Colectivos y movimientos organizados ligados a la comunidad mapuche esperan que esta denuncia logre reivindicar los derechos de su etnia y que además haga justicia a años de maltratos y vejaciones.
Argentina y Chile fueron denunciados ante la Corte Penal de La Haya (CPI), bajo cargos de genocidio contra el pueblo mapuche; la demanda fue introducida en esta instancia internacional por la líder y autoridad mapuche, lonco Juana Calfunao Paillaléf, quien encabeza una comisión de mujeres al frente del reclamo judicial.
La denuncia fue oficializada ante la CPI mediante un comunicado que pide que ue las pruebas de masacres y abusos perpetrados por ambos Estados, (Chile y Argentina), sean reconocidos como genocidio contra esta comunidad ancestral suramericana.
En este sentido, el documento manifiesta que los crímenes iniciaron desde y durante el establecimiento de las llamadas Repúblicas en los territorios que hoy ocupan los Gobiernos de Chile y Argentina respectivamente. Asimismo, el documento que acompaña la demanda refiere a raptos, venta y adopción ilegal de menores de edad, desaparición, secuestro y tortura.
Según se ha informado, la denuncia incluye acusaciones documentadas sobre bebés mapuches robados destinados a su adopción por parte de familias extranjeras, casos que podrían llegar a más de 10 mil. Los demandantes hicieron un llamado a organizaciones públicas, partidos políticos y personalidades de ambas naciones e incluso exmandatarios a presentar declaraciones ante la CPI.
Los abusos policiales y las decisiones arbitrarias por parte de los gobiernos de Sebastián Piñera (Chile) y Mauricio Macri (Argetina) contra la comunidad Mapuche son reseñados por la prensa al igual que las desapariciones y amenazas de líderes sociales.
La CPI es un tribunal internacional permanente cuya experticia radica en la investigación y juicio de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, y cuya misión deriva en dar justicia a las personas víctimas de alguno de estos delitos.