CARLOS MENDOZA*
La crisis agropecuaria y el problema inflacionario se deben resolver con firmeza en los principios de un crecimiento con inclusión social, pero con flexibilidad y diálogo con los sujetos socioeconómicos populares, incluidos los pequeños y medianos chacareros.
Se me ha solicitado un artículo sobre la actual situación nacional y quisiera empezar por enfatizar lo siguiente: Voy a realizar este análisis desde la posición política de quien, sin pertenecer al espacio
kirchnerista, ha hecho público su apoyo electoral a Kirchner en el 2003 y a Cristina en el 2007, además de haber publicado numerosos artículos críticos, pero con balances positivos, respecto del gobierno Kirchnerista. Serán entonces las reflexiones de quién ha apoyado al gobierno, desea su éxito y, en tal sentido, se siente en el mismo barco. Debo poner mi análisis en el contexto de dos graves problemas a resolver, que impregnan hoy toda la realidad, como lo son el conflicto agropecuario, como asunto más urgente y el de la inflación, que por ser el talón de Aquiles del actual modelo económico, le da un marco de fondo a la situación.
Ambos asuntos tienen a su vez connotaciones económicas, sociales, políticas y culturales.
La crisis agropecuaria no nació por alguna conjura desestabilizadora, sino como reacción ante la iniciativa del gobierno de aplicar retenciones móviles, en lugar de las fijas, a la exportación de cereales y oleaginosas, lo cual implicó un aumento de los porcentajes para la soja y el girasol, dado que desde Diciembre del 2007, cuando se fijaron los últimos porcentajes fijos (35 % para la soja), se había producido una importante suba del precio internacional de estos productos. El presumible origen de esta decisión fue aumentar la recaudación, debido a que el extraordinario aumento del petróleo hizo aumentar el gasto en subsidios para los combustibles y para el transporte. A esto se sumó que el ex ministro Lousteau consideraba que para controlar la inflación, fundamentalmente había que tener alto superávit fiscal, superávit comercial y alto nivel de reservas. Esta visión monetarista no incluye el problema estructural de fondo, que es la monopolización y oligopolización de los insumos básicos de nuestra economía.
Debo decir que estoy de acuerdo con las retenciones, ya que apuntan a que la sociedad se quede, a través del Estado, con al menos una parte de la renta extraordinaria que genera la combinación virtuosa, para nuestro país, de dos factores en los que nada tienen que ver ni el propietario de la tierra ni el capitalista arrendatario que la explota, como son el aumento extraordinario de los precios de los productos agropecuarios, por la creciente demanda de países como China e India y la fertilidad natural de nuestros suelos. También sirven para despegar el precio interno de los alimentos de precios internacionales mucho más elevados. Además, las retenciones móviles creo que son más adecuadas que las fijas, al establecer una mayor previsibilidad económica, empezando para el propio productor agropecuario.
El hecho de que el gobierno no tome otras medidas impositivas progresistas, como ser sobre las rentas
financieras, o no haya aplicado hasta aquí mas que un 10% de retenciones sobre las exportaciones mineras, no le quita legitimidad ni carácter progresista a las retenciones agropecuarias. Tampoco le quita legitimidad
que se usen esos fondos para cualquier destino presupuestario que sea. El problema es que el gobierno cometió un error socioeconómico y político al no discriminar a los pequeños y medianos productores de los grandes y de los fondos de inversión agrícolas, comúnmente denominados pools sojeros. Además cometió el error técnico de establecer una curva de crecimiento de los porcentajes de retención, en función del aumento de los precios internacionales, que de hecho imposibilitaba las operaciones a futuro con dichos productos.
A partir de ahí empezó el pandemonio que ha constituido la crisis agropecuaria.
Así como el gobierno no discriminó a los pequeños y medianos productores, las organizaciones agropecuarias que los representan, FAA y Coninagro, tampoco se diferenciaron y muy por el contrario cometieron el grave error de enblocarse con las representaciones de los grandes productores y pools sojeros, como SRA y CRA. Mientras FAA reclama que las retenciones se ubiquen en el contexto de un plan global agropecuario, se apliquen crecientemente según el tamaño de las explotaciones y que haya una más importante regulación estatal, SRA y CRA han sido siempre opuestas a las retenciones y plantean la no intervención del Estado en la economía.
Tienen intereses de clase distintos e inclusive opuestos, pero dicen que «los une el espanto». En realidad, visto desde el interés popular, lo que es un espanto es ver a FAA y Coninagro juntos con SRA y CRA, porque independientemente de lo que subjetivamente se propongan las conducciones de FAA y Coninagro, objetivamente está claro que el lockout patronal, incluyendo cortes de ruta y desabastecimiento, ha servido más a los intereses de recomposición y contraofensiva de la derecha en nuestro país que a la causa progresista.
