Revista Nº 156
(nacional/economía/política)
Isaac Grober*
Toda propuesta de políticas en respuesta a una crisis socioeconómica responde no sólo a la visión sobre las causas que la determinan. En forma subyacente están en juego los intereses de clase, su viabilidad y consecuencias. Procedencia de un debate impostergable que contribuya a clarificar el rumbo que responda a los intereses del pueblo. Lo que ahora es urgente.
Frente a la profunda e inédita crisis que como sistema expone el capitalismo argentino, asistimos a una diversidad de criterios respecto a su caracterización, al núcleo causal que la determina y por derivación la orientación de la política para enfrentarla.
Se trata de una crisis que, además de sus manifestaciones en lo económico, político y social, lo más evidente se expresa también en el ámbito de la subjetividad social, en la cultura imperante y en el bajo nivel de calidad de la representatividad de la dirigencia en todas las esferas, la crisis de representatividad.
Por ello la necesidad de un debate que abarque a las capas más amplias de la sociedad, de modo que se sientan involucradas positivamente en la problemática que las abarca y a la que habrá que enfrentar, debate que contribuya a elevar su conciencia respecto a qué y a quién se enfrentan en el camino para superar de plano la larga crisis en la que estamos insertos.
1.- Predominio oligopólico y la valorización financiera del capital.
Con este propósito comenzamos por marcar como punto histórico de inflexión el cambio de patrón de acumulación impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico militar. Una dictadura que con 30.000 desaparecidos mediante, sustituyó no sólo un modelo que apoyado en el crecimiento del mercado interno volcaba sus excedentes en la inversión productiva, expandiendo la industria, la generación de riqueza y el empleo, por otro que desde entonces se enfocó en la valoración financiera del capital, el negocio financiero.
Cambio de patrón que la dictadura impuso asociado a la cooptación del Estado, su colonización por un nuevo poder, el de las corporaciones financieras entrelazadas con el capital internacional y en su beneficio, con el concurso adicional de las corporaciones mediáticas y parte del Poder Judicial. Así se configuró un nuevo poder para comandar con un objetivo distinto el funcionamiento económico, político y social.
Es debido a su desarrollo que hoy enfrentamos un escenario en el que todas las ramas y sectores relevantes de la estructura económica nacional están dominadas por oligopolios, con predominio extranjero y su subordinación al capital financiero mundial. Esto se traduce en la primacía por la valorización financiera del capital, razón que explica las limitaciones y el desinterés por la inversión productiva y, por ello, el estancamiento relativo, el desempleo y crecimiento del empleo precario, la decreciente participación de los salarios en el ingreso nacional, el deterioro del mercado interno y la fuga al exterior de los excedentes.
Por eso la permanente intensificación de la diferenciación social. Por eso cada vez es mayor el grado de concentración de los ingresos y la riqueza y más extendida y profunda la pobreza, más precarias la independencia económica, la soberanía política y la calidad de la democracia, todo en el contexto de la crisis general del sistema capitalista mundial, también imbuido del mismo paradigma.
Así se explica que, por el mantenimiento, en lo sustancial, de la misma estructura productiva y de propiedad – expresión de la perdurabilidad de ese poder – quedó seriamente cuestionada la viabilidad de cambios progresistas en la distribución del ingreso y la reversión de las causas determinantes del crecimiento de la precariedad y la pobreza, acompañado por la violencia desde el poder político en respuesta a los intentos reivindicativos del pueblo.
Son falencias cuya persistencia en el tiempo, aún con gobiernos de distinto signo, demuestra además la falta de contacto entre la dirigencia política y social con sus bases sociales, al punto que éstas, hastiadas tras reiteradas frustraciones, ya no las reconocen como sus dirigentes, como sus representantes. No se ven reflejadas en ellas. En muchos casos ya ni les creen ni les interesa lo que esa dirigencia diga. Ni el menor asomo de movilización ante el intento de magnicidio de una lideresa de la envergadura de CFK.
Por eso los altos índices de abstención en las elecciones. Por eso la crisis es también de representatividad. Realidad que se prueba con lo atractivo que resultó para sectores despolitizados el slogan que atribuye a la “casta política”, a la política y los políticos, toda la responsabilidad de los males. Por eso el marquetinero ñ“el cambio no es viable con los mismos de siempre”. Tramposa manera con el que el poder real oculta su propia responsabilidad.
