(dossier América Latina: artículo 6 de 7)
Miguel Limia David*
“La reestructuración del modelo económico-productivo y de servicios de nuestra sociedad supone la creación de un nuevo modo de proveer y ejercitar los derechos cívico-políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Por tanto, implicará una profunda transformación tanto del Estado como de la Sociedad Civil y sus relaciones mutuas, su marcha hacia grados de mayor armonía en su diferenciación y como escenarios de socialización creciente del poder.”
El comienzo de significativos cambios normativos introducidos en la vida del país en la actualidad constituye la respuesta a una agenda de transformaciones surgida de un profundo, amplio y sostenido proceso de debates y consultas populares, desde las bases mismas de la sociedad. Están enfilados en conjunto a implementar un nuevo modo de continuar la construcción del socialismo –solucionando contradicciones derivadas de las características estructurales y coyunturales de las etapas anteriores de desarrollo–, a fin de superar de manera definitiva la condición de país subdesarrollado, y garantizar la consolidación y ampliación subsiguiente de la justicia social con sostenibilidad económica y medioambiental, sobre la base de la participación popular decisoria, diferenciada y múltiple.
La reestructuración del modelo económico-productivo y de servicios de nuestra sociedad supone la creación de un nuevo modo de proveer y ejercitar los derechos cívico-políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Por tanto, implicará una profunda transformación tanto del Estado como de la Sociedad Civil y sus relaciones mutuas, su marcha hacia grados de mayor armonía en su diferenciación y como escenarios de socialización creciente del poder. Tienden a modificarse de manera profunda todos los términos de este vínculo, incluidas la relación del Estado con el ciudadano y del individuo con la sociedad.
Se está redimensionando el Estado, pero con ello se están induciendo transformaciones cardinales e inéditas de las instituciones, las relaciones, las formas de práctica y las funciones sociales de toda la Sociedad Civil, no sólo de su nexo con la institución pública del Estado. Entonces se transforma en un asunto de orden pensar más a fondo y en detalle el modo en que habrá de construirse la hegemonía de los valores socialistas genuinos en las nuevas condiciones, tanto a nivel social global, como en la dimensión local.
El fin inmediato de esta nueva orientación de la estrategia política pública es actualizar el modelo económico mediante la reestructuración de la actividad productiva y laboral, así como del redimensionamiento del estado, en medio de un escenario internacional caracterizado por la crisis sostenida y la beligerancia del imperialismo transnacional, liderado militarmente por Estados Unidos.
Las consecuencias sociales de estas transformaciones se extenderán por razones conocidas mucho más allá del plano exclusivamente económico y político-institucional y del nivel de vida, para impactar directamente desde el punto de vista estructural y funcional las distintas dinámicas sociales, socio-clasistas, de género, raciales, políticas, psico-ideológicas y culturales en sus planos colectivos e individuales de manifestación.
Las medidas del reordenamiento económico y laboral y del redimensionamiento del estado, en su conjunto y significado práctico, están enfiladas a modificar pautas esenciales de organización y configuración de la vida de la sociedad, de su discurso institucional y de los proyectos personales y colectivos de vida, establecidas históricamente como fruto de la Revolución y consolidadas por largos años de historia en otras condiciones de desarrollo.
Los cambios que se proyecta introducir en el campo económico-productivo y laboral condicionarán que las demás esferas y fenómenos de la vida a nivel territorial, global, comunitario, clasista, de género, racial, etáreo (particularmente en relación con la juventud y la tercera edad), personal, formal e informal, etc., se comiencen a configurar y comportar de un nuevo modo, en relación con etapas anteriores de la construcción del socialismo en Cuba.
Es decir, implican que se reestructuren los fundamentos de la vida cotidiana en un periodo de tiempo relativamente corto, con la concomitante transformación de la noción de la normalidad en la vida y la política habituales del país. Esto entrará en interacción conflictiva y de lucha con lo establecido por largos años de construcción del socialismo y de enfrentamiento al “’periodo especial’”.
Un cambio de esta naturaleza intervendrá en las opiniones, puntos de vista y representaciones colectivas de los actores políticos a diferentes niveles, sobre un fondo psicológico social que tendrá importantes componentes de incertidumbres y también de esperanzas.
Visto de otra manera, el contenido social integral de la etapa, es altamente contradictorio, porque se producirán profundas transformaciones de las pautas establecidas por largos años para la producción y reproducción de la vida económico-productiva, laboral (el tema no es únicamente de plantillas, ya que se modifican criterios esenciales de la organización social del trabajo, de la estructura y actividad empresarial, así como de las funciones y atribuciones del Estado), política, social, socio-clasista, socio-generacional, de género, racial, ideológica y cultural del país, con las correspondientes consecuencias sociales prácticas.
