Plaza de Mayo, 2 de septiembre de 2016
Las organizaciones abajo firmantes, conscientes de la necesidad de sumar todos las voluntades para defender los derechos e impulsar las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo, hemos constituido el espacio de unidad ARTICULACIÓN POPULAR para convocar a esta MARCHA FEDERAL que el 31 de agosto partió desde todas las fronteras de la patria para llegar hoy, 2 de septiembre, a este acto multitudinario en la Plaza de Mayo.
Esta gran movilización, que recoge el legado de aquella otra Marcha Federal de 1994, expresa la voluntad de confluencia y de unidad en la acción de las más diversas y legítimas manifestaciones de la resistencia popular y democrática contra la restauración neoliberal que representa el macrismo.
En nueve meses, el gobierno de Mauricio Macri dejó en la calle a más de 190.000 trabajadoras y trabajadores; aplicó un brutal tarifazo en los servicios públicos esenciales; generó 5.000.000 de nuevos pobres; liberó las importaciones estrangulando a las pequeñas y medianas empresas volcadas al mercado interno de consumo; devaluó la moneda, restándole poder adquisitivo al salario e incentivando la inflación; provocó una formidable transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, particularmente los vinculados con las finanzas y las grandes multinacionales; se sometió a las exigencias de los fondos buitre; renunció a defender la soberanía nacional en todas las causas que la comprometen y ha pedido perdón por ello a empresas y potencias extranjeras; inició el rumbo para reducir a su mínima expresión -cuando no a su liquidación- al sistema soberano de alianzas regionales como el Mercosur, la Celac y la Unasur, encaminándose hacia la Alianza del Pacífico hegemonizada por los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto que nada hace ni dice este gobierno para condenar e impedir el golpe de Estado contra Dilma Rouseff.
Todas las conquistas ciudadanas y todos los derechos logrados por y para el pueblo peligran por esta ofensiva neoliberal que, lejos de disimular su estirpe, le pone su sello de clase a un gobierno mayoritariamente compuesto por los ejecutivos del gran capital extranjero. Los encarcelamientos de los 11 compañeros de la Organización Tupac Amaru en Jujuy, encabezados por Milagro Sala, son apenas una muestra del brutal revanchismo de clase que expresa el gobierno macrista.
Las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que durante más de una década contribuyeron con sus producciones a responder a un mercado interno en permanente expansión, ahora ven amenazadas sus fuentes de trabajo y sus condiciones de vida.
Las pequeñas y medianas empresas nacionales, verdaderas usinas de empleo y garantes del abastecimiento de productos esenciales en todo el territorio, no pueden hacer frente al tarifazo ni competir con el ingreso masivo e indiscriminado de productos importados.
Los jóvenes, que hasta hace un año contaban con múltiples posibilidades de empleo y facilidades para cursar estudios superiores, engrosan por millares y millares las filas de la desocupación que, si se toma el 9,3% de las estadísticas oficiales para junio, ya llega a los dos dígitos, en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Más de cinco millones de personas padecen crecientes problemas con formas fraudulentas de empleo, subocupados, o carencia lisa y llana de trabajo. El conurbano bonaerense, el Gran Rosario, Mar del Plata y Córdoba son los principales centros industriales y de servicios que registran las más altas tasas de desempleo. El gobierno de los grandes ejecutivos de las multinacionales sabe que, más allá de la frontera del 15% de desocupación, las convenciones colectivas de trabajo perderán fuerza y capacidad de negociación en favor de asalariadas y asalariados. El telón de fondo de un ejército industrial de reserva será así la garantía de un salario a la baja al que le querrán sumar -tal como lo explicitara el diario la Nación- un sistema de paritarias por empresa, absoluta flexibilización laboral y condiciones de sobreexplotación de la mano de obra ocupada.
Entretanto, derechos esenciales como la salud, la educación y la vivienda se desmoronan a instancias de una política de Estado que sólo piensa en clave de ciudadanía cuando se trata de maximizar las ganancias de los poderosos y correr del medio a todo aquello que atente contra la concentración de la riqueza en pocas manos. Mientras las redes culturales en los territorios, con sus expresiones comunitarias, autogestivas e independientes son ahogadas desde el aparato estatal, la educación pública y gratuita es sometida a la privatización y languidece en la subejecución presupuestaria.
