El gobierno de Alberto Fernandez está en los inicios de su segundo año, donde resulta de fundamental importancia, para su consolidación, que se sostenga y amplíe la recuperación económica iniciada en la última parte del 2020 y se avance significativamente en la inclusión social, luego de la profunda crisis dejada por el gobierno de Macri, agravada por la pandemia.
El problema es que conspiran contra ello los problemas estructurales de la Argentina, principalmente debidos al alto grado de concentración económica en todos los sectores, cuyos actores se oponen a cuanta medida de control o, más aún, de limitación de sus intereses, tome el gobierno, aunque sea mínima y favorezca a la gran mayoría de la población.
Hay organizaciones integrantes del campo popular que vienen advirtiendo que el gobierno debe actuar con más determinación y profundidad en medidas en favor de los sectores mayoritarios del país, aunque esto implique tener que enfrentar con dureza a los sectores dominantes de la economía, ya que, de lo contrario, se arriesga a que la crisis no solo no tenga vías de solución sino que se agrave.
Uno de los más conocidos referentes de los sectores progresistas que apoyan al gobierno, Juan Grabois, dirigente de la importante organización social Unión de Trabajadores de la Economía Popular, declaró en estos días en El Destape Radio que “hay que superar la idea de que con políticas redistributivas se resuelve el problema. Hay que cambiar el modelo de país.” Y señaló que “cuando el Gobierno del pueblo se ponga los pantalones largos y establezca que los sectores de poder económico no pueden seguir dominando los destinos de la Argentina, el nivel de apoyo a este Gobierno se va a disparar”.
Desde ya que las medidas que pueda tomar el gobierno para enfrentar el principal problema estructural de nuestra economía le pueden granjear apoyo de los sectores populares, pero es difícil que el gobierno pueda hacer eso si no cuenta con el apoyo organizado de las organizaciones del campo popular, principalmente de aquellas que asumen la representación de los trabajadores, es decir, las organizaciones sindicales que encuadran a los trabajadores formalizados y las organizaciones sociales que encuadran a los trabajadores no formalizados.
En ese sentido, constatamos que pese a que existen en el país muchas organizaciones sindicales y sociales que demuestran tener no solo capacidad de lucha en defensa de los intereses populares, sino también un significativo nivel de conciencia de cuáles son los problemas fundamentales a resolver, resulta que hay una evidente carencia en el grado de coordinación y dirección conjunta de las organizaciones, lo cual es de imperativa importancia para, por un lado, defender las medidas positivas del gobierno, que las ha habido y no son pocas y, por otro lado, impulsar al gobierno a tomar medidas reclamadas por las propias organizaciones, como por ejemplo los programas de medidas de gobierno presentados a Alberto Fernandez por un gran número de organizaciones sindicales y sociales.
Para satisfacer los intereses fundamentales del mayoritario campo popular, si no se cuenta con un gobierno propio, no se puede; pero si no se tiene un movimiento popular coordinado que organice la movilización y participación del pueblo, no alcanza.