Juraima Almeida – Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) / Rebelión
Todo indica, por ahora, que el 7 de octubre habrá elecciones presidenciales en Brasil; el 15 de agosto vence la fecha para presentar las candidaturas; Luis Inácio “Lula” da Silva, es el candidato con mayor intención de voto pero está preso desde el 7 de abril, en cumplimiento de una condena que tiene una pena de 12 años emanada de un Tribunal de Segunda Instancia, por los delitos no probados de corrupción y lavado de dinero.
Hay varias alternativas posibles de aquí a octubre. Una: que la candidatura de Lula sea aceptada por el Tribunal Electoral cuando se presente el 15 de agosto. Si se diera esa condición adquieren mucha importancia las encuestas que indican que Lula encabeza la intención de voto con un 30%, seguido por el candidato ultraconservador Jair Bolsonaro con 21,8%, y la ambientalista Marina Silva les sigue con el 9,2%.
Dos: que la candidatura de Lula no sea admitida, dado que la Justicia Electoral no acepta candidaturas de personas condenadas en segunda instancia. Para ese supuesto las intenciones de voto están a favor de Bolsonaro con el 23,6%, le sigue Silva con el 14,4% y Ciro Gomes, del socialdemócrata Partido Democrático Laborista, con el 10,7%.
Tres: que el Partido de los Trabajadores (PT) cambie su decisión y presente una candidatura avalada por Lula. En ese caso, no hay datos disponibles en las encuestas y sondeos. Y cuarto: que la situación derive en apelaciones, impugnaciones y conflictos de poderes que vuelva inestable la situación e impreciso o imposible de ejecutar el resultado que las urnas indiquen… y los militares tomen el poder.
Mientras, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya hizo una declaración la última semana considerando al expresidente Lula como un preso político y exigiendo la inmediata libertad del mismo por sufrir una persecución política.
El Partido de los Trabajadores (PT) lanzó el sábado 4, en Sao Paulo, la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, para “transformar a la nación sudamericana en un mejor lugar para vivir”. Lula está preso en Curitiba desde el 7 de abril, luego de que el juez Moro lo condenara a nueve años y seis meses de prisión por la causa Lava Jato.
Mientras tanto, la imagen del presidente de facto, Michel Temer, que destituyó a través de un golpe parlamentario a Dilma Rousseff, sigue cayendo en picado. Esta encuesta reflejó que un 82% de los encuestados considera que su gobierno es “muy malo o pésimo”, mientras que apenas un 3% piensa que es “óptimo o bueno”.
Por otro lado, La Corte Suprema de Brasil anunció esta semana que revisará en los próximos días el recurso de amparo presentado por los abogados del expresidente antes del 15 de agosto, fecha en que vence el plazo para inscribir las candidaturas a las elecciones presidenciales. El magistrado Edson Fachin fue designado esta semana para formar parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y además de estar encargado de revisar el recurso evaluará la documentación relativa a la presentación de las candidaturas de los otros postulantes. El magistrado pidió por redes sociales, ”celeridad” en el caso de Lula.
El presidente del TSE, Luiz Fux, quien volvió a señalar la intención de la Justicia para evitar la participación de Lula en la elección. Fux declaró que habría una “inelegibilidad” evidente en la candidatura de Lula. La más reciente muestra de solidaridad que recibió Lula es la bendición del papa Francisco transmitida ayer por el ex canciller Celso Amorín.
Constituyente, la propuesta de Lula y el PT
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentó el sábado 4 el plan de Gobierno de Lula (2019-2022) al pueblo brasileño, en el que un proceso constituyente libre, democrático, soberano, unicameral, fruto de un intenso debate sobre el futuro de la nación. Dividido en ocho ejes, el nuevo programa de Gobierno pretende superar los problemas de inversión pública causados por el presidente de facto Michel Temer, tales como la inflación, el desempleo y el aumento de la pobreza extrema.
