Gerardo Codina*
Revista Tesis 11 (nº 113)
(Internacional)
El mismo día en que Cristina se entrevistó con el Papa por quinta vez, llegaba desde Roma otra noticia. La Guardia Costera italiana y la organización Estación de Ayuda a Migrantes en el Mar reportaban que 3.480 personas habían sido rescatadas frente a las costas de Libia, mientras viajaban hacia Italia en nueve barcazas y seis botes de goma. Con ellos suman más de 46 mil los rescatados en los primeros cinco meses del año, un 12 por ciento más que el anterior, según la ONU.
La escena repetida de muchedumbres apiñadas en embarcaciones precarias a la deriva en alta mar, aparece retratada una y otra vez en los diarios europeos. Cuando no se trata de ahogados en su intento desesperado de arribar al Primer Mundo, cuyos cadáveres pocas veces pueden ser recuperados para su entierro.
De acuerdo con la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, durante 2014 murieron 3.419 migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo a bordo de embarcaciones precarias o barcos con escasas condiciones técnicas o sobrecupo, y que se hundieron antes de llegar a destinos como Italia. Para darse una idea, una simple cuenta indica que los últimos rescatados eran 232 personas por embarcación, entre barcazas y botes de goma.
Lo que empuja a dar ese salto, muchas veces mortal, a miles de personas, es la sumatoria de conflictos, guerras y mala situación económica de muchos países africanos y árabes. La crisis humanitaria involucra grandes contingentes de personas. El Gobierno italiano pronostica que a lo largo del año llegarán unos 200.000 inmigrantes al país por mar, 30.000 más que el año pasado.
A eso se agrega que en Libia, donde arriba la mayoría como primera etapa de su viaje, las personas refugiadas y migrantes son víctimas de violaciones sexuales, torturas y secuestros a manos de traficantes y contrabandistas, a la vez que sufren la explotación sistemática de sus empleadores, persecución religiosa y otros abusos de grupos armados y bandas de delincuentes, según un documento publicado el 11 de mayo de este año por Amnistía Internacional.
En el documento, titulado ‘Libya is full of cruelty’: Stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and refugee (NR: Libia está lleno de crueldad’: Historias de secuestros, violencia sexual y abusos sobre migrantes y refugiados), se describe todo el horror y el padecimiento al que se enfrentan estas personas en Libia, muchas de las cuales se ven impulsadas así a embarcarse en una peligrosa travesía marítima, poniendo en riesgo sus vidas, en un intento desesperado por refugiarse en Europa.
“Las terroríficas condiciones en las que viven las personas migrantes, unidas a la cada vez mayor anarquía reinante y a los conflictos armados que asolan el país, ponen claramente de manifiesto hasta qué punto es peligroso vivir hoy día en Libia. Al no tener a su alcance vías legales que les permitan escapar y buscar seguridad, estas personas no tienen más remedio que ponerse en manos de traficantes, que las extorsionan, las someten a abusos y las agreden sin piedad”, explicaba Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La comunidad internacional ha visto, impasible, cómo Libia se ha ido sumergiendo en el caos desde que terminó la campaña militar de la OTAN, en 2011, y ha permitido, de hecho, que las milicias y los grupos armados actúen sin cortapisas.” Campaña militar es el pudoroso nombre que le da el representante de la ONG con sede en Londres, a la invasión que destrozó el estado libio producto de la revolución islámica encabezada por Muamar Ghadafi, cuya vida también se cobraron. Todo por hacerse del petróleo que había nacionalizado.
Italia fue parte de la invasión, ansiosa de tomar parte en el reparto de los recursos energéticos libios. Ahora le toca lidiar con las consecuencias, pero no quiere hacerlo sola. Tampoco España, el otro destino de la marea migratoria, quiere asumir en soledad los esfuerzos de todo tipo requeridos para atender a los migrantes forzosos. De más está decir que pocos los quieren en una Europa en crisis, donde florece la xenofobia.
La respuesta europea
A mediados de mayo tomó estado público el nuevo plan de contingencia de la Comunidad Europea para atender la situación planteada, para el que espera obtener el visto bueno internacional. Se trata de “nueva misión naval para luchar contra el tráfico ilegal de migrantes en el Mediterráneo”, que en palabras del Secretario para Asuntos Europeos de Francia Harlem Désir “se ocupará primero de “la identificación de los barcos”; en segundo lugar, de “la neutralización de las embarcaciones que puede llevar a su destrucción”, y por último, de “la lucha junto con los países de origen y de tránsito contra estas redes para desmantelarlas”[1].
Para esto quieren un mandato de Naciones Unidas, que les permita incluso operar en aguas territoriales de los países emisores. Así los líderes europeos dan vuelta el problema y procuran blindar sus naciones. El tema a tratar son los traficantes de personas y la solución, hundir sus naves. Una respuesta militar a las consecuencias de las agresiones anteriores y de la construcción de la desigualdad impuesta por el neoliberalismo.