Una consideración especial merece el tema de los cortes generalizados y simultáneos de rutas y el
desabastacimiento que provocan, realizados por una patronal, aun cuando sean pequeños y medianos
productores. Esto no solo constituye una grave violación de la Constitución, sino que, independientemente
de las razones y finalidades de quienes los efectúan, son profundamente antisociales y objetivamente
desestabilizantes de cualquier gobierno democrático.
Por otro lado, compararlos con los cortes parciales y puntuales de vía pública, efectuados por organizaciones de desocupados e indigentes, ante quienes el gobierno hizo muy bien en tener infinita paciencia, no solo es falaz, sino cínico. Los compañeros de la FAA deberían reflexionar detenidamente sobre esto y buscar por todos los medios a su alcance de terminar con esta práctica retrógrada e infame.
Ante el lockout agropecuario, el gobierno se ha equivocado también al acusar por igual a las cuatro
entidades agropecuarias de cosas tales como «golpistas» y «avaros», lo cual no hizo más que enfurecer y radicalizar a los pequeños y medianos productores en sus acciones. En todo caso los que tienen larga tradición de golpismo y avaricia son SRA y CRA.
El gobierno ha enfrentado con correcta dureza e intransigencia otros problemas, como la ríspida renegociación de la deuda externa, o su negativa a seguir las recomendaciones del FMI, o su firme postura
para desbaratar la aplicación del ALCA, por dar algunos ejemplos. Pero en esos casos, por un lado no afectó los intereses económicos de ningún sujeto social integrante del campo popular y por otro lado tuvo un claramente mayoritario apoyo de la opinión pública, principalmente de los sectores populares, incluida
la mayoría de los sectores sociales medios. En el caso actual, las medidas han afectado a un importante
sujeto económico social, como son la multitud de productores agropecuarios pequeños y medianos, con quienes hacen estrecha causa común las PYMES del transporte de cereales y las capas medias de los pueblos y pequeñas y medianas ciudades del interior. Sectores que, según lo mostraron los resultados electorales y las encuestas, votaron mayoritariamente por Cristina.
El gobierno debería poner su máximo interés en tener siempre en cuenta estos asuntos, si quiere preservar su modelo de desarrollo económico con inclusión social y consolidar el apoyo de los sectores populares, incluidas las muy importantes capasmedias. El gobierno tomó medidas en el sentido de los reclamos del sector, como ser reintegros a los pequeños productores y una atenuación de la curva de aumento de las retenciones en función del aumento de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas. Pero al hacerlo unilateralmente, sin intentar al menos discutirlo en la mesa de diálogo con las entidades, dio por resultado el rechazo de las mismas a dichas medidas, por juzgarlas insuficientes y/o de difícil instrumentación.
Este es un problema muy complejo, donde el gobierno, que es quién tiene la mayor responsabilidad institucional para resolverlo, debería haber hecho siempre el máximo esfuerzo para dialogar, manteniendo con serena firmeza la aplicación de lo esencial de las retenciones móviles, pero sometiendo a discusión con el sector las medidas medidas que tomó unilateralmente, para intentar acordar correcciones si fuera necesario. El gobierno tiene toda la legitimidad y no necesitaba mostrarse inflexible ante los pequeños y medianos productores para ser fuerte en la aplicación de lo esencial de las retenciones móviles a los grandes productores y pools sojeros. Es mostrando esta sensibilidad que el gobierno puede tal vez recuperar, para este asunto, el apoyo perdido de vastos sectores de capas medias, incluidos los propios chacareros.
Los sectores populares esperan del gobierno, al que masivamente votaron, que tenga firmeza, pero al mismo tiempo flexibilidad, capacidad de comprensión y de diálogo, para llevar adelante su política, en especial cuando están comprometidos en el problema sujetos sociales integrantes del campo popular, como en este asunto. Por eso, la decisión tomada por el gobierno de enviar al Congreso el tratamiento del asunto, delegando facultades del poder ejecutivo, ha sido considerada muy positivamente por el grueso de la ciudadanía. Va en el buen sentido de lo que Kirchner hizo, delegando facultades del ejecutivo, cuando la renovación de la Corte Suprema. Son medidas justas, que apuestan a más democracia y transparencia.
El oficialismo debe tener la máxima predisposición, en el Congreso, para encontrar una solución consensuada, manteniendo lo esencial de las retenciones móviles.