Es éste, para nosotros, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina y la verdadera naturaleza de nuestros problemas como país. Tiene como impulsor a un sujeto social, un poder de nuevo tipo. El problema es pues político. Igual que el carácter de su solución.
2.- Insuficiencia de divisas y condicionamientos por la deuda externa
Como contraste, un enfoque distinto para caracterizar la crisis del capitalismo argentino parte por poner de resalto el bimonetarismo, componente de nuestra cultura y su efecto sobre la economía, sumado a la tradicional insuficiencia de divisas derivada de la restricción externa y los efectos condicionantes del endeudamiento externo.
En otras palabras, en la tradicional falta de divisas sumada a su consecuencia, el endeudamiento externo y sus condicionamientos, radica para este enfoque la raíz de la inflación, la concentración de los ingresos, la expansión y profundización de la pobreza y las tensiones político-sociales, incluidas las institucionales.
No desmerecemos ni minimizamos la problemática generada por el bimonetarismo, la insuficiencia de divisas y los condicionamientos derivados de la deuda, pero de allí a erigirlos en el núcleo generador de la crisis, haciendo caso omiso del gravitante papel que en ello juega el poder real, el capital concentrado – aún con sus contradicciones internas –, excede las implicancias de un diagnóstico equivocado. Aferrándose a este criterio es como se termina ejecutando una política que cae irremediablemente en la conciliación con los enemigos del pueblo y de la Nación, en la reiteración y agravamiento de las consecuencias de la crisis y de la frustración social.
La sistemática insuficiencia de divisas y sus repercusiones es el efecto, el resultado de la crisis argentina y no la causa que la genera.
A modo de ilustración. Para actuar contra la insuficiencia de divisas ¿Cómo y por qué se ignora, se tolera, por ejemplo, el alto grado de concentración de capitales en el manejo del comercio exterior de la producción agropecuaria y minera, su decisivo peso en la retención de cosechas y la liquidación de divisas de lo ya exportado? ¿Por qué se aceptan como válidas las declaraciones juradas de lo que se embarca para exportación, sin verificar la veracidad de lo declarado? ¿Quiénes son los responsables de la tercerización en el comercio exterior, usual mecanismo para subfacturar exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, fuentes inagotables de los capitales que fugan? No olvidemos el contrabando, facilitado por el control privado de los puertos a la vera del Paraná, paso obligado del 80% de nuestras exportaciones, vía que ahora cuenta con la “colaboración” de las fuerzas armadas de los EE.UU.
¿Cómo no señalar las nefastas consecuencias de la desregulación y liberalización del mercado internacional de capitales y su uso en el juego especulativo – financiero, la conocida operatoria del Carry Trade o bicicleta financiera, usufructuada por el capital financiero e impulsada, amparada y sostenida por el Banco Central, como por ejemplo con las Leliq´s, las Lecap y los demás pasivos remunerados del Banco Central y del Tesoro Nacional?
Estos son en gran parte los porqué del origen de nuestra insuficiencia de divisas y de la fenomenal deuda externa, la que para saldarla se recurrió al FMI, acompañado de sus condicionamientos.
Se atribuye la crisis a la debilidad de las reservas internacionales, pero en lugar de actuar acotando el poder operativo de los que de hecho administran el mercado cambiario, el comercio exterior y el movimiento internacional de capitales, se devalúa nuestra moneda, se instrumenta el desguace del Estado, se promueven las privatizaciones y las políticas de ajuste en perjuicio de las mayorías populares, que al empobrecerlas, limitan su consumo, restringen el crecimiento del producto, posibilitando con ello la reducción de la necesidad de importaciones y el crecimiento de los saldos exportables. Más concentración, más pobreza y menos democracia.
Si de lo que se trata es de resolver el problema social de la magnitud que nos asola, una crisis que ya alcanza los ribetes de lo político institucional, distingamos entre un enfoque político para enfrentar y doblegar a una clase social responsable de la generación de la crisis versus las medidas técnicas e instrumentales que implemente un gobierno para enfrentar uno o más problemas de funcionamiento, sin olvidar que el diseño técnico instrumental cambia considerando a favor de quién se gobierna o a quien no se enfrenta al gobernar.
