La prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, constituye un evento de gran impacto. Generan honda preocupación los arbitrarios fundamentos del fallo, sustentado en las “íntimas convicciones” de un fiscal y en noticias periodísticas no avaladas en sede judicial, a falta de pruebas reales y consistentes, así como la intencionalidad evidente de proscribir a Lula con vistas a la próxima elección presidencial.
Más allá de la prolongada sucesión de episodios tortuosos que culminan en esta decisión judicial, el contexto en el que ella ocurre solo puede agregar aprensión. Brasil vive hoy una profunda crisis política, a partir de la destitución, sobre bases absolutamente endebles, de la presidenta Dilma Roussef, en un clima de gran tensión y violencia. Se ha inducido un fuerte resentimiento hacia las medidas redistributivas e inclusivas que propiciaron los gobiernos del Partido de los Trabajadores a partir del año 2003. Este resentimiento ha sido luego capitalizado políticamente. Una parte importante de los medios periodísticos ha participado abiertamente de este proceso.
Solo para mencionar hechos recientes, preocupa el asesinato de una concejala en la ciudad de Río de Janeiro, Marielle Franco, y el ataque con armas de fuego a una caravana del Partido de los Trabajadores. Más alarmante aun, estos hechos no han recibido un repudio generalizado; han sido justificados, incluso por la voz de líderes políticos.
Otros hechos son igualmente tan inquietantes como condenables. El Gobierno Federal ha decidido movilizar al Ejército con el presunto propósito de combatir el delito en la ciudad de Río de Janeiro. Esta decisión se vio respaldada por una ley sancionada en octubre de 2017, por la que se establece la jurisdicción de la justicia militar en las acciones realizadas en ámbitos civiles, sustrayendo estas acciones de la justicia ordinaria. Consideramos que se trata de una virtual carta blanca para operaciones represivas sin restricciones legales y que esta tendencia al autoritarismo del gobierno por la que se incrementa la presencia militar puede desembocar en situaciones de violencia aún mayores.
Por otro lado, ha habido declaraciones que desembozadamente han presionado en favor de una mayor presencia militar; algunas de ellas se relacionaron con el resultado del procesamiento del expresidente Lula, incluyendo menciones explícitas a derramamientos de sangre. La reacción a estas expresiones ha sido muy tibia.
Estos hechos parecen apuntar a una mayor presencia de las fuerzas armadas en el gobierno del país, acompañando la descomposición de la gestión presidencial, encarnada por el Presidente Michel Temer, quien se encuentra gravemente involucrado en episodios de corrupción.
Percibimos así un claro resquebrajamiento de la institucionalidad democrática de Brasil. Para peor, goza de aceptación en diversos estamentos un candidato presidencial de posturas autoritarias y protofascistas.
Si este proceso se acelerara, habrá sin duda repercusiones negativas no solo en Brasil, sino en toda la región. Podría así involucionarse hacia formas autoritarias, algo de lo que había logrado alejarse en las últimas dos décadas.
Preocupa, asimismo, la ausencia de todo pronunciamiento y/o acciones en relación con la situación brasileña por parte del MERCOSUR y de la UNASUR, en violación explícita del derecho regional y del espíritu constitutivo de los esquemas de integración en Sudamérica, hijos de la recuperación de la democracia. El gobierno de la República Argentina, que tiene una responsabilidad especial en este sentido en tanto ejerce la presidencia pro tempore de la UNASUR, no ha convocado a ninguna reunión extraordinaria para evaluar la situación, primer paso esencial previsto en situaciones similares en el pasado. Se pone en duda, así, el compromiso democrático actual de la mayor parte de los gobiernos de la región, particularmente del argentino.
Manifestamos nuestra honda preocupación, ante la posibilidad de este escenario de recorte de libertades y derechos, palpable en Brasil y que podría difundirse en el resto de América Latina.
Convocamos a la ciudadanía argentina a pronunciarse enérgicamente en favor del respeto de las instituciones democráticas y en torno al reclamo por la libertad del expresidente Lula. Dicha institucionalidad constituye el único marco legítimo para que nuestros países diriman sus conflictos y logren los consensos para un desarrollo económico, político y cultural sostenible y socialmente inclusivo.
Llamamos por último a los gobiernos de la región, en particular a los del MERCOSUR y la UNASUR, a actuar explícita y urgentemente en favor de una apropiada salida para la conflictiva situación de Brasil, siempre en el marco del debido respeto por la soberanía de los pueblos y sus derechos civiles y políticos.
Adherimos a la presente declaración:
Abraham Leonardo Gak
Alberto Müller
Alejandro Rofman
Alejandro Vanoli
Bernardo Lischinsky
Fernando Porta
Graciela Gutman
Guillermo Wierzba
José Luis Coraggio
José Miguel Amiune
José Sbattella
Julio Neffa
Julio Ruiz
Mariana Vázquez
Mario Rapoport
Marta Bekerman
Natalia Fridman
Oscar Oszlak
Paula Español
Ricardo Aronskind