En el peor de los casos, si mostrando buena voluntad para concensuar una solución para el tema de los reintegros y de la pendiente de progresión de las retenciones en función de los precios internacionales, el gobierno se encontrara con la intransigencia de que la única postura aceptable fuera la anulación de las retenciones móviles, serían las organizaciones agropecuarias las que quedarían entonces expuestas ante la opinión pública. Hay que tener en cuenta que la derecha ha encontrado en este interminable y grave conflicto un espacio ideal para atacar al gobierno, incluyendo particularmente la ofensiva en tal sentido de la mayoría de los medios. Se instaló un «clima destituyente», como correctamente señalara la carta de los intelectuales autoconvocados en el espacio denominado «Carta Abierta», a la que he adherido, a lo que objetivamente contribuyeron muchas acciones, expresiones y actitudes de las organizaciones agropecuarias, incluido de la FAA.
Por eso, el gobierno debe sacar sus conclusiones sobre los riesgos de aislarse en la interpretación del problema, arremetiendo contra los chacareros acusándolos de «golpistas» y e «avarientos», cayendo en el autismo de decir que el tema estaba cerrado, limitándose a esperar que el conflicto se resolviera por desgaste, porque es objetivamente una vía de autocrearse también un clima autodestituyente. La actitud, basada en la intención de ganarles la pulseada a los pequeños y medianos productores movilizados, en el mejor de los casos puede otorgarle una victoria a lo Pirro. De lo que se trata no es de ganarles a los chacareros y a sus organizaciones gremiales, sino de ganarlos para construir con ellos una política agropecuaria progresista, donde no deben faltar otros actores,como las organizaciones de pequeños campesinos y de comunidades originarias.
Hasta la decisión gubernamental de enviar el asunto al Congreso, el hecho de que en más de tres meses de conflicto agropecuario no se haya encontrado un diálogo fructífero, dice mucho de la crisis cultural que nos aqueja y que tiene su más visible expresión en la dirigencia y también de la insuficiencia de nuestras instituciones democráticas. Esto es parte de la herencia de tantos golpes de estado y dictaduras.
La cultura democrática y el consecuente fortalecimiento y desarrollo de las instituciones en favor del pueblo, se consiguen precisamente con el ejercicio de la democracia.
De todas maneras, cualquiera sea la resolución final que salga del Congreso respecto del tema retenciones, toda la ciudadanía debe respetar esta decisión, empezando por las organizaciones agropecuarias. Tendrán todo el derecho de manifestarse en contra por todas las vías democráticas, pero no con cortes de ruta. De lo contrario, se estarán levantando contra la democracia.
En cuanto al tema inflación, este es un problema más fundamental y complicado para resolver, porque es una consecuencia no deseada del modelo de «capitalismo normal» prometido por los Kirchner.
Impulsar un alto crecimiento económico con inclusión social, supone desarrollar el consumo, lo cual, en una economía con alto grado de monopolización y oligopolización, donde además los alimentos se pueden exportar a precios internacionales crecientes, lo que presiona al alza a sus precios internos, tiene que dar por resultado una creciente presión inflacionaria. Cristina había anunciado, durante la campaña electoral, que convocaría a un acuerdo económico social, lo que hacía suponer la posibilidad de utilizar ese ámbito para realizar acuerdos de estabilidad y aumentos progresivos de salarios y jubilaciones. Sin embargo, el gobierno terminó por decir que este no sería un objetivo de tales acuerdos. La propia Cristina ha coincidido públicamente con la opinión monetarista de Lousteau de que para evitar la inflación, lo fundamental es tener altos superávits fiscal y comercial y alto nivel de reservas, sin referirse al problema estructural de fondo que es la monopolización.
A esto se suma que desde comienzos del 2007, el gobierno decidió manipular el índice inflacionario del INDEC, presumiblemente para evitar el crecimiento del capital del 42% de la deuda externa argentina, que se reajusta por el índice de precios al consumidor de Capital y gran Buenos Aires. Esto sumió al INDEC en un creciente descrédito y desprestigio, que afecta seriamente al propio gobierno, a lo que hay que agregar que tal ahorro de deuda externa significa asimismo estafar a los jubilados, ya que gran parte de esos bonos están en manos de las AFJP. Para peor, el gobierno niega que exista inflación y viene incluso de sacar un nuevo índice de precios que mide la mitad del anterior, el cual medía un tercio de la inflación real…
El gobierno debería rectificar su política respecto al importante tema inflacionario, que según sabemos por nuestra propia historia, tiene la potencialidad de llevarse puesto al modelo económico y al propio gobierno. Debería llamar a un acuerdo económico social a las cámaras empresarias, las centrales sindicales y las organizaciones de consumidores, para analizar las cadenas de valor y hacer acuerdos de precios para todas las etapas de las mismas y acordar aumentos graduales de salarios y jubilaciones posibilitados por los aumentos de productividad y de escala de actividad económica. Los sindicatos de trabajadores, las organizaciones de consumidores y otras organizaciones sociales, podrían entonces colaborar para el control, inclusive en las propias empresas, del cumplimiento de los acuerdos.
