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La convocatoria a Asamblea Constituyente realizada por el poder ejecutivo en Venezuela abre un nuevo capítulo en la disputa política que atraviesa el país en los últimos años. En un escenario de creciente confrontación entre el gobierno y la oposición por el bloqueo institucional entre los poderes del Estado, la oposición impulsa una nueva ola de protestas violentas en las calles. El chavismo responde con política, convocando al poder constituyente del pueblo para dirimir las controversias entre los sectores enfrentados recurriendo a los cauces de los mecanismos institucionales. Paradójicamente, la oposición califica la convocatoria como un “golpe de Estado”, lo que augura una nueva escalada en el conflicto político.
I
En qué consiste la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente
- El 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro en consejo de ministros anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de dirimir el conflicto político con la oposición y alcanzar la paz. Entre los otros objetivos de la iniciativa se encuentra el de institucionalizar el sistema nacional de misiones y grandes misiones sociales; sentar las bases jurídicas para un nuevo modelo económico post-petrolero; y dotar de rango constitucional a las instituciones del poder comunal.
- El decreto de convocatoria firmado por el mandatario establece que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”.
- En el mismo acto el poder ejecutivo juramentó a la designada Comisión Presidencial para el Poder Popular Constituyente, presidida por el ex canciller y actual ministro de educación, Elías Jaua.
- Marco jurídico en el cual se sustenta la convocatoria:
- El artículo 347 del texto constitucional de 1999 establece que: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
- El artículo 348 establece los mecanismos y poderes con potestad para iniciar la convocatoria: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral”.
- El último proceso constituyente venezolano aconteció en el año 1999 y dio lugar al actual texto constitucional, el cual aumentó el periodo presidencial de cinco a seis años e introdujo la figura de la revocatoria de mandato mediante referéndum para funcionarios electos. Asimismo, introdujo para la Asamblea Constituyente el atributo de “transformar el Estado” no contemplado en el anterior texto constitucional de 1961.
II
Antecedentes clave para entender lo que pasa en Venezuela
- Desde que en 2015 la oposición venezolana ganara las elecciones legislativas, accediendo a una mayoría en la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde la llegada del chavismo al poder, se abrió en el país un periodo de conflicto y bloqueo institucional entre los poderes del Estado.
- Desde 2014, el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido múltiples instancias de diálogo con los sectores de la oposición para destrabar la situación de conflicto político. La última de ellas contó la mediación de una comisión de expresidentes auspiciados por Unasur (Rodríguez Zapatero (España), Fernández (República Dominicana) y Torrijos (Panamá) y del Vaticano. El propio papa Francisco insinuó en declaraciones recientes que parte de la oposición venezolana no quiere dialogar y que sus divisiones internas obstruyen los intentos de acercamiento.
- La Mesa de Unidad Democrática (MUD) constituida en 2006 ha fracasado en su intento de constituir una alternativa política para el país. Se trata de una frágil alianza electoral en cuyo seno conviven sectores con divergentes estrategias políticas. Esta situación genera fuertes tensiones internas que van reflotando según la coyuntura.
- En el contexto actual, los sectores de la oposición que impulsan las protestas violentas en las calles sustentan su estrategia política en el supuesto de que en el país gobierna una “dictadura” o un “régimen”, aun cuando se trata de un gobierno elegido legítimamente bajo los mismos mecanismos institucionales que les permiten a partidos opositores ejercer gobierno en municipios, estados y ser electos en la AN. Para la derecha venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro -y el chavismo todo- no es un adversario político, sino un enemigo a aniquilar. Al tomar esta postura, no solo pretende impugnar de raíz el proceso de transformación profunda que vivió la sociedad venezolana en las últimas dos décadas, sino que además abandona todo cauce genuinamente democrático. De ser un actor político, la oposición pasa a erigirse como un sector obstinado en el derrocamiento de un gobierno utilizando para ello estrategias que oscilan entre el desconocimiento de las reglas de juego institucionales y la acción violenta antisistema en las calles.
- A pesar de utilizar comunicacionalmente las banderas de la democracia y los derechos humanos, la oposición venezolana tiene una innegable vocación golpista cuyo punto fundacional es el golpe de Estado de 2002, el cual tuvo como protagonistas activos a la mayoría de los actuales dirigentes opositores (Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, Henry Ramos Allup, Julio Borges, entre muchos otros). Las protestas de febrero 2014 conocidas como “guarimbas” llevadas a cabo en el marco de “La Salida” son otro hito en la vocación destituyente de la oposición venezolana.
- En el último año y medio, la oposición venezolana trabaja en tres frentes para promover una salida anticipada del gobierno actual al que desconocen y acusan de haber adoptado una deriva autoritaria: 1) la Asamblea Nacional, desde donde se impulsó ilegalmente un “juicio político” al presidente, figura jurídica no contemplada en la Constitución venezolana, 2) la presión de la “comunidad internacional”, que incluye el accionar persecutorio e ilegal de la OEA y particularmente de su Secretario General, Luis Almagro, así como también un impresionante construcción mediática que promueve una imagen negativa del chavismo, y 3) la presión de calle mediante la convocatoria a protestas que con frecuencia derivan en hechos de violencia por parte de los “manifestantes” [1].
- Las Sentencias 155 y 156 del Tribunal Superior de Justicia a la Asamblea Nacional por incurrir en inconstitucionalidad, fueron “interpretadas” como un “autogolpe” del Poder Ejecutivo (a pesar de que no fue el Poder que emitió tales sentencias) profundizando la desestabilización institucional y generando nuevo ciclo de violencia en las calles “en nombre de la democracia”, auspiciado por una campaña de presión internacional liderada por el Secretario General de la OEA y los gobiernos de México y Argentina.