En consecuencia, la preparación del factor subjetivo para implementar con éxito el cambio de lo asumido como “la normalidad” resulta entonces esencial, es la única manera de enfrentar la incertidumbre que será consustancial a este proceso, con menor margen de vulnerabilidades, riesgos y amenazas.
Este último constituye un argumento adicional para fundamentar la necesidad de que se identifique claramente por la ciudadanía el papel protagónico del Partido Comunista de Cuba como institución política específica a la vanguardia de estos procesos, y fuente de autoridad institucional irrecusable para establecer la correlación actualizada entre las formulaciones ideológico-políticas de orden y los fundamentos del pensamiento estratégico de la Revolución Cubana, cuestión que se encontrará en el centro de la producción y reproducción de los valores espirituales de la sociedad.
Una de las implicaciones más importantes de estas transformaciones en marcha es que actuarán directamente sobre las pautas establecidas en la cultura organizacional, económica y política en general de toda la institucionalidad, con lo que ello supone de cambio profundo para el conjunto de la vida de la sociedad. De aquí se deriva que exigen un proceso acelerado de desaprendizaje de las viejas formas de práctica, el cual involucrará tanto a dirigentes como a dirigidos, porque precisamente de estos términos y sus relaciones se trata.
El tema del cambio de los viejos hábitos, formas de hacer y saberes, y la capacitación para un nuevo orden de cosas, constituye un elemento clave en dos direcciones sociales estratégicas. Por una parte, para modificar las concomitantes redes, enlaces, normas y vínculos sociales que se han establecido hasta el presente, como resultado de la configuración específica de intereses, establecida por largos años en los diferentes sectores y campos de la sociedad, y en cuyo seno transcurren las prácticas cotidianas de dirección y de vida que se necesita cambiar.
Y por otra, a fin de incentivar y acelerar el ritmo de la creación de las capacidades subjetivas necesarias para el reajuste y el desempeño de los nuevos roles y estatus generados por el cambio, tanto en las generaciones más maduras como en las nuevas, aunque de modo particular en estas últimas.
Es un proceso que requiere una intensa capacitación de actores (dirigentes y dirigidos) a todos los niveles e instituciones, acerca de las nuevas pautas y presupuestos de la actividad política y económica. Esta capacitación sólo puede proveerse a partir del amplio y profundo debate político interactivo, encauzado institucionalmente, y mediante la labor del sistema socializador profesionalmente organizado (se tiene en cuenta tanto el sistema educacional en su conjunto, como el de la preparación de los cuadros y los medios de comunicación masiva).
Lo antes apuntado permite afirmar que el ritmo, la profundidad, el carácter y el alcance sociales de las transformaciones efectivas de las relaciones económicas y laborales dependerán en mucho de la concertación de un nuevo consenso político, sobre la base de la más amplia participación popular en el diseño, implementación y control de los mencionados cambios, bajo la dirección estratégica del Partido Comunista de Cuba, centrado en los modos, formas y contenido del cambio, y en la capacitación para los nuevos roles y estatus.
Hay que notar que resulta imprescindible tomar conciencia de que las instituciones políticas y sociales, a la vez que son actores claves de este proceso, también tienen que estar sujetas a la actualización de su cultura y lenguaje organizacionales. Es necesario trabajar conscientemente para configurar un nuevo estado cualitativo de la relación Sociedad civil-Estado tanto a nivel global como local.
En particular, esto establece profundos retos a las organizaciones de masas y sociales, en relación con el modo con que tradicionalmente han enfocado su misión, funciones y atribuciones en la vida de la sociedad. Ellas no pueden permanecer inalteradas en su relación con la sociedad, ni actuar del mismo modo y a partir de las mismas premisas que lo han hecho en las etapas anteriores de la Revolución, porque sus estructuras, estilos de dirección y trabajo, lenguaje y cultura organizacionales están gravadas por las características sistémicas tradicionales que requieren ser modificadas.
Es a la luz de este panorama que resulta evidente la necesidad de superar crítica y constructivamente los estereotipos ideológicos ya obsoletos, históricamente conformados en otras condiciones sociales y para otras circunstancias; así como enriquecer el paradigma estratégico de la Revolución cubana para responder a las necesidades, intereses, expectativas y capacidades de nuestro pueblo de salir del subdesarrollo y construir una sociedad de economía solidaria sostenible y eficiente.