También debatieron un cupo de refugiados anuales que pudieran admitir y el reparto en cuotas entre los diferentes países miembro de la Unión Europea. Pero rápidamente Inglaterra, Francia y otros países manifestaron su desacuerdo con asumir más migrantes en sus territorios. No son tiempos de igualdad, fraternidad y solidaridad en Europa. Por lo demás, libertad es sólo una palabra bonita, sobre todo cuando se trata de musulmanes y negros.
La noticia de la “solución” imaginada por los burócratas europeos se conoció por una publicación de WikiLeaks. Los documentos filtrados, que fueron redactados por los jefes de las Fuerzas Armadas de los Estados miembro de la UE y aprobado por representantes de los 28 el pasado 18 de mayo, esbozan una intervención militar contra los barcos que utilizan los traficantes de inmigrantes.
Ambos documentos detallan los planes para llevar a cabo una operación militar en territorio libio con el fin de destruir las embarcaciones utilizadas por los traficantes para transportar inmigrantes y refugiados, impidiéndoles alcanzar suelo europeo. El plan también recomienda recurrir a las capacidades de “vigilancia, inteligencia e información” de los Estados miembro de la UE y sus socios, y no excluye emplear la fuerza militar contra combatientes de la organización yihadista Estado Islámico (EI) en Libia.
En Europa hay quienes rechazan esta mirada. Según la eurodiputada por Izquierda Unida (IU) Marina Albiol “Desde la izquierda europea ya nos pronunciamos claramente en contra de este enfoque militar porque entendemos que no se está abordando el problema de raíz”[2]. Para la eurodiputada, “no puede darse un enfoque militar a una cuestión que necesita un cambio de políticas económicas, internacionales y migratorias”.
“Buena parte de la crisis que estamos sufriendo ahora en el sur del Mediterráneo es debido a intervenciones militares previas en la zona que han desestabilizado el país”, dijo. La solución “no puede venir por continuar desestabilizando la zona”, afirmó. Para abordar el problema de los refugiados en la UE, primero habría que preguntarse “por qué no hay vías legales para entrar en Europa”, explicó. “Luego habría que preguntarse por qué están huyendo, por qué Europa está promoviendo guerras en estos países, por qué nuestras empresas continúan saqueando estos territorios”, dijo.
Tampoco se hizo esperar la reacción de la comunidad internacional. Unos días más tarde, unos 300 académicos de los cinco continentes denunciaron la ofensiva militar propuesta por la Unión Europea contra “traficantes” de migrantes que operan en Libia en una carta publicada el jueves 21 de mayo en Open Democracy, un reconocido foro electrónico de debate.
Expertos de universidades de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá y Cuba, entre otros países, cuestionaron la “justificación moral de algunas de las naciones más ricas del mundo para utilizar su poderío naval y tecnológico que causará la muerte de hombres, mujeres y niños de las regiones mundiales más pobres y azotadas por la guerra”.
Los estudiosos rebaten como “patentemente falso y completamente interesada” la comparación de la trata de esclavos con la actual situación en el Mediterráneo. El escrito recuerda que es la negativa de la UE a abrir rutas seguras a los migrantes, lo que los fuerza a embarcarse en naves precarias para emprender la arriesgada travesía hasta las costas de Italia o España.
“Esto no es el equivalente contemporáneo del comercio de esclavos. Intentar aplastarlo con fuerza militar no es una postura noble, sino la continuidad de una larga tradición en que los Estados utilizan la violencia para prevenir que ciertos grupos de seres humanos se muevan con libertad”, protestan. Los 310 académicos demandan la acogida de más refugiados dentro de la UE y el desmantelamiento de los obstáculos al libre movimiento de las personas[3].
El lado oscuro de los tomates italianos
Con ese título, el diario español El País publicó el año pasado una historia que ilumina algunas de las razones que están detrás de la actual crisis humanitaria[4]. Cuenta el destino de Prince Bony, un trabajador ilegal nacido en Ghana que cultiva ahora tomates en el sur de Italia, en condiciones miserables y fuera de toda protección, el mismo trabajo que hacía en su país, hasta que la producción ghanesa de tomates quebró, por la competencia de las exportaciones italianas de tomates enlatados subvencionadas por la Unión Europea.
En efecto, la Comunidad no sólo favorece la producción de tomates en Europa –a razón de 34,5 euros por tonelada–, sino también su exportación, con otros 45 euros por tonelada. De esta manera, el 65% del precio del producto puesto en mercado es subvencionado por los fondos europeos.
La falta de trabajo en su país (en los cultivos de tomates) empujó a Prince a cruzar el desierto del Sahara y el Mediterráneo hacia Italia, donde es víctima de trata laboral cosechando los mismos tomates que precipitaron su desgracia. Esa guerra comercial, que impone el trato desigual en los intercambios entre países, genera en África y otras partes del mundo un excedente de población, que desesperadamente busca horizontes donde supone que hay oportunidades. Aunque no son para ellos, claro.