3.- Tamaño y rol del Estado, déficit fiscal y la emisión monetaria
Una tercera corriente de opinión se enfoca en la que para ella es el excesivo involucramiento del Estado en la gestión pública y por ello la generación de gastos que, al superar los ingresos, derivan en déficit fiscal que se cubre con emisión monetaria. Este desequilibrio es – para esta corriente de pensamiento monetarista – fundamento de la inflación, de la crisis y sus efectos.
Empírica y teóricamente está demostrado que el incremento de la masa monetaria no es causal de incremento de costos y por tanto no cumple requisito alguno para el aumento de precios. Con el mismo criterio habría que responsabilizar de lo mismo al crédito bancario, que, por efecto del multiplicador de los depósitos, incrementa la masa monetaria. Pero nadie ni por casualidad propicia restringir el crédito como política antinflacionaria.
Inquiriendo sobre las causas reales de la crisis y sin necesidad de una extensa indagatoria, sacaremos conclusiones con sólo analizar las consecuencias de la política de desregulación de la economía y de liberación de precios impuestas por el anarco capitalismo de Javier Milei tan pronto asumió la presidencia. Absorbida ya hace rato la mega devaluación de diciembre de 2023, y a pesar del posterior mantenimiento de un tipo de cambio relativamente constante, de meses con superávit fiscal y baja de la masa monetaria – no hay emisión -, es estrepitosa la disparada desbocada de precios, impulsada y apropiada por el gran capital. Es un vendaval que sólo se atenuó ante la fenomenal caída del consumo y la demanda. He aquí con fundamento la denominación de “formadores de precio”.
Respecto a la causa inflacionaria sostenida por este discurso, es de hacer notar el alto grado de cooptación de la subjetividad social con esta falacia argumentativa. Más que un error de concepto de amplia difusión, es palpable la generación interesada de opinión, tarea encarada por la corporación de medios y la de los formadores profesionales del sentido común para hacer digerible la redistribución regresiva del ingreso y su capitalización.
Este curso especulativo y de remarcación desorbitada de precios tiene certificado de nacimiento de larga data en Argentina. al igual que la fuga al exterior de lo acopiado.
Habida cuenta de estos antecedentes no es difícil interpretar en favor de quién se instrumenta esta política autodefinida antinflacionaria, sustentada en el desguace del Estado, las privatizaciones, la extranjerización de los recursos naturales y las políticas de ajuste fiscal: redistribuir regresivamente el ingreso, comprimir por esta vía el consumo y la demanda de las mayorías y sobre esa base contener artificialmente los precios. La consecuencia es ineludible: mayor diferenciación social, más extensa y profunda la pobreza, menor calidad democrática.
Lo urgente
Sabido es que el hambre y el miedo restringen el poder de elección y decisión de quienes los padecen, sumado a la práctica de la judicialización y desabastecimiento de los comedores y merenderos comunitarios, con el indesmentible propósito del debilitar a las organizaciones sociales: sin oposición en la calle, está más despejado el camino para imponer los cambios estructurales contenidos en la ley Bases, en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (REGI) y el DNU 70/2023.
A marzo de 2024, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) el 55.5% de los habitantes de áreas urbanas (24.9 millones) estaban en situación de pobreza y un 17.5 % (7.8 millones) en situación de indigencia, es decir incapaces de adquirir una canasta alimentaria mínima, con el agregado de que 7 de cada 10 menores de 14 años transitaban en situación de pobreza. Para la UNESCO 1 de cada 5 menores viven en situación de indigencia (19.4%). Señas que son mayores cuando se computan los habitantes de todo el país.
Por otro lado, mientras 44.000 comedores y merenderos comunitarios están desabastecidos, que hay una población creciente en situación de calle y un Estado que se desentiende de esta catástrofe social y en ascenso, ahora se sumó una campaña de desmantelamiento del aparato estatal con oleadas de despedidos. No mejor suerte tienen los programas e instituciones dedicadas a la cultura y las de investigación, ciencia y tecnología.
Es un combo que tiene raíces mucho más profundas que la falta de divisas y una inflación que se dice alimentada por el déficit fiscal y la emisión. Se está intentando reconfigurar al país, deprimir y desvalorizar a su mercado interno, desindustrializarlo, darle primacía a un desarrollo extractivista, exportador de producción primaria y consolidar el poder que comande una economía y una política propias de una colonia, con una cultura social, un sentido común que lo consienta, que acepte el sometimiento.
