listado de 952 individuos, provisto en 2018 por la OCDE,  con depósitos en bancos del exterior, no declarados,  por valor de u$s 2.600 millones. Y sólo se trata de un listado parcial. Hubo de esperar hasta la asunción del nuevo gobierno para desempolvar el documento e iniciar los procedimientos.

Por otra parte, está instalado en el sentido común, obviamente en forma interesada, que el impuesto  como instrumento de recaudación tiene como finalidad sostener al Estado al que se lo concibe como una persona o una familia y para peor, improductiva, omitiendo deliberadamente que el Estado utiliza lo recaudado para el financiamiento del gasto público y además se oculta lo esencial: los impuestos son instrumentos de redistribución que ejerce el Estado cuando recauda y luego también cuando gasta.

2 – Restricción externa

Denominación aplicada a la recurrente falta de divisas y desencadenante de reiteradas crisis por  ahogo de nuestra balanza de pagos. Reconoce como causa de peso significativo, entre otras,  la multimillonaria fuga anual de capitales originados en la evasión impositiva y en la fraudulenta facturación en el comercio exterior, una de cuyas armas de uso  frecuente es la triangulación de exportaciones.

Para concretarlo  cuenta con la facilidad de los débiles mecanismos de control basados en meras declaraciones juradas que no garantizan la veracidad de lo exportado ni el destinatario real de lo negociado. En el caso de la minería, ni siquiera se verifica qué otros minerales contiene la exportación mezclada con el producto principal. En lo agropecuario, hay exportadoras que además son titulares de puertos. Una fenomenal montaña anual de capitales producida por argentinos  de los que se priva al país y que en parte alimenta las guaridas fiscales, las conocidas cuentas off shore

Si se busca una ilustración reciente puede acudirse a la exportadora Vicentín, ubicada en los primeros puestos del ranking, con puerto propio sobre el Paraná, recientemente presentada en convocatoria y que, ahora salió a la luz,  tercerizaba sus exportaciones vía su filial en Uruguay

Hay estimaciones que adjudican valores que rondan los U$S 400 mil millones de capitales no declarados pertenecientes a residentes argentinos en el exterior. Es una práctica que cuenta además como inestimables y necesarios aliados a  parte de la  banca privada, la misma que ignora la normativa del Banco Central en la política de créditos a tasas preferenciales en favor de  las pymes y otorga créditos abultados a  especuladores en el mercado de divisas.

Para acotar en lo posible esta práctica nociva y fraudulenta se hace necesario en el ámbito de lo agropecuario la constitución de una empresa mixta integrada por el Estado y auténticos productores y cooperativas para gestionar por un lado las exportaciones y por el otro asumir el papel de acopiadores directos de los productores, asignándoles precios retributivos que lógicamente deberían contemplar los costos de producción y de logística. Además, esa empresa podría aprovechar su poder de compra y el respaldo estatal para la adquisición directa de insumos al fabricante y su distribución a los productores, a precios equitativos. De tal modo, la totalidad de las divisas y las eventuales retenciones impositivas alimentarían las reservas y las arcas del Tesoro, contribuyendo paralelamente a redistribuir ingresos en favor de los productores y regiones del interior.

Este esquema operativo también neutralizaría la reiterada práctica de los grandes productores  que retienen las cosechas en los silobolsas o la liquidación de lo exportado, especulando o presionando en favor de la devaluación del peso, cuando no buscando desestabilizar políticamente a los gobiernos de turno.

3 –  Redefinición de la función de la banca

Conocido su desempeño en favor de la especulación dentro de la actividad financiera o actuando como brazo facilitador de la fuga de capitales y su resistencia a cumplir la política de asistencia crediticia a las pymes dispuesta por el Banco Central,  la actividad bancaria debe reconvertir  su carácter tradicional a prestadora de un servicio público, disponiéndose que en adelante deberá operar por cuenta y orden del Banco Central. Implica la derogación de la ley 21.526 de Entidades Financieras, creada en 1977 gracias al aporte de Martínez de Hoz y vigente en lo esencial desde entonces. Es la ley que dio  inicio al proceso de extranjerización del sistema financiero y de la liberación de las tasas y que lo autorizaba – paradigma neoliberal – a hacer todo lo que no esté prohibido en el marco de una economía totalmente desregulada.