El tema de los estereotipos no debe ser ventilado a través de la dialéctica verdad-error, porque se trata de un asunto mucho más complejo, el cual se relaciona con el carácter concreto de la verdad y con el condicionamiento práctico del modo subjetivo de aprehender las relaciones sociales.
Los estereotipos psico-ideológicos que tenemos en cuenta –y cuyo listado agotador no se pretende en absoluto–, expresan la experiencia histórico-concreta específica del sujeto político hegemónico en la transformación práctica de las relaciones sociales; por tanto, son pautas para organizar y evaluar la información sobre los acontecimientos, eventos, hechos sociales, determinada pantalla que condiciona la mirada, establece sus límites ontológicos y no permite ver más allá ni de forma diferente los fenómenos de la sociedad y las personas individualmente consideradas. Son asimismo una pauta para modelar las acciones a realizar, intervienen como axiomas textuales del discurso político habitual y se asumen como el modo correcto de actuar, de opinar, de entender, de aspirar, de explicar. Por eso, no son específicamente errores, sino cauces ontologizados de la actividad ya obsoletos, no funcionales, desactualizados. Por su fuerza y vitalidad merodean en la cabeza de los hombres como duendes del pasado.
Entre los estereotipos psico-ideológicos a superar se encuentran las representaciones relativas a:
1. el Estado garante y sostén directo e inmediato de la vida de cada uno, del empleo, del salario, de la salud, de la educación, de la cultura,–separado de la noción de obligación directa frente a él, y omitiendo las otras instituciones de la sociedad civil (familia, comunidad, barrio, organizaciones sociales), potencial y realmente concernidas en la vida inmediata.
2. el estado como proveedor o responsable de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, estado redistributivo y “dador”—separado de la obligación de producir, y de la noción de que la fuente de la riqueza está en el trabajo y la naturaleza.
3. el estado revolucionario como conquista del pueblo que suprime la zozobra existencial personal—separado de la noción de la incertidumbre de las relaciones de la comunidad con el entorno social y natural, de las exigencias de la sostenibilidad.
4. la justicia social derivada de la redistribución de la riqueza por la vía indirecta—separada de la noción de la responsabilidad directa en la producción de riquezas. Este elemento ha tenido múltiples condicionamientos, uno de ellos ha sido la manera en que se ha organizado la política fiscal del país, la cual por largos años omitió el nexo inmediato entre los ingresos personales y el financiamiento de la institucionalidad pública. (Ley 998/1962 y Ley 1213/1967, Ley 73/1994). Afirma la condición del ciudadano receptor de derechos otorgados, de servicios y prestaciones, por parte de la institucionalidad pública, no de ciudadano sujeto de actividad transformadora ante todo laboral y política, expresada en las iniciativas públicas globales y locales.
5. la contraposición entre riqueza y conciencia durante la construcción socialista—separada de la noción del modo con que se produce la riqueza. Este estereotipo obedece al enfoque de la construcción de la cooperación social desde la distribución (en rigor redistribución) de los recursos, justificado y explicable en la representación subjetiva de las generaciones que comenzaron el proceso revolucionario (cuya tarea social esencial consistió inicialmente en redistribuir los factores de la producción, además de su resultado). Pero superado histórica y prácticamente por los acontecimientos, en la medida que se produce el avance de la revolución, ya que el tema social central se transforma en el modo de cómo producir de manera sostenible y sobre valores socialistas la riqueza, superando a la vez el subdesarrollo heredado del capitalismo. Se trata de un prejuicio psico-ideológico –aun cuando tuviera expresión en la esfera de la producción teórica–, cuya inviabilidad se remarca en las condiciones actuales.
6. la identificación entre la noción de propiedad social y la propiedad estatal—separada del concepto de propiedad pública y no diferenciada de las formas de gestión; la indiferenciación de los atributos de la propiedad (uso, disfrute y disposición); en la concepción y organización práctica de la cooperación social para producir y reproducir la vida material. Las otras formas de propiedad (privada, personal, cooperativa, mixta) y gestión posibles (micro, pequeñas y medianas empresas) son vistas como “concesiones”, “problemáticas”, “históricamente superables”. Es decir, o se silencian mediante formulaciones ambiguas e inexactas como las del “trabajo por cuenta propia”, o se consideran como “impropias” de la cooperación social de carácter socialista. En realidad son susceptibles de acumular para la hegemonía socialista en los marcos de una economía solidaria, si se enlaza el lado económico con el político de la propiedad, dentro de estrategias locales y nacionales debidamente articuladas; planificando y regulando así el sistema complejo de producción (apropiación), distribución, cambio y consumo de los bienes y servicios.
