Por Adrian Berardi*
En este artículo analizamos críticamente la consolidación de la democracia argentina pensando en la ampliación de los derechos, la ciudadanía y el estado, tomando en cuenta el régimen democrático inscripto en un sistema económico dentro de un contexto global.
El 12 de agosto de 1880, Leandro N. Alem, en una carta dirigida a Agustín Álvarez culminada la conocida revolución del Parque del 26 de Julio de 1880, instaba a reconquistar los derechos civiles y las libertades políticas, luego que el levantamiento armado haya sido derrotado por las fuerzas del presidente Juárez Celman y que sin embargo este último haya renunciado a su cargo. La oligarquía nacional seguiría presente en el poder dieciséis años más, pero en 1912 se daría el primer paso para su sentencia final, la sanción de la ley 8871, conocida como la ley Sáenz Peña. Esta norma, abrirá las puertas al voto secreto y universal (masculino). El 1916 ganará las elecciones presidenciales por primera vez una fuerza que no formaba parte de la oligarquía: la Unión Cívica Radical.
Estos pasos que pueden pensarse como marchas fundamentales para la consolidación del régimen democrático, sin duda constituían puntos de inflexión para lo que vendrá, aunque no soluciones definitivas. Pero en 1930 un golpe de Estado formalizado por las fuerzas armadas y la oligarquía nacional, derrocarán al presidente Hipólito Yrigoyen e iniciarán un proceso donde la solución a las diferencias políticas entre los sectores se dirimirá con las armas, y donde lo que siempre estará en juego serán los derechos y las libertades de los argentinos, poniendo en jaque una y otra vez la democracia. Pero luego de la dictadura cívico militar instaurada en 1976, Raúl Alfonsín, dará inicio en 1983 al período democrático más largo de la historia después de la Ley Sáenz Peña. Hoy podemos decir que vivimos plenamente en democracia.
En varias ocasiones se ha discutido sobre el valor del régimen democrático, hemos puesto en cuestión sus argumentos y sus estructuras, se han debatidos sus métodos y sus falencias; sin embargo en otra oportunidad he sostenido que “la democracia […], es una forma de tomar decisiones de manera colectiva, de romper el individualismo sobre la totalidad y de repartir equitativamente los recursos sustanciales para garantizar la reproducción de la vida y de la existencia de la sociedad y sus integrantes, más allá del tiempo pensado-vivido […] bajo la idea de igualdad y libertad”[1]. La democracia, como la conocemos dentro del sistema capitalista es un elemento que determina cierto control social y homogenización en rechazo de la diferencia; sin embargo el caso argentino como otros ejemplos latinoamericanos han tomado un rumbo necesariamente diferente, fundamental y objetivamente positivo para alterar esos factores que intentan negar la diferencia bajo el sigo de la igualación[2].
El primer diagnóstico que podemos hacer es que la democracia argentina en los últimos treinta años tuvo tres procesos de refundación: el primero, el retorno democrático después de la dictadura cívico militar en 1983, donde las demandas de Justicia por las violaciones de los Derechos Humanos conformó un factor fundamental de la recuperación democrática; la segunda, la refundación en 1989 con la post recuperación democrática y la consolidación del neoliberalismo y la globalización, donde las principales demandas estaban relacionadas principalmente a la desafiliación de los viejos espacios de integración social (como el empleo, los sindicatos y los partidos políticos), al mismo tiempo que se conformaron nuevos actores colectivos principalmente en los barrios que demandaban por mejores condiciones de vida, trabajo y justicia. Por último, en 2003 con consolidación de la democracia post convertibilidad, se conforma una tercera refundación que abre una etapa híbrida que conjuga un modelo liberal extractivista dentro de un capitalismo regulado con fuerte intervención estatal, con un modelo nacional y neo popular que consolida la apertura de nuevos derechos civiles, sociales y económicos para un gran número de la ciudadanía.
En este sentido, la categoría que mayor consolidación tuvo en relación a los derechos en la Argentina está ligada a la libertad, como la posibilidad de elección dentro de las individualidades y los colectivos que conforman la nación; quizás los casos más relevantes de esto son la ley del matrimonio igualitario[3] y la ley de identidad de género[4]; lo sobresaliente de estas dos leyes en particular es que rompen con la idea de homogenización y conforman una aceptación de la diferencia a partir de la legalización y consolidación de un derecho. Es decir, aceptar la diferencia, negando la igualación, es consolidar un régimen de igualdad en tanto igual trato y derecho entre las personas.
Se puede discutir que estos criterios que establecemos son erróneos, por un lado, siguiendo las afirmaciones de Karl Marx en su trabajo “Crítica al programa de Gotha” cuando proclama que ningún hombre es igual aunque exista un derecho que sea igual para todos, en tanto los hombres por el hecho de serlo son diferentes; o la postura de Adam Przeworski cuando sostiene que aunque en la democracia todos los hombres son iguales ante la ley, eso no genera necesariamente la existencia de una igualdad social o económica y “aún si las personas nacieran iguales, podrían distinguirse por sus méritos y estos podrían ser reconocidos por los otros”[5]. Por eso sostenemos que es justamente la diferencia y la aceptación de ella lo que determina un régimen de igualdad.