Alternativamente podría actualizarse, someter al Congreso y aplicarse el viejo proyecto de ley de Servicios Financieros del diputado Carlos Heller.

De esta forma, con una nueva normativa, la liquidez bancaria sólo podrá ser destinada a las políticas que se diseñen oficialmente, cerrando toda posibilidad de maniobras y operatoria especulativa de ese origen, con pesos o divisas, que incluso perturban el mercado cambiario.

4 – Ciencia, tecnología e inversión productiva

El  que se avecina es el mundo digitalizado, el de la inteligencia artificial y de veloces e inimaginables avances tecnológicos.

Nuestra industria presenta una estructura desequilibrada, con  debilidad o ausencia de importantes sectores y considerable retraso en otros, todo lo cual hace suponer grandes requerimientos de capital .y .la necesidad de acceso a las tecnologías de avanzada.

Estamos en presencia de un curso estratégico de muy largo aliento que impone la necesidad del respaldo público y el reforzamiento presupuestario  a las instituciones y entidades dedicadas a la investigación y desarrollo científico técnico como las universidades, INTA, INTI, la  CONEA, INVAP, el CONICET  y otras que ya existen y las que necesariamente deberán crearse.

Es un desarrollo que también deberá canalizarse hacia unidades productivas con propósitos comerciales y lucrativos y cuya constitución  y funcionamiento puede admitir tanto al capital público como al privado.

Dentro del ámbito privado sería posible interesar al capital externo y, de ser viable, el de origen regional, apuntando también  a una política más amplia de integración. Otra modalidad es la constitución de entidades mixtas con participación tanto del Estado nacional como el de provincias  De todos modos es un objetivo que requiere una reformulación del vigente régimen de inversiones extranjeras que en adelante subordine el ingreso de ese capital hacia áreas específicas de interés nacional,  con tecnologías y escalas productivas sujetas a la aprobación de nuestros organismos oficiales, reconociéndole a cambio el respeto a una pauta para la repatriación de utilidades y del capital aportado.

La experiencia nacional y mundial demuestra hasta el hartazgo lo inadmisible de la apertura indiscriminada y liberal de capital extranjero

Una veta posible e interesante son los acuerdos para el asesoramiento y desarrollo de emprendimientos con los Gobiernos de China, Rusia o India, incluso para obras de infraestructura, contando incluso con financiamiento crediticio con años de gracia y bajo interés. En algunos casos el acuerdo garantizó la compra por parte de la contraparte de producción resultante del emprendimiento.

Una atención particular merece la necesidad de inversiones para expandir la producción de petróleo y gas frente a las resistencias del capital privado en razón al desplome de los precios. Dado que el Estado es titular mayoritario del capital de YPF y que todo el sector fue legalmente declarado de interés nacional, ameritaría evaluar la conveniencia de transferir toda la actividad a la órbita de YPF.

Para el caso de Vaca Muerta valdría preconizar se negocie con China, poseedora de empresas estatales en el ramo, el aporte de capital y tecnología para desarrollar en asociación con YPF la explotación de los ricos yacimientos de shaile. En esto hasta pueden incidir conveniencias económicas y estratégicas de largo plazo para la parte argentina. Rusia, gran productor y exportador  de hidrocarburos, también podría ser tenido en cuenta.

En materia de minería se haría necesario la constitución de una empresa específica del Estado nacional o varias con el aporte conjunto, en cada caso, de gobiernos provinciales. Estas empresas serían beneficiarias de concesiones de explotación, asegurando a cada Estado provincial condiciones más convenientes que las que hoy imperan y además, con obvias ventajas para la nación. Luego, a medida que finalicen las actuales concesiones, hoy bajo la titularidad del capital extranjero, serían sustituidas por la empresa estatal.