Un problema similar, una solución distinta
Si la respuesta europea se parece mucho a la frontera militarizada de Estados Unidos con México, otras regiones del planeta abordan similares situaciones de migraciones masivas por canales informales con otro tipo de respuestas.
En paralelo con la crisis del Mediterráneo, vino ocurriendo algo parecido en el Índico. El drama se precipitó por los esfuerzos de una minoría de confesión musulmana (los rohinyá), perseguida en Myanmar (antigua Birmania), por encontrar mejores horizontes. A bordo de embarcaciones de Bangladesh y Myanmar contratadas a traficantes ilegales, pusieron proa hacia el sur, rumbo a Indonesia, Malasia y Tailandia. A ellos se sumaron los que procuraban huir de la pobreza absoluta, procedentes de Bangladesh.
Los países receptores no celebraron el arribo ilegal. Trataron inicialmente de bloquearlo. En especial Tailandia, luego de descubrir varias tumbas en campos clandestinos para inmigrantes en el sur del país, inició una campaña contra el tráfico de personas que desencadenó la crisis. A raíz de la operación tailandesa, que llevó a la detención de 46 personas, miles de emigrantes de Bangladesh y de la minoría musulmana rohinyá, fueron abandonados por los traficantes en alta mar.
La intervención de organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos promovió un cambio de enfoque y las naciones involucradas se comprometieron en el rescate de las víctimas y el refugio al menos temporal de las mismas. Entre tanto, a iniciativa de Tailandia, representantes de 17 países y de organismos internacionales se reunieron en Bangkok para abordar la crisis de refugiados en el Sudeste de Asia, mientras miles de personas seguían a la deriva en el golfo de Bengala.
En el encuentro realizado a fines de mayo estuvieron representados Afganistán, Australia, Bangladesh, Myanmar, Camboya, India, Indonesia, Irán, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam y Tailandia. También hubo observadores de Estados Unidos y Suiza, así como delegados de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, las migraciones y contra el crimen.
En la apertura, el ministro de Exteriores tailandés, pidió un “esfuerzo conjunto” para dar asistencia humanitaria a los refugiados, combatir las mafias y abordar “la raíz del problema”. “Esta situación ha afectado a varios países de la región. Ningún país puede resolver este problema por si solo (…) Tenemos que trabajar juntos”, dijo en el discurso inaugural de la conferencia convocada por Tailandia.
La declaración final del encuentro, incluye un acuerdo para intensificar las operaciones de búsqueda y rescate de los cerca de 2.000 refugiados que la ONU calcula que aún se encuentran en barcos a la deriva en la bahía de Bengala o el mar de Andamán. Cerca de otros 4.000 han llegado a las costas de Malasia e Indonesia y ambos países se han comprometido a acogerlos a ellos y los que aún están en el mar de manera temporal durante un año.
El comunicado, que evitó la referencia directa a la etnia musulmana rohinyá, pidió actuar con el fin de “promover el respeto total de los derechos humanos y adecuar el acceso a las personas a los derechos y servicios básicos, tales como vivienda, educación y sanidad”. El grupo de naciones asiáticas también asumió el compromiso de actuar sobre las raíces del problema en los países de origen con medidas de incentivo económico, como la creación de empleo y la promoción de inversiones y el comercio en las regiones más desfavorecidas, según el documento conjunto con las conclusiones del cónclave.
Durante la rueda de prensa final tras la cumbre en Bangkok, el secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés, dijo que los objetivos planteados “son de largo plazo, pero muy necesarios” y advirtió que “una reunión no puede resolverlo todo, sería un milagro”. Entre tanto, los cinco países más afectados por la crisis, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Malasia y Tailandia, reafirmaron su compromiso a ofrecer asistencia humanitaria a los inmigrantes abandonados en barcos a la deriva y a las víctimas del tráfico humano.
Sin embargo, lo resuelto por la Cumbre, en opinión de Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, “no es suficiente”. “Problemas específicos de la cuestión rohinyá, como la falta de ciudadanía, la falta de libertad de movimiento, no se abordan”, señaló. Aunque se apueste por el desarrollo y por invertir importantes sumas de dinero en el estado birmano de Rakhine y otras zonas donde habita esta minoría de 1,3 millones de personas, “no es tan simple. El desarrollo necesita derechos para poder funcionar de manera efectiva”[5].
Seguramente tiene razón. Pero ello no quita que, a diferencia de los europeos, los asiáticos no adhirieron a soluciones militares para amurallar sus fronteras. Arriesgaron por el desarrollo de las zonas postergadas.
*Gerardo Codina, psicólogo, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
[1] Según lo publicado el 18 de mayo en la versión digital del periódico mexicano Informador. www.informador.com.mx
[2] Lea más en http://mundo.sputniknews.com/europa/20150527/1037784137.html#ixzz3bNtSWSzJ
[3] Lea más en http://mundo.sputniknews.com/europa/20150522/1037616488.html#ixzz3bNtvkvrG
[4] Se la puede leer en http://elpais.com/especiales/2014/planeta-futuro/tomates-italianos/
[5] http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/29/actualidad/1432920885_160677.html