Claro que no es fácil, pero el gobierno no tiene otra herramienta válida para controlar la inflación, habida cuenta de que nunca ha prometido tocar la estructura de propiedad monopólica y oligopólica y que además dice, correctamente, que no quiere aplicar recetas ortodoxas, basadas en enfriar la economía, ya que esto supondría bajar el consumo y revertir la inclusión social. Si no se toca la estructura monopólica y oligopólica y tampoco se utiliza la herramienta del acuerdo económico social, la inflación hará igual enfriar la economía, o peor aún, podemos tener tendencia al enfriamiento con inflación, dado que los principales insumos y alimentos, si no se consumen aquí, se pueden exportar y a precios crecientes.
Por otro lado, Cristina también había prometido un mejoramiento institucional, lo que hacía suponer, entre otras cosas, resolver el desbarajuste del INDEC, pero nada de eso ha sucedido. Sin embargo es de gran importancia que el gobierno resuelva este problema, si no quiere seguir insertando un factor distorsionante para la actividad económica y perdiendo credibilidad ante la opinión pública. El INDEC debería ser un ente autónomo, con todo su personal nombrado por concurso, con un comité externo de control que podría estar integrado por las universidades, organizaciones de consumidores y personalidades de prestigio con conocimientos sobre el tema. Si el gobierno hiciera esto, lejos de mostrar debilidad o pérdida de autoridad, le haría un gran servicio al país, como se lo hizo con la renovación de la Corte Suprema y se prestigiaría ante la opinión pública.
Pero hay por supuesto otras mejoras institucionales que se imponen, como otorgar la personería a la CTA, terminar con los superpoderes para el poder ejecutivo, discutir la coparticipación federal, incrementar la participación de las organizaciones sociales en la política socioeconómica y muchas otras.
Desde los sectores progresistas, no podemos hacer mucho más, en lo inmediato, que señalar errores y sugerir correcciones al gobierno, además de defenderlo contra la derecha y contra los intentos
desestabilizantes, con las fuerzas y determinación que tenemos. Hay organizaciones sociales que se han
integrado al espacio kirchnerista y tratan de disputar el carácter del mismo, pero tienen poca influencia relativa. Por eso dependemos en gran medida de que el gobierno acierte o se equivoque. Más aun con la
metodología vertical y personalista de gobernar el país y de hacer política de Kirchner y Cristina.
Esto debiera sumarnos una nueva aleccionadora experiencia sobre la imprescindible necesidad de crear un espaciopolítico de nuevo tipo desde el campo popular, plural, participativo y territorializado, donde podamos confluir todos los sectores progresistas. Se podría intentar un frente o foro por la redistribución progresiva de la riqueza, de lo cual tenemos el positivo positivo antecedente del FRENAPO, que fue un gran error disolverlo, dicho sea de paso. Esto se puede hacer, respetando las distintas posiciones que se tengan
respecto del gobierno. Es una herramienta sin la cual seguiremos sin poder influir ni lejanamente todo lo que podríamos sobre el gobierno y sobre toda la realidad nacional.
La falta de un espacio político plural común desde el campo progresista, tiene a su vez dialécticamente que ver con el retroceso de Kirchner, desde su propuesta inicial de impulsar una confluencia política transversal de centro izquierda, a la posterior idea más moderada de la concertación, para terminar ahora con una módica y formal reorganización y conducción de un PJ que nada tiene que ver con el impulso a una democracia participativa, para que el pueblo y sobre todo los jóvenes ingresen crecientemente a la política, para autogestionarla y dar así un gran salto cualitativo en su calidad institucional.
Por supuesto hay muchos otros asuntos de importancia, pero he querido referirme a lo que tiñe todo el panorama y urge resolver, si se quiere preservar lo positivo hecho por el gobierno y profundizarlo, como haber restituido el rol del estado, planteado el tema de la inclusión social y de la distribución de la riqueza, impulsado la unidad latinoamericana, incorporado los derechos humanos como política de estado y otros avances, aun dentro de las limitaciones de un gobierno burgués reformista, neopopulista. La derecha precisamente se opone a esos avances e intenta un retorno a políticas neoliberales y opuestas a
la integración latinoamericana con países hermanos donde hay gobiernos progresistas.
6/7/2008
* Ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.