5.- Política de integración económica

Cuando la ciencia y la tecnología potenciaran como nunca antes su carácter de fuerza productiva, con requerimientos gigantescos de capital y de mercado, queda de manifiesto la necesidad y la conveniencia de complementaridad con economías regionales.

Refuerza esta visión el rumbo por el que se desplazará el resto de un mundo en el que no cesan las disputas por la hegemonía, máxime en una era de la más que probable decadencia de la fuerza del neoliberalismo y de los poderes que lo sostienen,  que intentarán aferrarse y acrecentar el dominio sobre los países emergentes, como ya se advierte en el interés que exhiben en los acuerdos de libre comercio.

Es un escenario que impone concebir una dinámica y una arquitectura inserta en el plano regional vía articulación de los países de América Latina y del Caribe en un acuerdo de integración y el reflotamiento y actualización del MERCOSUR, UNASUR, la CELAC  y el Banco del Sur.

El Banco del Sur, con acta fundacional que data de 2007, integrado por siete países suramericanos, fue concebido para impulsar la integración económica, actuando como banco de desarrollo y organización prestamista sustituyendo al FMI, el Banco Mundial y el BID, pero nunca entró en funciones.

En adición habría que explorar la posibilidad de la incorporación de Argentina a los BRICS (grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sud Africa), abriendo un marco que potenciaría los márgenes de libertad, las perspectivas económicas y políticas en el mundo por venir.

Pero la concreción de la política integradora depende de mucho más que de la propia voluntad, más aún .en un continente en el que la mayoría de los gobiernos despliegan por ahora una política aferrada a los paradigmas del neoliberalismo y por tanto de subordinación a EE.UU.  Es por eso y por ahora  el momento de esperar a que la valerosa lucha de los pueblos hermanos revierta el autoritarismo y sojuzgamiento de sus actuales gobernantes.

6.-Aspectos políticos e institucionales

Todo programa económico, cualquiera sea su orientación, siempre se asienta en el respaldo de uno o varios grupos sociales y para la promoción de sus intereses. Por eso se articula con determinada concepción de sociedad.

A nadie escapará que el proyecto contenido en nuestra propuesta despertará resistencias de los portadores fácticos e ideológicos del capital concentrado, sostenedores de intereses antagónicos a  los nuestros. Pero la esencia de las discrepancias trasciende las medias programáticas en sí. Lo que pasa a importar, lo que entra en disputa, es el poder, porque se dirime quién aplicará un programa y cuál es su contenido.

Somos conscientes del escaso resultado que puede esperarse de las apelaciones a la solidaridad cuando están  en juego las utilidades del capital concentrado y de lo inconducente  de hasta las mejores leyes si a quienes están destinados los beneficios de los cambios legislados no toman en sus manos la defensa de sus derechos, se organizan y movilizan y en forma unida luchan por imponerlos. Y una vez impuestos, legal o de hecho, redoblar el respaldo para sostenerlos. Sirva de ejemplo en lo que terminó la llamada Ley de Medios y como contraste, el perverso intento judicial de amnistiar a genocidas con la aplicación de la ley del 2 x 1.

Y es por medio de esta lucha reivindicativa por intereses legítimos, desplegada por las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de sectores de la clase media, de pymes y en fin de todos aquellos perjudicados por el modelo neoliberal, actuando como adherentes involucrados en esa lucha, es como consolidarán una conciencia participativa y solidaria, la que en su desarrollo conducirá a un país con una democracia participativa, en la que las decisiones sobre temas fundamentales brotarán como mandato del seno mismo del pueblo  y no sólo de una delegación que actúa en su nombre. Es una lucha que será escuela de la sociedad futura.

Esto debería cristalizar en una nueva Constitución, que plasme jurídicamente un proyecto de país y sus reglas de funcionamiento. Es, como se ve, fruto de una lucha política.

*Isaac Grober, contador público y magister en economía, miembro de la Comisión de Economía y del Consejo Editorial de Tesis 11