No hay problemas de gestión, ni errores de aplicación, ni fallas estructurales. Estamos frente a una estrategia de poder que busca eliminar de raíz todo y cualquier resabio de un Estado atento a las necesidades de las grandes mayorías populares y, para ello, sus mentores y representantes no dudan en liquidar aquellas normas que lo garantizaron en el pasado, como tampoco cabildean a la hora de filtrar, entre los pliegues del Estado de derecho, la sombra ominosa de un Estado policial.
Sin embargo, y a despecho de esta brutal ofensiva reaccionaria, hemos aprendido que nuestros derechos no son un regalo de nadie, que todo lo que hemos conquistado se lo debemos a la voluntad de lucha y al trabajo constructivo de la unidad del campo popular. Lo hemos aprendido en todas y cada una de las grandes jornadas históricas que protagonizamos como pueblo, en todas las rebeliones contra la opresión y aun bajo la negra noche de la dictadura cívico militar.
Estamos convencidos de que nuestros derechos sociales y económicos siempre tienen relación con un proyecto político, con un proyecto de país, de nación. Por ello no fuimos, no somos ni seremos neutrales. La defensa de nuestros intereses está íntimamente unida a la lucha por la soberanía política y económica de nuestra Patria y, desde luego, atada indisolublemente a las luchas de nuestros pueblos hermanos de la Patria Grande.
De igual modo, somos conscientes que las luchas por la defensa de las libertades sociales y políticas, en contra de la represión y la judicialización de la protesta, se entrelazan con la lucha por el sostenimiento del sistema democrático, por impedir la conformación de una democracia de baja intensidad que reniegue de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
También sabemos que van a intentar quebrarnos, dividirnos y atemorizarnos, pero tenemos una enorme confianza en nuestras fuerzas y en lo que hemos aprendido y construido. No estamos igual que en la resistencia al menemismo. La solidaridad activa con los compañeros despedidos, con los que luchan por mejoras salariales, con los que luchan por mantener su fuente de trabajo, con los que se niegan a cerrar sus pequeñas y medianas empresas, con las que defienden las empresas recuperadas y las cooperativas, con las mujeres que no se arredran con el femicidio creciente ni con las muestras más descaradas de machismo y patriarcalismo, con los científicos y universitarios que enarbolan sus vocaciones en defensa de todo el pueblo, con los curas en opción por los pobres y por la tierra, el techo y el trabajo para todos, con el grito ancestral y soberano de nuestros pueblos originarios y, en fin, con todo aquel que se levante dignamente contra la opresión, todo ello constituye la razón fundante de esta ARTICULACIÓN POPULAR de todas las luchas particulares.
Reconocemos las importantes demostraciones masivas ocurridas durante este último tiempo, pero esta resistencia precisa dar un paso unitario para consolidarse. Es desde estas convicciones y con esta determinación de marchar desde todos los rincones del país hacia la Plaza de Mayo, que sostenemos la necesidad de no darle ni un minuto de tiempo sin luchar al gobierno de Mauricio Macri, porque por cada minuto de tregua habrá un desocupado más.
Entendemos que todas las centrales sindicales deben confluir en un paro nacional efectivo contra el ajuste, el tarifazo y los despidos y, precisamente para construir en la práctica esa medida de fuerza, llamamos a movilizar el día que tendrá lugar la Audiencia Pública por la cuestión tarifaria.
En este camino, las organizaciones nucleadas en ARTICULACIÓN POPULAR, continuaremos bregando por la unidad de todas las fuerzas que se oponen al macrismo y que aspiran a vivir en un país soberano, en paz, con democracia y participación ciudadana, con salarios dignos, sin despidos, sin represión y sin ajuste.
Un país -en suma- en el que se respeten los derechos sociales y los derechos humanos de niños, jóvenes, adultos y ancianos.