7. la identificación de la función estatal con la función empresarial en el sector público.
8. la identificación de la participación con la movilización verticalista, esencialmente apta para las tareas destructivas y defensivas. Este modo de convocar a la participación para construir la cooperación social en diferentes tipos de actividades, se basa en la noción de la ética del heroísmo trascendental, la cual supone la identidad de los intereses personales, colectivos particulares y los sociales generales; con la correspondiente supeditación y posposición permanente de los primeros respecto a los últimos.
9. la noción de la participación en la actividad constructiva, configurada a tenor del modelo de la actividad destructiva y defensiva propio de los momentos iniciales de la revolución: jornadas, marchas, campañas, batallas. Asimismo se le sustenta en una supuesta identidad e indiferenciación de los intereses del individuo con los de la sociedad, en la posposición de lo individual frente a lo social, a lo colectivo. Esto condiciona además la incapacidad para apoderarse prácticamente, y percibir que se hace en la propia conciencia, del tiempo de vida individual. Tiene un impacto negativo directo sobre la percepción individual de la libertad.
10. la identificación de la manifestación de los intereses personales o de grupo particulares como fenómenos anti sistémicos.
11. la presuposición de un solo y homogéneo eje de referencia axiológico revolucionario en la sociedad para interpretar y asumir los acontecimientos, hechos, procesos e informaciones; contrapuesto al único eje contrarrevolucionario. Es el monismo axiológico unicentrado en la construcción de la cooperación social, el cual resulta superado por los acontecimientos históricos enlazados a la obra creadora de la revolución.
12. la mirada sobre la nueva cotidianidad desde el pasado y el futuro, no centrada en su dignidad ontológica como fuente de satisfacciones e insatisfacciones, de fortalezas y debilidades, de vulnerabilidades, oportunidades, amenazas y riesgos. Este prejuicio afecta sensiblemente la capacidad para proveer la seguridad nacional desde los espacios cotidianos de actividad revolucionaria.
13. la presunción de que la influencia ideológica ocurre como difusión de información cognitiva-racional y emocional-representativa sobre la base del goce o disfrute trascendental, heroico, sacro, de identificación trascendental con los símbolos de la comunidad (Patria, Revolución, Socialismo), no en el goce y disfrute cotidianos, identificado en el trabajo, en el servicio diario en la actividad económica, política, social, comunitaria.
Este estereotipo hace que no se tome en cuenta la necesidad del diseño de la propia sensibilidad en la cotidianidad, para lo que en el país existen suficientes capacidades profesionales, medios técnicos y de diseño.
Es la lógica de la emergencia y la identidad inicial del proceso, no de la normalidad; en ello se manifiesta el sello de las aspiraciones de una generación, pero para el resto de la mayoría este asunto interviene como condición existencial de vida, no como aspiración a ser lograda.
Las transformaciones a que me he referido condicionan que determinados espacios e instituciones de la sociedad civil comiencen a adquirir un papel nuevo y protagónico en la vida de la sociedad, así como la necesidad de la actualización organizacional de las instituciones políticas, de las organizaciones sociales y de masas.
Deben traer consigo un avance significativo en la modificación del modo de participación popular, del involucramiento de los diferentes grupos, capas, sectores, clases sociales e individuos, diferenciados y heterogéneos, en la construcción de la cooperación social para la actividad transformadora en la producción, los servicios, la vida comunitaria, la actividad de dirección, etc.
Ello implica situar un énfasis decisivo en el perfeccionamiento y modernización de la empresa estatal, en la toma de decisiones a nivel del poder popular local, territorial, en las estrategias de desarrollo local, basadas en potencialidades para proveer un marco de acumulación socialista en términos de economía solidaria.
De todo ello se deriva la necesidad del ejercicio de un nuevo modo o fisonomía de la ciudadanía política en el país, centrada en la noción del ciudadano/na como sujeto de trabajo, de portador y promotor de iniciativas públicas, de cumplidor de responsabilidades múltiples y diferenciadas en distintos espacios y relaciones de la vida social.
*Miguel Limia David, Dr. En Ciencias Filosóficas, investigador titular, profesor titular adjunto, profesor de honor de la Universidad de Arequipa, Perú, miembro electo de la Academia de Ciencias de Cuba, Presidente del Consejo de Ciencias Sociales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.