Somos educadores y educadoras de la juventud colombiana, aquella juventud que ha construido un pensamiento crítico y reflexivo y un grado de autonomía lo suficientemente agudo para comprender que la realidad nacional ha llegado a un punto de inflexión. La nación, el pueblo colombiano no soporta una nueva reforma regresiva sea tributaria, de salud, pensional o laboral. Es claro que esta conduce a profundizar el empobrecimiento y precarización de los sectores populares y de la mal llamada clase media. El costo de la concentración de la riqueza, la corrupción política, la ineficacia administrativa, el gasto de guerra y otros despilfarros del erario público no solo no deberían ser cubiertos con injustos y regresivos tributos que arrebatarían el pan comer a la ciudadanía, sino que deberían suprimirse y llamando a cuentas a sus responsables ante la justicia.
El paro nacional que se desarrolla desde el 28 de abril es un movimiento masivo y multisectorial de la población colombiana que está cansada de los abusos de una clase política que ha dado claras muestras de autoritarismo, de un talante antidemocrático y de falta de gobernabilidad. Entre las expresiones de la pérdida de las garantías ciudadanas es la orden inconstitucional de prohibir la protesta social, y más grave aún la orden directa de hacer uso de las armas y atentar contra la vida e integridad de quienes protestan defendiendo sus derechos y el futuro de las generaciones venideras.
Como profesoras y profesores, partícipes de una academia crítica y comprometida con la construcción de una vida digna para todos hacemos un enérgico y urgente llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos para interceder e intervenir ante la grave violación de DDHH que se vive en este momento en Colombia. Cientos de miles de personas han salido a protestar en diversos escenarios del territorio nacional debido a la miserable pretensión del gobierno de imponer una nueva reforma tributaria que empobrecería a la población y traería una miseria nunca antes vista. Es irracional que tal exabrupto se geste en uno de los países más afectados por la pandemia global, sea por la ineficacia de las políticas públicas en salud, por la improvisación estatal o por la desviación de recursos. Lo cierto es que el despilfarro gubernamental no puede ser asumido por un pueblo que tiene amenazada su supervivencia por la pandemia, el desempleo, la violencia y la presión migratoria.
La protesta social es un derecho constitucional, hace parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es libertad de pensamiento y expresión. Un Estado Social de Derecho garantiza a su población este preciado baluarte de la democracia. Pero en Colombia, como respuesta a estas justas exigencias ha retumbado el tuit del tirano tras el poder y se ha dado orden presidencial para militarizar las calles y plazas públicas con una desproporción de fuerza contra los manifestantes, bajo la cuestionable figura de “asistencia militar”. De este modo infame se ha disfrazado, bajo la falacia de la “seguridad ciudadana”, una guerra abierta contra la ciudadanía, enfrentando así militares armados y entrenados contra población civil desarmada.
Donde hay un colectivo reunido en ejercicio del derecho a la protesta, hay democracia participativa y ciudadanía. La concentración en las ciudades capitales ha estado empañada con el atentado a decenas de jóvenes que están siendo abaleados y asesinados a mansalva, hay suficiente evidencia documental que demuestra como uniformados, o personas de civil que los acompañan, disparan directamente sobre la humanidad de los manifestantes, los golpean o los retienen forzosamente. El saldo aún sin precisar de esta barbarie se acerca a las 20 muertes, 500 retenciones, en su mayoría arbitrarias, 200 heridos, 18 con lesiones oculares, 42 abusos y agresiones contra reporteros y personal de DDHH y 10 casos de violencia sexual y de género. La situación más grave se da en la ciudad de Cali, Valle. Donde la represión policiva empezó tempranamente con una orden sin presunción de legalidad dada por el rector de la Universidad del Valle y por la Gobernadora para desalojar violentamente y con fuerzas especiales a un colectivo de estudiantes que permanecían en el Campus en la espera de negociar condiciones para la academia en tiempos de pandemia. Situación que se ha escalado en Puerto Resistencia, en el Puente del Comercio y en Llanogrande (Palmira), con víctimas lamentables. En nuestro país no hay credibilidad ni confianza en los entes garantes del bienestar ciudadano, como defensorías o personarías, pues tales organismos están cooptados por un gobierno criminal, que ordena disparar sin piedad a nuestro pueblo y asesina a nuestros jóvenes, ciudadanos movilizados en primera línea en defensa de la democracia. Por todo lo anterior, rechazamos enfáticamente la activación de los mecanismos represivos del Estado, exigimos justicia frente a las víctimas y, de forma vehemente, levantamos nuestra voz de oposición a las reformas regresivas que el Gobierno tramita o pretende presentar ante el Congreso de la República en materia tributaria, de salud, pensional y laboral. Hacemos, por tanto, un llamado de urgencia a la comunidad internacional por la protección efectiva de los Derechos Humanos de los y las manifestantes.
MESA AMPLIA DE PROFESORAS Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES PUBLICAS. COLOMBIA, 3 de mayo de 2021