Lo prueban las visitas y declaraciones de Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército de los EE.UU. y el proyecto de ley del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases, norma esta última que además proyecta la peligrosa delegación de facultades a un ejecutivo que proclama como su principal misión destruir al Estado por dentro, que anula derechos de los trabajadores, que habilita las privatizaciones y el rol de un Estado con incapacidad de gestionar en favor de las grandes mayorías.
Probablemente el RIGI sea el corazón del cambio. Con beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros a disfrutar durante 30 años, en favor de inversiones superiores a los U$S 200 millones, piso base que sólo puede atraer a fondos de inversión extranjeros interesados en los recursos naturales de los que Argentina fue favorecida por la Naturaleza, tales como el litio, el cobre y tierras raras en minería, el gas y petróleo no convencionales, la explotación del agua y el sector agroalimentario.
Ventajas como la reducción de impuestos, exención de derechos de importación y exportación, libertad para el ingreso y egreso de divisas, ausencia de restricciones para la importación de bienes de capital, partes e insumos nuevos o usados, todos símbolos que no sólo significan una discriminación en contra de la inversión doméstica. No se las obliga al agregado de valor, a la industrialización de los recursos, a la incorporación y transferencia de tecnología, a apalancar con su actividad y los excedentes el desarrollo industrial del país. Serán mínimos sus requerimientos de mano de obra y las divisas que quedarán en el país. Y como colofón, sometimiento al CIADI, órgano judicial y de arbitraje del Banco Mundial, de todo litigio que aparezca.
Conclusión: economías de enclave, tierra arrasada en favor de capitales multinacionales, reconfiguración económica, social, política y cultural del país, con una lógica de funcionamiento que pondrá en juego la convivencia social.
Orientación que el poder real y en su representación, el gobierno argentino, refuerza en el plano internacional. Lo hace al explicitar su alineamiento incondicional con EE.UU. y con el Estado de Israel en esta etapa de disputa que el primero promueve por la hegemonía mundial, con su economía en pleno repliegue, exacerbando por eso los focos de guerra y el riesgo de la hecatombe nuclear.
Quebrando la tradición pacifista y de neutralidad del país, el gobierno acaba de adherir a la Argentina al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, llamado Ramstein, coordinador de la ayuda militar a ese país en su guerra con Rusia, un conflicto con derivaciones impredecibles. Circulan versiones sobre ofrecimiento a Ucrania de los aviones de combate adquiridos durante la gestión Macri y de los tanques militares TAM. ¿Hasta dónde piensan que nos pueden arrastrar?
Por eso lo vital ahora es resistir y superar este estado de degradación general y de peligros inconmensurables, conscientes que, sin lucha, sin presencia del pueblo en la calle, no existe posibilidad de cambio. Por eso, si aspiramos a erradicar de raíz un problema de aparición reiterada y agravada, esta lucha no puede circunscribirse a lo puramente reivindicativo.
Una primera urgencia es, desde ya, detener y revertir en todo lo posible este aluvión degradante de la calidad de vida de las mayorías populares, esta inminente catástrofe social, incluidos la anulación de la Ley Bases, RIGI incluido y el ¨DNU 70/2023.
Principio neurálgico para tener éxito en esta batalla es la acción más amplia, unida y coordinada de todas las organizaciones populares, en toda su diversidad, impulsada desde las bases sociales, en respaldo de un programa mínimo. Conscientes de que el logro de cada reivindicación fortalecerá la autoconvicción de la potencialidad del pueblo organizado y la posibilidad de avanzar luego hacia otras conquistas.
Pero además, frente a un poder dispuesto a arrasar con todo lo que se le enfrente, incluida la represión y la violencia antipopular, es ineludible la construcción de un contrapoder sostenido en una organización que se movilice, teniendo como norte un programa alternativo, que luche por conquistar la hegemonía que, asentada en un cambio cultural, en una nueva subjetividad social, en la convicción de que el pueblo es el verdadero generador de la riqueza y por ello titular de un inalterable derecho a gozar de una vida digna, alimente un futuro esperanzador y a ser partícipe de las decisiones relevantes de orden público y social. Base de una democracia de mayor calidad, de una democracia participativa.
Lucha de la que irá brotando una nueva dirigencia con cuya guía se debe hacer carne en la conciencia que el acceso a lo nuevo es un producto colectivo. Este es el verdadero cambio cultural y base de una nueva y favorable correlación de fuerzas, garantía del auténtico cambio.
*Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de TESIS 11.