Por Claudio Esteban Ponce.
La actualidad chilena, con el retorno al gobierno de la tradicional derecha trasandina, no desentonó con la sus vecinos de Argentina, Paraguay y Perú.
Este contexto dejó como excepción al gobierno de Evo Morales, que sería el único del cono sur que mantiene la oleada progresista de la primera década del siglo XXI. Mientras tanto, la gestión de Piñera busca acuerdos de libre comercio en su gira latinoamericana y caribeña. Comparativamente con Argentina, si bien el presidente de la República de Chile se relaciona con la misma representación política y la misma convicción referida a su visión neoliberal, la gestión de la derecha chilena se presenta como un gobierno que da pasos lentos pero seguros en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
En materia de política interior profundiza las diferencias sociales, no atiende los reclamos de la clase trabajadora ni las propuestas del movimiento estudiantil, intenta aletargar los derechos humanos con medidas contradictorias, y hace oído sordo ante los pedidos del feminismo. En tanto que en el plano de la política exterior se muestra como un interesado “defensor” de las democracias en América Latina cuestionando a países como Venezuela o Nicaragua, y a movimientos populares o líderes políticos de diversas naciones del continente.
La experiencia de su presidencia anterior pareció haber dado a Piñera un manejo más prudente en la forma de ejercer el poder. Si bien se tomaron medidas análogas a las que se impusieron en la Argentina de Macri o el Brasil de Temer, las mismas no generaron igual confrontación que en la República Argentina ni tampoco tuvieron el mismo efecto mediático. Es evidente que Piñera optó por un lento proceso de profundización del modelo neoliberal, pero se ocupó de ocultar sus acciones mediante políticas contradictorias, o al menos un tanto confusas, y además se expresó mediante una campaña externa de, por lo menos dudosa defensa de las democracias del continente. Mientras Michelle Bachelet presentó una carta de apoyo a Lula, el gobierno de Piñera pidió “respetar” las decisiones internas de Brasil, mientras se condenaría a los asesinos de Víctor Jara, por otro lado indultan a represores de la dictadura pinochetista. El gobierno propone lo que denomina una “ley humanitaria” pero los organismos de Derechos Humanos afirman que esa ley sería una herramienta de indulto para los tribunales de ese país. Por un lado tenemos un Sebastián Piñera que cuestiona gobiernos populares fruto de elecciones libres, tan solo con argumentos falaces o bien fundados en las acusaciones de corporaciones mediáticas con claros intereses estadounidenses, y por otro, el gobierno chileno muestra su rostro más autoritario al militarizar toda la zona de “Araucanía” con la “supuesta intención”, al igual que los argumentos de la gestión macrista, de combatir el “terrorismo mapuche”. La aparición de blindados, drones y cámaras térmicas no muestra ninguna intención pacífica de las hipotéticas políticas democráticas de la administración chilena.
En realidad, aprovechando el marco político latinoamericano, el gobierno chileno acompaña la política exterior del imperialismo estadounidense siguiendo una línea histórica en sus relaciones exteriores siempre caracterizadas por la sumisión. Una sumisión que se vio siempre reflejada en una sociedad que todavía no pudo liberarse del yugo de una clase dominante y tradicional que aun hoy, dictamina la moral a seguir en la mayoría de la población del país hermano. Tal vez vaya siendo hora de que el pueblo de Chile pueda parir una nueva fuerza política que lleve adelante el proceso de transformación necesario en los tiempos actuales. La juventud chilena es la esperanza, ojalá pueda “llevarse puesta” a la minoría que se impone a través del miedo al viejo autoritarismo que deviene desde la época colonial.