Está claro que en la provincia de Jujuy hay un gobierno autoritario, que está utilizando la cárcel y la represión para acallar y aplastar a sus opositores y que maneja una justicia amañada y dependiente. Su elección por el voto ha quedado como una anécdota.
Su gobernador, Gerardo Morales, fue parte del gabinete nacional del entonces gobierno de Fernando De la Rua, que abandonó la presidencia de la Nación con 39 argentinos muertos por el pecado mortal de protestar en las calles contra su política económica y social. Ningún funcionario de ese gobierno fue condenado por ese crimen colectivo.
Ese mismo Morales, acompañado por la derecha macrista y el Frente Renovador y respaldado por una conducción de la UCR coherente con parte de su historia, la de los crímenes de los obreros de la Patagonia o las de los talleres Vasena, la que dio apoyo “popular” a los crímenes de los bombardeos del 55 en Plaza de Mayo y al golpe posterior, la que abandonó a su suerte a Arturo Ilia, o la que acompañó el golpe del 76 con funcionarios y con su entonces presidente Ricardo Balbín hablando de la “guerrilla fabril”.
Un Tribunal de la “justicia” de Jujuy, el TOF N° 1, inició un juicio de manera urgente contra la dirigente de la Tupac Milagros Sala a exigencias del Gobernador que necesita una condena, si o si, para justificar seguir teniendo presa a la dirigente social, por el “crimen” de tirar algunos huevos al entonces Senador por lo que solicitaron una pena de ¡8 años de prisión!. El mismo Tribunal que trabaja a paso de tortuga en el juicio por el Apagón en Ledesma con su secuela de cientos de detenidos y decenas de desaparecidos, la misma justicia que a Blaquier, el dueño del Ingenio y verdadero gobernador feudal de la provincia, lo sobreseyó por su responsabilidad por esas muertes y desapariciones de trabajadores después de 40 años de dilaciones.
Una farsa de juicio en el que la acusada se encontraba a 50 km. del lugar donde se produjeron los hechos, donde se cayeron uno a uno los supuestos testigos, salvo un personaje que es empleado de Morales y que tiene un contrato de trabajo que vence a fin de año.
Mientras a Milagros Sala se la juzgaba, en la calle la policía jujeña, a las órdenes de Morales, golpeaba y reprimía diputados nacionales, concejales y dirigentes de fuerzas políticas, sindicales, de derechos humanos, periodistas, etc; particularmente a las mujeres, algunas de ellas manoseadas.
¿Cuantos años habría que pedir a Morales por esta acción violatoria de leyes y de la propia Constitución?.
El caso ha llegado, por sus repercusiones nacionales e internacionales (pronunciamientos por la libertad de Sala de organismos de la ONU, la OEA, etc, etc), a manos de la Corte Suprema, lo puede tomar o descartar y está obligada políticamente, si lo toma, a un fallo rápido. Fallo que puede determinar, en cualquiera de los dos casos, donde nos encaminamos en el futuro inmediato, no solo en Jujuy sino en todo el país, ante el horizonte de luchas, que desarrollará sin dudas el movimiento popular, para enfrentar los planes de entrega, desocupación, hambre y miseria que está desplegando el gobierno de Mauricio Macri.
Alberto “Cacho” Rodríguez