El plan propone un impuesto sobre la renta justo, insiste en el objetivo de promover la soberanía nacional y popular, reanudar la política exterior activa, centrándose en la integración y el diálogo multilateral, promover la democracia, el pluralismo y la diversidad y profundizar en la democracia y empoderar a la ciudadanía, activándola a través de los dispositivos existentes en la Constitución, tales como el plebiscitos y referendo.
Asimismo, propone la promoción y la afirmación de los derechos de los ciudadanos, que fue unos de los puntos afectados con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y señala que el próximo gobierno se concentrará en la democracia y los derechos humanos como interdependientes con la lucha contra la criminalización de los movimientos sociales.
Asimismo se compromete con políticas centralizadas en la mujeres y la promoción de la igualdad racial, así como el derecho de los jóvenes, la población de Lesbianas, Gays , Transexuales y Intersexuales (LGTBI), niños, la tercera edad, personas con discapacidades, pueblos originarios, el campo y las aguas.
Señala que se buscará la defensa y la promoción de los derechos a la comunicación de la sociedad, que las comunicaciones sean libres de control de los gobernantes y los grupos económicos, asegurando de esta manera la libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a fuentes diversificadas e independientes de información. E insiste en fortalecer la importancia de la universalización de la banda ancha, la consolidación del marco civil de internet, el fortalecimiento de medios comunitarios y la desconcentración de las inversiones publicitarias estatales.
Sobre los derechos sociales, indica que el pueblo más pobre volverá a ser prioridad a través de la reanudación de la ampliación del acceso a los derechos sociales con un nuevo modelo de gestión pública y delegación de recursos financieros para estados y municipios, que considere sus limitaciones institucionales, con el regreso de la educación y la salud pública, y poniendo como prioridad superar la pobreza extrema.
El PT promocionará una economía de bajo impacto ambiental y alto valor agregado, que garantice el derecho a la alimentación sana, al agua y al saneamiento, además de la producción de alimento saludables, con reducción de agrotóxicos. También promete la promoción de la reforma agraria y los derechos humanos en el campo. En materia de educación se priorizará la educación media, derogando la reforma implantada por el gobierno de facto.
Lucha de clases disfrazada de religiosa
No es sólo en Brasil sino en toda América latina, la tendencia general de esta fase dominada por el gran capital financiero es la restricción de la democracia, el aumento de la represión, el auge del racismo y el odio de las clases dominantes a los dominados que, debido a las migraciones internas e intrarregionales, se diferencian cada vez más de sus opresores por sus características étnicas o religiosas.
La mayoría de los ricos son blancos y miembros de las Iglesias dominadoras tradicionales (anglicanos, católicos, judíos) mientras en los sectores plebeyos hay blancos pobres pero la mayoría son indígenas, mestizos o negros que pertenecen a minorías religiosas o no creen en dioses. La lucha de clases aparece, por lo tanto, disfrazada de una oposición entre religiones y entre etnias y esa barrera ideológica puede aparecer ante todos como más importante que la división en clases, señala el analista Guillermo Almeyra.
Añade que un vasto sector capitalista teme en Brasil la recesión y la corrupción crecientes y comprobó la peligrosa impopularidad de Temer y del sistema capitalista. La prensa más reaccionaria toma ya abiertamente distancias del gobierno y no cree en la continuidad de la línea dura y represiva de la derecha tradicional o de la ultraderecha evangelista-fascista del candidato Jair Borsonaro. Aumentan así las condiciones necesarias para un golpe militar dentro del golpe parlamentario de Temer porque las diversas fracciones burguesas no pueden concretar un pacto y, en cambio, comienzan a temer un peligro de izquierda.
Para Almeyra, otra opción posible para los capitalistas brasileños sería la repetición de la salida mexicana de la crisis política cooptando una fuerza popular y de masas (el PT) pero con la garantía de que Lula mantenga una posición mucho más conservadora y limitada que la de López Obrador, una opción que parecen manejar en el departamento de Estado y el Pentágono estadounidense en la urgencia de evitar el crecimiento de una radicalización que se expresó ya en el entierro masivo de Marielle Franco, concejala asesinada de Río de Janeiro, favelada, lesbiana, mulata…
Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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