Así la democracia contemporánea argentina ha sido un espacio de discusión y consolidación de derechos, desde las movilización contra las violaciones de Derechos Humanos en la última dictadura cívico militar, que conllevaron al juzgamiento de los represores que actuaron en la dictadura hasta la consolidación del derecho de Verdad, Memoria y Justicia. Al mismo tiempo, no podemos negar que las demandas encaradas por los organismos pro defensa de la diversidad sexual y de género, han sido actores fundamentales para los derechos logrados en la última década. Como al mismo tiempo las demandas en mejoras en el presupuesto educativo han consolidado una política de crecimiento que supera altamente las encaradas por otros períodos históricos.
En cierto punto lo que se discute en estos 30 años de democracia, no es necesariamente el desarrollo de distintos marcos institucionales y de gobiernos, sino la interacción y las disputas dadas dentro de los espacios públicos entre los distintos actores colectivos y el Estado; si bien los derechos alcanzados constituyen una batería de instrumentos que permiten pensar una consolidación de un proceso democrático, también es cierto que esos logros son resultados de la lucha por la democracia y sus derechos encaradas desde finales del Siglo XIX.
Sin embargo, y a pesar de que los argumentos podrían ser contradictorios, entendemos, al igual que José Nun, que la democracia, desde el pensamiento liberal, no solo crea leyes y normas racionales, sino también morales que bajo las manifestaciones de la libertad y la igualdad logran no solo obediencia sino también legitimidad, y en este sentido son esas normas encarnizadas en las sociedades las que condicionan coercitivamente el accionar de los sujetos, los ordena jerárquicamente y les asigna obligaciones[6]. Así las demandas que logran incorporarse como derechos generan regularizaciones que al mismo tiempo legalizan ciertos aspectos per se existentes, pero también crean ciertas obligaciones que terminan actuando coercitivamente en la realidad social.
La democracia ha logrado que las luchas se incorporen en un escenario de demandas, pero también otras demandas son demoradas, o simplemente negadas o reprimidas en tanto alteran un orden lógico preestablecido del sistema mundo moderno occidental, quizás el caso más relevante está relacionado al modelo neoextractivista, caracterizado por la primarización de la economía agropecuaria y la explotación de minerales, pero también por otros aspectos como la incorporación plena del derecho a la educación sexual o el aborto no punible. No obstante, es preciso consignar que es bajo la lógica democrática donde todavía hoy es posible llevar adelante demandas de este tipo que presionan y condicionan el accionar de los estados y los gobiernos.
Estos años de recuperación democrática han puesto en cuestión un entramado cultural que parecía cerrado y negado; también se han abierto espacios de discusión sobre lo que podríamos denominar minorías culturales y generó una (re) discusión sobre ciertos temas sociales que parecían no tener cabida en la Argentina. La recuperación de gran parte del empleo formal, el rescate de ciertos derechos ligados al trabajo y la apertura de nuevos espacios de participación, sumado a nuevos derechos sociales –como la asignación universal por hijo– son logros de luchas sociales que conformaron la realidad argentina en la recuperación y post recuperación democrática.
Todavía seguiremos discutiendo sobre los derechos de las comunidades originarias, los bienes naturales y la integración en plena igualdad de los sectores desafiliados y excluidos. Seguiremos sosteniendo que en una verdadera democracia, la pobreza, la miseria, la mortalidad infantil, no deberían ser más que una excepción; sin embargo, también es cierto que solo en democracia podemos seguir discutiendo y luchando para que nuestra realidad social cambie, mejorando la calidad de vida de las personas. Hace treinta años, se luchó para que vuelva, hace quince se luchó para que se consolide, hoy se lucha para tener cada día, una mejor democracia.
[1] Berardi Adrián (2012) “La (re) significación de la democracia”. En Revista Tesis 11, Nº 102, Agosto, Buenos Aires
[2] Al decir igualación, pensamos en una forma de integración homogénea donde no se reconozcan las diferencias culturales, sociales o políticas. En cierto punto la Igualación condiciona la esencia de los individuos y conlleva a la asimilación sin reconocimiento del otro. En muchos casos, el término igualación se confunde con el de igualdad, por eso es preciso remarcar que igualdad significa que todos somos iguales incluso en la diferencia. En este sentido, la igualdad no borra lo distintivo de los sujetos pero la igualación plantea la eliminación de la diferencia y el reconocimiento sustantivo de cada sujeto.
[3] Ley 26.618, sancionada el 15/06/2010
[4] Ley 26.743 Sancionada el 09/05/2012
[5] Przeworski, Adam (2010) “Qué esperar de la democracia” Siglo XXI, Buenos Aires.
[6] Nun, José (1989) “La rebelión del Coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común” Nueva Visión, Buenos Aires.
*Adrián Berardi, sociólogo, docente universitario, miembro del Consejo de Redacción de Tesis 11