El 11 de septiembre de este año se cumplió un nuevo recordatorio del sangriento golpe cívico-militar contra Salvador Allende en Chile. En un contexto Latinoamericano donde la derecha está nuevamente ganando espacio apoyada por la política exterior del imperialismo estadounidense, Chile se debate entre reformas o conservación. Los intentos de lograr tan solo derechos básicos como la educación gratuita o mejoras en el campo laboral, el país se ve condicionado por los sectores tradicionales y por la debilidad de alianzas sin convicción ni conciencia liberadora. Poco queda para la esperanza, solo la confianza en jóvenes dirigentes como Camila Vallejos que gozan de una claridad política que solo merece el acompañamiento popular. El futuro del Estado trasandino está todavía por construir…
El golpe de Estado cívico-militar que desalojó violentamente a la administración socialista de Salvador Allende en Chile fue el retorno al “peso de la noche”. Este concepto “portaliano” tan bien trabajado por el historiador chileno Jocelyn Holt Letellier, que definió una tradición de sometimiento expresado en la relación simbiótica entre el autoritarismo de sus dirigentes y la pasividad de su pueblo, había sido por primera vez desafiada y enfrentada por una alianza de izquierda que luchó por la posibilidad de implantar el socialismo en Chile. En una Nación acostumbrada a la injusticia y el clasismo, se abría una vía de tránsito hacia la verdadera democracia. Estas virtudes, que para muchos fueron una muestra de debilidad de Allende, demostraron el grado de convicción y voluntarismo de un sector de la sociedad chilena que la elite oligárquica de ese país no podía soportar. Para los grupos concentrados de la economía, toda propuesta de igualdad siempre se presentó como inaceptable, pero para la “aristocracia” tradicional de Chile era un sacrilegio imperdonable que requería venganza.
El 11 de septiembre de 1973, la venganza y el resentimiento se hicieron realidad en un ataque directo y criminal contra el Palacio de la Moneda. El asesinato que implicó el bombardeo a la casa de gobierno resultó solo una muestra de lo que asomaba para los tiempos que se avecinaban. La dictadura del general Pinochet convirtió al país en un territorio ocupado y repleto de “enemigos” que debían ser eliminados de la faz de la tierra. Al mejor estilo “nazi”, la captura de todo sospechoso de estar en contra del nuevo régimen, sirvió para formar un conglomerado de prisioneros en los “campos de concentración”. Las canchas de futbol se transformaron en dichos centros de detención, y una vez más la democracia se manchaba de sangre en el continente Latinoamericano.
Los veinte años que siguieron al martirio de Salvador Allende y de la democracia chilena, fueron tiempos en que se implementaron en ese país una serie de medidas económicas de libre mercado contraria a los intereses de los trabajadores y protegidas de los “reclamos potenciales” de la clase obrera. Una política que promovió la cultura neoliberal y sumió al país a condiciones de esclavitud. Los sectores sociales y políticos de Chile fueron diezmados. Durante el último cuarto del siglo XX la sociedad chilena soportó todo tipo de injusticias revestidas de una “institucionalidad” y “legalidad” que solo reflejaban el poder de una minoría que concentraba la riqueza de la Nación. Pinochet y sus secuaces civiles que predicaban un modelo económico triunfante en el mundo, convirtieron a Chile en un país sin derechos, sin justicia, sin educación y entregado a las potencias extranjeras que hicieron de este Estado una base de operaciones en el cono sur.
El Estado Chileno del siglo XXI se vio envuelto en gobiernos de diversas alianzas políticas y correlaciones de fuerza, algunos más progresistas y otras, como el gobierno de Piñera, de neto corte neoliberal. Lo cierto fue que la República de Chile jamás volvió a plantearse la necesidad de profundizar en la equidad y los derechos democráticos como lo había hecho el gobierno derrocado en 1973. Luego de casi dieciocho años de dictadura, y a posteriori de la misma, con una democracia que solo resultó un revestimiento de institucionalidad que jamás cuestionó las “reformas del Estado” llevadas a cabo desde la violencia autoritaria, Chile no ha podido lograr beneficios concretos para los sectores subalternos de la sociedad. A pesar de muchísimas demandas sociales orientadas a lograr más derechos y mejor calidad de vida, los gobiernos de la “democracia chilena” no dejaron de reprimir cualquier tipo de manifestación social o reclamo, con la misma vehemencia de los años dictatoriales. Más allá de haber recuperado el Estado de Derecho era como si el “patrón cultural” instalado y naturalizado en la dictadura de Pinochet, hubiese quedado como marca registrada en la vida política del país trasandino. Era como la maldición de Caín que Chile arrastraba en su historia el hábito de la represión. La lucha de su pueblo fue sistemáticamente castigada por sus propias Fuerzas Armadas cual si los trabajadores o los estudiantes fueran ejércitos de ocupación extranjera. La sociedad chilena solo pretendía lograr convertir en derecho ciudadano lo que en otros países estaba naturalizado, derechos laborales, educación gratuita, salud garantizada para todos los habitantes y leyes contra la intolerancia. Sin embargo, estas peticiones siempre fueron tratadas como acciones subversivas. La oligarquía tradicional de Chile, aliada firme de las Fuerzas Armadas, lograron mantener esta realidad durante los últimos 43 años.
El retorno al gobierno de Michelle Bachelet luego del interregno de Piñera, parecía abrir un camino de esperanza. Dirigentes surgidos de una juventud estudiantil dispuesta a luchar por una Universidad pública y gratuita, por un país más igualitario, hicieron posible la renovación de las expectativas. Camila Vallejos, brillante dirigente política que lideró los reclamos del movimiento estudiantil y hoy desde el parlamento es representante de un sector de la alianza gobernante, sigue dando pelea contra el poder establecido que nunca está dispuesto a ceder “ni un poquito así…” a los intereses nacionales y populares. Este regreso de Bachelet auguró una primavera, pero la misma, pronto se disipó en extensos anhelos “como esperanza de pobre”. Los intentos de leyes que proponían la gratuidad educativa o que pretendían beneficiar al trabajador todavía están en veremos. Pareciera que solo la mencionada Camila continúa los reclamos y no fue contaminada por la derecha. Ella se sigue mostrando coherente. Ahora bien, si a esta nueva dirigencia que surge con potenciales ideas liberadoras no acompañan los sectores sociales con una mayor conciencia transformadora, los intentos por construir un país diferente y mayormente justo quedarán en el “porvenir de una ilusión”.
El objetivo sigue a la vista, el camino que conduce a él está plagado de amenazas, pero la voluntad de los pueblos que se proponen la liberación solo se detiene con la muerte. Todo queda por hacer…
Claudio Esteban Ponce.
Licenciado en Historia