III
Las (mal) interpretaciones sobre la Asamblea Constituyente como “golpe de Estado”
La expresión golpe de Estado se refiere a la repentina y violenta toma del poder político llevada a cabo por un grupo de poder, que vulnera la legitimidad institucional de un Estado y que atenta directamente contra el orden establecido. ¿Es esto lo que sucede en Venezuela con la convocatoria a una Asamblea Constituyente?
- No es repentino porque se trata de una acción convocada desde el gobierno en el marco de una larga trayectoria de emplazar asiduamente a sus ciudadanos a participar a través del voto directo. Estos llamados a las urnas son la mejor demostración de que en Venezuela se viene construyendo una democracia que supera los límites de la democracia liberal procedimental, al erigirse como una democracia protagónica (no meramente representativa) que en este caso, garantiza una Asamblea Constituyente verdaderamente popular.
- No es violento porque el presidente Maduro siguió todos los pasos pautados para convocar a la Constituyente. No se trata de una medida forzada por medio de las fuerzas de seguridad, además de que la razón de ser y objetivo de este llamamiento es velar por el orden institucional y reestablecer la paz social (es decir, evitar más violencia).
Por el contrario, ateniéndonos a la definición sobre Golpe de Estado enunciada, el accionar de la oposición podría ser considerado como golpista debido a:
- La incapacidad para ejercer su rol de oposición y apelar a medidas violentas de desestabilización del orden vigente y derrocamiento de los gobiernos de turno desde 2002.
- La negativa a atender las advertencias del Tribunal Superior de Justicia respecto a las situaciones de fraude en las elecciones a miembros de la Asamblea Nacional en diciembre de 2016, desconociendo la división de poderes, así como la investidura y poder de decisión del Poder Judicial.
- El pedido de llamado a elecciones presidenciales por fuera de las normas constitucionales (establecidas previamente), como la presión ejercida durante 2016 para convocar a referéndum, sin atenerse a lo establecido en la Constitución, en particular a los tiempos pautados en la Carta Magna para este tipo de elecciones.
- La alianza de la oposición con grupos e instituciones locales, regionales e internacionales para desprestigiar la figura del presidente los funcionarios de turno, así como para desestabilizar al gobierno actual, que sea cual fuere el motivo, contribuyó a debilitar la institucionalidad y generar escenarios de violencia (en lugar de velar por la institucionalidad democrática). Entre las acciones se pueden mencionar: boicot económico, campaña de desprestigio y desestabilización en medios hegemónicos como CNN y El País; campaña diplomática en organismos regionales como la OEA; presión por medio de alianza con otros gobiernos, como el caso del gobierno estadounidense, con quien la oposición no ha tenido reparo en reunirse y asociarse (especialmente con miembros del Congreso estadounidense).
- Por último, la mencionada definición de golpe de Estado se aplica también al derrocamiento de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay y de Dilma Rousseff en Brasil, casos que, si bien mantienen importantes diferencias entre sí, se caracterizan por el modo en que fue vulnerada la institucionalidad y la voluntad popular, al destituir a mandatarios elegidos por voto mayoritario impidiéndoles concluir en tiempo y forma su mandato[2].
IV
El rol de Estados Unidos
- En marzo de 2015, la administración Obama decretó (por medio de una Orden Ejecutiva) que “Venezuela constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
- De acuerdo a documentación oficial y no oficial el Departamento de Estado estuvo implicado en procesos de desestabilización en Venezuela a través de sus agencias de asistencia para el desarrollo y su vinculación con organismos locales (asociados a campañas de desprestigio y desestabilización por diferentes vías, incluidos los medios de comunicación y redes sociales).
- El gobierno brindó apoyo implícito a Secretario General de la OEA en su propuesta de aplicar la Carta Democrática a Venezuela.
- El Comando Sur de los Estados Unidos planeó estrategias para intervenir en Venezuela en caso de ser necesario[3].
- El actual presidente Donald Trump, durante su campaña electoral no focalizó su discurso en Venezuela pero se reunió con miembros de la oposición en febrero de 2017.
- Ese mismo mes, el Departamento del Tesoro demandó al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
- El Congreso estadounidense presiona fuertemente para aumentar la presión sobre Venezuela:
- En febrero de 2017, una comisión bipartidista compuesta por 34 miembros del Congreso (demócratas y republicanos) presiona al Poder Ejecutivo para que imponga sanciones a funcionarios venezolanos de alto rango.
- En mayo de 2017, Senadores estadounidenses presentan Proyecto de Ley que incluye el pedido de habilitación de diez millones de dólares en ayuda humanitaria y sanciones contra individuos responsables de bloquear procesos democráticos o estar involucrados en tramas de corrupción. Además: piden al Poder Ejecutivo que evite que Rosneft, la petrolera estatal rusa, se apodere de la infraestructura energética estadounidense en Venezuela.
Notas
[1] http://www.celag.org/informe-las-estrategias-destituyentes-de-la-oposicion-en-venezuela/
[2] http://www.celag.org/golpes-siglo-xxi-nuevas-estrategias-para-viejos-propositos-los-casos-de-honduras-paraguay-brasil-por-sabrina-flax-silvina-romano-y-camila-vollenweider/
[3] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/
Fuente: http://www.celag.org/convocatoria-a-asamblea-constituyente-en-venezuela/