En las marchas efectuadas el 17 de agosto pasado, en diversas ciudades del país, se puede observar en lo fenomenológico diversas cuestiones que demuestran la irresponsabilidad cívica de estos sectores, como violar las disposiciones de preservación de la salud colectiva ante la pandemia, calificar cínicamente dichas disposiciones como “autoritarismo violatorio de las libertades individuales” y reiterar su sistemática oposición ante diversas iniciativas del gobierno, reflejando así el odio de clase de ciertos sectores medios y altos de la sociedad hacia los gobiernos populares.
Pero en la esencia de lo fenoménico de la marcha, lo que subyace es el interés del sector económico más concentrado, particularmente el agrupado en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre los que se encuentran los grupos mediáticos Clarín y La Nación. Este sector contiene tres pilares sobre los que sostiene su posición hegemónica: la oligopólica concentración económica, el poder mediático y la influencia sobre el Poder Judicial.
Cuando un gobierno popular toma iniciativas que afectan cualquiera de esos pilares, la reacción resulta ser inmediata y poderosa, no reparando en aspectos legales ni éticos. Esto se vio en varios ejemplos: el caso de la “125” y recientemente el de Vicentín, por afectar el pilar económico; la ley de medios, por afectar el pilar mediático; y el actual proyecto de reforma de la justicia, por afectar el pilar de su dominio en el Poder Judicial.
El principal sector partidario de derecha que actualmente expresa los intereses del sector oligopólico, la alianza Juntos por el Cambio, se ha manifestado explícitamente en la defensa de estas posiciones al oponerse a siquiera debatir en el Congreso el proyecto de reforma judicial. Por otro lado, fue mayormente el sector más recalcitrante de esa alianza quien convocó a la manifestación opositora del 17 de agosto, haciendo centro precisamente en el rechazo a la eventual reforma judicial. Esto es lógico si se considera que el gobierno macrista utilizó su influencia en el estrado judicial para perseguir a quienes integraron los gobiernos kirchneristas, aunque ni aun así sus fiscales y jueces adeptos lograron probar nada significativo durante esos cuatro años, aunque sí lograron montar obscenos shows mediático-judiciales alrededor de este asunto.
Una y otra vez el poder oligopólico utiliza su elevado alcance mediático de comunicación para actuar sobre el nivel de conciencia de los sectores sociales más permeables, formando un “sentido común” que objetivamente favorezca sus intereses, utilizando los cada vez más sofisticados métodos de intoxicación ideológica, como las denominadas “fake news”. La principal víctima propiciatoria de tal manipulación es reiteradamente un sector, siempre cuantitativamente importante, de la denominada “clase media”, a quien logran convencer de que los gobiernos populares son intrínsecamente “demagógicos”, “corruptos” y atentatorios de ”la libertad”, “la democracia” y “la república”. Y esto lo logran a pesar de que la historia demuestra que cuando los gobiernos populares consiguen mejorar el nivel de vida de los trabajadores y demás sectores bajos, mejora aún más la situación de los sectores medios. Contrariamente, con los gobiernos que responden directamente a los sectores oligopólicos, siempre se termina en graves crisis que afectan sobre todo a los trabajadores y demás sectores bajos, pero también a dichos sectores medios. La profunda crisis generada por la política neoliberal del anterior gobierno de Macri es una flagrante prueba de ello.
Este tipo de campañas destinadas a debilitar y desestabilizar gobiernos elegidos por los sectores populares, cuando generan las suficientes condiciones se pueden transformar directamente en destituyentes, como lo muestra nuestra historia y la de los países hermanos de América Latina, mediante golpes de estado militares, en el pasado y, más contemporáneamente, golpes parlamentarios y judiciales; lo que demuestra su gran potencial peligrosidad para la democracia y, por lo tanto, para el interés de los trabajadores y demás sectores populares.
Este problema de manipulación de amplios sectores de la denominada “clase media” por parte de los sectores oligopólicos es por otro lado un fenómeno mundial, lo que demuestra la dificultad para enfrentarlo por los sectores populares, que por lo tanto y como mínimo deben procurar la unidad, la organización, la iniciativa para impulsar medidas gubernamentales en su favor y su capacidad de movilización para conseguir sus objetivos, particularmente ante gobiernos que intentan representar los intereses populares. Es la mejor manera de defender sus intereses y también de enfrentar los desafíos que logra montar el poder oligárquico contra gobiernos populares, como las reiteradas “caceroleras” manifestaciones locales, tan cargadas de odio como, consecuentemente, desprovistas de racionalidad.
Tesis 11